Hugo Aboites*
No se trata de las resistencias
y desajustes que inevitablemente genera un proceso profundo de
transformación, lo que ahora comenzamos a vivir como protestas y
conflictos en la educación básica y superior es la reaparición de
problemáticas del pasado, irresueltas y agravadas. En educación, el
cambio apenas rasguñó la recia corteza neoliberal y corporativa de la
SEP y de las escuelas y universidades. En contraste, baste ver lo que
hoy ocurre en el terreno de la salud pública. Ahí hay una propuesta
radical, se ha establecido el derecho para todos, pleno y gratuito;
innovadora, además, puesto que se aleja de la concepción decimonónica
que confunde salud con curación, y se pronuncia por la promoción de la
salud; el paso de los grandes sistemas hospitalarios a los esfuerzos
locales de salud-promoción a cargo de equipos (promotor de salud,
enfermero, médico) a escala de comunidad o barrio, que consolidan el
paso de la salud individual a la colectiva. Una propuesta completa que
incluye una nueva definición del trabajo –promoción local– y un
planteamiento laboral que incluye una basificación generalizada y, con
eso, –comunidad-empleo–, hace posible la creación de un enorme soporte
social que, si incluye rasgos fuertes de democracia, puede enraizarse
profundamente y garantizar su permanencia. Y, finalmente, todo esto no
como salida a un conflicto puntual, sino por la pura fuerza de la
convicción de cambio labrada por años de acumulación de taras
institucionales, el reconocimiento del abuso laboral al personal de
salud y el fracaso e inoperancia del viejo esquema de atención.
En educación, en cambio, el actual gobierno se mantiene y nos
mantiene a todos, en otra dimensión, una realidad alterada. Para
empezar, hoy no se reconoce el derecho pleno a la educación y la
gratuidad. Y en la propuesta de Ley General de Educación Superior
(LGES,Oct. 2019) se dice que quiere volver legal esa situación, al
sostener que el “Estado garantizará el derecho de toda persona… a tener
la posibilidad de recibir educación”. De esta manera la educación 4T
queda por debajo del planteamiento del neoliberal gobierno de Salinas
que en 1993 incluyó en la Constitución que
todo individuo tiene derecho a recibir educación, y esa frase todavía constitucional no se retoma como base en la propuesta de ley. Peor aún, se establece que serán las instituciones (es decir las autoridades colegiadas o individuales) las que determinen “los requisitos de admisión…” Lo que significa poner el derecho a la educación en manos de instancias que una y otra vez han aplicado restricciones a la matrícula, exámenes del Ceneval, cuotas y condiciones restrictivas para la permanencia. Y significa hacer a un lado la normatividad que ya existe y se aplica para el acceso a las instituciones de los niveles superiores.
Por todo lo anterior, una educación llena de contradicciones y
conflictos, sin utopías, con escasos procesos organizativos propios y
democráticos, y, peor aún, conducida por actores que claramente no están
pensando en cambiar radicalmente de visión y de esquema, sino en
mantener lo más posible –así sea generando conflictos entre maestros–
las realidades de proyectos del pasado. Es lo que explica la pobreza de
miras de los cambios constitucionales y legales, y lo concreto y básico
de sus luchas. En todos los niveles. Como la lucha de los estudiantes en
1999-2000 por la gratuidad, un congreso universitario, la permanencia,
el rechazo al Ceneval, y de unos años para acá la lucha de las mujeres. Y
la lucha de maestros y maestras (CNTE) a partir de 2012 contra una
reforma profundamente autoritaria y agresiva, y también, la demanda
airada de las y los trabajadores de la UAM que el año pasado mantuvieron
una larga huelga y que ayer decidían si iniciar otra por la misma
causa: la redistribución del presupuesto universitario para acabar con
una enorme diferenciación salarial (una distancia de 20 veces entre el
ingreso más bajo y el más alto, cuando antes de la era neoliberal era de
seis).
Estos son los efectos de cambios constitucionales y legales que desde
1980 han creado procedimientos que garantizan la menor participación
posible de estudiantes y trabajadores organizados y que fortalecen a las
autoridades. Se propician distorsiones, corrupción y fuertes conflictos
al interior de las instituciones. Habría que apostarle a un proyecto
educativo de gran calado para la educación en conjunto –básica y
superior–, que incluya, además del derecho pleno a la educación y la
gratuidad inmediata, estabilidad laboral, salarios dignos para todos y
la creación de espacios de participación democrática amplia de
estudiantes y trabajadores universitarios organizados. De otra manera,
la educación, una vez más, quedará rezagada y convertida en inoperante
por el clima de autoritarismo y la reiterada necesidad de resistir.
*UAM-Xochimilco
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