Con la Ley de Austeridad Republicana aprobada ayer en el
Senado se pretende ahorrar 50 mil millones de pesos, vía el manejo
racional y transparente del presupuesto federal y de una serie de
medidas para eliminar privilegios y dispendios entre los servidores
públicos de alto nivel.
En ese sentido, elimina las pensiones de los ex presidentes de la
República y el pago de su personal de seguridad, equipo de
colaboradores, seguro de vida y de gastos médicos mayores de que gozaban
ellos y sus viudas, lo que representaba una erogación promedio de 40
millones de pesos anuales.
Asimismo, se restringe el uso de escoltas y elementos de seguridad y
establece cancelar, fusionar o modificar los programas que estén
duplicados. Igualmente, prohíbe crear fideicomisos, fondos, mandatos o
contratos que no se firmen de acuerdo con las reglas de disciplina y
ejercicio honesto del gasto.
Se consolidarán las compras de insumos y materiales de todo el
gobierno federal y se reducirán al mínimo los viajes y el pago de
viáticos en todo el gobierno federal.
La norma establece también límites en la adquisición y arrendamiento
de bienes muebles e inmuebles, así como en la contratación de servicios y
obra pública; incorpora la austeridad como principio rector de la
administración pública federal y ordena aplicar los principios de
racionalidad, honradez y transparencia en la programación y ejecución
del gasto público.
Prohíbe la incorporación de plazas con nivel de dirección general
adjunta que no ejerzan facultades contempladas expresamente en la ley,
cuyas disposiciones son aplicables a todas las dependencias, organismos,
entidades y demás entes que integran la administración pública federal,
precisa el artículo primero de la legislación.
Destaca que los poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos autónomos,
tomarán las acciones necesarias para dar cumplimiento a la ley, de acuerdo con la norma aplicable a cada uno de ellos, cuando se les asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Define que
un gobierno austero es aquel que no malgasta en cuestiones superficiales el dinero público, sino que destina la mayor parte de sus recursos a los propósitos reales de desarrolloy justicia social.
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
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