4/17/2016

El desmantelamiento de la educación neoliberal


Lecciones de los Zapatistas
Roar Magazine

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo.

La historia de los zapatistas está cuajada de dignidad, indignación y coraje. Es una prolongada epopeya de más de 500 años de resistencia ante el intento de conquistar la tierra y la vida de los campesinos indígenas. Es un relato revolucionario y poético de esperanza, insurgencia y liberación: un movimiento que se caracteriza tanto por la adversidad y la angustia como por la risa y la danza.

Las crónicas continuadas de la insurrección zapatista ofrecen un espectacular relato del modo en que la población indígena se ha enfrentado a la imposición de la violencia del Estado, los roles de género opresivos y el expolio capitalista. Y para la gente de las comunidades Ch’ol, Tseltal, Tsotsil, Tojolabal, Mam y Zoque de Chiapas, México, que decidieron hacerse zapatistas, es una historia que renace, se revitaliza y se reaprende día a día, con cada nuevo paso adelante.

Es en dicho contexto donde hay que situar este breve repaso de cómo la construcción dinámica de la resistencia que realizan los zapatistas es motivo de esperanza a todos aquellos que luchamos contra la universidad neoliberal desde dentro.

Para Sts’ikel Vokol y desterrar el capitalismoEl poder intentaba enseñarnos el individualismo y el lucro… pero no éramos buenos estudiantes (compañera Ana María, promotora de educación zapatista)Antes de entrar al fondo del asunto, he de confesar algo. No tengo absolutamente ninguna fe en que el statu quo académico vaya a reformarse. Audre Lorde nos dice que “los instrumentos del amo nunca desmantelarán la casa del amo”, mientras que Emma Goldman señala que “el elemento más violento de la sociedad es la ignorancia”. Después de todo, la mayor parte de las universidades se crearon utilizando la lógica racista y patriarcal de los amos. Es decir, la academia nació rota y así sigue.

Por tanto, en relación con la existencia de cualquier entidad o institución que surja de la mentalidad del colonizador, como la educación neoliberal, coincido con Frantz Fanon cuando dice que “debemos sacudirnos la oscuridad profunda en la que nos sumergieron y dejarla atrás”.

Es decir, el neoliberalismo, la “oscuridad profunda” que invade el mundo actual, debe desterrarse y las universidades en las que se enseña deben desmantelarse hasta sus cimientos.

Aunque este punto de vista pueda parecer fruto del cinismo y la desesperanza, en realidad está profundamente cargado de anhelos y de esperanza; de resistencia.

Cuando se habla de “resistencia” es preciso hilar fino, pues se trata de un término muy debatido que puede tener significados muy diferentes para las diferentes personas. En este artículo, yo lo utilizo en el sentido en que lo emplea la que quizá sea (en mi opinión) la fuente de resistencia más fértil y evolucionada que existe en la actualidad: la insurgencia zapatista.

El análisis que sigue a continuación se basa, así pues, en el concepto Tsotsil (pueblo maya) de sts’ikel vokol, que significa “aguantar sufriendo”. Y cuando definimos de esta manera la resistencia se desarrollan todas sus posibilidades implícitas. Resistencia puede significar empatía y trabajo emocional, así como compasión y ayuda mutua, con independencia del calendario y la geografía -o incluso la universidad- de uno mismo.


“Muerte por mil cortes”

El neoliberalismo está basado en una contradicción: para sobrevivir, debe devorarse a sí mismo y, por tanto, autodestruirse. (Don Durito de la Lacandona, Caballero Errante)El neoliberalismo es una fuerza que no podemos ignorar. Globalmente, supone un exceso de dependencia, deuda y destrucción del medio ambiente a escala generalizada, mediante la proliferación de políticas de libre comercio, que recortan los derechos y la protección de los trabajadores, de la naturaleza y de las sociedades por igual.

A nivel personal, convence a la gente de que el individualismo, la competencia y la mercantilización son condiciones naturales de la vida. Por consiguiente, la sociedad civil está obligada a aceptar, mediante la retórica capitalista manipuladora, que el mundo no es más que un mercado en el que todo y todos pueden ser objeto de compra-venta. La miseria de los demás no debe considerarse más que el daño colateral de un mundo intrínsecamente inhóspito y fragmentado. Por escalofriante que parezca, la educación superior no es inmune a esas tendencias malevolentes.

Los efectos debilitadores del capitalismo sobre la educación superior han sido descritos al detalle. También está bien documentada la obsesión patológica por generar ingresos que tienen los administradores (y algunos miembros docentes) de las universidades, que deberían estar estimulando el pensamiento crítico, la reflexión y la praxis.

Sin embargo, no se ha prestado tanta atención al daño psicológico infligido a las personas a través de los mecanismos disciplinarios puestos en marcha por la universidad neoliberal, como calificaciones académicas, factores de impacto, fiscalización de los logros, presión para conseguir becas de prestigio, recompensas culturales, anotaciones en el currículo, etc.

Si uno se junta con colegas o amigos del mundo académico, no es extraño escuchar relatos de ansiedad aguda, depresión y paranoia, así como sensación de desesperación, no-pertenencia y desesperanza. La vida en la universidad neoliberal se ha convertido en una “muerte por mil cortes”, y sino que le pregunten a cualquier madre que trabaje allí.

Una de las consecuencias más desconcertantes y subestimadas de la educación superior neoliberal es el modo en que esta trata a los estudiantes. El “aprendizaje”, en la actualidad, consiste en memorización mecánica, exámenes estandarizados, configuración del aula como si fuera una fábrica, competencia jerárquica entre compañeros, acumulación de importantes deudas para costear el alza de precios de las matrículas y sermones condescendientes del tipo:”ya sabías a lo que te apuntabas”.

