7/19/2012

PRENSA MÉXICO JUEVES 19 DE JULIO



Reforma
El IFE desestimó las pruebas presentadas por la Coalición Movimiento Progresista sobre las presuntas irregularidades en la elección presidencial y afirmó que, con los elementos con los que se cuenta, no se comprueba la compra y coacción del, voto.

Milenio
Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México detuvieron ayer en la comunidad de Santa María Huexoculco, municipio de Chalco, a 17 integrantes de la banda que asaltó a campistas y agredió sexualmente a cinco mujeres en el parque El Colibrí la semana pasada.

Excélsior
AMLO y el PRI subieron de tono a su pugna por los resultados de la elección presidencial del primero de julio, donde Enrique Peña Nieto resultó ganador. En conferencia de prensa, el tabasqueño y su equipo acusaron al candidato priista de beneficiarse del lavado de dinero para ganar los comicios.

La Crónica
La secretaria general del PAN, Cecilia Romero, dijo ayer que la reunión entre el presidente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto tuvo por finalidad iniciar pláticas y trabajos, porque “la transición ya está en camino”.

24 Horas
Al banco HSBC no se le acusa de lavar dinero, ni en México, ni en Estados Unidos, aseguró Carlos López Moctezuma, director de Proyectos Especiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El Financiero
El caso HSBC obliga a mejorar la regulación para que México deje de ser el país más atractivo para realizar acciones fraudulentas, de corrupción y lavado de dinero. Frank L. Holder, de la empresa FTI Consulting, y José Antonio Palacios, del IMEF, coincidieron en que se apliquen castigos en la medida del crimen que se cometió.

El Economista
En el entendido de que hay más investigaciones de lavado de dinero que están abiertas, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos urgió al Congreso a que se apruebe lo más pronto posible la nueva ley antilavado, que está pendiente y que integra a los profesionales a la lucha contra este ilícito.



El Universal
El gobierno estadounidense cuenta con una “Unidad de Investigación de Crímenes Transnacionales” en la capital del país para trabajar de manera coordinada con autoridades mexicanas en el combate al lavado de dinero, informó Leigh Winchell, funcionario del Servicio de Migración y Control de Aduanas.


Las actividades de la familia del empresario José Susumo Azano Matsura, proveedor de dispositivos de espionaje para la Secretaría de la Defensa, muestran una variedad que va de la venta de azulejos y muebles de baño a la construcción de grandes naves industriales, así como impresos y el comercio detallista
Acepta SEP fuga y venta de examen a maestros
Uno de los exámenes de la Evaluación Universal, realizada el 6 de julio, se "fugó" y se vendió a los maestros, aceptó la Secretaría de Educación Pública (SEP). La dependencia dio a conocer que inició un proceso judicial en el Estado de México para indagar el caso
AMLO: lavado en campaña de EPN
El tabasqueño envió al IFE nuevas pruebas de la presunta triangulación de recursos entre empresas con gobiernos del PRI, mediante las cuales se habrían fondeado tarjetas de prepago de tiendas de autoservicio
Alianza EL UNIVERSAL-UNO TV
Ambas empresas lanzarán portales de noticias en las entidades. Ayer se puso en marcha jalisco.un1on.mx y antes de que termine el año estarán en operación páginas de 4 estados más. En la foto, Juan Francisco Ealy Jr., director general de EL UNIVERSAL; Aristóteles Sandoval, gobernador electo de Jalisco, y Arturo Elías Ayub, director de Uno 




La Jornada
Andrés Manuel López Obrador reiteró el señalamiento contra el candidato presidencial priísta, Enrique Peña Nieto, quien se habría beneficiado con dinero de procedencia ilícita, lo que comúnmente se llama lavado de dinero. "Si autoridades no investigan incurrirán en complicidad". Aporta más pruebas como sustento a la solicitud de invalidar la elección. Se triangularon unos $106 millones a través de empresas y personas

Roberto Garduño y Alma Muñoz
El tricolor rechaza, "por inadmisibles", las acusaciones de blanqueo
"Su estrategia es el desgaste de las instituciones electorales"
Niega imputaciones de que "venda espacios o haga sesgos informativos"
Sostiene que no hay pruebas de compra ilegal de tiempos en radio y tv
En caso de crisis, podrá asumir en sede alterna; la enmienda fue aprobada
opinión
Robert Fisk
FOTO DE PORTADA
El ex presidente sudafricano y líder antiapartheid pasó su día en familia y con amigos cercanos. La Organización de Naciones Unidas decretó el 18 de julio Día Internacional Nelson Mandela. Como homenaje se pide dedicar 67 minutos a ayudar a semejantes, en recuerdo de los 67 años de servicio público del ex mandatario. El activista social pasó 27 años en prisión por su lucha contra el sistema de segregación racial imperante en su país. Fue liberado en febrero de 1990 y elegido presidente cuatro años más tarde Foto Reuters
Rayuela
Esta elección fue tan limpia que hasta el dinero lavaron.
"La comisión está atada de manos en ese terreno por el marco legal vigente"
Deja solo al PRD; el giro, tras la cita entre Calderón y Peña Nieto, trasciende
FOTO CONTRAPORTADA
Se rompe el miedo a experimentar, afirman especialistas y varones en ese oficio
Fernando Camacho Servín
"Moreno, caliente, bien dotado. Sólo atiendo mujeres". Anuncios como éste, antes muy escasos, comienzan a aparecer cada vez con mayor frecuencia en Internet. Es un fenómeno relativamente nuevo: mujeres que buscan placer recurren a opciones que antes se creían reservadas para los varones, incluida la contratación de escorts. Ya sea por atemperar vacíos emocionales, por cubrir apariencias, por diversión o simplemente por conseguir la satisfacción que no saben dar sus parejas, muchas mujeres se han convertido en consumidoras de este servicio, subvirtiendo la idea que ellas "no lo necesitan".
Una mujer en acción durante la presentación de strippers en la Expo Sex en el Palacio de los Deportes, en marzo pasado Foto Carlos Ramos Mamahua, La inercia de una cultura sexual en la que todavía domina el miedo a experimentar y a ser empieza a cambiar poco a poco, según especialistas y sexoservidores consultados por La Jornada. "A las mujeres les falta tratar de divertirse"
Con casi cuatro años en este ambiente, Robert sabe que el trabajo de gigoló es una experiencia contradictoria: se puede vivir muy bien de él –más




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7/18/2012

Las órdenes ya fueron dadas por el PRI y el IFE: López Obrador al carajo con todo y pruebas




Pedro Echeverría V.

