El crucigrama de Ormuz

Ilán Semo

El bombardeo inclemente sobre Irán impuesto por las fuerzas militares conjuntas de Estados Unidos e Israel arroja hoy un cúmulo de interrogantes sin aparente respuesta. Y en la medida en que se ahonda el conflicto, las realidades que ha propiciado escapan cada día a nuestra capacidad de interpretarlas. En la actualidad, incluso la guerra y sus causas aparecen como enigma.

La primera interrogante es evidente: ¿acaso el Pentágono, que todo lo prevé –salvo la imposibilidad de preverlo todo–, no pensó en la posibilidad de que el régimen iraní bombardeara no sólo las bases militares de Estados Unidos situadas en los países del Golfo Pérsico, sino también sus refinerías y centros turísticos? Es difícil creer que no haya calculado las posibles coordenadas de la venganza de Teherán. El mismo narc o Rubio –tal y como se le conoce en los pasillos de Washington–, no precisamente un dechado de inteligencia, ofreció una versión exculpatoria que parece sacada de una novela rudimentaria en la que no pudo evitar la referencia: “Atacamos porque Israel se preparaba para atacar. Y sabíamos que Irán lanzaría sus misiles contra nuestras bases militares en la región”.

El dilema del aliado –esa suerte de hospitalidad que acepta al huésped armado– es que la guerra, cuando llega, no pregunta por los contratos. El problema de albergar una base militar estadunidense en el propio territorio –como en Arabia Saudita, Qatar, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Omán– reside en que en caso de un conflicto (que involucre a la Casa Blanca), peligra la seguridad del país entero. Al dirigir su respuesta contra los países de la región, Irán derribó una certidumbre que parecía tan sólida como los oleoductos: la de que el Golfo era una mera factura, una región condenada a la rutina de extraer y vender. Ahora el petróleo es un rehén. La pregunta no es sencilla: ¿a quién beneficia que la región entera se convierta en una zona generalizada de conflicto?

La segunda e inevitable interrogante contiene, en cierta manera, algunas claves de la respuesta: ¿contemplaron los asesores estadunidenses la opción de que Irán cerrara el estrecho de Ormuz, con las predecibles consecuencias sobre los mercados mundiales? Seguramente lo advirtieron como un “escenario posible”. Lo que no imaginaron –muchas veces la imaginación es menos dócil que la lógica– es que Teherán, más que cerrarlo, podía pasar a gestionarlo: los buques tanques que llevan petróleo a China y la India tienen autorizado cruzarlo, no así los demás. ¿Por qué esa cortesía con Pekín y Nueva Delhi? La respuesta es elemental: el régimen iraní se asegura los ingresos necesarios y deja en claro la geografía de sus alianzas. En todo este tiempo, Irán aprendió algo de Estados Unidos: ahora está aplicando sanciones a sus aliados. Estamos ante el paso de un dispositivo de bloqueo a un dispositivo de filtro. El poder ya no se ejerce principalmente por la prohibición, sino por la distribución diferencial del acceso. El veto es un acto defensivo, que aísla a su ejecutor; la sanción, un sistema de distinción y gobierno del afuera.

Para descifrar los dilemas inscritos en esta geografía habría que remontarse al 28 de junio de 2024. Es la fecha en que Arabia Saudita canceló el acuerdo de los petrodólares. Dos visitas de Joe Biden y una de Donald Trump no lograron disuadir a los sauditas de que se retractaran. Con ello abatieron la columna vertebral que durante más de 50 años sostuvo a una de las paradojas económicas más inverosímiles de la historia. Debido a que todas las transacciones de gas y petróleo en el mundo se realizaban en dólares, Estados Unidos pudo convertirse en la nación acreedora por excelencia y, a su vez, en la principal deudora. Ningún imperio anterior había logrado mantenerse en la cresta de semejante oxímoron. Gracias a él la sociedad estadunidense pudo gastar, a lo largo de medio siglo, mucho más de lo que producía.

Decretado el fin del acuerdo de los petrodólares, los países del Golfo empezaron a derivar el comercio de energéticos hacia otras monedas: el yuan, el rublo, el yen, la rupia. Surgió entonces un sistema de transacciones alternativo al Swift occidental: el pBridge, sostenido en la productividad china, el precio bajo del petróleo ruso y las exportaciones de los países del Golfo. En tan sólo un año y medio, el pBridge “subió como la espuma”, en palabras de Vijay Prashad (una metáfora que alude a lo orgánico, lo proliferante, lo incontrolable). El sistema Swift funcionaba como una tecnología que no sólo registraba transacciones, sino que instituía el espacio mismo en que lo económico devenía enunciable. El pBridge instaura otra superficie de inscripción. No es una estrategia diseñada por un sujeto soberano (China, Rusia u otro) ni un sistema de integración, sino una insólita red de acoplamiento de disímbolas economías de manera más horizontal, cuyas reglas están por estabilizarse.

Desde ese momento, las fuerzas que Trump definió desde enero de 2025 como “los globalistas” –sobre todo el cónclave bancario y financiero reunido en gran parte en la Reserva Federal– empezaron a presionar a la Casa Blanca para desestabilizar a los países del Golfo Pérsico. De lo contrario, el horizonte sería la desdolarización gradual del mercado mundial. En la guerra contra Irán, Estados Unidos se juega la posibilidad de un severo golpe a la hegemonía del dólar. Una hegemonía que, para el sistema estadunidense, al parecer vale una guerra por más brutal e inexplicable que resulte ante su propia población.

El socialismo en tiempos de Mamdani

Ilán Semo

Zohran Kwanome Mamdani nació en Kampala, Uganda, en 1991. De origen hindú, sus padres, Mahmood Mamdani, recocido catedrático de estudios poscoloniales en la universidad de Columbia, y Mira Nair, directora de cine y coautora del guión de la célebre cinta Salaam Bombay!, emigraron a Estados Unidos en 1998. Desde los años 70, ambos compartirían el mundo del activismo anticolonial, la lucha por la soberanía del pueblo palestino y las movilizaciones para hacer de EU una sociedad que reconozca el derecho a la diferencia y la justicia social. Su segundo nombre, Kwame, es una vindicación de K. Nkrumah, el paradigmático líder socialista que encabezó el movimiento por la independencia de Ghana en los años 40 y 50. Si el nombre es destino, Zohran se encuentra, al menos hasta ahora, en el camino de afirmar esta profecía. Sólo que en la ciudad probablemente más cosmopolita del planeta: Nueva York.

Es también la urbe en que creció desde los siete años. Asistió a la escuela pública y cursó una licenciatura en Bowdoin College, en la especialidad de estudios africanos. En 2015, se unió a las organizaciones que apoyan el acceso a una vivienda digna en el distrito de Queens. No es cualquier distrito. Se trata de una vasta zona con 2.5 millones de habitantes, en su mayoría trabajadores y migrantes recién llegados. Golpeada particularmente por la devastación de la pandemia, Queens, gigantesco archipiélago de culturas, lenguas y costumbres, resume por su pluralidad y diversidad el espíritu que ha hecho de la migración un sinónimo de la nación.

En 2020, Mamdani devino concejal por el Partido Demócrata, cargo que refrendó sin oposición en 2022 y 2024. Basta con revisar su currículo como representante en la Asamblea Estatal de Nueva York para entender el consenso que hoy lo apoya en Queens: 20 propuestas de ley, de las cuales tres fueron aprobadas; promotor de tres comisiones de auxilio legal para inquilinos pobres en conflicto; presupuestos para desarrollar la construcción de viviendas sociales.