Los estudiantes deben someterse a este acoso neoliberal mientras se les presiona para que representen con entusiasmo el grotesco papel de “emprendedor” o “ciudadano global”. Paulo Freire ya dijo que llegarían días deshumanizadores como estos.

Sin lugar a dudas, el neoliberalismo ha lanzado un ataque en toda regla a la salud mental de estudiantes y facultades por igual, por no mencionar el bienestar de los trabajadores contratados, superexplotados y generalmente no sindicados de los departamentos de mantenimiento y comedor de muchas universidades. Estas circunstancias casi imposibles de sobrellevar son en muchas ocasiones la única manera en que se puede lograr el éxito. Y la única manera para autodisciplinarse y castigarse a sí mismos y a los demás, para poder llegar a ser supercompetitivos funcionarios del capitalismo, es el olvido (en palabras de un promotor educativo zapatista).

Descolonización, autonomía y espíritu de rebelión

La batalla por la humanidad y contra el neoliberalismo fue y es nuestra batalla, y también la de muchos otros de abajo. Contra la muerte, exigimos vida (Subcomandante Galeano, anteriormente Marcos).

Es preciso señalar que el proyecto de autonomía zapatista es resultado directo de la autodeterminación del pueblo indígena, así como de su decisión de comprometerse con una organización altamente disciplinada para oponerse a la élite neocolonial. Más concretamente, los zapatistas se sacrificaron a sí mismos para hacer del mundo un lugar mejor y más seguro.

Consecuentemente, una de las pintadas más reproducidas por los territorios rebeldes de Chiapas dice así: “Para todos todo, para nosotros nada”. Frente al omnipresente capitalismo global, dicha afirmación resulta tan profunda como humilde. Sitúa en primer plano la cooperación y el desinterés, virtudes que los zapatistas han integrado en su sistema educativo autónomo.

Como rebeldes indígenas, los zapatistas se refieren sagazmente a las escuelas y universidades que gozan del visto bueno del Estado como “corrales de domesticación del pensamiento”. El motivo es el énfasis que las instituciones legitimadas por el gobierno ponen en coaccionar a los estudiantes y a las facultades para que se conviertan en dóciles ciudadanos-consumidores. La respuesta zapatista ante la posibilidad de tener que enviar a sus hijos a unos entornos de aprendizaje tan hostiles fue la rebelión abierta y armada.

Así, el 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación nacional (EZLN) reavivó de nuevo el espíritu del grito revolucionario de Emiliano Zapata “Tierra y Libertad”, gritó “¡Ya basta!” y despertó a la historia recuperando las tierras de que les habían arrebatado.

Ante su capacidad de premonición y sus acciones, uno no puede sino recordar al geógrafo anarco-comunista Peter Kropotkin, quien afirmó en 1880: “Hay periodos en la vida de las sociedades humanas en los que la revolución se convierte en un imperativo necesario, en los que se autoproclama como inevitable”.

Al conseguir liberarse de los edictos beligerantes del gobierno mexicano (“el mal gobierno”), los zapatistas acometen en la actualidad la educación en sus propios términos. No están comprometidos con la supervisión provinciana de las burocracias gerenciales tal y como lo estamos muchos de nosotros en las universidades neoliberales. Por el contrario, la filosofía de enseñanza zapatista surge “desde abajo” y está enraizada en la tierra y las costumbres indígenas. Su enfoque se ve más claramente ilustrado por el axioma “Preguntando caminamos”, que muestra cómo las comunidades zapatistas generan su programa de estudios mediante asambleas populares, democracia participativa y la toma de decisiones comunitaria.

Estos procesos horizontales avanzan centrándose en las historias, ecologías y necesidades de sus respectivas bases de apoyo. Las “aulas” zapatistas, por tanto, incluyen lecciones centradasen el territorio sobre agricultura y silvicultura ecológica, medicina natural/herbal, soberanía alimentaria y lenguas indígenas de la región. Así pues, dado el contexto geopolítico del movimiento, los métodos de enseñanza zapatista suponen actos de descolonización por sí mismos.

Eso nos lleva a sugerir que la academia neoliberal podría aprender una o dos cosas de los zapatistas en el sentido de incluir la cosmovisión y la educación localizada indígena como una parte esencial de cualquier programa de estudio. Dada la amplitud y profundidad del “plan de estudios” zapatista, la meta de su pedagogía inconformista podría resumirse en una frase: crear capacidad de criterio a través del zapatismo.


El Zapatismo como geografía de la liberación

La liberación no caerá del cielo como un milagro; somos nosotros quienes debemos construirla.

Por tanto, no esperemos, vamos a empezar… (Panfleto zapatista sobre educación política).

Una mañana fresca y neblinosa, en las montañas brumosas de Chiapas, un promotor educativo simpático y jovial me explicó la idea del zapatismo: “El zapatismo no es un modelo ni una doctrina. Tampoco es una ideología ni un proyecto sino, más bien, la intuición que uno siente
en su pecho como reflejo de la dignidad de los otros y que engrandece mutuamente nuestros corazones”.

Además de eso, como todo lector fiel de la revista virtual de ROAR conoce, el zapatismo se está compuesto por siete principios básicos:

1 – Obedecer y no mandar

2 – Proponer y no imponer

3 – Representar y no suplantar

4 – Convencer y no vencer

5 – Construir y no destruir

6 – Servir y no servirse

7 – Bajar y no subir


Estas convicciones guían los esfuerzos cotidianos de los zapatistas en la construcción de lo que ellos llaman “Un mundo donde quepan muchos mundos”. El zapatismo, por tanto, puede contemplarse como la expresión colectiva de una imaginación radical, la manifestación de una visión creativa compartida y una liberación material de la geografía.

