La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) destacó en un informe regional algunas políticas
públicas impulsadas por los gobiernos en América Latina que han
resultado en buenas prácticas para abordar la violencia y la
discriminación contra las mujeres.
Estas políticas van desde la creación de las llamadas Ciudad Mujer
(que concentra servicios integrales para víctimas de violencia en una
misma instalación), hasta sentencias y protocolos de investigación con
perspectiva de género.
De acuerdo con el informe “Buenas prácticas en el abordaje de la
violencia y la discriminación en contra de las mujeres”, de la CIDH,
estas iniciativas calificadas como “buenas prácticas” fueron señaladas
por los propios Estados o por organizaciones de la sociedad civil,
porque se implementaron conforme a los estándares interamericanos,
rindieron resultados o contribuyeron positivamente para avanzar en la
protección de los Derechos Humanos de las mujeres, niñas y adolescentes.
Por ejemplo, fue una buena práctica la creación de leyes para prevenir y
sancionar el acoso sexual en espacios públicos en Perú, Argentina y
Chile.
La Comisión reconoció que Perú fue el primer país en América Latina
en tipificar en 2015 el acoso callejero por medio de la Ley No. 30314
para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos.
Asimismo, en Chile en 2019 se modificó el artículo 494 del Código Penal
para tipificar el delito de acoso sexual en espacios públicos.
Otra buena práctica fue la creación de leyes relativas a la formación
con perspectiva de género. Un ejemplo es la Ley No. 27499 “Micaela
García” de capacitación obligatoria en género para todas las personas de
los tres poderes del Estado en Argentina. Esta ley establece sanciones
concretas para quienes se nieguen a realizar las capacitaciones.
Un ejemplo más de estas iniciativas fue la sentencia de la Corte
Suprema de Perú del 9 de abril de 2019 en la que obliga a incluir el
enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica. Por
medio de esta sentencia, la Corte declaró infundada “en todos sus
extremos” una demanda interpuesta por el colectivo Padres En Acción
(PEA) en la que se alegaba que la educación sexual buscaba promover la
llamada “ideología de género”.
También hubo iniciativas orientadas al cumplimiento de la debida
diligencia en la prevención, protección integral y acceso a la justicia.
Un ejemplo es la creación de la “Ciudad Mujer”, en El Salvador, que
brinda atención integral a las mujeres, niñas y adolescentes en un único
centro, a través de servicios especializados agrupados en cinco
módulos: salud sexual y reproductiva, prevención y atención de la
violencia contra la mujer, educación colectiva, autonomía económica, y
atención infantil.
La Comisión dijo que en una visita en 2017 pudo verificar que en sus
instalaciones se atiende a mujeres y niñas víctimas de violencia, se les
brinda el acompañamiento necesario para reconstruir sus vidas.
Todas estas iniciativas, dijo la CIDH, son innovadoras o con un
alcance importante y se espera que, en contextos similares, puedan
rendir similares resultados, pero estos ejemplos no deben tomarse como
la única forma de prevenir o atender la violencia y la discriminación
contra las mujeres, ya que en todos estos países aún persisten retos y
desafíos.
Imagen retomada del Colectivo TragameLuz de Chiapas
Ciudad de México.
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