11/10/2013

El regreso del PRI en México




Herramienta

El presente artículo fue redactado en Junio de 2013 y enviado por el autor para su publicación en Herramienta

Este texto explora los antecedentes que facilitaron el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de México, y que condicionan su margen de acción. Aunque otros países de América Latina han revisado el neoliberalismo, México vive desde 2006 una guerra contra el narcotráfico que se ha vuelto funcional a la democracia neoliberal que nace en el 2000, cuando el PRI perdió la presidencia. En su renacimiento, el PRI busca consolidar ese orden político, en alianza con la oposición.
1. Introducción
No hace mucho tiempo, el regreso del PRI a la presidencia de México parecía inconcebible en el futuro. Su derrota en las elecciones presidenciales del año 2000 parecía irreversible y su muerte, cuestión de tiempo. Siguió un interregno de dos sexenios (dos periodos presidenciales) liderados por el conservador Partido Acción Nacional (PAN), el cual marcó un violento terremoto político en la segunda mitad, con la estrategia militarizada contra los cárteles de la droga. ¿Cómo cambió el régimen mexicano a partir de este fenómeno? Dicho cambio, ¿cómo facilitó el regreso del PRI luego de que se le declarara desahuciado?
El ascenso de Enrique Peña Nieto a la silla presidencial, en 2012 por el PRI, sugiere que se reanuda una continuidad política que se vio interrumpida por doce años… que tampoco implica una simple vuelta al pasado. México vive un nuevo equilibrio político, con viejos actores otra vez en escena, aunque representando un guión diferente. La ecuación política mexicana está marcada simultáneamente por continuidad y ruptura. Este texto quiere ayudar a explicar el surgimiento del equilibrio que domina el México contemporáneo y sus rasgos principales.
La idea que guía esta contribución es la siguiente: el actual equilibrio político mexicano marca una degeneración producida por la persistencia del giro neoliberal y la dificultad para derrotarlo.
La siguiente sección de este escrito (su segunda parte) avanza una caracterización del régimen mexicano a partir de una apretada síntesis de su trayectoria histórica. La tercera parte aborda la guerra contra el narco como una estrategia política de largo plazo del ex presidente Felipe Calderón que originalmente surgió como táctica de corto plazo para restituir el liderazgo neoliberal. La cuarta parte explora el papel de la hegemonía ideológica de la pequeña burguesía como factor que jugó a favor del renaissance del PRI en detrimento de una explosión popular anti-neoliberal. En la quinta parte discutiré el papel del Pacto por México en la estabilización del nuevo equilibrio político, con el cual Peña Nieto ha suprimido al Partido de la Revolución Democrática (PRD) como –siempre ambigua– alternativa a la ortodoxia neoliberal.
Este trabajo concluye que el reacomodo en el régimen mexicano también amplía el espacio para una nueva izquierda. Sin embargo, el reto de desafiar al neoliberalismo implica trastornar intereses fundamentales de la élite empresarial. ¿Está México preparado para ello?
2. La trayectoria del régimen mexicano
La institucionalización del México post-revolucionario iniciada por Álvaro Obregón, desembocó en un régimen político que Leon Trotsky definió, en 1938, como bonapartismo sui géneris [i]. A propósito del gobierno de Lázaro Cárdenas y su expropiación petrolera, el revolucionario ruso exiliado en México observó que el Partido de la Revolución Mexicana (antecesor inmediato del PRI) encabezaba un régimen que “se eleva, por así decirlo, por encima de las clases [sociales]” (Trotsky, 1938). En un país industrialmente atrasado donde “el capital extranjero juega un rol decisivo”, “el gobierno oscila entre el capital extranjero y el nacional, entre la relativamente débil burguesía nacional y el relativamente poderoso proletariado” (ibíd). Frente a este juego, el rasgo distintivo de Cárdenas habría sido, de acuerdo con el mismo autor, su decisión de gobernar “maniobrando con el proletariado, llegando incluso a hacerle concesiones, ganando de este modo la posibilidad de disponer de cierta libertad en relación a los capitalistas extranjeros”.
La alternativa a la ruta adoptada por Cárdenas era que el régimen gobernara “convirtiéndose en instrumento del capitalismo extranjero y sometiendo al proletariado con las cadenas de una dictadura policial” (ibíd). Esto último es justo lo que ocurriría más adelante.
En los dos sexenios posteriores, México viviría un proceso de contención de las fuerzas populares reanimadas por el cardenismo. Bajo Miguel Alemán, quien gobernó de 1946 a 1952, “el experimento cardenista, cada vez más controlado después de 1938, había sido finiquitado” (Knight, 1991). Para ello fue necesario propinar duras derrotas a la clase obrera, imponiéndole con mano militar una nueva generación de representantes sindicales subordinados al PRI, conocidos como líderes charros. El régimen, de tipo autoritario a partir de entonces, fue realineado hacia el desarrollo de la burguesía nacional “por nuevos hombres que ingeniosamente encontraron nuevos usos para el viejo equipo de laboratorio. […] El material era cardenista, pero el plano era el suyo” (ibíd: 320). El bonapartismo se mantuvo, pero “más como estilo de ejercicio del poder que como esencia del régimen” (Rodríguez Araujo, 2009).
Ese estilo de gobernar todavía reflejaría un nacionalismo “tanto económico como cultural e ideológico” (ibíd.). El correlato económico era la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), modelo seguido por varios países, incentivado por una coyuntura favorable en la economía internacional luego de la Segunda Guerra Mundial. En lo cultural se manifestaba en el empuje oficial a un movimiento que arrancó con el muralismo en las artes plásticas por Diego Rivera, Siqueiros y Orozco, y que permeó la música, el cine, la literatura, la danza y otras expresiones. El aspecto ideológico podía verificarse en el nacionalismo revolucionario del PRI, cuyo discurso informaba el incipiente estado de bienestar que impulsaba el régimen para presentarse como personificación de la Revolución de 1910.
Octavio Paz, el poeta mexicano, definió a este PRI como un “ogro filantrópico”. El régimen era sensible a las demandas populares… a las cuales prohibía su coordinación desde abajo. [ii]
Este estilo de gobierno, sin embargo, también sería desmontado. A partir de finales de los años 1970s, se inició una revuelta en la élite gobernante (Morton, 2007) que está en el origen de la metamorfosis del nacionalismo revolucionario en neoliberalismo radical. Como parte de un contexto de agotamiento del boom económico mundial de la posguerra, los organismos internacionales dirigidos por Estados Unidos condicionaron los créditos a los distintos gobiernos a reajustes neoliberales en política económica. La década de los 1980s registró un giro neoliberal a nivel internacional, que se definió por una “transferencia de la riqueza de las clases subordinadas a las dominantes y de los países más pobres a los más ricos” (Harvey, 2007).
