"A inicios de junio, con toda simpleza y desfachatez Samuel García se declaró en 'modo party' por un mes".
Con el partido entre las selecciones de Países Bajos y Marruecos, el lunes en Monterrey se jugó el cuarto y último partido del Mundial en que Nuevo León fue sede. Se jugaron allí tres partidos correspondientes a la fase de grupos y uno de los de dieciseisavos de final, de eliminación directa, que se definió por penales, y en el cual la selección de Marruecos derrotó a la emblemática Naranja Mecánica.
El evento futbolístico fue ampliamente utilizado por el Gobernador Samuel García también para su estrategia de promoción personal (autopromoción que ha mantenido prácticamente durante todo su gobierno). Como marketing aprovechó la coincidencia del color del uniforme de la selección neerlandesa, con el mismo color del partido político al que representa, el fosfo fosfo, alardeando incluso que pintaría de naranja Nuevo León para un récord, con la Orange Party y la tradicional Orange Fun Walk, para las que incluso su gobierno repartió miles de playeras y gorras color naranja.
A inicios de junio, con toda simpleza y desfachatez Samuel García se declaró en “modo party” por un mes: “Un mes, pausa, disfruten, no todo es jalar, a partir de hoy en la noche yo me pongo en modo party, botas, sombrero y no voy a contestar ni el celular, para que sepan, eh”.
Y se dedicó a la fiesta, estuvo en los desfiles del Orange Bus haciendo videos para sus redes sociales, “esto es la fiesta naranja, modo party”, decía, al tiempo en que anunciaba su “noticia bomba”: la cerveza gratis, “pura party, modo party”, decía video tras video, como si el cargo de un Gobernador no exigiera de atender sus obligaciones.
Así, mientras estaba en modo party, se cumplió la fecha en que debía responder al Congreso por las imputaciones a partir de las cuales comenzó el proceso de juicio político en su contra.
Como expliqué en este espacio: en junio la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio del procedimiento para su juicio político por supuesto peculado y malversación de recursos por la triangulación de millonarios recursos públicos a empresas relacionadas con su familia.
El procedimiento deriva de una denuncia en que se detallan las operaciones mediante las cuales se habría realizado los supuestos desvíos de recursos del erario mediante un entramado de empresas contratistas y factureras, a los despachos jurídicos y de servicios fiscales que son propiedad de Samuel García y su padre Samuel Orlando García.
Según la denuncia que dio inicio al procedimiento de juicio político, en años previos a que Samuel García asumiera la gubernatura, los ingresos de dichos despachos eran modestos, pero a partir del inicio de su campaña a la gubernatura, los ingresos de ambos despachos crecieron de manera exponencial; y que tras asumir la gubernatura los ingresos continuaron incrementándose estratosféricamente, y es que se señalan supuestos desvíos de recursos del gobierno del estado mediante un esquema de triangulación con empresas contratistas.
El 23 de junio Samuel García envió su respuesta por escrito: un documento en 248 páginas, que está ahora bajo análisis de la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, que desahoga también la etapa de diligencias, que incluye la recepción y revisión de la documentación de actas constitutivas, declaraciones patrimoniales, contrataciones, para escrutar en la trama entre proveedores que recibieron millonarios contratos de los cuales -según la denuncia- una parte de recursos terminaría por trasladarse a las arcas de los despachos de la familia de García, y otra parte utilizada para la campaña de autopromoción del Gobernador.
A partir de los resultados se elaboraría el dictamen que pasaría al pleno del Congreso en agosto próximo.
Bajo revisión están también sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés; así como las actas constitutivas y accionarias de las empresas de Samuel García y su familia.
Según sus declaraciones patrimoniales, Samuel García ha obtenido más ingresos por actividades adicionales, a lo que obtiene en su cargo como Gobernador.
En su declaración patrimonial más reciente (fechada el 31 de mayo), cuyos datos corresponderían al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, declaró ingresos anuales por cinco millones 168 mil 913 pesos, de los cuales por su cargo público obtuvo un millón 384 mil 484 anuales; otros dos millones 400 mil por “servicios profesionales, consejos, consultoría y/o asesorías”, el resto: 835 mil por arrendamiento y 549 mil 429 por actividad financiera.
Cuando asumió como Gobernador, en su declaración inicial, presentada en noviembre de 2021 declaró que había percibido ingresos anuales por dos millones 861 mil 756 pesos, de esos por servicios profesionales por un millón 730 mil; y sus remuneraciones como Senador un millón 100 mil 834 pesos.
De 2022 declaró ingresos anuales por cuatro millones 235 mil 442 pesos, de los cuales un millón 132 mil 006 fueron por su remuneración, dos millones 370 mil por “servicios profesionales, consejos, consultorías y/o asesorías”, y 733 mil 436 por actividad financiera.