1. El Instituto Federal Electoral (IFE) adelantó ayer juicios para echar abajo todos los planteamientos de inconformidad promovidos por el Movimiento Progresista encabezado por López Obrador contra la elección presidencial. Señaló que “no se actualiza ninguno de los supuestos de nulidad para esos comicios y tampoco se acreditan los supuestos de invalidez por la presunta compra y coacción del voto”. Enfatizó que “un presunto rebase de topes de campaña no anula la elección, si bien aún no ha sido acreditado”. Indicó que “sólo se han entregado informes preliminares de gastos –los cuales no pueden considerarse como base para un procedimiento extraordinario fiscalizador– y sólo será a la presentación del informe final, el 8 de octubre, cuando la Unidad de Fiscalización del instituto cuente con los elementos para advertir un presunto rebase de tope de campaña”.

2. El TRIFE ya cuenta así con todos los elementos para desechar las casi 700 cuartillas de acusaciones y pruebas entregadas por López Obrador. No necesitarán leer las 1,500 cuartillas que entregó como defensa Peña Nieto. Lo que sucede es que todo ese arbitraje que debería ser neutral, de la FEPADE, el TRIFE y el IFE, es muy parcial porque son parte privilegiada de la clase dominante. ¿Cómo pueden los “árbitros” del IFE “cometer el error de ser justos” y dejar de cobrar uno de los salarios más grandes y ofensivos que hay en México, sólo comparables con los del presidente de la República y los jueces de la Suprema Corte? Si tuvieran independencia serían otra cosa porque valorarían cada uno de los argumentos y determinarían en función de la realidad. Pero no; esa institución es de Estado y tiene la obligación de comportarse de acuerdo a las reglas establecidas por el sistema político.

3. Esas autoridades electorales –para justificar la mucha plata que cobran- funcionan como ciegos y sordos. No vieron ni oyeron que la campaña fue absolutamente desigual en los excesivos gastos, en los spot, apariciones, tiempos en los medios de información, en el manejo de las encuestas, en la compra de votos con despensas, materiales de construcción, dinero en efectivo, tarjetas de Soriana. Para ellos, esto que cualquier televidente puede reafirmar, es una mentira y, si acaso existió sólo es motivo de multa al partido o de una sanción, pero nunca de invalidez de la elección. Esto quiere decir que se repetirá el fraude de 2006 y nos estamos atrasando en nuestras protestas. Alguien diría que no hay que desesperarse, que hay más tiempo que vida; pero no debe olvidarse que en política hay que hacer las cosas en el momento adecuado aprovechando las condiciones de descontento de las masas de trabajadores.

4. ¿Puede AMLO seguir teniendo esperanzas en las instituciones que tanto lo han repudiado y desconocido? ¿Pueden los electores seguir sometiéndose a autoridades electorales que aceptan que el poder haga lo que quiera con las elecciones? ¿No sería acaso más acertado reunir a jóvenes activistas para planear las acciones políticas en las calles, las instituciones, los bancos, las embajadas y las carreteras, que se deben poner en práctica? Serían concentraciones y acciones de las más pacíficas e inofensivas como siempre han sido las del pueblo; no serían acciones violentas, ilegales, clandestinas, armadas o groseras porque, como bien se sabe, quien las tornan violentas son la policía y el ejército del gobierno cuando intervienen reprimiendo. Los violentos son los que portan armas, usan caballos, perros y gases lacrimógenos para reprimir. ¿Quién más violentos que ellos?

5. La reunión del sábado y domingo pasados en la explanada de la población heroica de Atenco, fue un buen calibrante para medir la energía de más de 300 organizaciones representadas por los activistas allí reunidos. Su pronunciamiento fue totalmente justo porque partió del análisis puntual de la sociedad mexicana, del proceso electoral y del enorme fraude que se construyó en beneficio de Peña Nieto, Televisa y el PRI. Los acuerdos han provocado muchos rechazos de políticos del PRI, PAN y PRD, así como de empresarios. Ante la falta de argumentos de éstos –con el objetivo de descalificarlos- han dicho que los jóvenes de “Yo soy 132” están siendo manipulados por grupos de la izquierda radical y por el mismo López Obrador. No pueden entender los directivos de esos partidos al servicio de la burguesía, que los jóvenes por propia edad tienen pensamientos avanzados y que no pueden anclar su pensamiento en lo conservador o reaccionario.

6.   López Obrador posee una enorme experiencia en movilizaciones en la ciudad de México por haber encabezado varias decenas de ellas, sabe en qué momento se debe salir a la calle; pero también se puede equivocar por los mil un problemas que tiene pendientes. Por eso los más cercanos e influyentes en él tienen que convencerlo de la instrumentación de coordinaciones que se encarguen de organizarlas en comunión con los estudiantes, los electricistas, la CNTE, mineros, Mexicana, telefonistas y otros. El parecer el IFE ya dio su posición para influir sobre el TRIFE y la FEPADE. En este mismo momento Peña Nieto y el PRI han enviado a sus treinta “grandes abogados”, especialistas en elecciones, a “asesorar” todos los resolutivos que seguramente se adelantarán algunas semanas. Ya Peña ha visitado a Calderón para ensayar el traspaso de poder. (18/VII/12)

http://pedroecheverriav.wordpress.com

pedroe@cablered.net.mx
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Los periodistas pal café....