En México esto se tradujo en un proceso de “revolución desde arriba” y “sin participación de las masas”, que activó esa “reforma política alineada al capital extranjero y sus ideas asociadas, carente de una base nacional-popular” (Morton, 2010). Como efecto, se desmantelaría el estatismo en la economía, y la filantropía en las políticas públicas. Un proceso en función del “capital global, particularmente de su fracción transnacional instalada en el seno de la economía mexicana” (Solís González, 2013) que iría en detrimento del capital orientado al mercado interno.
Por supuesto, esto tuvo consecuencias en el ejercicio del poder en México.
Tanto el bonapartismo sui géneris como el autoritarismo bonapartista son dos variantes de un régimen que el analista Octavio Rodríguez Araujo (2009) denomina como “estatista, populista y autoritario” (EPA). Según la terminología de este autor, este orden político sería después reemplazado por un régimen “neoliberal, tecnocrático y autoritario” (NTA). El primero “se fundó con el gobierno de Álvaro Obregón (1920-1924), y el segundo, aunque todavía con ciertas ambigüedades e indefiniciones, en 1982, con Miguel de la Madrid Hurtado” (ibíd). Durante algún tiempo, México tendría estos “dos regímenes sobrepuestos” [iii] hasta el año 2000. Carlos Salinas fue el campeón del nuevo régimen: un resultado emblemático de su gobierno fue sin duda el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Cuando en el 2000 el PRI finalmente perdió la presidencia de México, el nuevo partido gobernante, el PAN, mantuvo vivo el carácter “neoliberal y tecnocrático” del nuevo régimen levantado, con lo cual desaparecieron del primer plano los residuos que quedaban del régimen anterior. Sin embargo al lado de esta continuidad, sobrevino una nueva ruptura con el pasado. O usando lenguaje trotskista, en 2000 ocurrió una transición de un bonapartismo con rasgos democráticos, a una democracia con fuertes resquicios bonapartistas [iv].
La nueva transición exhibida en 2000, es el último hecho de una secuencia de eventos activada doce años atrás. Ante el ascenso de los tecnócratas dentro del PRI, un sector de este partido liderado por Cuauhtémoc Cárdenas, fiel al nacionalismo revolucionario, cristalizó como oposición interna. Esta ala terminó por romper, se tragó al Partido Comunista Mexicano (alineado a Moscú) y sus aliados, y hegemonizó el Frente Democrático Nacional, el cual perdería las elecciones presidenciales de 1988 frente a Carlos Salinas mediante un fraude electoral. Un año después, se fundaría el Partido de la Revolución Democrática (PRD), una formación política originada en (y dominada por) el PRI que no aguantó el giro neoliberal.
Después, en 1994, sobrevino la insurrección zapatista en Chiapas, que significó un serio desafío a la consolidación neoliberal. Como respuesta, Salinas decidió una concesión enorme al PRD y al PAN para evitar mayores grietas políticas. El régimen renunció ese mismo año a su control del conteo de votos en las elecciones, para darle esa tarea a un organismo autónomo: el Instituto Federal Electoral (IFE). Así, durante los doce años que separan 1988 de 2000, “el país cruzó el umbral que separa el autoritarismo de la democracia [burguesa]” (Magaloni, 2005).
Poco después, vendría un nuevo giro en la política mexicana: la guerra contra el narco.
3. La guerra contra el narco: surgimiento y anclaje
Cuando cambia algo tan arraigado como lo es un estereotipo nacional, algo profundo seguramente está ocurriendo. El tradicional (y estúpido) estereotipo mexicano había sido ese del tipo con sombrero largo, durmiendo cómodamente recargado en un cactus. Hoy en día, además o aparte de eso portamos un cuerno de chivo [v] bajo el sarape, listos para vender drogas. Este cambio cultural puede verificarse en el cine desde/sobre México. Sesenta o setenta años atrás predominaban historias sobre la Revolución Mexicana o sus legados. Ahora todo gira alrededor de la Guerra contra el Narco. Sólo véase el contraste entre la utopía épica de “Vámonos con Pancho Villa” (1936) de Fernando de Fuentes y la distopía trágica de “El Infierno” (2010) de Luis Estrada. Lo mismo es visible desde el ojo extranjero. Compárese nuestra imagen nacional en “¡Que viva México!” (1932) de Sergei Eisenstein con la película al estilo Tarantino “Machete” (2010) de Robert Rodríguez: autenticidad virginal vs. corrupción orgánica.
¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cómo nos convertimos en los despiadados bad boys? En diciembre de 2006 el recién electo presidente Felipe Calderón (del PAN) le declaró la guerra al narco. El secretario de Gobernación de ese momento, Francisco Ramírez Acuña, explicó el lanzamiento de la “Operación Conjunta Michoacán”, como un esfuerzo para “acabar con la impunidad de los delincuentes que ponen en riesgo la tranquilidad de todos los mexicanos y, especialmente, de nuestras familias” (Presidencia de la República, 2006).Desde entonces, la palabra “seguridad” se convirtió en uno de los ejes del discurso político en México. De nuevo, ¿por qué? En esa elección, los dos candidatos punteros terminaron con una diferencia de menos del 1% de los votos, con el derrotado Andrés Manuel López Obrador (del PRD) denunciando fraude electoral; y así, debilitando seriamente al ganador. En su búsqueda de medios para ganar estatura política rápidamente, Calderón decidió lanzar un estruendoso y selectivo ataque a cárteles de la droga (epítomes de “lo criminal”). Con ello, el presidente entrante lograría presentarse como la encarnación del interés general, superando así su debilidad inicial.
Sin embargo, la ruta escogida por Calderón también significó un mayor alineamiento a la política exterior de Estados Unidos. Washington rápidamente declaró su apoyo al gobierno mexicano, y más tarde lo institucionalizó mediante la “Iniciativa Mérida”, un acuerdo militar México-EE.UU. firmado en 2008 para juntos sostener la “guerra a las drogas”.
Según cifras oficiales (Archibold, 2013), en todo el sexenio de Calderón al menos setenta mil personas resultaron asesinadas como efecto de la aventura militar contra los poderosos (y también militarizados) cárteles. En síntesis, lo que empezó como una táctica de corto plazo, terminó como una estrategia de largo plazo orientada a la estabilidad política. La guerra a las drogas se tornó funcional al mantenimiento del orden neoliberal, y la violencia un simple efecto colateral. A nadie debe sorprender que el nuevo presidente Enrique Peña Nieto, restaurador del PRI, esté dando continuidad a la guerra al narcotráfico que lanzó su predecesor.
