Las adiciones que incluyeron las comisiones unidas de
Educación y Gobernación al decreto aprobado por la Cámara de Diputados
el 24 de abril obligan al Estado a generar las condiciones idóneas para
la educación y será responsable de proveer enseñanza de matemáticas,
lecto-escritura, literalidad y educación sexual y reproductiva.
Las adiciones al documento fijan a las instituciones del Estado un
plazo de 180 días –a partir de la promulgación de la reforma– para
implementar la estrategia nacional de mejora de las escuelas normales,
dirigir más recursos para educación y que prevalezca la rectoría del
Estado en la admisión, promoción y reconocimiento de profesores.
Ayer, en las comisiones unidas de Educación y Puntos
Constitucionales, los diputados de las distintas bancadas, excepto los
del PAN, aprobaron de forma unánime el dictamen de reforma educativa con
el cual se abroga la que promulgó el gobierno de Enrique Peña Nieto en
2013.
Al presentar la propuesta, luego de un acuerdo entre los
coordinadores de Morena, PRI, MC, PT, PVEM y PES, la presidenta de la
Comisión de Educación, Adela Piña (Morena), justificó que el nuevo
documento
reitera lo que la cámara aprobó el pasado 24 de abril, con algunas precisiones que se retoman de la colegisladora que no alteran el fondo de lo aprobado, pero ayudan a generar un consenso más amplio y contribuyen a mejorar la redacción.
La modificación señala que con la entrada en vigor de la reforma los
derechos laborales de los trabajadores de la educación se regirán por el
artículo 123 constitucional, y subraya:
Con fundamento en este decreto, la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la ley reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, prevaleciendo siempre la rectoría del Estado.
También indica que habrá infraestructura educativa, mantenimiento y condiciones del entorno
idóneos. Para ello establece que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se deben aprobar los recursos necesarios.
En los contenidos, a las materias ya incluidas se agregan enseñanza
de las matemáticas, lecto-escritura y educación sexual y reproductiva.
Además, se fija plazo de 180 días al Ejecutivo federal para que
pre-sente la estrategia nacional de mejoras de las escuelas normales con
acciones para su fortalecimiento.
Néstor Jiménez y Roberto Garduño
Periódico La Jornada
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