Sucedió durante el Día de los Inocentes, el año pasado. Una elección importante, la de la presidencia municipal de Morelia, capital de Michoacán, fue anulada el 28 de diciembre de 2011 por magistrados pertenecientes a la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Toluca.
Dos razones centrales tuvieron los jueces para echar abajo esos comicios: la aparición durante cuatro minutos y cuarenta segundos (cuando los tiempos de campaña y exposición pública habían fenecido para él)  del candidato priísta a presidente de Morelia, Wilfrido Lázaro, en una transmisión televisiva por cable contratada durante 45 minutos por el aspirante a gobernador, Fausto Vallejo. Y la inclusión de un emblema del PRI en una parte del calzoncillo de boxeo de Juan Manuel Márquez en una fiera pelea, que perdió (entre acusaciones de robo y fraude) frente al implacable filipino Manny Paquiao, en Las Vegas, Nevada, un día antes de los comicios michoacanos.
Casi cinco minutos ilegales al aire en una transmisión televisiva local por cable, y un logotipo en el calzoncillo de alguien que boxeaba fuera del país constituyeron factores suficientes para que el tribunal electoral federal anulara los comicios de la capital de una entidad social, política y electoralmente incendiada: Michoacán, donde el hermano Felipe no pudo colocar a Cocoa como gobernadora y donde el PRI se quedó con el máximo cargo, en la figura de Fausto Vallejo y donde luego, ya en segundos comicios, el pasado 1º, el también priísta Wilfrido Lázaro volvió a ganar esa presidencia municipal, con una diferencia de votos tres veces mayor a la original.
Las evidencias públicas de violaciones electorales en la pasada contienda presidencial, infinitamente superiores a las de Morelia, no parecen estar destinadas, sin embargo, a provocar similares criterios anulatorios en los miembros de la sala superior del tribunal electoral federal que analizarán el tema. Sólo en términos televisivos, los 4 minutos y 40 segundos de Wilfrido Lázaro son una incidencia microscópica frente al despliegue de tiempo en pantalla en favor de Enrique Peña Nieto, con la abundancia de propaganda disfrazada de información en Televisa y Televisión Azteca y con la barra de comentarios, noticieros y programas de variedades consignada abiertamente a la promoción del mexiquense. El logotipo del PRI en la indumentaria deportiva de Márquez frente a Paquiao es una mísera minucia gráfica frente a los espectaculares por todo el país, los artículos utilitarios para regalo, la contratación de espacios en redes sociales, cines y publicaciones diversas para promover al priísta generador de saturación.
El citado tribunal electoral cuenta desde ahora con una amplia desconfianza respecto del cumplimiento justiciero de sus obligaciones. Está integrado por personajes de trayectoria turbia, provenientes de arreglos políticos facciosos y mafiosos, nombrados para satisfacer los intereses de quienes intervinieron en el arreglo de sus designaciones, demostradamente lejanos de la dignidad republicana que el momento requiere. Imbuidos de la filosofía de pragmatismo claudicante que pretende que las elecciones no deben ser ganadas en la mesa, sino en el campo de juego (una virtual confesión de la inutilidad de ese costoso tribunal), los magistrados depuran ya el portafolio de tecnicismos jurídicos que les permita evadir el fondo del asunto (la comisión de un evidente y escandaloso fraude electoral) y declarar consolidada la victoria formal de Enrique Peña Nieto.
Frente a ello, Andrés Manuel López Obrador anunciará hoy un plan de lucha por la democracia y la dignidad. Las circunstancias políticas lo constriñen a transitar el camino del tribunal electoral como si en éste hubiera posibilidad de corrección jurídica. Pero, además, prepara la recurrencia a instancias interamericanas defensoras de los derechos humanos para buscar allá la justicia que acá no encontrará (en anterior entrega de esta columna se habló de las abogadas que llevaron ante la CIDH el caso Campo Algodonero). Mientras tanto, Calderón se reunía anoche con Peña Nieto para definir la ruta conjunta que caminarán mientras el segundo asume el poder, haiga de ser como haiga de ser.
A propósito, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión está lista para dar por aprobadas hoy las modificaciones constitucionales que como presunta reforma política fueron aprobadas en el primer trimestre del presente año. Superficial e insuficiente respecto de los grandes temas cívicamente deseados, esa reforma significará una bendición operativa para aquel candidato presidencial cuyo triunfo sea formalmente declarado por el tribunal electoral, pero socialmente enfrente oposición fuerte a la hora de rendir protesta.
Ya no será necesario un espectáculo lastimero como el protagonizado por FCH en diciembre de 2006: ahora, aquel a quien lleguen a acusar de espurio, y por ello pretendan impedirle que cumpla con el ritual protocolario en San Lázaro, en sesión general del Congreso de la Unión, podrá hacerlo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (que tiene dos sedes en las que puede reunirse), o ante las mesas directivas de las cámaras del poder legislativo (¿en un hotel, en un restaurante, en algún salón privado?) o, si las cosas se complicasen tanto, el presunto presidente en fuga podrá rendir la dichosa protesta de inmediato ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (¿en la casa de este ministro, o en cualquier lugar o en ninguno, nomás con llenar actas y dar por realizada esa cermonia?). El punto es, como puede verse, que el PPP (presunto presidente... la otra P ya no supo este tecleador a qué se deba, tal vez a algún apellido) sea declarado presidente de la República a como dé lugar, por encima de protestas y oposición.
Y, mientras es visto el video de los representantes de casilla del PRI en el distrito 34 de la ciudad de México, a los que no les pagaron mil pesos prometidos, del que se habló ayer aquí y que en http://bit.ly/ORpOG0 está disponible... ¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero

Alguna vez Pemex ocupó la tercera posición mundial en cuanto a reservas probadas de petróleo y gas. Ha sido víctima de un saqueo sin freno y se deslizó a la posición número ocho. Sin embargo, sigue siendo un botín codiciado. Genera 40 por ciento de los ingresos del gobierno federal y una parte va a los estados. La próxima reforma intentará subir los impuestos para que disminuya la dependencia del gobierno respecto del petróleo, de tal suerte que las acciones de Pemex resulten atractivas a inversionistas privados, nacionales e internacionales, en las bolsas de valores de México y Nueva York. Al menos ese es uno de los planes que manejan algunos de los integrantes del equipo de Peña Nieto.
La tortuga
Ya pasó mucho tiempo desde aquel 15 de octubre de 2008, cuando el entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens, ordenó al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Guillermo Babatz, realizar una investigación sobre los saca-dólares que habían exportado del país muchos miles de millones de dólares, causando una severa devaluación. Fueron operaciones que no son normales, que son atípicas, dijo Carstens. Si Babatz compitiera con una tortuga en materia de velocidad, llegaría a la meta en segundo lugar, o no llegaría nunca, como es el caso, porque todavía debe a la opinión pública el resultado de la investigación. La fuga de dólares le costó al Banco de México 30 mil millones, que fueron tomados de las reservas para equilibrar el mercado. Babatz siempre tiene una explicación para no hacer las cosas, trátese de la cadena de bancos de Wal-Mart, de Monex y ahora de HSBC. Hace tiempo que debieron pedirle la renuncia.
Aquí nunca hallaría empleo
Marissa Mayer es una mujer que nunca hallaría trabajo en México. Primero, tiene 37 años de edad, y ya ven que en la mayoría de las empresas las quieren jovencitas. Por otro lado, está embarazada, el próximo octubre nacerá su bebé; ya sabe que será varoncito. Y las compañías nunca aceptarían a una señora en esas condiciones, a sabiendas de que dejará de trabajar varias semanas después del parto, incluso en algunos lugares les piden que firmen una carta en el sentido de que no piensan ser mamás pronto. Sin embargo, Marissa Mayer es desde ayer la nueva presidenta de Yahoo, la empresa de Internet con más de 700 millones de usuarios y millares de trabajadores en todo el mundo, incluido México. Le hicieron una oferta que no pudo resistir y dejó su empleo en Google.

En el encuentro 18 del Foro de Sao Paulo, en Caracas, el geopolitólogo Ronaldo Carmona –coordinador del grupo de trabajo temático sobre defensa e investigador de la Universidad de Sao Paulo– me había invitado a su panel, al que por premuras no pude asistir.
El documento matricial de Ronaldo Carmona aborda la nueva visión estratégica que se desarrolla en Brasil, en particular, desde el establecimiento de la Estrategia Nacional de Defensa (END) en 2008, que comporta tres aspectos nodales:
La definición de tres áreas estratégicas de defensa: nuclear, espacial y cibernética. A mi juicio, este rubro es insuficiente y pertenece a la etapa de la guerra fría; hoy el enfoque debe ser también en los rubros de GNR (genoma, nanotecnología y robótica), sin descuidar la segunda generación informática y, en especial, la ciberguerra y sus supercomputadoras, donde Estados Unidos goza una primacía disuasiva.

Cero y van diez mil. De nueva cuenta al gobierno mexicano lo agarraron papando moscas, en medio del discurso sobre los buenos resultados de la estrategia contra el crimen organizado. Una vez más, en Estados Unidos se destapa un voluminoso operativo de lavado de dinero en nuestro país, realizado por la trasnacional financiera HSBC la cual, junto con las demás del sector financiero que funciona en México, permanece intocada por la presunta autoridad judicial, no obstante las reiteradas advertencias que en tal sentido, y a lo largo de los años, han hecho instituciones nacionales e internacionales.
Resulta que, de acuerdo con la investigación que sobre el particular realizó el Comité Permanente de Investigaciones del Senado estadunidense, entre 2007 y 2008 HSBC, por medio de su filial en México, remitió alrededor de 7 mil millones de dólares en efectivo a la sucursal que el corporativo mantiene en el vecino del norte. Así, durante un par de años en promedio se enviaron 10 millones de billetes verdes cada día, incluidos sábados, domingos y días festivos, y la aceitada maquinaria del combate al crimen organizado del gobierno mexicano no se enteró.
Cuando menos eso es lo que dice el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, quien ayer sostuvo que tal dependencia del Ejecutivo “no tiene informes sobre la posible responsabilidad de las sucursales del banco HSBC en México en operaciones de lavado de dinero, como señala un informe del Senado estadunidense… De existir indicios de actividades delictivas en esa institución bancaria, las autoridades correspondientes en México estén llevando a cabo una investigación al respecto y, en su momento den a conocer los resultados de dichas indagatorias” (La Jornada, Ciro Pérez Silva).
Eso sí, el funcionario se retorció cuando los colegas le recordaron que un informe previo, también del Senado estadunidense, subraya la ineficacia de la estrategia calderonista contra el crimen organizado. Rechazo categóricamente esas consideraciones que no se apegan a la realidad, posiblemente porque los senadores de Estados Unidos desconozcan la realidad de la estrategia que encabeza el inquilino de Los Pinos (aunque aceptó como posibles los datos del segundo informe del Congreso de Estados Unidos sobre las investigaciones a HSBC). Entre otros muchos elementos, 7 mil millones de billetes verdes lo desmienten.
El voluminoso lavado que presuntamente realizó HSBC México se dio precisamente en un lapso (2007 y 2008) en el que el Departamento estadunidense de Estado advertía al gobierno calderonista sobre el gran campo de acción que el narcotráfico tiene en el sistema financiero que opera en nuestro país. En este sentido, presentó su inventario: en México existen 46 bancos (incluyendo seis bancos de desarrollo) y 71 oficinas de representación de instituciones financieras extranjeras, 95 compañías de seguros, 479 sociedades de inversión, 155 uniones de crédito y 24 casas de cambio. El comercio ilícito de drogas es la principal fuente de fondos blanqueados a través del sistema financiero mexicano. Otras fuentes importantes de ingresos ilegales que se blanquean incluyen corrupción, secuestro, tráfico de armas y personas, y otros delitos. El contrabando de embarques a granel de moneda estadunidense a México y su repatriación (ya lavada) en efectivo a Estados Unidos a través de correos, vehículos blindados y transferencias bancarias siguen siendo métodos para el blanqueo de ganancias de la droga.
Pero en Bucareli aseguran que no estaban enterados y que la estrategia gubernamental funciona de maravilla. De nueva cuenta, queda más que obvio que el gobierno calderonista nunca mostró interés por atender, entre muchas otras, la recomendación de seguir el dinero (follow the money) hecha en reiteradas ocasiones por especialistas y funcionarios de organismos internacionales. Tampoco consideró supervisar a detalle las transacciones bancarias, mucho menos realizar trabajo de inteligencia en el sistema financiero, porque el criterio, por llamarle así, de las presuntas autoridades es que la inversión se espantaría, por mucho que 30 mil millones de dólares anuales metidos a la lavadora (39 mil millones de acuerdo con el más reciente reporte del Departamento de Estado) nadie los puede ocultar.
Pues bien, en su informe 2009 (International Narcotics Control Strategy Report) el Departamento de Estado subraya: de la cifra estimada de 25 mil millones de dólares que circulan ilegalmente en el sistema bancario, la Procuraduría General de la República sólo es capaz de detectar uno por ciento (250 millones). Y ello no sólo es producto de la enorme corrupción que campea, sino de la carencia de personal calificado en sus unidades especializadas: faltan investigadores, fiscales, auditores de recursos monetarios, base de datos completa y moderna, y equipamiento tecnológico… Hasta ahora los esfuerzos se han dirigido sólo a los estados claves como Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León, ciudad de México y Jalisco, pero la PGR considera que hay motivos para volver a centrarse en otras regiones, como los estados de Quintana Roo y Yucatán, donde las autoridades han detectado grandes movimientos de recursos ilícitos”.
¿De qué tamaño es la falta de conocimiento (Bucareli dixit) de la presunta autoridad sobre el lavado de dinero en México? Con base en la evaluación que hace el Departamento de Estado, la constante es que anualmente el sistema financiero que opera en México lava entre 25 mil y 30 mil millones de dólares provenientes del narcotráfico, entonces la cifra acumulada de 1996 (primero de los informes divulgado, en tiempos de Ernesto Zedillo) a 2012 (último del actual inquilino de Los Pinos) resulta espeluznante: entre 400 mil y 480 mil millones de billetes verdes han pasado por la lavandería bancaria en este país (algo así como 40 por ciento del producto interno bruto). Pero dicen que nadie sabe, nadie supo, y nadie quiere saber, aunque presumen que la estrategia funciona.
Las rebanadas del pastel
Apresurada por limpiar su imagen, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores brincó a la palestra para gritar, urbi et orbi, que en materia de lavado de dinero desde 2002 evidenciamos a HSBC. Pero fueron tantas sus urgencias, que olvidó explicar por qué la trasnacional financiera siguió lave que te lave, con todo y evidencias, sin que la autoridad mexicana le cancelara la licencia para operar en México y la denunciara penalmente. Y por el lado del corporativo bancario, sus directivos dicen lo sentimos y se acabó el problema.