En términos de pedagogía, lo que potencia es la posibilidad de establecer métodos de enseñanza y aprendizaje respetuosos que luchan por el reconocimiento (y la práctica) de la mutualidad, la interdependencia, la introspección y la dignidad.

Estas facetas no-jerárquicas y anti-neoliberales de la enseñanza zapatista resultan evidentes en el modo en que se centra en las raíces. El conocimiento local es tan fundamental entre sus comunidades que muchos de los promotores de educación suelen proceder de las mismas municipalidades autónomas en las que enseñan y en las que viven sus alumnos. No hay contratos de temporada y los profesores no son despedidos tras unos meses en el trabajo.

Siguiendo el espíritu de igualdad, los zapatistas no mantienen diferencias jerárquicas y una escala vertical entre su personal docente. Todos son, sencilla y humildemente, promotores educativos. Este desprecio de los títulos profesionales y las credenciales legitimadas por las instituciones pone de manifiesto el modo en que los zapatistas desbaratan las muestras de autoridad jerárquica y de ego al tiempo que eliminan el individualismo competitivo que tan a menudo corrompe las universidades neoliberales. Básicamente, alteran las fronteras rígidas que dividen a “quienes saben” de “quienes no saben”, porque la arrogancia no tiene nada de revolucionaria.

Todavía son más radicales al incorporar la justicia de género (como la Ley Revolucionaria de las Mujeres), la soberanía alimentaria, el sistema de salud anti-sistema y el discurso queer (usando, por ejemplo, los términos inclusivos otroas/otr@s, compañeroas/compañer@s, etc) en su aprendizaje cotidiano.

Tampoco reparten calificaciones finales que supongan la terminación de un proceso de aprendizaje, ni utilizan notas para comparar o condenar a los estudiantes. De este modo, los zapatistas subrayan que la educación no es una competición ni algo que deba ser “completado”. Estas estrategias transversales han contribuido esencialmente a que los hayan conseguido erradicar la vergüenza del proceso de aprendizaje, lo que consideran algo necesario debido a lo tóxica, ruin y mezquina que llega a ser la educación neoliberal.

En resumen, el statu quo académico es demasiado rígido y es preciso dejarlo atrás. El neoliberalismo ha secuestrado la educación y la mantiene como rehén. Como pago de rescate exige obediencia, conformidad y trabajo gratuito, al tiempo que castiga la curiosidad, la creatividad y la imaginación de estudiantes, facultades y trabajadores. La universidad neoliberal es en sí misma estéril, negligente y conformista, además de asfixiante, aislada y gris.

La resistencia colectiva es exigente porque necesitamos un nuevo estallido de esperanza en medio de tanta “oscuridad profunda”. El zapatismo alimenta esa esperanza. No en el sentido abstracto del término, sino la clase de esperanza que resuena y se siente cuando se siembra a través de la compasión y la empatía y se alimenta mediante la rabia compartida.

El zapatismo da lugar a la clase de esperanza que consuela la aflicción, ensancha los corazones y despierta a la historia. La clase de esperanza que hace que se hinchen los pechos, se aprieten las mandíbulas y se unan los brazos al ver a otros humillados o heridos, sin importar si quien humilla y hiere es un individuo, una institución, un sistema o una estructura.

El zapatismo grita por la dignidad y sugiere que es posible resistir y vencer el sufrimiento causado por la universidad neoliberal porque, la verdad sea dicha, el neoliberalismo no es ningún amo ominoso ni panóptico, es simplemente una realidad. Y las realidades pueden cambiarse; sino, pregúntenle a un zapatista.

Levi es un leal (aunque tambaleante) seguidor de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona (enlacezapatista.ezln.org.mx/sdsl-es). Actualmente trabaja temporalmente en el Departamento de Geografía del Instituto de Estudios sobre Género y Desarrollo de la Universidad de las Indias Occidentales (Trinidad y Tobago).


Fuente:
http://roarmag.org/essays/neoliberal-education-zapatista-pedagogy/

Ayotzinapa: prisa sospechosa



Es notoria la urgencia del gobierno mexicano para dar por terminadas las labores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que, por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con el acuerdo expreso del propio gobierno de México, investiga la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, acaecida en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014.

Esa urgencia es incomprensible y muy sospechosa. Si de verdad no se trató de un crimen de Estado, el gobierno mexicano debería ser el mayor interesado en que esa extendida versión social sea desechada. Y qué mejor que una instancia internacional en la que está representada el gobierno de México valide la inocencia del Estado mexicano en el horrendo crimen de Iguala.

Pero esa urgencia y ese notorio interés porque el GIEI termine sus labores y salga de México inmediatamente puede explicarse en razón de que hasta ahora y luego de un año de investigaciones del grupo de expertos todo apunta a confirmar la participación de diversas instituciones del Estado en la hecatombe de Ayotzinapa.

Y es que, finalmente, no se puede tapar el sol con un dedo. Véase, a título de ejemplo, lo que dice al respecto la infaltable Wikipedia: “La desaparición forzada de Iguala de 2014 fue una serie de episodios de violencia ocurridos durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en el que la policía municipal de Iguala (220 km al sur de la ciudad de México) persiguió y atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En dicho enfrentamiento habrían resultado heridos periodistas y civiles. Los hechos dejaron un saldo de al menos 9 personas fallecidas, 41 (sic) estudiantes desaparecidos de esa escuela normal rural y 27 heridos”.