La cambiante percepción de México en el exterior debe ser leída como un indicador del terremoto político que el país ha atravesado. Sin importar cuán sangrientos hayan sido estos últimos seis años, ningún actor político central se atrevió a desafiar la carnicería. Más aún, ese fue uno de los terrenos donde los candidatos presidenciales del 2012 coincidían; sólo polemizaron entre sí sobre cómo proseguir una Guerra al Narco más efectiva. En este sentido, aunque Peña afirmó que su prioridad sería “reducir los niveles de violencia”, rápidamente completaba diciendo que “hay tareas que se han seguido que deben mantenerse e incrementarse” (citado en Cave, 2012). La legalización de las drogas sigue siendo un tabú.
Si en 2006 México estuvo al borde de sumarse al club de los gobiernos de “centroizquierda” de América Latina, después vino el frenesí reaccionario que lo convirtió en el aliado clave de Washington y sus amigos para contrapesar el giro a la izquierda en la región. Junto con Colombia, México empujó a toda Centroamérica a la Guerra contra el Narco. Esta subregión, con una dinámica política opuesta al resto de Latinoamérica, ha llevado a analistas reaccionarios pero bien informados como Andrés Oppenheimer (2011) a preguntarse si ahora estamos frente a dos Américas Latinas: una “del Pacífico” y la otra “del Atlántico”.
Rosario Green, ex secretaria de relaciones exteriores de México y veterana asesora del régimen en materia internacional, ya lo había puesto así: “Si me preguntas cuáles serán probablemente su primera, segunda y tercera prioridad [de Peña], yo diría que Estados Unidos, Centroamérica, y el Pacífico” (Oppenheimer, 2012). O en palabras del propio Peña Nieto (2012): “tenemos que asumir, como país, un rol de mayor responsabilidad en las distintas organizaciones regionales y multilaterales. En particular, en la Alianza del Pacífico, al lado de Colombia, Perú y Chile”.
Esta contra-tendencia al giro a la izquierda con epicentro en la Ciudad de México, afecta a más de un tercio de la población regional en tanto alcanza a otros gobiernos derechistas: Perú y Chile. Estos dos junto con Colombia y México han lanzado recientemente (junio de 2012) un bloque económico en oposición a la ALBA de Chávez y al Mercosur liderado por Brasil: la Alianza del Pacífico, con Costa Rica y Panamá como observadores. Como complemento, el resto de Centroamérica ya había firmado un favorable acuerdo comercial con México en noviembre de 2011 (Reuters, 2011). Estamos frente a un verdadero giro a la derecha en el cual los países donde el neoliberalismo aún corre desbocado, las élites están haciéndose el amor unas a otras.
Mientras una parte de América Latina ha vivido intentos de revisión del neoliberalismo, en otra se profundiza –violencia de por medio– el mismo modelo para aplicarlo correctamente. Mientras en una parte de la región el tema político central es la redistribución de la riqueza, en otra lo es la seguridad frente al crimen. En una parte domina la discusión sobre la justicia social y en otro la guerra a las drogas. México se ha internado en un equilibrio político peligroso.
4. Bolsillos miserables, sensibilidades clasemedieras
Cuando en 2006 el New York Times cubrió los alegatos de fraude electoral hechos por López Obrador, reflejó dos pronósticos en sus páginas. Por un lado, “analistas políticos como Robert Pastor de la American University dijo que la historia del Partido de la Revolución Democrática del Sr. López Obrador y sus propios instintos políticos belicosos pueden fácilmente conducirlo a llevar esta pelea a las calles”. Por el otro, Pamela Starr, en ese entonces experta en América Latina por Eurasia Group, acertó: “ella espera que el Sr. López Obrador ‘haga mucho ruido’ pero conceda su derrota rápidamente”. ¿Por qué? Desde su perspectiva, este político “había aprendido de la elección que su estilo político confrontacional asustó votantes en un país donde la gente es abrumadoramente pobre, pero posee sensibilidades conservadoras, de clase media” (en McKinley Jr. & Thompson, 2006).Allí reside el secreto de su correcta especulación: los mexicanos tienen una clase social en el bolsillo y otra en su mente.
Esta verdad es tan arraigada que incluso sesga a las ciencias sociales mexicanas. Basta con echar una breve mirada a un caso ejemplar. Para Roger Bartra, un sociólogo de primera línea, México “es ya una sociedad de clase media”. ¿En serio? Su respuesta: si bien es cierto que 40% de la población es pobre, “el 60% restante forma parte de la clase media” (Bartra, 2011). Sin embargo, cuando Bartra (2011) alega que en México “la clase media ya es hegemónica” lanza un dato correcto que no se corresponde con la realidad sociodemográfica del país (como él supone) pero sí con su conformación ideológica, de la que este intelectual cae víctima. Como muestra de ello, un estudio en 2011 reveló que el 81% de los mexicanos cree ser de clase media aunque sólo el 32% gana más de mil dólares al mes (Verdusco, 2011).
México es el país más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Según este organismo (OCDE, 2013), en México el ingreso del 10% más rico de la población es 28.5 veces mayor que el ingreso del 10% más pobre. México también encabeza la lista de desigualdad por el índice de Gini junto con Chile y Turquía. Además, la UNICEF reveló este 2013 que en México 5 de cada 10 niños y adolescentes mexicanos se encuentran en situación de pobreza (Enciso L., 2013). Más aún, hoy los salarios mexicanos son, en promedio, incluso más bajos que en China según la firma Merrill Lynch (Reuters, 2013). Hace unos años era al revés, pero en el país asiático han ocurrido montones de huelgas obreras, algo inimaginable en México, donde las clase trabajadora es clasemediera aspiracional. Carlos Slim, por su parte, sigue reafirmándose cada año como el hombre más rico del planeta.
En el presente, la clase media conforma el sujeto del discurso político del régimen mexicano: la familia-a-ser-salvada-de-las-drogas. Conviene insistir en que no siempre fue así.
Cuando en 1975 un estudiante comunista confrontó en la UNAM al presidente Luis Echeverría (1975), éste felizmente aplaudió con entusiasmo y exclamó “¡Soy el primero en aplaudirlo!” cuando el activista explicó al auditorio universitario que “la revolución es un proceso que requiere principalmente la incorporación del proletariado”. Más tarde, en 1980, el nacionalismo revolucionario aún prevalecía en el PRI. En su discurso antes de la elección que ganó para gobernador del estado de Nayarit en 1981, el líder charro Emilio M. González (1981) aún exclamaba con orgullosa confianza su “doctrina”: “Creo en la Revolución Mexicana, sostengo el nacionalismo revolucionario… Soy anti-imperialista…”. Eran otros tiempos.
El giro neoliberal liquidó ese tipo de discurso político y deterioró gravemente el aparato corporativo que lo acompañaba, con efectos actuales en las relaciones poder-sociedad.