En esos años, ingresó a las filas de la organización Democratic Socialists of America (DSA). Fundada en los años 90 a raíz de una escisión en el Partido Socialista, DSA ha crecido de manera insólita en todo el país. En 2015, contaba con unos 6 mil miembros. Después de la campaña de Bernie Sanders en 2016 y de las redes sociales de grupos de apoyo durante la pandemia, su militancia aumentó a 90 mil inscritos. Hoy supera 300 representantes electos, distribuidos entre el Congreso y los parlamentos y consejos locales. En principio, no es aventurado afirmar que esta peculiar organización está redefiniendo lo que significa hoy la izquierda y su idea sobre el socialismo.

DSA no participa directamente en elecciones. En cambio, apoya candidaturas en el Partido Demócrata o bien independientes que coinciden con sus programas. Se trata de una suerte de gran y eficiente paraguas social con salidas políticas. Sin duda, una versión insólita de la relación entre lo político y lo social en la tradición de la izquierda. Su práctica reside en defender posiciones del mundo del trabajo desde una perspectiva intersectorial. Con frecuencia se le confunde con una versión estadunidense de la socialdemocracia europea. Una analogía difícil de sostener. Parte de la idea (negada por la socialdemocracia desde los años 50) de que socialismo y democracia son inseparables, y retoma el antiguo principio de Gramsci de la lucha de posiciones. Con ello ha logrado impulsar un giro en la política nacional en pleno auge de la ultraderecha.

Lo insólito fue el triunfo de Mamdani en los comicios primarios del Partido Demócrata para definir su candidatura para las elecciones por la jefatura de la ciudad el próximo noviembre. Insólito porque en su campaña se declaró devoto musulmán, contra el genocidio en Gaza y en defensa de transformar a Nueva York en una ciudad accesible para los que menos tienen a través de una reforma fiscal que grave los ingresos mayores. En su contra se desató una de las maquinarias mediáticas más poderosas de la actualidad: la prensa, la tv y las redes sociales de la ciudad. Aún así –o acaso por ello– aventajó por más de 10 por ciento a Mario Cuomo, el candidato del establishment.

Quienes votaron por Mamdani fueron sectores cercanos a la inmigración, la clase media y la extensa franja cultural neoyorquina. Le falta el voto del mundo del trabajo (casi siempre ausente en las elecciones primarias) para llegar sano y salvo a noviembre.

Acusado de terrorista por su denuncia del genocidio palestino y de comunista por la propuesta de una reforma fiscal, Mamdani sigue cosechando simpatías en una población que si vive en Nueva York está muy lejos de sus beneficios. Decisiva fue una parte del voto de la comunidad judía –sobre todo de los jóvenes–, aquella que se opone –desde EU– abiertamente al desquiciamiento militar de Benjamin Netanyahu. Cabe decir que expresa lo que ya se puede empezar a definir como un cisma judío.

Palabras mudas: el ocaso de la narración

Ilán Semo

El término narrativa se ha vuelto de uso común. Lo empleamos para descifrar los argumentos que ofrecen quienes buscan legitimarse en la opinión pública. Así nos preguntamos por las narrativas de los agentes políticos, o las que se confrontan en una corte a la hora de dirimir un caso, o las que proponen las noticias de cada día. El concepto de narrativa hace posible distinguir las diversas franjas políticas (populistas, liberales, conservadores, etcétera), los lugares desde los cuales habla el narrador (la academia, la literatura, el periodismo, etcétera), o bien los géneros en que se subdivide la cartelera del actual comercio cinematográfico.

Y, sin embargo, todas estas narrativas no relatan más que los argumentos que encierran su capacidad de producir o irradiar efectos. Están destinadas a exaltar, consumir o disuadir. Es decir, crear ciertos estados anímicos, emocionales. Son efímeras, pasajeras, pensadas para expirar en el mínimo lapso en que cobran la dimensión de su propia oclusión. El trend de hoy es el story telling. Se trata de historias breves, elocuentes e inflamables, cuya función reside en cautivar momentáneamente la atención (en las redes), captar votos en las elecciones o seducir consumidores en la jungla de las ofertas. Pero en realidad no narran nada. Contraen un vacío estructural de significado. Su misión es acumular communities, no formar comunidades. Las communities (que van desde el grupo de chat, los amigos de Facebook o el grupo de seguidores de un gurú hindú) son encuentros furtivos que apenas se entrelazan para aglomerar consumidores o hacer más eficientes los mecanismos funcionales o de control.

En cierta manera, la community es la antítesis casi exacta de la comunidad.

La comunidad, léase: una familia, o la unión que sólo puede proporcionar la fe, o un pacto de resistencia social no es una community; es un lazo que estructura la vida y hace posible el sentido. El fundamenta de la comunidad, tal y como lo muestra acertadamente Byung-Chul Han en un libro reciente ( La crisis de la narración, Herder, 2023), reside en la ontología de la narración: la capacidad de entrelazar el pasado y el devenir a través de una historia. Sin un relato esencial de sí misma, que sea perdurable y existencial a la vez, no hay comunidad. Hoy vivimos una era desprovista de este tipo de relatos, que antes albergaban el sentido mismo del ser; incapaz de dar pie al concepto intrínseco de cualquier forma de entrelazamiento colectivo perdurable. Vivimos un eclipse de la narración.

Ejemplos cuantiosos de ese universo formado por narraciones que se escapa a ojos vista fueron la experiencia religiosa, que daba alivio a los fieles; las comunidades alternativas políticas, que hacían del futuro un presente activo; las vanguardias intelectuales, que convirtieron al arte y la palabra en dispositivos existenciales. En ellas, el tiempo mismo cobraba una textura narrativa que hacía, según Byung-Chul, que cada día cobrara sentido en su interioridad misma. En su lugar, hoy sólo existen maneras de estar fragmentado en el mundo: el trabajo, el tiempo libre, la producción y el consumo. Un mundo dedicado ya no a convivir sino a sobrevivir; ya no a consolidar lazos, sino a resolver problemas. Absorbido por la actividad y el rendimiento sin finalidad alguna. Un meme reciente sugiere lo que sería fecundo en él. Un joven invita a una joven a salir. Ella le dice: ¿Y a dónde me vas a invitar? Él le responde: Te invito a hacer nada.

Ya en los años 30, Walter Benjamin advirtió tempranamente una de las causas profundas de esta crisis: la narrativa fue desplazada por el vértigo de la información. La información supone un movimiento contrario al de la narración. A cada día, un lector de periódicos lo que encuentra son noticias intercambiables, fulgurantes y finalmente pasajeras, indiferenciadas. El sentimiento que inducen en él no es el sentido, sino la saturación. Y las derivas inmediatas de la saturación son la indiferencia y el agotamiento.

Los relatos que propician sentido surgieron como la base de la emergencia de la modernidad. La Ilustración misma, por ejemplo, fue una forma de convertir a la filosofía en un andamiaje simbólico y conceptual que daba estructura a la vida, a la praxis, como se solía decir. Pero sin narración, no hay filosofía; y lo que queda tan sólo es una lengua herida, como infiere José Luis Barrios en uno de sus libros ( La lengua herida , Fractal, 2016). Lo mismo sucedió con el relato histórico, que integraba a comunidades como la nación o las grandes agencias políticas. Un relato que fue perdiendo su carácter existencial para devenir una narrativa estrictamente argumental, como muestra Alfonso Mendiola en un texto publicado en la revista Historia y Grafía.