Un ardor de ruiseñores
sonreía en el rosal
que rebosaba de flores
al borde de un manantial
cuyo son elemental
despierta un sueño profundo
y un hablar suelta fecundo,
hablar que fluye en olvido
de sí y de todo sonido.
Con ese hablar me confundo.




En respuesta al anuncio de que el gobierno federal planea instalar una mesa de diálogo para discutir la Ley General de Víctimas –aprobada por las cámaras de diputados y senadores en abril pasado, y vetada hace unos días por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón–, integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dijeron ayer que, en caso de que la autoridad federal no cumpla con su obligación de promulgar dicha normativa, sus integrantes estarían incurriendo en desacato.

El Correo Ilustrado
Fraude del PRI, sin dejar huella
Es evidente que el PRI se preparó como nunca para no dejar huella del fraude. La parafernalia con que se presentaba su candidato en los mítines desaparecía como por arte de magia al término de los mismos.

José Steinsleger: Todos los caminos conducen a Pekín
Durante siglos, las referencias a China y los chinos suscitaron en Occidente las emociones que seguramente sintió el escribiente Rusticello de Pisa cuando su compañero de celda, el veneciano Marco Polo, le platicaba de sus aventuras en los vastos dominios del emperador mongol Kublai Khan.

Bernardo Barranco V.: Escaso compromiso democrático; pobre calidad electoral
Mis hijos, que rondan los 25 años, se avergüenzan de que su padre sea consejero local del IFE. A pesar de todos los esfuerzos, el IFE no pudo sacudirse el fantasma de 2006 en este proceso electoral. Hay que reconocerlo, su imagen no salió bien librada. Flota en el ánimo ciudadano que el Consejo General pudo haber hecho mucho más. Ése es uno de los tópicos que los consejeros locales de diversos estados intercambiamos de manera informal. A pesar de que técnicamente el proceso estuvo bien coordinado, que en la operación como tal el IFE cumplió su tarea, importantes sectores de la sociedad le reprochan no haber ido más lejos en su calidad de árbitro y no sólo organizador. Desde sus facultades pudo haber ido más lejos para garantizar elecciones más equitativas y, sobre todo, frenar la compra y coacción del voto.

Luis Linares Zapata: Debate por la modernidad
Las maniobras del aparato de comunicación colectiva del país no intentan clarificar los referentes del debate nacional, sino asentar un mediocre concepto de modernidad. Se pretende desviar la atención para imponer, como visión dominante, masivos intereses grupales. Una operación orquestada desde antes de la elección y prolongada a posteriori. El esfuerzo llevado a cabo por los grandes sectores de presión, sus partidos políticos y amanuenses mediáticos, estuvo dirigido, de manera compulsiva y abrumadora, a combatir las pretensiones de la izquierda para llegar al poder. Se resistieron con eficacia a que los ciudadanos eligieran, con informada libertad, los cambios que el modelo de gobierno en boga requiere con urgente justicia. Al parejo acentuaron, con todos los instrumentos mercadológicos a su alcance, en especial los difusivos, los rasgos seductores de una imagen sugerente, jovial y tranquila: era indetenible, proclamaron por todos los confines. Y cuando sospecharon que los trabajos no serían suficientes para soldar sus ambiciones, echaron mano del enorme catálogo de las malas artes: la compra de votos, el dispendio y la coacción a los votantes.

Márgara Millán: ¿Por qué pedir la anulación de las elecciones?
Anular las elecciones es la única forma de recuperar la confianza en la democracia electoral y en las instituciones. Si no pedimos que se anule un proceso teñido de inequidad, corruptelas, uso de dinero público para comprar votos, coacción del voto a través de la autoridad laboral, alianzas millonarias con empresas, televisoras y encuestadoras para construir la percepción de ventaja de un candidato, todo ello como mecanismos naturales de las reglas del juego electoral; si no exigimos que se anulen unas elecciones donde el que tiene más dinero es el que tiene más votos, entonces estaríamos consintiendo que ése es el único juego electoral posible y la única forma de institucionalidad; que la cultura política de nuestro país sólo puede ser clientelar y formar electores que se venden y no ciudadanos que se informan; que la elección no es un acto libre, informado y razonado de la ciudadanía, sino que aprovecha, reproduce y manipula la pobreza y la desinformación de la gente, enajenando su voto por unos cuantos pesos, bolsas de cemento, carne para asar, tarjetas prepago de Soriana o rifas de electrodomésticos. Si no se anulan estas elecciones y aceptamos sin chistar, estaríamos reduciendo a eso el momento más importante de la pobre democracia mexicana.