El actual menosprecio de la élite política mexicana al aparato cardenista de monitoreo y canalización de las demandas y “sentimientos” populares, amputó al régimen de su vínculo con la mayoría de la población. A mi juicio, esto explica que el malestar social sea enfrentado cada vez más mediante la violencia selectiva, en el contexto de una “militarización de la seguridad pública” (Loaeza Reyes y Pérez-Levesque, 2010). Sin vehículos de comunicación desde/hacia el poder, el resultado de los choques entre los actores sociales mexicanos es más impredecible y, por tanto, la violencia una posibilidad más grande en cada situación. El saldo trágico de esto es toda la sangre derramada en la guerra a las drogas. En el pasado, en el contexto del aparato de intermediación del PRI, los mercados ilícitos “durante décadas, pudieron prosperar con niveles muy bajos de violencia. El cambio de los últimos años está en eso” (Escalante Gonzalbo, 2009). En otras palabras, el trasiego de drogas, en sus diferentes niveles, no tiene con quien negociar la impunidad explícitamente, como en el viejo régimen. ¿Qué hará Peña Nieto?
La visión neoliberal trató a las estructuras corporativas como molestos obstáculos al óptimo funcionamiento del mercado. De este modo, la élite, al barrer organizaciones que no fueron reemplazadas por algo “mejor”, sólo abrió un vacío entre el régimen y las clases.
Por lo tanto, la supuesta hegemonía de la clase media es en realidad un impacto en la ideología, de la derrota de las estructuras de las clases populares. Estructuras que estaban en manos del PRI, claro está, pero que (con todas sus dificultades) podían disputarse “desde abajo”. Aunque aún quedan poderosos sindicatos priístas como el magisterial o el petrolero, en el panorama más amplio ni siquiera hay sindicatos, más que como residuos. Sólo en algunos casos tuvo éxito una democratización por abajo, como el gremio magisterial en Oaxaca, por ejemplo. Pero ésta es la triste excepción, no la regla. La nueva regla es atomización de la clase trabajadora, lo cual hipertrofia en la masa una ilusión de movilidad social por la vía individual. ¿Por qué? Sin esas ilusiones clasemedieras sólo queda la cruda realidad de una incesante exclusión.
Mientras tanto, la dominación neoliberal permanece vibrante.
5. El régimen mexicano ante el regreso del PRI
La pregunta dramática es: ¿por qué el PRI volvió al poder? En efecto, esto no sólo se debió a dos presidencias fallidas del PAN. En gran medida, porque los priístas capitalizaron su tradición de “contacto popular”, la cual aunque atrofiada permanece efectiva. Y a este nivel no tienen serios oponentes. En una escala general, el PRI ha probado ser el guardián más experimentado y confiable del capitalismo mexicano. Frente a la población, y ayudado por las televisoras, el PRI tuvo éxito en mostrarse como una alternativa de orden en oposición al desorden de Calderón.
Puede ser tentador ver el regreso del PRI a través de los viejos y buenos lentes de Marx: “primero como tragedia, después como farsa”. O sea, un nuevo (y farsante) gobierno del PRI sería únicamente su última prueba empírica antes de su muerte definitiva. Pero por más atractiva que esta imagen sea, parece más apropiado acudir al realismo mágico latinoamericano: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí” [vi]. Lo cierto es que el PRI-nosaurio nunca se fue aunque amábamos pensar que sí [vii]. Después de todo, incluso en sus años afuera de la presidencia, el PRI nunca gobernó menos de la mitad de los estados mexicanos, y cerró el 2012 gobernando en veinte de ellos. Pero ahora, como desde hace tiempo, ninguna filantropía residual queda en los genes del viejo ogro: su versión neoliberal llegó para quedarse.
Las metáforas, sin embargo, son insuficientes para el análisis.
Cualquier régimen político “consiste en una forma de ‘ordenamiento’ de las relaciones entre estado y sociedad y, en consecuencia, todo régimen presupone un ‘equilibrio’” (Mujal-León y Saavedra, 1997). En su aspecto organizativo, por lo tanto, el régimen se traduce en una cierta “articulación de las instituciones estatales” (Moreno, 1984). El análisis de estas articulaciones permite, así, discernir las variaciones en el régimen o su eventual mutación.
El régimen democrático neoliberal mexicano, cuya plenitud emergió en el año 2000 encabezado por el PAN, se mantiene ahora con el regreso del PRI. Igualmente, el gobierno de Peña Nieto está dando continuidad a una variación introducida por Felipe Calderón desde 2006. ¿Cuál variación? El régimen, para mantener su dominación, ha aumentado el uso de la violencia sistémica a partir de Calderón. En consecuencia, se ha operado un ascenso en el rol del aparato militar. Un efecto de esto es que el espacio para la oposición anti-neoliberal se ha reducido, y los partidos del régimen han reducido al mínimo sus diferencias entre sí. Hoy esto es más claro que nunca antes: PRI, PAN y PRD son los pilares de un edificio que las tres partes buscan sostener.
En relación con la agenda económica observada en los primeros meses de gobierno de Peña Nieto “no es difícil ver el parecido con las políticas impulsadas en toda Europa ante la crisis [financiera global iniciada en 2008]. Ajuste fiscal, promoción de las finanzas, flexibilización laboral, oportunidades de negocio al capital. En este sentido, el nuevo gobierno de México parece haber elegido por modelo económico el mandato de los organismos multilaterales de crédito, desmereciendo las pruebas de su fracaso en los países de la región” (Cantamutto, 2013).
La novedad es que esta agenda no la está impulsando el gobierno de Peña Nieto “en solitario”, sino a través del Pacto por México. Dicho pacto es un acuerdo entre el PRI, el PAN y el PRD, para impulsar mayores reformas neoliberales. Las causas inmediatas de esta cínica convergencia escapan a los límites de este texto, pero quiero anotar uno de sus efectos. Tal y como han observado analistas del movimiento socialista en México, el PRD “ha muerto como opción progresista” (Revista Pluma, 2013). En este sentido, el Pacto por México “ha cambiado profundamente el centro de gravedad de la política mexicana, al juntar todo el peso antes distribuido entre la izquierda, el centro y la derecha en una especie de centro-derecha neoliberal” (Ruiz Tassinari, 2013). Lo mismo aplica para el ex priísta López Obrador, quien acaba de renunciar al PRD para formar otro partido. Su discurso (cada vez menos) inflamado esconde que su programa corresponde a un utópico neoliberalismo “con rostro humano”.
El renaissance del PRI mucho le debe a la izquierda oficial que se ha diluido como oposición. Tanto el PRD como López Obrador han mostrado una y otra vez una destacada inhabilidad para presentar una salida al neoliberalismo y a la guerra a las drogas. Esa izquierda, por el contrario, se vio reducida a una política parasitaria: una actitud de crítica histérica al PRI y al PAN sin proponer nada a cambio. El cambio radica en que ahora el PRD ha transitado a una actitud “propositiva”, dispuesto ahora, sin complejos, a asumir la agenda neoliberal.
6. En conclusión