En la esfera política, el ocaso de la narración ha dado pie a la emergencia de los discursos locos del populismo y la nueva ultraderecha fincados en los arrebatos de la identidad. Es asombroso (y deplorable) cómo la tragedia palestina ha quedado reducida en los medios a un conflicto religioso. Súbitamente parece retrotraernos a la era de las cruzadas en el siglo X. O un caso que nos resulta cercano: la marea rosa mexicana se ha dedicado a propalar las narrativas del miedo, que no son otras más que las que sustentan hoy una política golpista. La ultraderecha mexicana está preparando el ambiente de un golpe blando. Porque sin la virtud de la narración, lo que sigue es el delirio.

Suprema Corte: la puerta revolvente

 

jornada.com.mx

Ilán Semo 

La historia formal de la división de poderes en México se remonta a la Constitución de Apatzingán, en 1814. Desde entonces, no hay texto constitucional que no haya definido esta división como el principio rector de funcionamiento del Estado. Sin embargo, su historia real es muy distinta. Durante el porfiriato, la presidencia convirtió a los poderes Legislativo y Judicial en agencias de trámites de sus propias necesidades y necedades. Si la historia de la política designa a Porfirio Díaz como un dictador se debe, entre otras razones, a la sujeción personal a la que sometió a los distintos poderes de la Unión.

En los años 20, la Revolución pareció abrir un breve paréntesis en esta sinuosa relación. Hasta 1927 los distintos poderes previstos por la Constitución de 1917 guardaban, no obstante el violento carácter que adoptaban frecuentemente los conflictos políticos, cierto grado de autonomía. Todo cambió en 1929 con la formación del Partido Nacional Revolucionario. El dilatado proceso que condujo desde el asesinato de Álvaro Obregón a la formación del partido único de Estado, en 1946, canceló por completo esta perspectiva. El largo reinado del PRI volvió, en cierta manera, a la misma condición del porfirato: transformó a los poderes Legislativo y Judicial en oficinas anexas: una continuación del Poder Ejecutivo.

Todo empezó a cambiar a partir de 1988. El fraude cometido por Carlos Salinas de Gortari en la elección presidencial contra el Frente Democrático Nacional (la coalición de una multitud de grupos de izquierda con una franja recién salida del partido oficial) no impidió que el PRI perdiera, por primera vez en su larga existencia, la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados. Un golpe que, al parecer, resultó irreversible (léase: el auténtico origen de la democracia parlamentaria en México se encuentra en la infrahistoria de la izquierda). Desde entonces, ningún presidente ha logrado gobernar sin los cuestionamientos, impugnaciones y disensos del Poder Legislativo. Un hecho que hoy nos parece casi natural. En esos mismos años, la trayectoria del Poder Judicial fue más sinuosa. Sólo en ciertos momentos logró sortear la sujeción impuesta por los presidentes de la tecnocracia hasta 2018.

Sin embargo, no hay duda de que tocó al gobierno de Morena instaurar, por primera vez en la historia que separa al siglo XIX del XXI, una auténtica división de los poderes de la Unión. Finalmente, su historia formal y su devenir real parecen coincidir, condición sine qua non para avisorar la posibilidad de una democracia que se libere de sus traspiés e interrupciones. Que esta historia haya emergido bajo la forma de una confrontación abierta entre el Poder Ejecutivo y el Judicial reitera, una vez más, que la consecución de la división de poderes nunca (y en ningún país) ha sido tarea fácil. Una confrontación definida, sin duda, por el sesgo conservador actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Cabe decir que si la retórica presidencial no se ha cansado de lapidar este sesgo, la Presidencia ha acatado todas y cada una de las decisiones adoptadas por los prelados. La historia decidirá qué papel jugó cada poder en esta auténtica reforma del Estado.

No obstante, se trata de algo más que un sesgo conservador. Si se sigue la actuación de la SCJN frente al crimen organizado, ya sea por decisión directa o avalando a juzgados locales, la tendencia es unánime: una y otra vez la Corte protege a los delincuentes. Lo hace de múltiples maneras. The Guardian y Jenaro Villamil han compilado una lista de 20 casos con flagrantes violaciones al orden constitucional por parte del Poder Judicial: los criminales ingresan por una puerta a las cárceles y a las dos o tres semanas salen exonerados por la puerta siguiente; les incautan avionetas cargadas de estupefacientes y, al poco tiempo, se las devuelven; se decomisan casas de secuestradores y un mes después retornan a sus manos originales; se detienen camiones enteros con niñas secuestradas para la trata de blancas, y las mismas niñas aparecen en Estados Unidos, y así sucesivamente.

Cada uno de los jueces que conforman la SCJN tiene una historia plagada de fechorías (recientemente, se descubrió que uno de ellos ¡había escondido!, durante meses, una carpeta en la que se obligaba a una corporación a pagar 25 mil millones de pesos por evasión de impuestos). El dilema reside en que, por su naturaleza, en tanto que corte constitucional, no existe ningún poder que vigile, controle y sancione las decisiones de SCJN. Es decir, esos cada día más dudosos prelados son juez y parte de sus propias acciones.

Si realmente existe un afán de combatir al crimen organizado, la próxima administración (gane quien gane las elecciones presidenciales) tendrá que internarse en una reforma al Poder Judicial, cuyo centro sea despojar a la SCJN de su carácter de tribunal constitucional y crear, por separado, una nueva corte constitucional. En una república solvente, alguien tiene que tener el poder de juzgar a los jueces. De otra manera, el siglo XXI mexicano continuará sometido a jueces que protegen a criminales y criminales que corrompen a jueces. Un círculo auténticamente infernal.

La crisis de la presencia

Ilán Semo

¿Qué sucede cuando a una sociedad se le sustrae el principio básico que la instituye? Antes de hablar, de pensar o de trabajar, tocamos –nos tocamos. El tacto es el sentido primordial con el que nos asomamos al mundo y el mundo se asoma en nosotros. El con/tacto es la manera esencial de percibir al otro/los otros. Esencial significa aquí sin mediaciones, de manera directa, inmediata. A los seres y los objetos los definimos a través de palabras y nos vienen a la mente en tanto que imágenes. Pero cobran su presencia más íntima sólo cuando forman parte de nuestro mundo a la mano. Basta con observar a una madre y su hijito. A una nieta jalando el vestido de la abuela. O tener en las manos el libro que siempre releemos. El smartphone, que ha puesto fin a una parte mayoritaria de esta experiencia íntima, más que un objeto –es decir, algo que nos objeta– se ha transformado en una prolongación del cuerpo; en la práctica, casi en otro órgano, como los pies o las manos. Hay gente que prefiere pasar hambre antes que quedarse sin datos.

El tacto es la sustancia de Eros, que en griego “también“ significa el impulso creativo y el orden primordial de las cosas. Hay un tacto visual, cuando entramos en con/tacto con la mirada. Hay gente que nos intimida de tan sola verla. Y hay también un tacto auditivo, cuando ciertas palabras o rolas nos retrotraen a una presencia.