Alejandro Nadal: Su apellido es ‘Crisis’
¿Cuándo fue la última vez que una economía capitalista se mantuvo en expansión y en armonía social? Parece que hay que hacer un buen ejercicio de memoria porque no es fácil recordar semejante episodio de placidez. Y sin embargo, en el imaginario social perdura la creencia de que en una época perdida que habría que recuperar, el capitalismo pudo hacer entrega de buenos resultados. Quizás el anhelo profundo del ser humano es ese mundo de paz, bienestar y justicia. Pero esa aspiración no significa que ese mundo anhelado sea posible bajo la feroz regla del capital

Iván Restrepo: Jorge Legorreta
Fue un pionero en el estudio del crecimiento de las áreas urbanas periféricas. En analizar las formas de organización y los mecanismos que hacen posible que miles de familias levanten sus viviendas sin el apoyo gubernamental ni de las instancias financieras privadas o públicas. En mostrarnos los liderazgos e intereses políticos y económicos que facilitan esa urbanización, que muchas veces va de la mano de la invasión de tierras agrícolas y de reserva ecológica.


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Magistrados electorales en la mira


Análisis
Alejandro Luna Ramos, presidente del TEPJF. Foto: Octavio Gómez
Alejandro Luna Ramos, presidente del TEPJF.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La única manera de garantizar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tome en serio los alegatos y las pruebas presentadas por el Movimiento Progresista en contra de la validez de la elección presidencial sería por medio de una vigorosa y pacífica presión social. Ni siquiera se había realizado el conteo distrital oficial del Instituto Federal Electoral (IFE) cuando el magistrado presidente Alejandro Luna Ramos ya había descalificado la eventual impugnación de Andrés Manuel López Obrador al afirmar que “no se gana en la mesa lo que no se gana en las urnas”. La magistrada María del Carmen Alanís también tiene claros antecedentes de parcialidad a favor del PRI y Enrique Peña Nieto. Su vergonzoso papel en el fallo que exculpó a Peña Nieto de cualquier responsabilidad en la transmisión nacional de los spots de su V informe de gobierno en 2010 es apenas un pequeño botón de muestra.
Es falso que toda la carga de la prueba se encuentre del lado de quienes impugnen los resultados de la elección. Así como López Obrador debe ofrecer evidencia que sustente sus acusaciones con respecto a la defraudación de la voluntad popular, tanto el IFE como el TEPJF también tendrían que demostrar sus dichos sobre la supuesta limpieza del proceso electoral. No sería ni jurídicamente ni políticamente aceptable que los magistrados se limitaran a simplemente dese­char y desestimar los argumentos del Movimiento Progresista. Si quieren producir un fallo que sea no solamente legal, sino también reconocido como legítimo por la población, los juzgadores electorales deben esclarecer la verdad sobre el proceso electoral.
El TEPJF cuenta con amplias facultades para discernir si la elección presidencial cumplió cabalmente con el principio de “autenticidad” plasmado en el segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución. Por ejemplo, de acuerdo con el artícu­lo 14 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), el TEPJF puede “ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales”. El artículo 21 de la misma ley señala que el presidente del TEPJF de manera unilateral cuenta con la facultad de “requerir a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a los partidos políticos y particulares, cualquier elemento o documentación que, obrando en su poder, pueda servir para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación”. El mismo artículo autoriza al magistrado presidente a “ordenar que se realice alguna diligencia o que una prueba se perfeccione o desahogue”. El artículo 23 también ordena al TEPJF “suplir las deficiencias u omisiones en los agravios” incluidos en el juicio de las partes. Y el artículo 9 señala que el TEPJF está obligado a requerir las pruebas solicitadas por las partes pero que no hayan sido entregados a tiempo por las instituciones correspondientes, como el IFE, la FEPADE o la Secretaría de Hacienda.
En otras palabras, si los magistrados deciden no llegar al fondo de los casos de Soriana y de Monex y se hacen de la vista gorda ante el evidente sesgo mediático y el fraude de las encuestadoras, no será porque no pueden hacerlo, sino porque simplemente no quieren. Tal actitud podría ser conveniente desde el punto de vista de cuidarle el “triunfo” a Peña Nieto, pero podría costarle muy caro al país si el desenlace es otro presidente sin la legitimidad social requerida para emprender las grandes reformas institucionales necesarias para salvar al país del naufragio.
También es falso que la única vía para invalidar la elección de Peña Nieto es por medio de la anulación de 25%, o aproximadamente 35 mil casillas electorales. Aun si no se lograra alcanzar esta meta, posteriormente, a la hora de emitir su “Dictamen de Validez”, o en su caso de “Invalidez”, el TEPJF podría desechar la elección en su totalidad por la existencia de violaciones generalizadas a los principios constitucionales de legalidad, equidad, libertad del sufragio y autenticidad, entre otros.
Pero los magistrados electorales ni siquiera considerarán esta opción si la sociedad no genera un contexto de exigencia suficientemente fuerte. Hace seis años los magistrados también fueron sumamente renuentes a esclarecer los resultados electorales, pero las movilizaciones multitudinarias los obligaron a recontar casi 10% de las casillas electorales y a emitir un Dictamen de Validez que por lo menos simulaba tomar en cuenta los alegatos de López Obrador. Ambas acciones del TEPJF fueron a todas luces insuficientes, pero ninguna hubiera acontecido sin la fuerte presión social. Hoy se tendría que repetir la experiencia.
Recordemos que supuestamente vivimos en un régimen democrático que protege la libertad de expresión y el derecho de asociación. Por ejemplo, el artículo 9 de la Constitución señala claramente que “no se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reu­nión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad”. Asimismo, el artícu­lo 8 de la Carta Magna protege el derecho de petición de todos los ciudadanos. Más allá de tomar las calles, los ciudadanos también deberían inundar a las instituciones electorales con reportes, denuncias y reclamos por escrito que demuestren su inconformidad y exijan a las autoridades a cumplir con sus obligaciones constitucionales.
En el México de hoy, de vastas desi­gualdades sociales y poderes fácticos avorazados, la confianza ciega constituye el perfecto caldo de cultivo para la irresponsabilidad y la parcialidad institucionales. Cuando la sociedad deja de vigilar a los jueces y a los servidores públicos, éstos normalmente aprovechan para concretar pactos inconfesables. Así como Peña Nieto, López Obrador y Josefina Vázquez Mota firmaron un “pacto de civilidad” antes de las elecciones del 1 de julio, habría que exigir al IFE, la FEPADE y el TEPJF que firmen un nuevo “pacto en defensa del interés público” para hacer todo lo legalmente posible para depurar un proceso electoral que muy probablemente ha sido uno de los más turbios en la historia reciente.