México ha seguido, después de la Revolución de 1910, esta secuencia: bonapartismo sui géneris, autoritarismo bonapartista, autoritarismo neoliberal y democracia neoliberal. Los dos primeros tipos están más emparentados entre sí al igual que los dos últimos. Unos comparten la ideología del nacionalismo revolucionario, el estatismo en la economía y alguna filantropía hacia las clases populares; mientras los otros tienen en común el dogma neoliberal, la subordinación al capital extranjero y un criterio tecnocrático en las políticas públicas.
El largo siglo XX mexicano atestiguó un ciclo trágico en sus protagonistas: desde el capital extranjero antes de la Revolución, a las clases populares después; luego a la burguesía nacional y finalmente el capital extranjero. La convergencia del protagonista de llegada con el de inicio, tal vez señala un añejo pendiente en la política mexicana que aún está esperando su resolución: “es necesario completar la obra de Emiliano Zapata” (Trotsky, 1939).
El arranque del siglo XXI sólo ha hecho que la débil iniciativa de las clases populares sea más sentida aún. En este sentido, la violencia de la guerra a las drogas es parte de una degeneración en el régimen democrático neoliberal. El perfil del aparato militar aumentó, de forma preventiva, a fin de afianzar un régimen que en 2006 mostraba algunas grietas. Aún es pronto para discernir si esto es el preludio de un cambio a un nuevo equilibrio político: ello depende de la lucha.
Mientras tanto, con el corrimiento de la izquierda oficial a la agenda neoliberal, se ha abierto un espacio político que una nueva izquierda, resueltamente proletaria, está invitada a disputar. ¿Ocurrirá esto? ¿Qué le espera a México?
Notas:
[i] El término “bonapartismo” proviene de la obra de Marx El dieciocho brumario de Luis Bonaparte . En ella Marx explica la secuencia de eventos que, entre 1848 y 1851, llevaron en Francia a un gobierno que “se cree llamado a garantizar el orden burgués”, pero que se ha “convertido en fuerza independiente” porque “quisiera aparecer como el bienhechor patriarcal de todas las clases”. Estas son, a grandes rasgos, las características de un tipo de régimen bonapartista. Cuando Trotsky propone el concepto “bonapartismo sui géneris” es para señalar un tipo especial observado en países industrialmente atrasados.
[ii] El régimen mexicano administraba su relación con las clases populares (y con la burguesía en alguna medida) a través de estructuras corporativas: esto es, vehículos organizacionales cuyos líderes eran promovidos desde arriba, sin ningún espacio para cualquier oposición interna. Esta tradición que inauguró Obregón y que alcanzó su plenitud con Cárdenas, guardaba una reveladora semejanza con el estalinismo. El régimen mexicano, justo como la Unión Soviética desde Stalin, necesitaba de un aparato político represivo que le garantizara el monopolio burocrático del poder, al tiempo que construía su legitimidad a partir de actuar en nombre de una Revolución plebeya. De este modo, el principal aparato dirigido a la clase obrera –la Confederación de Trabajadores de México (CTM)– fue diseñado con todos sus rasgos antidemocráticos en los años 1930’s por el bicéfalo estalinismo mexicano (el Partido Comunista Mexicano por un lado y Vicente Lombardo Toledano por el otro), quienes pronto entregaron su dirección al régimen por órdenes de Moscú de apoyar al partido en el poder “a toda costa”. En otras palabras, el corporativismo destilado por Cárdenas es el perfeccionamiento del nacionalismo revolucionario a partir de una incrustación soviética en la institucionalización post-revolucionaria de México.
[iii] “Dije ‘dos regímenes sobrepuestos’ porque al iniciarse el neoliberal tecnocrático, el estatista populista no había desaparecido del todo. Muchos de los defensores del viejo régimen, con o sin adecuaciones a los tiempos cambiantes, estaban vigentes dentro y fuera del gobierno federal, de no pocos gobiernos estatales y del PRI, uno de sus principales soportes desde su creación en 1929 como Partido Nacional Revolucionario (PNR). Al mismo tiempo, los defensores del nuevo régimen –también en el PRI–, que ya habían sobresalido desde el gobierno de López Portillo (1976-1982) en su gabinete económico, afianzaron su hegemonía al ganar para ellos la presidencia de la república, en un país presidencialista altamente centralizado. Podría decirse que, a pesar de que los defensores del régimen neoliberal tecnocrático contaban con el gobierno nacional, no habían logrado derrotar a los representantes del viejo régimen. Quizá esto explicaría por qué tuvieron que recurrir a un golpe de Estado técnico imponiendo, primero en el PRI (como candidato) y luego en la presidencia del país, a un tecnócrata también neoliberal: Carlos Salinas de Gortari. Fue éste quien habría de precisar el carácter del nuevo régimen, y afianzarlo, sin importarle los medios para conseguirlo” (Rodríguez Araujo, 2009).
[iv] Esta expresión fue acuñada por el dirigente socialista Cuauhtémoc Ruiz. Su idea está expuesta en varios documentos inéditos, alrededor del año 2000, elaborados por el Partido Obrero Socialista de México.
[v] El “cuerno de chivo” es el término con que se conoce en México al fusil de asalto AK-47, más conocido como “Kalashnikov” en otras partes del mundo.
[vi] Éste es un micro-cuento del escritor guatemalteco Augusto Monterroso.
[vii] Cuando esta verdad se aclaraba, el movimiento estudiantil #YoSoy132 emergió en medio de la campaña electoral de 2012. Televisa había sido el patrocinador oficial no reconocido de Peña Nieto. En oposición a esto, una nueva generación de activistas se alzó contra la monarquía capitalista de los medios de comunicación en México. (El único mérito de Azcárraga para dirigir la principal televisora del país es que “el heredero” de la empresa, como en cualquier reinado, digno de ser decapitado). Pero aquí, como en un triste recordatorio de las sensibilidades de clase media prevalecientes (comparemos por un instante con Occupy Wall Street ) #YoSoy132 también era una crítica al capitalismo… pero no se enteró: ¿no es acaso su aparición una denuncia de la propiedad privada sobre aquello que, por ser del interés común, no debería pertenecer a un individuo?
Referencias
Archibold, Randal C. “Human Rights Watch Faults Mexico Over Disappearances”. The New York Times, 21 February, A12 (2013).
Bartra, Roger. No hagas mañana lo que puedas dejar para pasado mañana. 2011. En Letras Libres, http://bit.ly/UbqDvH. (10/06/2013).
Cantamutto, Francisco J. 2013. México: ¿atrasado o a la moda? Marcha, http://goo.gl/13Iy0.
Cave, Damien. A Conversation With Peña Nieto. Interview. New York City: The New York Times. 2012.
Echeverría, Luis. Echeverría cuestionado en la UNAM (tercera parte). Amateur video. 1975. En YouTube.com. (10/06/2013).
Enciso L., Angélica. En México, 56% de los niños menores de cinco años viven en la pobreza. 2013. En La Jornada, http://goo.gl/N3dQ1. (10/06/2013).
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Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