El mundo a la mano es –¿o era hasta hoy?– inconcebible sin esta intimación constante. Pensemos tan sólo en el lugar del trabajo, en el bar, la casa, el Metro, el simple andar por la calle. Hoy conocemos la desolación que significan calles deshabitadas durante semanas y semanas. Calles sin/tacto. Ni hablar de los espectáculos. O de las prácticas que dan vida a la polis: el parlamento, la asamblea, el mitin, la manifestación… Cuerpos que se encuentran, sin cuyo encuentro la polis actual deja de existir. Hay policías que temen hoy detener a los maleantes, no por su respuesta violenta, sino por miedo a infectarse.

En el tacto reside el material de la presencia. No me refiero a la antigua idea de la presencia cristiana, sino a ese concepo íntimo y explosivo elaborado por Hans Ulrich Gumbrecht. Presencia entendida como afectación inmediata, como todo aquello que si desaparece produce una ausencia. Ya desde la década de los 90, con el surgimiento de la computadora personal, da inicio una época que podríamos definir como la crisis de la presencia. Una auténtica descorporalización de las relaciones del ser humano con los otros y su entorno. Es decir, un remplazo de nuestra más elemental experiencia social. Una sociedad de individuos aislados como átomos y conectados entre sí por aquello que los separa: la red.

La crisis del Covid-19 o, más precisamente, la política de la distancia social y el confinamiento absoluto, han llevado a su cúspide esta nueva forma de vida. Pero la han llevado de la mano de la formación de un nuevo tipo de poder. Markus Gabriel lo definió de manera muy precisa recientemente: el poder higienista. Un poder basado en el convencimiento por parte de la ciudadanía de que el otro representa, básicamente, un foco infeccioso. Un convencimiento urdido a través de la difusión del miedo más fundamental de todos: el miedo a morir a la vuelta de la esquina. A este proceso, Habermas lo definió con mucha perspicacia como la coronalización del mundo de vida.

En el caso del coronavirus, un miedo con un inevitable sesgo de delirio. Una madre le pide a su hija que le eche un ojito a los frijoles. La hija toma un cuchillo, se saca un ojo y se lo echa a los frijoles. La segunda está delirando. Es decir, entendió por echale un ojito algo muy distinto a cuida los frijoles; léase, una metáfora. Delirar significa perder la capacidad de metaforizar. A le dice a B: ponte un abrigo porque te vas a morir de frío. Morir de frío sólo significa vas a tener mucho frío. Pero el miedo actual, inducido por los medios de comunicación y la sociedad política, es un miedo sin metáfora. La gente lo cree tal cual, literal. Además, sin fundamento alguno. En la mayoría de las guerras del siglo XX, los estados emplearon la táctica de envolver al enemigo bajo el aura de un foco infeccioso. Rápidamente descubrían que ese miedo llevaba a las tropas al máximo rendimiento. En el caso del coronavirus, no estamos en una guerra, pero sí frente a la emergencia de un Estado que ha sabido hacerlo suyo como nuevo mecanismo de control. Hay un par de situaciones, en Suecia y Nueva Zelanda, donde se renunció al confinamiento y los resultados acabaron siendo mucho mejores para la población. Por cierto, en esta época de epidemólogos súbitos, uno de los pocos estudios convincentes es el de Issac Ben, un especialista israelí, que demostró con base en un estudio de las estadísticas en 30 países, que el virus cede casi por completo después de 70 días (de la primera defunción) y desaparece después de 90 días. En México estas fechas corresponderían al 30 de mayo y al 20 de junio, respectivamente.

La crisis de la forma partido

Ilán Semo

Es difícil vislumbrar lo que hoy se designa como la crisis de los partidos políticos. En principio, lo que se observa por doquier es el repliegue, la marginación o, incluso, la desaparición de formaciones históricas que dominaron la escena pública a lo largo del siglo XX. En Francia, el gaullismo, el Partido Socialista y el Comunista fueron desplazados recientemente por fuerzas del centro y la izquierda inéditas. En Italia sucedió un fenómeno semejante desde la década de los 90, con la diferencia de que un personaje grotesco, Berlusconi, descuartizó una de las sociedades políticas más plurales y complejas de Occidente. Ni hablar del neofascismo italiano, que ha cobrado una intensidad trepidante.

Hoy no se requiere enfundarse en uniformes y armarse de pistolas para reanimar ese ominoso espectro del pasado. Por toda Europa, en Alemania en particular, el nuevo racismo de Estado lleva saco y corbata, sus dirigentes provienen de las mejores universidades y hace política parlamentaria como cualquier otra franja del espacio público. Es el caso de Vox en España, que avanza día a día, y que ha propiciado reacomodos inimaginables hasta hace meses.

De este lado del Atlántico los cambios no han sido menos radicales. Mauricio Macri fracasó en el intento de formar una derecha al lado del peronismo. Y éste, como de costumbre, regresó al poder. ¿Pero quién entiende al peronismo? En Brasil, un líder fascista, surgido de la nada y apoyado en el delirio de un nuevo protestantismo religioso –al igual que Donald Trump– está recomponiendo todas las referencias que definieron al Estado desde la década de los 80. En Ecuador, la antigua izquierda es hoy la nueva derecha. Y en México, una formación fundada hace apenas cinco años, Morena, ganó la elección presidencial de manera avasalladora y la mayoría en la Cámara de Diputados. Lo cual no lo aleja de la muy mexicana tentación de convertirse de un partido mayoritario en un nuevo partido de Estado. Las fuerzas que marcaron al régimen desde 1988 –el PRI, el PAN y el PRD– son hasta hoy índices marginales.

Hasta hace unas décadas, el partido político representaba un ensamblaje en que se guardaba la ilusión de reunir al presente con el futuro, se tramitaban los avatares cotidianos con una finalidad explícita y se conjugaban los tropiezos y dramas del día a día con un horizonte de expectativas. Hoy se volvieron maquinarias exentas de alma, sumas de cifras impredecibles. Cambian de ideología como de camisa, su única finalidad es preservar cargos y recurren a cualquier travestismo con tal de no desaparecer de los medios. En un abrir y cerrar de ojos, los partidos cambian de traje, rostro y lenguaje, como si fueran dispositivos de ocasión. No es casual que, al menos en América Latina, la época de los hombres fuertes, haya retornado por la puerta mayor.

En principio, su actual carácter impredecible ha deja a la esfera política sin credibilidad y disloca al Estado fuera de ese centro imaginario al que todos volteaban en situaciones de emergencia. Pero, ¿qué es exactamente lo que está en crisis?: ¿el sistema de partidos?, ¿la cultura partidaria?, ¿las reglas generales del juego?

Todos los indicios apuntan a un fenómeno más profundo. Al parecer lo que parece ya no ser capaz de legitimar coherencias de corto plazo –ni hablar del largo plazo– es la forma partido misma. Al menos tal y como la conocimos a lo largo del siglo XX. Si se observa con detenimiento, han dejado de ser el centro del ensamblaje entre el Estado y la sociedad para devenir sólo uno de sus puntos. Al partido político actual, le estorban las ideologías definidas, los pactos históricos y la influencia social duradera.

Acaso habría incluso que pensar en nuevas categorías que hoy remplazan sus antiguas funciones. Para llegar al poder, un partido debe ingresar en una constelación en la que cada una de sus partes es autónoma entre sí.

Para la derecha esa constelación está dada por las corporaciones, los medios, el crimen organizado y el poder polimorfo.

Para la izquierda, por los cambiantes movimientos sociales, la relación conflictiva con los medios y la imposibilidad de engullir a lo social en su seno.

Los partidos serán pronto sustituidos por las constelaciones políticas.