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La rebelión mexicana que llegó por la red

Por Daniela Pastrana
SAN SALVADOR ATENCO, México, 18 jul (IPS) - Seis años atrás, la plaza de este pueblo cercano a la capital de México fue escenario de la mayor represión policial de este país en tres décadas.
El gobernador del estado de México, vecino a la capital y al que pertenece el municipio de Atenco, era Enrique Peña, quien asumirá el 1 de diciembre la Presidencia de este país, a menos que proceda la impugnación de los comicios presentada por la izquierda.

Los campesinos de Atenco habían resistido en 2002 la expropiación de sus tierras para construir un aeropuerto. Pero cuatro años después, un incidente entre vendedores de flores y la policía desembocó en un operativo que dejó dos muertos, 207 detenidos y torturados, 26 mujeres violadas y dirigentes condenados a penas equivalentes a prisión perpetua.

El fin de semana del 14 y 15 de julio comenzó a gestarse aquí una articulación de organizaciones sociales, campesinas y sindicales con el movimiento universitario que lleva dos meses batallando contra el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno, de la mano de Peña.

El PRI gobernó México durante buena parte del siglo XX (1929-2000). Interrumpido por los dos períodos presidenciales del conservador Partido Acción Nacional, se apresta a retomar el gobierno tras los comicios del 1 de julio, plagados de denuncias compra de votos y coacción sobre los electores más pobres y de parcialidad de los grandes medios de comunicación a favor de Peña.

El colectivo Yo Soy 132 –que nació en mayo a partir del reclamo que hicieron estudiantes de la Universidad Iberoamericana a Peña por la represión contra los campesinos de Atenco– desconoció el resultado del escrutinio y emprendió una campaña por la limpieza electoral, a través de su principal medio, Internet.

El nombre surgió de la identificación pública que hicieron los 131 estudiantes que protestaron contra Peña, colocando videos en YouTube con sus credenciales. A partir de ese hecho, jóvenes de otras universidades se les unieron empleando la frase "Yo soy el 132" o #YoSoy132, la cuenta que utilizan en Twitter.

"A diferencia del movimiento por la paz de Javier Sicilia, que tuvo también una movilización espontánea en las redes sociales, Yo Soy 132 sí tiene como base de estrategia de lucha el uso de estas redes", dijo a IPS la académica Claudia Benassini, especialista en observatorios de medios de comunicación.

Con relación a los comicios, México vive dos realidades paralelas.

En los medios de comunicación tradicionales y en las cúpulas del poder político, el proceso electoral está resuelto. En cambio, las redes sociales viven la continua efervescencia de llamados a firmar peticiones de impugnación y a realizar manifestaciones.

"Por el momento, tenemos dos representaciones opuestas de la realidad: las redes sociales informan de un país corrupto, incapaz de votar en libertad, y la televisión comercial celebra el éxito de una 'jornada ejemplar'. En esta esquizofrenia nos preguntamos adónde va a dar el voto", sostuvo en una columna del diario Reforma el escritor Juan Villoro.

"La forma en la que venían organizándose los movimientos sociales entró en crisis, y ahora tenemos una nueva expresión contra el régimen en una coyuntura electoral", dijo a IPS el estudiante Magdiel Sánchez, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Mayra Rojo, doctoranda en historia del arte, explicó que esta forma de lucha, que demanda desplazar lo masivo por lo colectivo virtual, no está peleada con el acercamiento a la comunidad. "Nuestras rutinas están ligadas a Internet y a las redes sociales. (Pero) eso no significa que no haya un trabajo comunitario", dijo.

Se trata de una generación que creció con Internet y que no tiene una cultura de informarse a través de medios tradicionales, como la prensa, la televisión y la radio.

Sin embargo, la red es aún insuficiente para alcanzar al gran público.

En este país con 112 millones de habitantes, 96 por ciento de las frecuencias para uso comercial en televisión abierta pertenecen a dos empresas, y 80 por ciento de las frecuencias del espectro radioeléctrico están controladas por 13 grupos empresariales.

Aunque se duplicó en seis años la cantidad de usuarios de Internet, estos no pasan hoy de 40 millones.

A pesar de las intensas movilizaciones virtuales contra el candidato del PRI en los días previos a la elección, Peña obtuvo 38,2 por ciento de los votos, y el postulante de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, 32,5.

La red social más usada es Facebook, con 26 millones de usuarios. Le siguen YouTube y Twitter. Aunque las cifras de esta plataforma de microblogs (mensajes que no pueden pasar de 140 caracteres) no son muy precisas, los datos más recientes indican que hay alrededor de 10 millones de cuentas registradas.

Pero los técnicos aseguran que la mitad de esas cuentas de Twitter no están activas, es decir que sus poseedores no las usan, porque no les ven utilidad o porque solo las mantienen para cuestiones muy específicas, como revisar dónde están desplegados los controles de alcoholímetro en el tránsito.

De los usuarios activos, una tercera parte se concentran en la Ciudad de México, convertida en un poderoso bastión de las fuerzas progresistas.

En la capital, el caudal electoral de López Obrador duplicó el de Peña. En cambio, ocho de los 10 estados que más votos dieron al postulante del PRI figuran entre los 10 distritos con más pobreza del país, adonde casi no llega Internet.