¡SE PROHIBE EL MAIZ TRANSGÉNICO! ¡NO A LA ENTREGA DEL PETRÓLEO Y NO AL CRACKING!


SATIRICOSAS

 – Manú Dornbierer- 


Antes de que el Congreso express nos venda para “cerrar bien” el año y se vaya de vacaciones con los miles millones que nos cuesta, urge que todos los ciudadanos mexicanos sepan que el país está en peligro y lo salven . Así de simple.

¡NO definitivo a las privatizaciones previstas por el PRIAN ! Aunque el petróleo es la estrella negra de LAS PRIVATIZACIONES, hay otras importantísimas que no podemos dejar de lado. Aquí y ahora, en este momento en que el Gobierno Mundial ha decidido dejar caer sobre este país la espada de Damocles, deben manifestar su voluntd los mexicanos, no sólo el TVduopolio y el gobierno.

CARTA AL SENADO

“Raúl Vera López, O.P., Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Pablo González Casanova, Andrés Manuel López Obrador, Miguel Concha Malo, Miguel Álvarez Gándara y Mario Saucedo Pérez enviaron esta carta al Congreso de la Unión:


Al Congreso de la Unión y a cada uno de los diputados federales y senadores de la República. 
 
Desde cualquier punto de vista, la reforma constitucional a los artículos 27 y 28 de nuestra Carta Magna, propuesta por el Ejecutivo Federal, implica la enajenación de nuestra renta petrolera y recursos energéticos en manos extranjeras, incurre en los delitos señalados por el artículo 108 párrafo segundo constitucional y por el artículo 123 fracción primera del Código Penal Federal, compromete nuestra soberanía, pone en riesgo nuestro desarrollo como país libre e independiente, y constituye un hecho aún más grave de lo que fue la entrega de Texas en el siglo XIX. 
 
Es un momento decisivo para el país. Está en riesgo el futuro de las nuevas generaciones. Ante la gravísima amenaza de ser despojado de sus recursos, el Congreso de la Unión tiene la altísima responsabilidad de representar los intereses del pueblo y sus comunidades. 
 
Los exhortamos a conducirse con sentido patriótico y a no dar la espalda a la historia, a la Constitución y a los intereses de la nación”.


El único error de la histórica carta para detener la entrega del petróleo que estos muy apreciables personajes de la vida pública de México envían al Senado es que no invitaron a firmarla a una sola mujer. Han de creer que “no entendemos” , cuando una sola congénere, Ifigenia Martínez, por ejemplo, es maestra en la materia. En fin para subsanar este error de machismo fuera de época , aquí y ahora en mi espacio público - “Perspectiva femenina” lo llamó Edmundo Valadés, pero sólo al principio - suscribo la misiva de los Grandes Hombres al Senado e invito a todas las mujeres mexicanas, que sin duda comprenden a la perfección el peligro en que se encuentra México y necesitan pronunciarse como ciudadanas , a que hagan caso omiso del olvido machista de estos cuates y envíen su nombre a espacios abiertos como éste y otros , para apoyarlos motu proprio en la rúbrica. No a la entrega del petróleo.
  
¡NO AL CRACKING DE LA MINERA GRUPO MEXICO!

El PT , por su parte , Partido del Trabajo, ha iniciado un encomiable embate contra el CRACKING que quiere aplicar en Baja California la minera - perteneciente al “Grupo México” de Germán Larrea , el sinvergüenza de mina Pasta de Conchos ¿recuerdan? y (no tan) presuntamente de Carlos Salinas de Gortari. En el caso, el nombre utilizado es Minera del Arco. Entérese el lector por radio , en la prensa o Internet de la denuncia del PT , que sea o no simpatizante de ese partido político . La Información es veraz y terrible. Ya se ha tratado a fondo el tema en este espacio .

El método utiliza grandes extensiones de tierra y de agua , adicionada con químicos destructivos, para resquebrajar la corteza terrestre y obtener petróleo, gas y demás .
El día mundial ante CRACKING es el 19 de octubre.

 Y ¡NO A LA DESAPARICION DEL MAIZ AUTÓCTONO!

Por tercera vez publico esta noticia aparecida en la prensa el 19 de octubre 2013 : “El Juzgado décimo segundo de distrito en materia civil del DF, del Poder Judicial de la Federación, ordenó la “suspensión de otorgamiento de permisos, y liberación, experimental piloto y comercial de organismos genéticamente modificados de maíz”. Fueron cancelados 79 permisos que el gobierno federal había otorgado a Monsanto & Co . Esta orden judicial implica que las autoridades federales , las Secretarías SAGARPA (Agricultura) y SEMARNAT (Medio Ambiente y Recursos naturales) facultadas para dar los permisos de comercialización en México - en este caso de la semilla de maíz transgénico - no pueden autorizar ningún permiso de liberación . Implica por igual a las empresas que realizan los trámites administrativos ante ellas quedan imposibilitadas por ley a hacer trámites. .

10 días después , el 29 de octubre de 2013 aparece esta otra noticia:

El 28 de octubre, el Gobierno Federal apeló la medida precautoria que suspende todos los permisos de liberación de transgénicos a través de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de la Secretaria del Medio Ambiente (Semarnat)”. (info Jornada/UNAM/

En otras palabras, para defender a Monsanto & Co , Sagarpa y Semarnat , miembros del Poder Ejecutivo, toman partido por las corruptoras compañías y pretenden oponerse al Poder Judicial para entregar en manos extranjeras criminales (como bien se sabe y dice en otros continentes ) los maíces autóctonos del país que generó el maíz. Demencial , pero así está sucediendo.