Morena es una formación paradigmática al respecto. Se trata de un multiórgano difuso y polimorfo cuya tendencia más distintiva es la actualización del más antiguo de los paradigmas de la política nacional: el corporativismo presidencial. Un dispositivo gelatinoso que requiere a cada instante de la intervención presidencial para estabilizar sus conflictos y corrientes. Con una membresía que proviene de los cuatro vientos de la cultura política nacional sin viso alguno de fijar otra identidad más que la que dicten las circunstancias de los avatares de la Presidencia.

Su destino, obviamente, quedará fijado en los umbrales de la próxima sucesión presidencial, no sin antes pasar por las elecciones intermedias de 2021. Ahí donde todas las estrategias de Palacio Nacional parecen dirigirse en la actualidad.

El nuevo status quo

Ilán Semo

Si algo permanecerá como el vestigio de una historia en la vertiginosa carrera de Genaro García Luna es, acaso, el emblema de uno de los arquetipos del nuevo status quo inaugurado por el ascenso de Felipe Calderón a la Presidencia de la República en 2006. La historia secreta de los órdenes políticos abunda en figuras conspicuas. Entre ellas, la del policía es una de las más paradigmáticas. Fouche fue la clave del Termidor en la revolución francesa, y otro policía, García Luna, representa, en cierta manera, una de las tantas claves del Termidor del mayor intento de la sociedad mexicana por darse un orden democrático. Por su status, un antiguo secretario de Estado y, por lo que sabe, el archivo vivo probablemente más cuantioso de la política mexicana en la década pasada, se trata del preso mexicano más valioso en manos de la justicia estadunidense. Y todas las evidencias que lo mantienen en las cortes de Nueva York obligan a repensar –más allá de los profundos lazos que definieron a las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el crimen organizado en ese sexenio– un problema nodal: la crisis de las formas tradicionales en que el Estado fincó su legitimidad a lo largo del siglo XX.

Durante seis años, García Luna fue el artífice de la edificación de una gigantesca estructura policiaca nunca antes vista en el país. Tan sólo en el último año de su gestión, la SPP recibió un presupuesto de 44 mil millones de pesos.Su propósito aparente: combatir las múltiples actividades de la delincuencia organizada. En la práctica sucedió algo muy distinto.

La vox populi –y la de los especialistas también– acostumbran explicar el exponencial crecimiento del llamado crimen organizado como un efecto de la porosidad de las instituciones públicas para que sus funcionarios se corrompan. Esto es tan sólo la superficie; por debajo se generó un mecanismo mucho más intrincado. El aparato de seguridad del Estado descubrió muy pronto que los cárteles podían fungir como eficaces dispositivos de control de poblaciones, territorios y movimientos sociales disidentes. Tal y como lo relata Anabel Hernández en su libro El traidor, El Mayo Zambada, jefe del cártel de Sinaloa, dijo alguna vez a su hijo, a propósito de los pagos que se entregaban a García Luna, trabajamos para el gobierno. Esto nuevos empleados del gobierno tendrían en realidad una labor más esencial que la de enriquecer a funcionarios. En principio, se convertirían en un mecanismo ideal para transformar conflictos sociales y políticos en aparentes reyertas entre grupos criminales. Un dispositivo idóneo para despolitizar a la sociedad. La corrupción de los cuerpos políticos no ha sido más que una derivada de la función de despolitización que ejercen a diario y por doquier.

Desde 2007, la esperanza de la sociedad mexicana reside en creer que la criminalización de la vida cotidiana es un fenómeno que alguna estrategia gubernamental sería capaz de erradicar si es acertada. Es una esperanza vana. De seguir así, la amalgama entre el crimen organizado y la esfera política podría prolongarse durante décadas. Las razones están a la mano: el Estado puede gobernar a partir de la política de un miedo constante y capilar sin aparecer como su instigador inmediato; todo conflicto social es remitido, en el imaginario público, a una reyerta entre bandas criminales; en última instancia, siempre es posible atribuir a ese continente ignoto llamado Estados Unidos la responsabilidad por su rauda proliferación ( de facto, de ahí provienen sus principales recursos financieros).

El gobierno de Morena ha decidido simplemente continuar esta lógica con otros métodos. No es que la esfera política no pueda resolver el problema de la seguridad; ya es evidente que, en realidad, no tiene el menor interés en resolverlo. Se trata de una nueva forma estable de poder: el poder polimorfo. Y su reproducción permanecerá hasta que la sociedad no se rebele contra este nuevo ejercicio de dominación, como sucedió en el caso de Ayotzinapa.

Existe otra limitante a está inédita versión del poder político. Sin la amalgama con el Estado, los cárteles mexicanos jamás se habrían transformado en empresas globales. Sólo que en esta esfera chocan con intereses que no se encuentran bajo su alcance. La detención de García Luna en cárceles estadunidenses es una advertencia en este sentido. Los mismos que le autorizaron la vigilancia de la exportación de estupefacientes al mercado del norte, ahora lo inculpan por ello.

Se trata sólo de las reglas de un juego de proporciones. Pero un juego que, al menor descuido, puede causar una crisis impredecible en el Estado mexicano.

El dilema para la administración de Morena es: ¿quién sigue? En la jerarquía, por arriba de García Luna ya sólo se encuentran tres ex presidentes. La pregunta es también si la estructura de García Luna no estaba actuando contra la propia administración de Morena. No lo sabremos hasta que la noche del crimen no reciba su verdadera definición. El problema del crimen organizado no es, en primera instancia, un asunto de seguridad, es un problema político.

Sobre el sistema penal

Ilán Semo

En un tuit reciente Edgardo Buscaglia definió las cinco dimensiones que constituyen a ese universo que llamamos, casi de manera metafórica, el crimen organizado de la siguiente manera: la política, la empresarial, la protección judicial, el sicariato y lo social. Es un mapa, sin duda, acertado. Sin la colusión entre la sociedad política –desde el Poder Ejecutivo, hasta los gobernadores, presidentes municipales, fiscales y franjas del Congreso– y el sicariato, la delincuencia organizada jamás habría alcanzado su extensión actual. Las industrias del crimen han devenido cuantiosas empresas con utilidades desorbitadas en una veintena de ramas de la economía; incluyendo, por supuesto, el sistema financiero, encargado de transformar el dinero sucio en dinero legítimo.

La parte social representa, en gran medida, su fuente principal de poder. Poblaciones y poblados sobre los que ejercen derechos de piso, donde reclutan en su mayoría a jóvenes y que, a cambio de los ingresos que proveen, obtienen un apoyo sustancial. Por último, la protección judicial, que les permite evadir la formalización de las persecuciones y las detenciones y contiene una gigantesca puerta giratoria donde los criminales entran y salen de las cárceles a cambio de ingresar a judicaturas y policías a sus nóminas.

Esta última dimensión, la penal, ha sido poco estudiada. La historia del sistema judicial mexicano es compleja y remite a una doble función: la primera ha sido la de servir como un sistema de recaudamiento de riquezas, favores e influencias. La segunda, no menos importante, ha fungido como un dique, un laberinto para disuadir, dividir e intimidar a las poblaciones más pobres para inhibir e intimidar sus movimientos de protesta, reclamos y luchas por demandas sociales y civiles. En el siglo XX, el sistema penal fungió como uno de los grandes encargados de lograr que los sectores, digamos, más proletarizados de la población aceptaran, de una u otra manera, su status como inamovible.