De 2023 declaró ingresos por tres millones 858 mil 812, de los cuales dos millones fueron por “servicios profesionales, consejos, consultorías y/o asesorías” y 856 mil 944 por actividad financiera.
De 2024 declaró ingresos por siete millones 071 mil 691, de los cuales un millón 311 mil 610 fueron por las remuneraciones de su cargo; dos millones 150 mil por “servicios profesionales”, dos millones 573 mil 528 por arrendamiento; y un millón 036 mil 553 por actividad financiera en fondos de inversión.
En cuanto a los inmuebles que ha declarado, hay inconsistencias en los inmuebles que declaró como de su propiedad.
Porque en su declaración inicial que presentó el 29 de noviembre de 2021, declaró sólo una casa de 359 metros de construcción sobre un terreno de mil 012 metros, valuada en ocho millones 600 mil pesos que le fue donada el 22 de febrero de 2017. La misma incluiría en sus declaraciones de los años 2022 y 2023. Pero en su declaración del año 2024 declaró dos casas más, de las cuales puso como fecha de adquisición el año 2014: una de 388 metros de construcción sobre un terreno de mil 371 metros, valuada en nueve millones 087 mil pesos adquirida de contado el 23 de diciembre de 2014. Y la segunda casa de mil 004 metros de construcción sobre un terreno de mil 587 metros, valuada en 19 millones de pesos pagada de contado y registra como fecha de adquisición el 30 de mayo de 2014.
Por la fecha de adquisición dichas propiedades debió incluirlas desde la declaración inicial de 2021, pero no aparecen en esa declaración.
El antecedente de esos inmuebles son los datos que había incluido en una declaración que presentó en abril de 2016, en sus años como Diputado local, en la que registró una casa de 650 metros de construcción en un terreno de 757.65 metros que obtuvo por 15 millones que registró como “traspaso”, y un terreno de 830.22 metros por 4 millones, ambos en 2014, según esa declaración.
En cuanto a las empresas y sociedades en las que es accionista: en su declaración de intereses para funcionarios y personas de interés público, en 2016 declaró que desde el año 2004, era accionista (con 33 por ciento de las acciones) de García Mascorro Abogados; accionista también desde mayo de 2014 de Firma Jurídica y Fiscal, S.C. y de Firma Contable y Fiscal (con 50 por ciento de las acciones en cada una).
En su declaración inicial como Gobernador, en 2021 declaró que de García Mascorro no recibía remuneración; que de Firma Jurídica y Fiscal recibía 120 mil mensuales; que de Firma Contable y Fiscal recibía 60 mil mensuales.
Y en su más reciente declaración, la que presentó el 31 de mayo, registró “baja” en cada una de esas sociedades, excepto en Saga Tierras y Bienes Inmuebles que registró “sin cambio”. De los movimientos que registra como “baja” en la versión pública de esa declaración de situación patrimonial no se precisan mayores datos.
En documentos inscritos en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía aparece que Saga Tierras y Bienes Inmuebles fue constituida en mayo de 2016, y como accionistas: García Mascorro Abogados Firma Jurídica y Fiscal, S.C., Firma Jurídica y Fiscal Abogados, Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros, Samuel Alejandro García Sepúlveda y Samuel Orlando García Mascorro.
García Sepúlveda Inver, SA de CV, se creó en 2021, y en esta son socios la familia García Sepúlveda y las empresas Firma Jurídica y Fiscal Abogados; Firma Contable y Fiscal Contadores Financieros.
La empresa Saga Bienes Internacionales se constituyó el 20 de septiembre de 2021, y como accionistas Samuel Alejandro García Sepúlveda, Samuel Orlando García Mascorro, Saga Tierras y Bienes Inmuebles, Firma Jurídica y Fiscal, y Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros.
Saga Comercio, Construcción y Transporte se constituyó el 20 de septiembre de 2021 con los mismos accionistas y en el mismo porcentaje que Saga Bienes Internacionales.
En Saga Comercio, Construcción y Transporte, según el acta constitutiva, se designó como Administrador único a Samuel García Sepúlveda y como apoderado a Samuel Orlando García Mascorro.
Para esos momentos ya era Gobernador electo y estaba en marcha el proceso de transición para el cargo que asumiría en el mes de octubre.
El mismo 20 de septiembre de 2021, constituyeron también la empresa Samal-Mar, SA de CV., con Samuel García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú.
Esas son algunas de las empresas cuyas operaciones están bajo revisión como parte de la indagatoria que se sigue en el procedimiento de juicio político al Gobernador, dadas las acusaciones en su contra que refieren desvíos para las empresas vinculadas con su familia.
Está por verse si se llega hasta el fondo en la indagatoria. Por lo pronto el fosfo fosfo se apagó en el Mundial: la selección neerlandesa cayó ante Marruecos; a Samuel se le acabó el pretexto para la fiesta.
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