Pero no sólo participó en el ataque armado la policía municipal de Iguala. También, según diversos testimonios y evidencias, estuvieron involucrados el gobierno del estado de Guerrero, la Policía Federal y diferentes unidades y mandos del ejército, institución de indiscutible carácter federal que se encuentra bajo la autoridad del presidente de la república.

Hasta ahora, más de año y medio después, sólo han sido detenidos y consignados penalmente algunos policías municipales, así como el presidente municipal de Iguala y la esposa de éste. El entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, fue obligado a separarse del cargo, pero no enfrentó acusación judicial alguna. Ni siquiera por omisiones. Omisiones inexplicables e injustificables tratándose de la mayor autoridad del estado de Guerrero.

Y por lo que toca a la participación de la Policía Federal en el abominable crimen, cosa bien sabida desde el momento de la tragedia, pero negada o soslayada por la Procuraduría General de la República, ha tenido que ser el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, quien ha confirmado sin lugar a dudas la directa participación de esa instancia federal en los criminales hechos.

Si finalmente el gobierno mexicano consigue expulsar a los miembros del GIEI, no podrá sin embargo borrar de la conciencia mexicana y universal que los hechos de Iguala-Ayotzinapa fueron un crimen de Estado. Como en su momento lo fueron los célebres “paseos” de Francisco Franco y los secuestros y desapariciones de miles y miles de personas perpetrados por la dictadura argentina de Carlos Rafael Videla. 

Mar de Historias: Te veré en abril



Cristina Pacheco
La Jornada
El aniversario luctuoso las mantiene unidas, tan amigas como siempre y más jóvenes que nunca a pesar de sus edades. Si alguna falta a la reunión, las presentes atribuyen su ausencia a todos los motivos, menos al olvido. Esa palabra no está en el vocabulario de las mujeres que a lo largo de más de medio siglo –59 años para ser exactos– han dedicado una tarde de abril a recordar a su ídolo.
Antes de la fecha señalada, las adoradoras se comunican para fijar el domicilio, el momento del encuentro y preguntar a la anfitriona en turno qué le llevan. ¿Tequila o ron? ¿Quesito o bocadillos? ¿Flores o pan? La respuesta es invariable: No te molestes, no es necesario que me traigas nada. Lo importante es que vengas. La breve conversación termina con la promesa de que llegarán aunque eso signifique desplazarse grandes distancias y abandonar sus rutinas, sus obligaciones de esposas, madres, abuelas.
Luego, cada una por su lado, hará planes. Elegirá el vestido más favorecedor, los zapatos que son atractivos aunque no tan altos como los que usaba antes, los accesorios. Es importante verse bien porque, después de todo, ellas sólo se reúnen una vez al año y siempre con el mismo objetivo: hablar de Pedro, reconstruirlo de pies a cabeza sin falsos pudores ni limitaciones y con la pasión que se mantiene intacta desde la única vez que, por segundos o unos cuantos minutos, lo vieron en persona:
Lidia: Él iba por Reforma en una caravana de artistas y corrí para alcanzarlo. Angelina: Llegó a la fiesta de los voceadores y les juro que no podía creerlo. Rebeca: Entró en el estanquillo y me pidió un refresco. Se lo di temblando. Zaira: Muy amable me dijo niña chula y por poco me muero. Delia: Frenó su moto y aproveché para mandarle un beso. Sandra: Le pedí su autógrafo y lo escribió en mi blusa. ¡Es mi tesoro!
Esos breves encuentros con Pedro enriquecieron la vida de seis mujeres, hasta la fecha alimentan sus sueños y refuerzan su voluntad de fingir que el tiempo no ha pasado, que hoy es entonces, Pedro está vivo y sigue joven, apuesto, alegre, cantador. Amorcito corazón/ yo tengo tentación/ de un beso...
II
Cuando empezaron a reunirse para formar el Club de Admiradoras Secretas eran nueve. Idalia, Rosario y Herminia ya murieron. Las seis sobrevivientes permanecen en contacto y se reúnen cada abril para seguir honrando la memoria de Pedro. Le deben desde buenos momentos gracias a sus películas, hasta milagros y la estabilidad matrimonial en el caso de Rebeca. Para demostrarlo habla de su experiencia. Lleva 58 años repitiéndola. Este será el 59 en que lo haga. Sus amigas la escucharán con renovado entusiasmo:

“Después de que tuve a mi primer hijo, Ignacio se enfrió mucho conmigo: vivía trabajando, me hablaba poco y de aquellito, casi nunca y luego ¡nada! Entonces yo era muchacha –y dicen que no fea–, rebosante de vida, alegre, con ganas de todo. ¿A qué podía deberse la indiferencia de Ignacio? Dejando a un lado los motivos, me resultaba muy humillante que mi esposo me viera como un mueble y no como a su mujer. De seguir así íbamos derechito al divorcio.
“Siempre estuve muy enamorada de mi marido. Como hombre, me encantaba; quería estar con él, que fuera tan cariñoso como antes. Me dediqué a pensar y no encontraba la manera de atraerlo. Por fin, una noche se me ocurrió que a lo mejor conseguía algo despertando sus celos. Pero ¿con quién? Me la pasaba encerrada en la casa sin ver a nadie; cuando salía iba con mi hijo, mi suegra o alguna de mis cuñadas. En esas circunstancias, ¿quién iba a acercarse a mí? Para colmo, sólo un hombre me seducía más que Ignacio: Pedro Infante.
“Fue mi candidato para picarle la cresta a mi marido, pero ¿cómo iba a hacerle saber que Pedro me enamoraba? Primero se me ocurrió decirle que me lo había encontrado en la calle y él enseguida me había reconocido como la chamaca de la miscelánea que le vendió un refresco. Al instante me di cuenta de que eso ni yo me lo creería. Pensé en otras posibilidades. Todas eran absurdas. Decidí olvidarme del jueguito y ponerlo todo en manos de Dios. En ese momento recordé Su palabra: ayúdate que yo te ayudaré, y seguí adelante con mi plan hasta que di en el clavo: Pedro podía ser mi amante en sueños.
“Una noche que nos acostamos me hice la dormida. Ignacio se levantó al baño y cuando regresó me oyó gemir así como si... bueno, ustedes me entienden. En la mañana, a la hora del desayuno, me preguntó si había tenido pesadillas. Le dije que no, al contrario, había soñado que un hombre iba a sentarse a la cama y se pasaba horas acariciándome el pelo. Ignacio se rió como diciendo a esta pobre tonta no le falta un tornillo, sino dos....
“No permití que su actitud me desanimara. Varias noches, algo espaciadas, dizque entre sueños, hablé, me reí, retiré varias veces las sábanas y en algunas ocasiones pronuncié el nombre mágico: Pedro. Llegó el momento en que Ignacio, harto, me preguntó quién era el tal Pedro que mencionaba dormida. Muy quitada de la pena se lo dije: ¿Pues quién va a ser? ¡Pedro Infante! Sabes que desde chica me fascina, he visto todas sus películas y me las sé de memoria. Creo que por eso se me aparece en sueños. No los recuerdo bien, pero me dejan una sensación tan agradable...
Ignacio me llamó estúpida, ridícula. Fingí no haber oído y con voz de Rebeca la dulce le pregunté si algo le molestaba. No dijo nada. Sólo me tiró en la cama y me obligó a contarle mis aventuras nocturnas con Pedro. Lo hice: nunca pensé que fuera capaz de inventar tantas cosas y, mejor aún, de hacerlas. Pasamos horas hablando de nuestros problemas. Decidimos resolverlos. Mi matrimonio empezó a arreglarse. ¿A quién se lo debo? ¡A Pedro Infante!

IV
Al terminar la reunión de este año, Lidia, Angelina, Rebeca, Zaira, Delia y Sandra harán planes para encontrarse el próximo abril y dedicar una tarde completa a la memoria de su ídolo. Si alguna de las amigas falta será por cualquier causa, menos por olvido.

A los violadores, el gobierno de Veracruz les sigue protegiendo, afirma el padre de Daphne


Los Porkys son sicóptas, depredadores sexuales; donde estén representan un peligro
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En la entidad, nuestro caso se multiplica por miles, pero la gente tiene temor a denunciar, señala

Ante la falta de justicia, hay que exhibir a los responsables, dice Javier Fernández Gómez

Periódico La Jornada

Son sicópatas, depredadores sexuales, dice Javier Fernández Gómez, el padre de Daphne, sobre Enrique Capitaine, Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta y Diego Cruz Alonso, conocidos como Los Porkys. Por tanto, advierte que los jóvenes, aún en libertad, donde estén representan un peligro para las mujeres.
“No soy especialista en la materia, pero ellos son sicópatas, sociópatas, con algunas tendencias sádicas, algo que tiene que ver con la certeza de impunidad. Es un modus operandi contra las mujeres, a quienes consideran objetos, trofeos, lobukis o artículos de decoración, y creen que pueden hacer con ellas lo que quieran”, dice en entrevista con La Jornada quien se ha convertido en un padre coraje al dar la cara para defender a su hija, víctima de agresión sexual.
Su caso, afirma, es la punta del iceberg de una problemática social en Veracruz, gobernado por Javier Duarte, donde impera la impunidad: Mi caso se multiplica por miles. Pero la gente tiene temor de denunciar y desconfianza en el sistema de justicia. Y nada más de ver por lo que estamos pasando Daphne y yo, nadie quiere más sufrimiento. Por sí misma, una violación es una desgracia, y además hay que añadirle todo este camino de acceso a la justicia que es tortuoso y muy doloroso.
A pesar de todo, Javier Fernández le ha prometido a su hija luchar hasta conseguir encarcelar a sus violadores: Nunca me voy a dar por vencido. Se tiene que hacer justicia. No podemos permitir como sociedad que esto quede en la impunidad. Las cifras de violencia contra las mujeres son aterradoras. Tenemos que cambiar la estadística, pero si dejamos todo en manos de las autoridades, esos números serán más horrorizantes.
El caso de Daphne saltó a la opinión pública luego de que su padre denunció a los cuatro jóvenes, hijos de gente poderosa, funcionarios y empresarios, luego de que subieron a su hija a un coche en las afueras de una discoteca, le quitaron el celular y la llevaron al domicilio de uno de ellos, en el fraccionamiento residencial Costa de Oro, en Boca del Río, donde la violaron.
Desde hace casi un año, cuando sucedió la agresión a Daphne, la vida de su familia cambió radicalmente. Ante la presión social y por seguridad, la joven víctima y una hermana salieron del país y decidieron vivir en el extranjero, mientras la más pequeña permanece con su padre: Todo este proceso ha sido brutal, devastador. En este momento mi hija está muy triste, tiene muchos altibajos, está muy desesperada, muy lejos de mí; se siente sola, aunque todo lo que estamos viviendo nos ha hecho más fuertes y unidos. Nos hemos dado fuerza uno al otro.
Comenta que en un principio suplicó por justicia, pero ahora cambió de estrategia y la exige: Estos individuos cometieron un delito y tienen que pagar por él. Ahora estoy exigiendo que las autoridades hagan lo que les corresponde; nada más pido justicia, y voy a seguir hasta donde sea necesario para conseguirla.
Lamentablemente, asegura, su caso ha estado lleno de irregularidades desde un principio y hasta ahora. Después de que la Fiscalía General del Estado de Veracruz giró órdenes de aprehensión contra tres de los violadores, el Ministerio Público no le ha permitido acceder al expediente, ni copias ni mucho menos fotos.
Voy a impugnar el proceso, porque falta una cuarta orden de aprehensión. No acepto que no se le haya imputado a Gerardo Rodríguez Acosta. El expediente está integrado y es sólido desde mayo de 2015. De esa fecha hasta ahora todo ha estado plagado de irregularidades, como el hecho de que no hayan consignado en tiempo y forma. Otra cosa, a los denunciados no se les molestó hasta el 10 de septiembre, primera vez que se les tomó declaración, algo inadmisible, y que hayan permitido un sinfín de pruebas y periciales para ganar tiempo, cuando con las testimoniales e incluso los videos debieron haber consignado inmediatamente.
Las autoridades de Veracruz, comenta, les dieron todas las facilidades, y finalmente los agresores sexuales salieron del país: Diego Cruz está en Bilbao, España; Gerardo Rodríguez Acosta, a quien no le han girado orden de aprehensión, se encuentra en Dallas, Texas, mientras que Enrique Capitaine Marín se ubica supuestamente en The Woodlands, Texas. Jorge Cotaita no se sabe donde está.
Otra de las irregularidades, comenta, es que las órdenes de aprehensión sólo fueron giradas por el delito de pederastia, pero debieron haber sido también por el delito de “privación ilegal de la libertad.
Es obvio que se les está protegiendo por vínculos con el sistema y por su poderío económico. El gobernador Javier Duarte no se ha puesto en contacto conmigo, sólo con la abuela materna de Daphne, pero para darle un discurso demagógico de que iba a hacer justicia, pero es mentira.
Antes de sufrir esta tragedia, Javier Fernández tenía una falta de confianza hacia la impartición de justicia, y después de esto, esa idea se reforzó: Estoy viviendo en carne propia la inoperancia del sistema. La justicia no es para todos; la justicia se sesga o la balanza se mueve hacia donde haya relaciones, poderío económico y político. Si no tienes contactos o dinero, simple y sencillamente no obtienes justicia.