En la actualidad esta doble función del sistema penal se ha potenciado hasta límites inconcebibles. Por un lado, devino uno de las grandes fàbricas de enriquecimiento de los negocios de la criminalidad organizada; por el otro, ha transformado a esa delincuencia en parte de los cuerpos encargados de la vigilancia, el amedrentamiento y la intimadación de la población.

En todo poblado del país, hoy incluso en las grandes ciudades, se sabe que los sicarios entran a las cárceles para ser liberados en cuestión de días o semanas. La población sabe perfectamente que no los van a retener. Ello inhibe toda forma de justicia popular hasta que la situación deviene crítica y aparecen los linchamientos. En otras palabras: la conjunción entre entre el orden policiaco y las industrias del crimen ha convertido a éstas últimas en una extensión de los propios cuerpos policiacos.

Una de sus funciones básicas consiste en mantener en marcha las fábricas del miedo social. A cada quien su miedo. Las clases medias temen que sus hijos no encuentren los caminos de la movilidad social. Las clases subalternas, temen, por su parte, que sus familiares no caigan en el laberinto de la delincuencia. El estatuto de vigilantes informales que ejercen las organizaciones criminales mantiene esta zozobra en una estado permanente de extrema alarma. Y ésa es, más que la propia corrupción, su finalidad central: la despolitización de todos los intentos de politizar las respuestas sociales y políticas desde abajo contra un sistema alarmantemente desigual.

Desde 2007, durante el sexenio de Calderón Hinojosa, la clase polí-tica descubrió que era el sistema ideal de control político sobre la población. Los políticos nunca pa-gan los platos rotos de la represión,porque la dislocan a la esfera cri-minal. El país vive de facto bajo unestado informal de sitio permanen-te. No se puede salir en las noches.Se va al trabajo y se regresa de inmediato a casa. Pocos encuentros con los amigos. Un sistema ideal de disciplinamiento de la ecomomía de mercado.

El gobierno de Morena no parece, hasta ahora, interesado en intervenir en este círculo infernal. Si en cambio, ha decidido debilitar una dimensión que se le escapa a Buscaglia: el mercado estadoundiense y las agencias de Washington que gobiernan al crimen en México. Tan sencillo como esto: el que paga, manda. Y los grandes recursos ilícitos en México provienen de su realización en Estados Unidos.

La contienda por definir o no a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas en el Congreso de EU parece el intento de la administración mexicana por debilitar la influencia de Washington en este escabroso rubro, tal y como se ha mantenido desde 2007. Una condición sin la cual es imposible encontrar el menor indicio de una posible salida al problema de la seguridad nacional.

Block de notas

Ilán Semo

La Jornada

Cuando los monumentos hablan, un célebre ensayo de Walter Benjamin parte de la premisa de que la crítica a la violencia comienza por preguntarse sobre la relación que guarda con el derecho y la justicia. Aquí la violencia aparece circunscrita a la esfera de los medios, no de los fines. ¿Pero qué sucede cuando el cuerpo en el que se inscribe resulta desprovisto de cualquier derecho y toda forma de justicia? ¿O no acaso de eso se trata la violencia que hoy se ensaña contra las mujeres? Cada vez que se ataca a una mujer, no por lo que hace, sino por lo que es –una definición que Judith Butler ha sugerido sobre la violencia de género– se hace un agujero en el mundo. Pero es un agujero que deja en la absoluta indiferencia al sistema jurídico actual. Como si un crimen contra una mujer no fuera, en realidad, un crimen. Por su demografía, su extensión y su carácter molecular, se trata, como escribe Johan Galtung, de una violencia estructural: está latente y acontece en cada punto, en cada resquicio del sistema. Y es una deriva de un complejo conjunto de relaciones de poder entrecruzadas por la dominación masculina (Bordieu dixit), la condición de clase, la etnicidad y las constricciones religiosas. Si por estructura entendemos el entramado de la subjetividad social en las tres dimensiones de lo simbólico, lo imaginario y lo real, aquí lo simbólico se encarga de manera persistente de soslayar lo real.

El gran logro de la manifestación del pasado 16 de agosto, en que la protesta se alzó contra la brutalidad policiaca, residió acaso en develar este soslayamiento: poner al descubierto no sólo la miseria de esa violencia, sino la de la indiferencia del sistema frente a ella.Si resignificar –reinscribiéndolo– un monumento como El Ángel sirve a esos fines, es una manera de invertir –y apropiarse– de su eficacia simbólica. Y sobre todo: es la signatura de quienes al pie de ese Ángel, se niegan a convertirse en sus ruinas.

La impugnación desde el gobierno capitalino a la manifestación –a la cual, cabe reconocer, no mandó reprimir– obliga a una reflexión. Como todo movimiento social de gran calado, el feminismo se expresa en múltiples corrientes y posiciones, incluso contradictorias. Pero al parecer cada vez más se desdibujan dos frentes: uno, convencido de que es posible reorientar al Estado actual para reducir la violencia contra las mujeres, y otro, que entiende a ese Estado como una de las partes del origen mismo de la violencia. Un dilema para pensar.

¿Cansancio de guerra?.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dejó entrever que el gobierno mantenía negociaciones con grupos de autodefensa. La prensa especuló si se trataba de algo más general, que incluía a sectores del crimen organizado. Lo relevante fue su argumento: ya no quieren seguir con las armas. Es preciso diferenciar entre las autodefensas y las organizaciones criminales. Las primeras representan a pobladores que se protegen a sí mismos; las segundas, son maquinarias en busca de ganancias. Existe una abundante información testimonial sobre la dinámica de las autodefensas. En cambio, las noticias sobre el adentro de las industrias criminales son más que escasas. No sabemos cómo se rige ese orden predatorio.

En 2014, el escritor camerunés Valentine Cascarino pidió a los miembros de una banda de dealers que le permitieran convivir con ellos durante unos días ( Fractal, num. 77, septiembre-diciembre, 2015). Lo que descubrió fue el infierno mismo. El capo lo recibió en una esquina donde se vendían drogas abiertamente. Los clientes pasaban en automóviles a comprarlas. Y empezó a explicar: esa veintena de individuos que ves en frente, quieren mi lugar. Y tarde o temprano, alguno me va a matar. El cliente que se acerca desesperado sin dinero, me puede disparar. Quien te trae la droga, puede decidir que el puesto es de otro. Entonces me tiene que eliminar. A quien le llevo el dinero, podría robárselo e inculparme. Después está la policía, que requiere trofeos. Aquí nadie sale vivo. Es sólo cuestión de tiempo.

-¿Por qué se hacen miembros entonces?- preguntó Cascarino.

-Algunos fueron arrastrados, otros sueñan con salir de la miseria, hay también quienes se hacen adictos. Pero todos somos cadáveres predecibles, respondió el capo.

No es imposible que la mecánica de una organización criminal en México sea tan distinta. En principio se puede suponer que, después de un tiempo, luego de perder a familiares, la mayoría de ellos quisieran salir de ahí. Incluso a cambio de muy poco, si la vida misma significa ya poco. Claro, siempre y cuando alguien les garantice un mínimo de seguridad. Tal vez este sea el desafío de toda negociación orientada a propiciar no una amnistía, sino un desarme.

Llega un momento donde algunas guerras, que se prolongan infinitamente, terminan por cansancio. La pregunta es si la guerra que el entramado entre el crimen y la política sostienen contra la sociedad mexicana ha llegado a ese punto. Tal vez no para todos, pero bastaría que algunos aceptaran un giro.