Inmediatamente reaccionaron los 53 científicos, defensores de derechos humanos, ambientalistas, campesinos y organizaciones sociales que presentaron la denuncia ¡y ganaron! en el Juzgado XII del Distrito Federal. En una conferencia de prensa destacaron las siguientes opiniones:

Según el jurista , ex procurador de Justicia del DF , Bernardo Batiz, la apelación es una “trampa legal” que demuestra cómo las instituciones federales están colocándose del lado de intereses privados y no de los intereses de las personas a las que se supone que sirven. El jurista se dijo sorprendido por el hecho de que el gobierno solicite la aplicación estricta y literal de la ley en un tema que es de naturaleza colectiva, “pareciera que las dependencias federales no se han percatado que estamos en un litigio sobre derechos humanos y que legalmente lo primero que deben hacer los tribunales es despojarse de formalismos legaloides”.

Y la otra : Según René Sánchez Galindo, el abogado del Colectivo que obtuvo la sentencia: “Las apelaciones gubernamentales carecen de sentido jurídico puesto que la Sagarpa arguye que debió de notificársele antes de suspender la siembra de transgénicos como si se tratara de una medida cautelar ordinaria y no de una medida precautoria especial” .

La apelación de Sagarpa - que no ha hecho más que destrozar al campo mexicano - desenmascara al gobierno : Es indudable que está al servicio de Monsanto en este caso y del gran Capital Internacional o dícese hoy , del Nuevo Orden Mundial, consistente en que unos miles de no tan misteriosos entes se apoderen literalmente de toda la riqueza del planeta. Aunque esto suene también demencial, es por desgracia verídico.
  
http:// satiricosas.es.tl @manouscrita

Sostén económico para dejar la violencia


 

Uno de los obstáculos que enfrentan las mujeres para salir de situaciones violentas son las dificultades para sostenerse económicamente a sí mismas y a sus hijas e hijos. En este artículo damos cuenta de tres programas gubernamentales que se pusieron en marcha en Argentina en el año 2013 con el objetivo de dar una respuesta a este problema: Seguro de Capacitación y Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; Programa Ellas hacen, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; y Programa Andando, del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo del mismo distrito.
Por Mariana Fernández Camacho

prog1COMUNICAR IGUALDAD- Lo que no se nombra, no existe… nos dicen desde el feminismo, y nos invitan a trastornar el lenguaje. Sin embargo, algunas veces lo que existe no puede nombrarse, pero no por falta de palabras sino porque nombrarlo duele. Duele tanto.
Fue un antes y un después en mi vida. Una transformación a todo nivel, que me permitió ponerle nombre a la situación que estaba viviendo y conectarme con partes mías ocultas, tapadas: la fuerza, la confianza, y a partir de ahí desarrollar un proyecto económico. Porque esas son las dificultades que tenemos las mujeres que sufrimos violencia: no darnos cuenta de que somos sujetos de violencia y además haber pasado muchos años dependiendo de otra persona o en trabajos informales. No conocemos nuestras fuerzas y estamos limitadas para decidir: la mujer que no tiene un medio económico no puede decidir”, María habla claro y firme. Con la claridad y la firmeza que da la experiencia de vida y el sentir que ahora sí está donde quiere estar.

María tiene 59 años, tres hijas, un nieto y una tesis a medio hacer que le dará el título de trabajadora social. Pero desde hace cuatro meses, María también tiene un grupo de contención y de formación, porque junto con otras 12 mujeres víctimas de violencia doméstica se asociaron para armar una fábrica de artículos de limpieza. Así es que hoy, en la localidad mendocina de Guaymallén, los lampazos, lampacines, mopas, plumeros y escobas los hacen y venden las Mujeres Empoderadas.

El proyecto es una de las experiencias que surgieron de la mano del Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE) que el 29 de abril de este año el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social decidió extender a las mujeres víctimas de violencia doméstica. “La política está abierta para todas las personas que no tienen empleo, pero pensamos que había que llamar en particular a las mujeres víctimas de violencia porque sabemos que cuando vivís violencia la empleabilidad o capacidad de poder pensarte en un empleo, cambiar o buscar mejores condiciones de trabajo está menoscabada. Entonces, teníamos que llamarlas especialmente y hacer con ellas un trabajo bastante específico también”, explica a COMUNICAR IGUALDAD María José Rodríguez, de la Asesoría de Género y Diversidad Sexual de la Secretaría de Empleo del Ministerio.
El SCyE tiene tres ejes: finalidad educativa, formación profesional y capacitación laboral como contraprestación al cobro de $225 durante 24 meses. Se agregan incentivos por hacer y finalizar ($600 más si se termina la escuela y $900 por formarse profesionalmente, por ejemplo) y se financian hasta $15.000 para el armado de emprendimientos económicos, como el de la cooperativa de Guaymallén. El tiempo de permanencia en el programa se computa para la jubilación, no requiere la presentación de una denuncia, y se puede acceder a través de organizaciones sociales, organismos estatales o desde las oficinas de Empleo de cada distrito. La gran macana: el seguro es incompatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Se trata por un lado de una ayuda económica, pero también es el acceso a un montón de prestaciones del Ministerio que apuntan a aumentar la empleabilidad de estas mujeres: orientación, formación e intermediación laboral, apoyo en la búsqueda de empleo, programas de entrenamiento laboral y de emprendimientos autogestivos. Además, generamos medidas para incentivar al sector empleador a que contrate personas. Es ponerlas en la puerta de un posible empleo, como un abanico de políticas activas de empleo que están a disposición de estas mujeres cuando entran al seguro”, refuerza Rodríguez.
La buena receptividad de la medida allanó el terreno para que otras resoluciones extendieran la cobertura a personas desempleadas cuya identidad de género no se corresponde con el sexo asignado al nacer, y a víctimas de explotación sexual, trata o en situación de prostitución.
Hasta la fecha, el Ministerio recibió 400 solicitudes del colectivo trans y son 206 las mujeres víctimas de violencia ya incorporadas al seguro.
Ellas hacen prog2
En abril de este año, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación también salió con bombos y platillos a difundir el inicio del Ellas Hacen, una iniciativa enmarcada en el programa Ingreso Social con Trabajo Argentina Trabaja, destinada a que mujeres de todo el país mejoren sus barrios, se capaciten y puedan terminar sus estudios. Las convocadas fueron mujeres jefas de hogar o en situación de vulnerabilidad económica y/o social con tres o más hijos menores de 18 años, y/o con discapacidad, que cobraran la AUH y/o que sean víctimas de violencia de género en cualquiera de sus formas.