"Hay un proceso de evolución importante", dijo a IPS el fotorreportero Heriberto Paredes, integrante del consejo editorial de Rompeviento, un canal de televisión web inaugurado este año.

"Pero no es suficiente. Si (estos manifestantes) no salen de las redes y las computadoras, y pasan a encontrarse con la gente que sostiene este país, el esfuerzo no va a servir", agregó Paredes, quien documentó gráficamente en 2006 la represión en Atenco.

Para el abogado Jesús Robles Maloof, miembro del ContingenteMX, un grupo de tuiteros activistas de derechos humanos, los estudiantes están potenciando una forma nueva de movimiento social.

"La sociedad civil organizada llegó tarde al uso de Internet y de las herramientas de 'social media' (sic), por una equivocada tendencia a pensar que el activismo real es solamente el que está en la calle", dijo.

La estrategia mediática "sí está siendo fundamental en este proceso, pero no es suficiente para la dimensión de lo que se necesita", comentó Maloof a IPS. Es un proceso lento porque en Internet hay mucha información que no necesariamente abona a la construcción democrática, aclaró. "La decantación a la ponderación de la información nos va a llevar años, y para que esto llegue a otros sectores, aún más".

"Hay mucho rumor y mucha intolerancia en Internet. Los 'trending topics' (tendencias, palabras o frases más repetidas en Twitter en un momento dado) se crearon para promover el debate sobre un tema, pero el uso de 'bots' (programas informáticos que imitan el comportamiento de un usuario) han dado al traste con ese debate", coincidió la académica Benassini.

Para ella, "si se logra invalidar las elecciones, algo muy difícil, o si se consigue abrir el espacio para nuevas concesiones de televisión, que es lo que se ha ofrecido, sí podremos hablar de un impacto decisivo de la movilización de los jóvenes en las redes sociales".
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La ilegitimidad de Peña Nieto y Calderón


Análisis
Peña Nieto y Calderón en Los Pinos. Foto: Presidencia
Peña Nieto y Calderón en Los Pinos.
Foto: Presidencia
MÉXICO, D.F. (apro).- El pasado fin de semana varios cientos de organizaciones de todo el país se reunieron en el municipio de San Salvador Atenco, en una primera convención nacional, para definir su posición ante lo que parece inevitable: la imposición de Enrique Peña Nieto en la silla presidencial.
Todos los reunidos en ese pueblo mexiquense, reprimido precisamente por Peña Nieto como gobernador del Estado de México, acordaron desconocerlo como presidente. Esta es la primera vez en la historia del país que tantas agrupaciones sociales juntas hacen manifiesto su repudio e impugnan la legitimidad de una figura política, a la que no le darán el lugar que las instituciones electorales sí habrán de otorgarle, a pesar de todas las irregularidades denunciadas.
Esto es, que mientras una buena parte de la sociedad mexicana rechaza al priista como primer mandatario, las autoridades electorales legalizarán una victoria que no es legítima.
Al igual que Calderón, si el Tribunal Electoral valida la elección presidencial, el priista Peña Nieto arrancará su administración sin el reconocimiento de millones de mexicanos, que lo ven como la imposición de un grupo de poder.
En los próximos meses, mientras el Tribunal Electoral valida la elección presidencial, veremos en las calles manifestaciones de estudiantes, campesinos y profesores; de jóvenes rechazados de las escuelas de educación superior, amas de casa y padres de familia contra Peña Nieto. Pero también contra Televisa, el IFE y el Tribunal Electoral por su complicidad en la imposición del priista.
No se trata solamente de un simple rechazo; es el cuestionamiento profundo y legítimo de los ciudadanos a las instituciones electorales que han dejado a un lado su responsabilidad de cuidar la organización de elecciones limpias, transparentes y equitativas para proteger los intereses de grupos.
Es el cuestionamiento de una parte importante de la sociedad a quienes encabezan estas instituciones que costaron muchos años de esfuerzo e incluso vidas, y que ahora están lejos de ser ciudadanas y confiables, pues sus miembros responden más a intereses de los partidos que a los valores de imparcialidad y justicia para los que fueron creados.
Pero sobre todo, estas movilizaciones sociales representan el cuestionamiento a la supuesta limpieza de un proceso electoral manchado por la ilegalidad desde antes de que arrancara y que ninguna autoridad se atrevió a investigar.
Como Calderón, Peña Nieto arrastrará la carga de la ilegitimidad durante seis años, si es que, como todo parece indicar, el Tribunal validara su triunfo, no obstante las pruebas que se presentaron de compra y coacción del voto, así como de lavado de dinero y el uso de recursos financieros de origen sospechoso.
Pero tanto al panista como al priista esto parece importarles poco. Tan es así que fue Calderón quien reconoció el supuesto triunfo de Peña Nieto la noche del 1 de julio cuando aún no terminaba el cómputo de los votos en los distritos electorales.
No sólo eso, Calderón también lo recibió el pasado martes por la noche en Los Pinos, en una especie de entrega del poder adelantado, cuando el Tribunal Electoral apenas estaba recibiendo el expediente de impugnación de validez de la elección presidencial.
A Calderón y a Peña Nieto los une la ilegitimidad y la indiferencia por la sociedad.
Al panista nunca le agradaron los movimientos sociales, ni siquiera cuando el movimiento de paz lo sentó para que escuchara la tragedia de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico que él proclamó desde el inicio de su administración.
Al priista, mucho menos; y cuando los campesinos de Atenco se manifestaron en contra el desalojo de unos floricultores de un mercado en Texcoco en mayo de 2006, los mandó a reprimir y a detener como si fueran delincuentes.
El autoritarismo y la represión del PRI, que nunca se fue, está a la vuelta de la esquina, eso lo que ven los grupos sociales y es por eso que se están organizando.
Las movilizaciones que desde ahora y hasta diciembre tienen programadas 300 organizaciones sociales parecen ser el preludio de lo que será el próximo gobierno, un sexenio de repudio y represión. Sobre todo si, como ya se ve, habrá una alianza entre el PRI y el PAN para echar adelante las reformas estructurales (energética, laboral y hacendaría principalmente) que tiene un claro perfil antipopular.
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