En general, si existiera un hilo conductor dentro de la amplia gama de críticas al nuevo gobierno, todas legítimas desde luego, sería que en algunos contextos el nuevo régimen habría retomado políticas, resucitado personajes y repetido estilos de gobiernos anteriores. Sin embargo, lo más curioso y sorprendente es que quienes más insisten en esta supuesta falta de rompimiento con el régimen anterior son precisamente los alfiles de ese mismo viejo régimen.
Criticar a López Obrador por supuestamente parecerse al PRIANRD, y no a la luz de algún nuevo proyecto político o social utópico e idealista, demuestra que lo único que buscan los nuevos opositores es acabar con la esperanza del pueblo mexicano. Quieren que aceptemos la derrota de la Cuarta Transformación aun antes de que nazca. Anhelan que cada quien se regrese a su casa, que aceptemos que jamás podremos acabar con la corrupción, la impunidad, la pobreza y la violencia, y que en consecuencia devolvamos el poder a quienes por lo menos eran “francos” con respecto a su mediocridad y falta de ética.
Un botón de muestra de la falta de consistencia de algunas críticas de la oposición son los airados reclamos de personajes como Mariana Gómez del Campo y Fernando Belaunzarán, fieles representantes del sistema putrefacto derrotado en las urnas el pasado 1 de julio de 2018, por la supuesta devolución por López Obrador de los bienes de Elba Esther Gordillo. “¿A poco creen que Elba Esther lo hizo gratis?”, reclamó Belaunzarán. “La 4T pagando favores”, tuiteó Gómez del Campo.
El león cree que todos son de su condición. Cualquier persona que tenga un poco de memoria histórica y una gota de sagacidad política sabría que los verdaderos aliados de Gordillo son precisamente los panistas, como Gómez del Campo, que pactaron con la dirigente magisterial el fraude de 2006 en contra de López Obrador, y los integrantes del Pacto por México, como Belaunzarán, que utilizaron el teatro de la detención y el encarcelamiento de Gordillo en 2013 para aparentar una supuesta lucha en contra de la corrupción que jamás existió.
La Fiscalía General de la Nación, un órgano autónomo del Estado mexicano, fue obligado por el Poder Judicial de la Federación a retornar a Gordillo sus bienes porque las acusaciones y la investigación llevada a cabo en su contra por el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron deficientes desde un inicio. La detención de Gordillo jamás fue para dar una lección de intolerancia a la corrupción, sino simplemente un golpe en la mesa para avisarles a todas las mafias políticas del país que ya había llegado un nuevo jefe al trono: el clan de Atlacomulco.
Hoy López Obrador se niega a participar en el viejo rito del relevo de mafias. No fabricará nuevos delitos en contra de la maestra Gordillo, ni en contra de ningún “pez gordo”, con el fin de ofrecer un espectáculo mediático, sino que ha girado instrucciones muy claras a todas las secretarías de Estado para que investiguen y lleven a cuentas, de manera rigurosa y de acuerdo con la ley, cualquier irregularidad pasada o presente que encuentren en sus ámbitos respectivos.
Lo que realmente irrita a los representantes del viejo régimen no es entonces que el nuevo gobierno esté actuando como los gobiernos anteriores, sino todo lo contrario. En lugar de hacer gala de su poder extralegal metiendo a la cárcel y sacando discrecionalmente de ella a diferentes personajes, y después utilizando este poder “hiperpresidencial” para chantajear y amedrentar a propios y extraños, López Obrador camina humildemente por el camino de la legalidad y la institucionalidad democráticas.
Ahora bien, la fabricación del hashtag #RenunciaAMLO a raíz de la matanza en Minatitlán, Veracruz, constituye otro ejemplo de la falta de creatividad de parte de la nueva oposición. Hacen mímica de las consignas de los viejos movimientos sociales en contra del gobierno despótico sin pararse a contemplar ni por un segundo el nuevo contexto en que se desarrolla la barbarie.
Imaginan que lo que causó tanta indignación entre la población en contra de Felipe Calderón y Peña Nieto fue la mera existencia de la muerte y la violencia, cuando en realidad lo que generó el repudio tan frontal de la ciudadanía en contra de estos expresidentes fue el hecho de que estábamos convencidos de que eran líderes traidores y apátridas que generaban intencionalmente la destrucción del país.
Por supuesto que todo asesinato es inaceptable y no hay vidas de primera o de segunda clase. Sin embargo, solamente tiene sentido llamar a la renuncia del presidente de la República a raíz de una masacre si es creíble que el primer mandatario haya tenido alguna responsabilidad directa por la tragedia, que de una u otra manera los grupos delincuenciales que hayan perpetrado el crimen contaran con la protección del ocupante de Palacio Nacional.
Para los presidentes anteriores aquella hipótesis fue perfectamente creíble, pero para el presidente actual es simplemente absurda.
Así que en lugar de mandar a López Obrador a su casa, habría que respaldar la decisión del presidente de la República de mantenerse firme en Palacio Nacional para poder hacer valer sus compromisos de campaña. En lugar de bajar nuestros estándares y aceptar que “todos son iguales”, habría que mirar hacia el horizonte y contribuir cada quien desde su rincón a la construcción de una nueva patria.
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Este análisis se publicó el 28 de abril de 2019 en la edición 2217 de la revista Proceso