Agresores a salto de mata
Javier Fernández calificó de indignante la carta de Rocío Acosta, madre de Gerardo Rodríguez, uno de los violadores confesos, en donde defiende a su hijo y ataca a la víctima por haberlo marcado de por vida con su denuncia.
Daphne publicó una carta al respecto: “Dices que tu hijo quedó ‘marcado de por vida’ y que tendrá que vivir con ese ‘estigma’… ¿Y yo qué? Ahí es donde me das lástima, Rocío, porque me queda claro que aún no puedes ver, no logras comprender que esto se pudo haber evitado si hubieran sido justos, si hubiesen jugado limpio, si no hubiesen inventado tantas porquerías. Hasta el día de hoy te pregunto, ¿qué has ganado? ¿Por qué sigues mintiendo? ¿Con qué fin? Porque si es con el fin de salvar a tu hijo, eso sólo lo podrías intentar socialmente, ya que en la memoria de él siempre va a estar lo que sucedió esa noche”.
Javier Fernández y sus hijas se enfrentaron al escarnio social en un principio, cuando denunciaron el delito, aunque ahora gozan del apoyo de la mayoría de la gente. Reconoce que cuando inició las acciones legales fue criticado por no haber actuado inmediatamente contra los violadores.
Es muy fácil criticar o juzgar cuando no se está pasando por un delito tan intenso como una violación. A las víctimas sólo las pueden entender sus familias. En un principio hubo un ataque frontal y brutal en contra de mi hija. Linchan a quien se atreve a denunciar, cuando esto es por todas las mujeres. Ahora todo ha cambiado y sólo recibimos mucho apoyo, con mensajes conmovedores.
Su caso se ha convertido en referente en torno a la violencia contra las mujeres en un país donde aumentan los feminicidios y las violaciones: En ningún momento fue mi intención que mi caso se convirtiera en emblemático. Pero no podemos seguir viviendo en un país con ese grado de impunidad. Las mismas formas y mecanismos legales atentan y revictimizan a las afectadas. Las mujeres que se han atrevido a denunciar han sido acusadas de ser las provocadoras de estos delitos.
El problema, dice, es que hay que cambiar los paradigmas sociales en torno a la visión de las mujeres y actualizar las leyes: Yo tengo tres niñas y voy a luchar hasta donde Dios me dé aliento para que se reconozca y se respete a las mujeres. No es posible seguir así con una realidad tan horrorizante para las víctimas de delitos sexuales.
Lamenta que exista gente que sigue apoyando a los agresores sexuales y normalizando la violencia contra las mujeres. A pesar de saber que los hijos, los sobrinos, los nietos o los familiares de los amigos son unos delincuentes, los siguen apoyando y justificando.
En cuanto al fiscal Luis Ángel Bravo, critica que se haya negado a actuar a tiempo contra los violadores confesos y les haya permitido huir: Él debería de haber sido mi abogado, él debería haber velado por los intereses de la víctima, y no ha sido así.
Ante la falta de justicia expedita, dice, el último recurso que les queda es exhibir a los violadores, como lo están haciendo en España o Estados Unidos, lugares donde se presume que están: Es parte del hartazgo, no se puede permitir que estos delincuentes anden deambulando por ahí. Hay que denunciarlos y además generar un repudio y un rechazo en lugares públicos o en cualquier lado donde los encontremos. Tenemos que forzar al sistema para que funcione.
Javier Fernández suspira, se emociona cuando hace un recuento de esta lucha. Es un padre amoroso, dedicado plenamente al cuidado de sus hijas, pero dice que su familia necesita volver a la normalidad: Queremos poder retomar nuestras vidas; necesitamos paz y tranquilidad. Mi hija está en terapia. Tiene una herida muy profunda y muy dolorosa que le va a dejar cicatriz de por vida.