Zapata, la comuna y su espíritu

Ilán Semo

Con la muerte de Emiliano Zapata a la edad de 39 años, el 10 de abril de 1919, concluyó uno de los levantamientos populares más excepcionales del siglo XX. Durante una década, las tropas zapatistas, arraigadas en una multitud de pueblos situados en vastas regiones de las entidades de Morelos, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y los linderos de la antigua Ciudad de México, lucharon no únicamente por la tierra y el sustento de sus familias, sino por algo más radical: una vida distinta, más digna, íntegra y soberana. Una vida mejor.

Cuando Zapata aludía en sus proclamas a los pueblos alzados como el gran centro de la rebelión, no tenía en mente esa categoría de pueblo abstracta y vacía, pieza clave de la legitimidad del Estado moderno, sino esa realidad cosmogónica y sentimental, épica y trágica que todo mexicano percibe cuando alguien se refiere a mi pueblo o mi tierra. Es decir, el íntimo mundo de los pequeños poblados donde se comprometían y se ponían en juego la vida entera, los sueños y las pesadillas de la mayor parte de la población de la época. Comala de Juan Rulfo.

Una de las afirmaciones más impensadas y acaso banales que pobló los estudios historiográficos sobre el zapatismo en el siglo XX, fue que su trama expresaba el afán de restaurar una antigua comunidad perdida y devastada por la hacienda, el ferrocarril y las inclemencias de la modernización del porfiriato.

Un absurdo que pretendía situar al zapatismo en el remoto ámbito de la tradición (frente a la hipotética modernidad del maderismo).

En efecto, el zapatismo se inició como un movimiento que reclamaba tierras que las haciendas y la violencia del porfiriato habían arrebatado a las comunidades de los valles y las cañadas del estado de Morelos. Pero el decurso de la Revolución misma, el descubrimiento de su trama y originalidad, lo transformaron en algo muy distinto, algo que ni sus mismos protagonistas habían sospechado: el hallazgo de una nueva e inusitada forma de vida.

Esa forma que cobró plenitud entre 1914 y 1916 y que Felipe Ávila examina con detalle en el capítulo sobre La comuna de Morelos en su Breve historia del zapatismo ( Crítica, 2018). Por primera vez, las comunidades de Morelos, en su mayoría indígenas, descubrían que no sólo podían hacerse de las tierras, sino que eran perfectamente capaces de autogobernar su mundo como tal: la educación, la justicia, la economía, el orden público, las elecciones . ¡Sin injerencia del Estado! Más que un movimiento político, social y militar, el zapatismo creó una nueva forma de apropiarse del mundo, un nuevo poder soberano, si se quiere. Cierto, un poder anclado en la historia de las propias comunidades, pero inconcebible sin los desafíos y las solidaridades inéditas que le planteó el impredecible decurso de la Revolución Mexicana.

Una de sus consignas centrales La tierra es de quien la trabaja que se ha prestado a las peores malversaciones interpretativas, superó la capacidad de cualquiera de los líderes centrales de la Revolución. Se trata, en rigor, como lo explica en el Nomos de la tierra Carl Schmitt –que probablemente ni siquiera sabía de la existencia del zapatismo– del principio más antiguo que funda la posibilidad misma de relacionar el derecho con el valor más primigenio de justicia: el intercambio que hace posible la vida de los seres y la de la tierra misma.

Cierto, Emiliano Zapata quería refutar tanto la idea porfiriana que preservaba tierras ociosas, como la del maderismo, que pretendía convertirla en una mercancía, es decir, la tierra es de quien cuenta con el capital para comprarla. Por su parte, el zapatismo dio en el clavo, al menos para avizorar una salida a la propia Revolución.

En este sentido, es preciso y difícil entender otra de sus consignas centrales: Tierra y libertad, que provenía del arsenal programático del anarquismo. Los liberales del porfiriato nunca entendieron –o no quisieron entender– que el despojo de las tierras de estas comunidades estaba hiriendo la parte sacra de sus vidas. Lo sacro no tiene que ver necesariamente con los dioses de una cultura. Más bien, es aquella frontera que define el límite del sentido, ahí donde una comunidad está dispuesta a arriesgar su vida misma.

Hoy, por ejemplo, lo sacro estaría ligado probablemente a la defensa de la integridad de los hijos, donde cada quien parece dispuesto a defenderla a costa de lo que sea.

En el mundo de Zapata, el equivalente era la tierra y el orbe construido sobre ella. No es casual que simultáneamente haya sido un movimiento guadalupano, la virgen que preserva la sinonimia en-tre la madre y la tierra. Se ha reflexionado poco en que el zapatismo se expresa como un anarco-guadalupanismo, una de esas extrañas y prolíficas fusiones que suceden en nuestra historia. Una fusión que dio pie a la visón moderna y mexicana de la antigua comunitas cristiana, que casualmente no se propone como una alternativa a su polis: Zapata jamás desechó la idea de influir en la política nacional, pero nunca la confundió con participar en esa política.

Políticas contra la violencia

Ilán Semo

La Jornada

A la guerra que Felipe Calderón inició contra las redes del crimen organizado en 2007 se le podría observar, desde la perspectiva actual, a partir de los subtextos que la configuraron. Dos de ellos resultan hoy, en 2019, muy evidentes: a) no la erradicación de estas redes, sino su administración desde la Presiden-cia y b) la supresión violenta del movimiento político y social que trató de impedir su llegada a Los Pinos (ahora un paraje en la ciudad que no alcanza a fijar el simbolismo de una ruptura). La lógica que dominó a esa guerra sui generis y que cifró una extraña forma del estado de excepción –acaso un estado de excepción delirante, donde la Presidencia no hizo más que escabullir sus responsabilidades sumarias– continúa hasta la fecha: la militarización de los más disímbolos ámbitos de la vida pública del país. En 2012, los saldos de esta política ya eran patentes. Junto al Ejército, se potenció un nuevo poder militar: la Marina. Y lejos de erradicar los circuitos criminales, ambos cuerpos militares entretejieron sus intereses con ellos hasta conformar una auténtica economía criminal. Es decir, nunca se trató de una estrategia de pacificación, sino de una técnica de control político y social.

Cuando se iniciaron las huelgas en las maquiladoras de Matamoros a principios de año para exigir aumentos salariales pospuestos durante décadas, uno de los empresarios –con toda la indolencia de quien se ha acostumbrado al control absoluto–, reveló sin querer el nudo de esta técnica: ¿Cómo de qué huelgas? Si llevábamos 30 años en paz, sin ninguna huelga. Uno de los activistas sindicales se encargó de explicar esta peculiar noción de la paz: “Cuando intentábamos organizarnos, nos acusaban de narcos; y cuando lo lográbamos, mandaban a los narcos a matarnos”. En Matamoros y por doquier, el crimen organizado devino la metáfora de un cuerpo de constricción y represión políticas. Los militares estacionados en la ciudad se encargarían de protegerlo, y los jueces de asegurar que si los delincuentes caían en prisión, fueran liberados en pocos días. Una suerte de micro-Estado total. Este fue el saldo central y fatal de la militarización del país: criminalizar y neutralizar los ámbitos de la conflictualidad social.

El gobierno de Morena ha desdibujado su propia política para in-tentar contener la tragedia que inhabilita la posibilidad de orientar a la sociedad mexicana en otra dirección. Está compuesta de tres partes: 1)la formación de la Guardia Nacional; 2) la erradicación de la economía criminal de gran escala; 3) una nueva política social.