Sufrir violencia no requirió, sin embargo, la presentación de una denuncia, porque, según dicen desde el Ministerio, participaron de la pre-inscripción representantes del Consejo de la Mujer y personal de los municipios capacitado en reconocer la particularidad de estos padecimientos.

La instancia de pre-inscripción se dividió por etapas: primero fue el turno de 36 distritos del conurbano bonaerense; luego la ciudad de Corrientes junto con las provincias de Chaco, Entre Ríos, Misiones y Tucumán; y finalmente el subsidio llegó a las regiones del NEA, NOA y de Cuyo. En esos primeros contactos se tomaron datos y documentación y, previo chequeo en las bases del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social, cien mil mujeres quedaron formalmente ingresadas al programa.

La educación y el trabajo son los grandes estandartes del Ellas Hacen. Así es que las mujeres como monotributistas ―garantía de obra social y de aportes jubilatorios― cobran $1500 por mes (aparte de la AUH) a cambio de realizar jornadas laborales de mejoramiento en sus comunidades ―organizadas en forma de cooperativas―, participar de distintas capacitaciones y completar sus estudios primarios o secundarios

Por el momento el Ministerio de Desarrollo no cuenta con datos sobre cómo viene saliendo la implementación de esta política.

Empezar a andar

La provincia de Buenos Aires no quiso quedarse afuera, y entonces también este año el Ministerio de Desarrollo Social y la Defensoría del Pueblo local pusieron en marcha el Programa Andando, que prevé el otorgamiento de otra ayuda económica mensual de $1200 durante seis meses para las víctimas de violencia familiar que puedan certificar que están siendo asesoradas y contenidas por un equipo especializado.

En diálogo con COMUNICAR IGUALDAD, desde el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría explican cómo surgió la medida: “El Ministerio de Desarrollo a través de la Dirección de Políticas de Género (DPG) identificó como un grave obstáculo la falta de autonomía económica de las mujeres y de qué manera este factor incide al momento de romper con el círculo de la violencia, por esto se diseñó el Programa Andando que tiene como destinatarias a las mujeres víctimas de violencia que hayan recurrido al equipo de la DPG con motivo de una situación de riesgo grave, teniendo que recurrir a un refugio o servicio de hospedaje”.

Para acceder al Programa se exige presentar copia del DNI, de la denuncia por violencia y la constancia de intervención. Estos documentos deben ser enviados a la oficina de la Dirección de Políticas de Género del Ministerio, lo cual puede hacerse a través de las mesas locales ubicadas en 71 distritos de la provincia. Andando es compatible con Ellas Hacen y con la AUH, pero por su reciente aparición tampoco existen aún evaluaciones de incidencia ni cantidad de beneficiarias.

Distintos estudios e investigaciones y la experiencia territorial de infinidad de organizaciones sociales y de mujeres señalan que más de la mitad de las víctimas que sufren situaciones de violencia no las denuncian por temor a una venganza del agresor. Sin embargo, para el OVG certificar el maltrato tiene justificación: “Uno de los lineamientos que hemos visibilizado es la importancia de que las políticas públicas no se concentren de manera exclusiva en la atención en emergencia, sino que se implementen de manera transversal y que haya lineamientos de acción efectivos en articulación con el Poder Judicial, repensando la noción de acceso a la justicia en relación con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres”.
prog3Saber de qué se trata

En el año 2010, un estudio realizado en Argentina, Brasil y Colombia por el Centro de Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE, por su sigla en inglés) dejó en evidencia que la dependencia económica aparece como el obstáculo principal para terminar con una relación violenta. No poder escapar del agresor es, además, un problema que afecta a mujeres de todos los sectores sociales: las que viven en barrios informales suelen carecer de medios económicos independientes, y aquellas de mayores recursos sufren con la separación una pérdida de la calidad de vida más fuerte.

Las iniciativas estatales que apuntan a romper con el círculo rabioso de golpes y humillaciones a través de ayudas económicas son festejadas, aplaudidas y traen un poco de alivio a tanto dolor. Sin embargo, es necesario entender y reflexionar sobre todos los vericuetos que conlleva la violencia doméstica para no encorsetar una problemática dentro de otras ya establecidas. “Cualquier programa que venga integrado a una perspectiva de género tiene que estar atravesado por los elementos que exige la complejidad de la temática, desde un diagnóstico inicial. Pedir la denuncia como requisito, por ejemplo, es no comprender la situación ni saber del problema, porque muchas veces la denuncia pone mucho más en riesgo a las mujeres. Si no hay un atravesamiento de la mirada de género en el inicio de estas políticas después lo que se hace es tomar y focalizar, y eso termina debilitando”, explica Susana Sadoux, integrante de la asociación civil Mujeres al Oeste (MAO).

Claudia Hasanbegovic, abogada y coordinadora del Equipo de Investigación Feminista en Género, Derecho y Justicia Social (Equifem), también manifiesta sus reparos: “El gran problema no reside en que el Estado dé subsidios, sino en que el Estado frene la violencia en cualquiera de sus formas, sobre todo después de la separación que continúa a través de la violencia económica al no pagar alimentos. Pero todas estas políticas no ponen el foco en el varón violento que no pasa alimentos para castigar a la mujer, y ahí es, me parece a mí, donde el Estado tiene una deuda muy importante. Por otro lado, también cuestiono que a las mujeres que tienen que hacerse cargo del incumplimiento de sus ex parejas y del Estado que no garantiza se les ofrezcan subsidios que las obligan a trabajar para ganárselo. Es una contradicción: el alimentante no cumple con su parte, el Estado tampoco, y a ellas las mandan a trabajar y a demostrar con denuncias que no mienten”.

Pero supongamos que todo es perfectible ―mientras exista una férrea voluntad política de querer ayudar a que tantísimas mujeres puedan salir del mismo infierno que viven puertas adentro― y tomemos la historia de María como una lucecita de esperanza: “Pude darle lugar a este tema, ponerle nombre, hablarlo y que me escuchen con respeto. A partir de ahí fui transitando un camino acompañada. Ahora me levanto, acomodo mi casa y preparo la comida porque sé que después voy a ir a hacer algo lindo. Palpamos la fuerza del grupo y ya estamos viendo en concreto los productos que fabricamos en la cooperativa. Finalmente, trabajo en un proyecto económico y me siento en la lucha”. Y cuando María lucha, luchamos todas.