La pelea de Monsanto por mantener su reinado



Silvia Ribeiro*
La Jornada
Desde el año pasado, el sector industrial químico-semillero está en erupción y si no lo prevenimos, su ceniza tóxica nos caerá en el plato de comida. Monsanto, la mayor empresa de transgénicos y semillas comerciales del globo, intentó dos veces comprar Syngenta, la mayor trasnacional de agrotóxicos, para establecer una megaempresa que habría sido la número uno en ambos sectores. Pero Syngenta lo rechazó y decidió fusionarse con ChemChina. Monsanto inició entonces negociaciones con otras dos de las seis gigantes globales de agrotóxicos y transgénicos, CBayer y BasfCC, para contrarrestar esa jugada. Poco antes, DuPont y Dow Agrosciences habían decidido fusionarse también. Si el hecho de que seis trasnacionales dominaran altos porcentajes de la venta de semillas y agroquímicos ya era un atentado a la seguridad y soberanía alimentaria de los países, ahora estamos ante la perspectiva de que esos mercados globales queden en manos de sólo tres empresas.
El Grupo ETC advirtió sobre estos movimientos desde el año pasado, explicando su lógica y consecuencias en el documento Campo Jurásico: Syngenta, DuPont, Monsanto: la guerra de los dinosaurios del agronegocio (http://goo.gl/d8tbdA)
Durante las últimas tres décadas, las viejas y poderosas empresas de la industria química, con más de un siglo de existencia, se lanzaron a comprar las empresas semilleras en todo el mundo, que hasta ese momento eran miles y estaban muy descentralizadas. Lo hicieron para crear un mercado oligopólico que obligara a los agricultores a comprar las semillas junto a sus propios agrotóxicos (que llaman agroquímicos para que parezcan menos dañinos). El resultado más evidente de esa búsqueda de venta casada fueron las semillas transgénicas, manipuladas para tolerar altas dosis de los venenos de las mismas compañías.
Hasta 2015, seis empresas, Monsanto, Syngenta, Dow, DuPont, Bayer y Basf, controlaban juntas 75 por ciento del mercado mundial de venenos agrícolas y 61 por ciento de las semillas comerciales de todo tipo, además de 75 por ciento de la investigación agrícola privada. En semillas transgénicas, las seis controlan ciento por ciento, o sea todo el mercado global, aunque a veces no se reconocen porque mantienen los nombres de empresas que compraron antes. A DuPont, por ejemplo, se la conoce más como Pioneer Hi-Bred en el área agrícola y de semillas.
En tres décadas, el ritmo de fusiones y adquisiciones en los sectores de semillas y agrotóxicos fue tal que se llegó a un tope donde virtualmente no quedan empresas para comprar, pero las compañías quieren seguir creciendo para controlar porciones aún más grandes de mercado. Por eso comienzan a devorarse unas a otras. El resultado podría ser que solamente tres empresas gigantes tendrían un dominio total de los primeros eslabones de la cadena agrícola industrial, incluida la investigación y desarrollo. Por ello, estas fusiones están ahora bajo escrutinio de autoridades anti-monopolio en varios países, lo cual puede significar que no se concreten, particularmente si existe presión social y pública contra éstas. Monsanto espera que si se autorizan las fusiones de Syngenta y las demás, ya no le podrán impedir que prosiga su fusión con la división agrícola de Bayer y/o Basf. Según analistas de la industria, la preferencia de Syngenta por ChemChina se explicaría en parte porque al ser la segunda una paraestatal china, podrían evadir medidas antimonopolio. Sin embargo, un grupo de organizaciones internacionales y chinas, ya iniciaron una acción dirigida al gobierno de China, para que objete esta fusión, por la expansión de más y peores tóxicos que implicará (http://goo.gl/YILmBD).
Nada indica que la concentración corporativa terminará allí, aunque sólo queden tres empresas. La lógica de búsqueda de ganancias de las corporaciones de agronegocios será integrar esos cárteles de semillas y agrotóxicos con los eslabones siguientes de la cadena industrial, sea con las corporaciones de fertilizantes o de maquinarias agrícolas, con las que ya existen varios acuerdos de colaboración. El objetivo es extender el control sobre los agricultores, integrando en un solo proveedor las semillas, agrotóxicos, fertilizantes, maquinarias, servicios de datos sobre el clima y hasta seguros agrícolas. Esto significaría niveles sin precedente de control de la agricultura por parte de unas pocas empresas.
Para las comunidades y organizaciones campesinas que son las que alimentan a la mayoría de la humanidad y que en su gran mayoría tienen sus propias semillas, así como a las muchas que han optado por una agricultura ecológica, quizá estas fusiones podrían parecer irrelevantes, porque de todas formas no son sus clientes. Pero esas gigantes industriales aumentarán la fuerza para moldear a su favor acuerdos de comercio agrícola, subvenciones y programas rurales, leyes laborales, de semillas y patentes, normativas de uso del suelo, de uso de agroquímicos y hasta gastos públicos en infraestructuras, todo a favor de sus negocios. Todo esto ya tiene impactos muy negativos en las economías campesinas. Si a nivel global se concretan las nuevas fusiones, el poder de presión de las superempresas que permanezcan, será mucho mayor. Existen ya iniciativas desde la sociedad civil para impedir legalmente que estas fusiones se concreticen. (http://goo.gl/9006sd). Finalmente se trata de la alimentación de todos.
*investigadora del Grupo ETC