La Guardia Nacional, tal y como fue concebida en términos jurídicos, repite y acrecienta los dilemasde la estrategia de los recientes 12 años. Los repite porque su operación está basada en la militarización general. Los acreciente porque crea un cuerpo militar con mucho más libertades de las que tiene el propio Ejército. Probablemente se trata del Ejército mismo con licencia policiaca. En su formato actual, nada impide que a la vuelta de unos meses acabe por entretejer sus intereses con los del propio crimen organizado. Ahora tendríamos no dos, sino tres volátiles estructuras militares nacionales.

El intento de erradicar la cuantiosa economía criminal es, sin duda, una novedad. Podría rendir efectos a mediano plazo. Sin este paso, que nunca dieron Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, todos los demás pierden sentido rápidamente. El dilema es que arroja a las industrias del crimen a buscar ingresos en formas todavía más crueles: derechos de piso, extorsión, secuestros, etcétera. Sin embargo, no hay que olvidar que ocho de cada 10 integrantes de la economía criminal, optaría por abandonar el redil. ¿La razón?: quien ingresa a sus ejércitos rasos, está destinado a morir. La mayoría aceptaría salir incluso en condiciones desfavorables. Pero siempre quedaría algún por ciento de sus miembros constriñendo jueces y autoridades. ¿Qué hacer entonces?

La política social de Morena tiene un sello muy peculiar: finca una relación aislada e individualizante entre el Estado y sus beneficiarios. Cierto, es siempre mejor para la sociedad que los fondos para becas y apoyos lleguen a jóvenes y no capital salvaje. Lo nuevo es tal vez el programa dirigido a los ninis. Aquí los adolescentes deben involucrarse y trabajar en una empresa o una institución. Con esto se les abren otras perspectivas.

Sin embargo, en toda esta estrategia falta la parte fundamental: la participación de la sociedad. Sin la movilización de las comunidades contra jueces coludidos en el entramado criminal, sin la beligerancia ciudadana contra autoridades y gobernadores que representan el sostén de sus industrias, mucho quedará igual. Es aquí donde una nueva izquierda social podría encontrar un ámbito para su desarrollo. Morena no lo hará. No porque no que sea una organización de izquierda, que además nadie se lo pide. Las alianzas con las que llegó a Palacio Nacional delimitan sus alcances: sólo acotar y limitar el antiguo status quo.

Lo político y sus metamorfosis

Ilán Semo

En los años 20, Carl Schmitt publicó El concepto de lo político, un ensayo que no sólo ha resistido la prueba del tiempo, sino que devino, en las pasadas tres décadas, una suerte de clásico del pensamiento contemporáneo. Se trata de una visión conservadora sobre la conflictualidad social inspirada, en gran medida, en los filósofos católicos españoles del siglo XIX, en particular, en la obra de Juan Donoso Cortés. La tesis central del ensayo es histórica y heurística a la vez. Dice así: la esfera de lo político se caracteriza porque la relación entre sus agentes se establece, en última instancia, como un conflicto entre amigo y enemigo. 

Schmitt no se refiere aquí al enemigo externo, tan antiguo como la polis griega, sino a esa figura que surgió desde la revolución inglesa en el siglo XVII y que cobró su apoteosis en la Revolución francesa: el enemigo interno. Así como Luis XVI acabaría bajo un juicio sumario acusado de ser un enemigo de la revolución, el mismo paradigma se extendería a lo largo del siglo XIX y la mayor parte del XX ahí donde emergerían formas modernas de legitimación. Suena sencillo, pero es bastante laborioso de refutar.

En una simplificación sumaria de la historia del país, ese rasgo se podría advertir de inmediato: en la primera mitad del siglo XIX, el conflicto entre españoles y mexicanos fijaría los vértigos de la sobrevivencia novohispana; después, durante más de dos décadas, la confrontación entre la Iglesia (léase: los conservadores) y los liberales trazaría la politicidad de aquella sociedad; durante el porfiriato, los enfrentamientos entre el agrarismo y la dictadura liberal desembocarían en la revolución; en los años 20 y 30 del siglo XX la oposición entre la Iglesia y y el grupo de los sonorenses volvería a ocupar el centro; y a partir de los años 50, el paradigma quedaría definido por las antípodas de la guerra fría.

Hace poco, en el texto que lleva por título El desacuerdo, Jacques Rancière reformuló la tesis de Schmitt con una inteligente acotación: en política no hay amigos, sólo intereses, aliados, compañeros de viaje o convergencias. La dicotomía se establece entre el orden y sus enemigos, y es el Estado el que, para legitimarse, propicia esta singular configuración. Desde la caída del muro de Berlín, el problema ha adquirido nuevos tintes. La antigua antinomia entre izquierda y derecha no desapareció del todo, pero ha sido gradualmente desplazada por la de las confrontaciones entre el liberalismo y el populismo, con sus respectivos extremos, el neoliberalismo y el populismo radical. Y sin embargo es un confrontación en la que ambos parecen adoptar más bien el carácter de adversarios –cuando no de emblemas puramente simbólicos– y no propiamente de enemigos. Incluso, en varias partes del mundo, se alternan en el poder, no sin dificultades y algunos desequilibrios. Con ciertas excepciones. El caso de México fue una de ellas.

El salinismo se empeñó, en sus orígenes mismos, en la destrucción física del movimiento político y social que surgió en su contra en 1988. Hoy, los números hablan de más de 2 mil 500 asesinatos políticos a lo largo de ese sexenio. Pero la tragedia aconteció después de las elecciones de 2006. El PAN recurrió a la militarización de la vida pública en aras de combatir el narcotráfico y, de paso, diezmar el movimiento electoral que estuvo a punto de hacerse de la presidencia en su contra. Con ello criminalizó toda la vida política del país. La más grave de las perversiones –y los errores– que puede cometer cualquier Estado. Peña Nieto mantuvo la misma lógica, agigantando su logística. A lo largo de 12 años el país se hundió en lo que hoy se podría llamar una condición holocáustica. Más de 300 mil muertes oficiales, la mitad de ellas por ejecución, hablan de este infierno.

¿Cómo caracterizar a esas dos décadas de la vida política mexicana? Las cifras, las formas brutales de la violencia, el amparo que les brindó el Estado mismo, atestiguan más una condición similar a la que privó en la era de los Estados totales europeos en los años 30 y 40, o durante el franquismo hasta la década de los 50, que la que empañó a las sociedades latinoamericanas durante los años 70 y 80. Sobre todo si se toma en cuenta, que las disímbolas lógicas del exterminismo –¿hay otra manera de llamarlo?– tuvo tanto móviles económicos como políticos.

 Y es la primera característica la que nos obliga a pensar que si en la superficie la sociedad mexicana vivió un pseudoparlamentarismo, ciertas libertades de expresión y manifestación, el Estado profundo, según la definición de Schmitt, se asemeja mucho más al orden falangista de la posguerra. Digo falangista porque tanto en el caso de Calderón como en el de Peña Nieto todo el proceso estuvo ligado al intento del maridaje entre el Ejército y los circuitos empresariales para-religiosos –el Yunque, el Opus Dei, Los Legionarios de Cristo, etcétera–. Un intento que, por fortuna, fracasó.

Tal vez, la mejor caracterización de esos años pueda ser la de un régimen doble: parlamentario y neoliberal en la superficie, y dominado por un subfalangismo en sus profundidades. ¿Tuvo el Prian un sesgo subfalangista?