Escalada contra defensores



Miguel Concha
La Jornada
Como lo advertimos oportunamente en este espacio, el gobierno federal ha decidido endurecer sus posiciones frente al escrutinio independiente en materia de derechos humanos ( La Jornada, 26/03/16). En retrospectiva, los inicios de esta regresión autoritaria pueden rastrearse hasta los primeros enfrentamientos contra mecanismos oficiales de las Naciones Unidas, señaladamente la inusitada descalificación que emprendió la cancillería en contra del Relator contra la Tortura, Juan Méndez. Un intachable referente sobre la defensa de los derechos humanos en América Latina. Esta tendencia se mantendría a lo largo de todo 2015, año en el que los diagnósticos internacionales sobre la situación de los derechos humanos coincidieron en señalar que nuestro país enfrenta una grave crisis. Así lo consideraron el Comité contra la Desaparición Forzada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Más recientemente, la artillería descalificatoria ha apuntado, como hemos visto, en contra del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza. Al primero, el gobierno federal no le perdona haber demostrado contundentemente las falencias de la investigación realizada en el caso Ayotzinapa, y haber alcanzado una credibilidad que desearían para sí las instancias oficiales. Y al segundo, el gobierno federal y sus aliados lo fustigan por su independencia y, mostrando un profundo desconocimiento sobre el funcionamiento del Sistema Interamericano, le recriminan haber contribuido a las posiciones críticas de la CIDH sobre México, cuando en buena medida éstas provienen del pleno de los comisionados, quienes deciden la agenda de ese órgano con plena soberanía. En los ataques contra la CIDH y el GIEI es notoria la intervención de actores que profieren infamias y difamaciones, pretendiendo actuar de manera independiente. Así lo demuestra el fallido episodio de la inédita denuncia contra Álvarez Icaza: súbitamente, quien de forma airada aparecía en los medios como su más decidido denunciante, decidió no ratificar la denuncia, a efecto de que la procuraduría contara con una salida legal para cerrar el expediente. De la noche a la mañana, el decidido acusador no ratificó la denuncia ni interpuso ningún recurso, permitiéndole al gobierno federal anunciar el archivo del expediente durante el reciente período de sesiones de la CIDH. Esta operación denota, sin duda, que existen vasos comunicantes entre los personeros que increpan a la CIDH y a su secretario ejecutivo.
En este contexto de endurecimiento contra el trabajo independiente en materia de derechos humanos, es menester señalar que los ataques contra los mecanismos internacionales de supervisión, graves en sí mismos, representan también amenazas veladas contra las defensoras y los defensores que trabajan en México. Sobre todo contra aquellos que realizan su labor en las periferias. Si el gobierno federal no se detiene cuando se trata de denostar a un referente internacional como Juan Méndez, nada bueno pueden esperar los defensores comunitarios que trabajan, por ejemplo, en Xochicuautla, estado de México, o en la Montaña de Guerrero. Estos días recientes hemos visto cómo se consolida este escenario adverso. Por un lado ha continuado en diversos medios una fuerte campaña contra colegas como Mariclaire Acosta y José Antonio Guevara, recurriendo al gastado tópico de cuestionar la procedencia de los fondos con que trabajan los organismos no gubernamentales, pese a que estos han desarrollado prácticas de transparencia.
Por otro lado, en un preocupante mecanismo, que revela una escalada de la campaña de desprestigio, se han hecho públicas de manera ilegal llamadas telefónicas privadas de un integrante del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, de otro activista del Centro Prodh y de un padre de familia de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Estas llamadas supuestamente habrían sido difundidas en redes sociales por un grupo delictivo. Como siempre ocurre en estos casos, las conversaciones reveladas requieren una explicación del fondo y del contenido. Aunque, sin negar la relevancia de esto, no puede dejarse de lado un análisis más minucioso sobre estas revelaciones. No sólo en cuanto a la ilegalidad de los escuchas, sino sobre todo en cuanto a formular preguntas básicas, que en un entorno democrático serían ineludibles: ¿El grupo criminal al que atribuyen la filtración ha tenido antes ese modus operandi? ¿Tiene la capacidad para circular en redes una llamada y lograr la atención de los principales medios nacionales? ¿Cuenta con la claridad estratégica necesaria para almacenar esas llamadas y darlas a conocer en el contexto de la inminente presentación del segundo informe del GIEI? No hay que ser avezado en el análisis del comportamiento de la delincuencia organizada para advertir que no es así. Más aún, la confusión que genera una revelación ilegal como ésta, demanda de quienes participamos en el debate público mucha claridad: no lo dudemos, sólo desde el poder gubernamental puede provenir un embate centrado en el uso de esta información.
La campaña contra las defensoras y defensores va en aumento. El uso de grabaciones ilegales de llamadas privadas supone una escalada de extrema preocupación. Con dos años de sexenio por delante, y con un gobierno cuyos niveles de aceptación disminuyen mes a mes, el escenario puede empeorar. Toca a la sociedad acuerparse y acompañarse para exigir garantías, a efecto de que las defensoras y los defensores podamos continuar realizando nuestra ineludible labor.

¿Dónde quedó la reforma a la justicia laboral?



Arturo Alcalde Justiniani
La Jornada
Al fin se dieron a conocer los resultados de la comisión que en secreto trabajó en Palacio Nacional, bajo la coordinación de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, en torno al proyecto de reforma al sistema de justicia laboral. Ello como resultado de la promesa que hiciera Enrique Peña Nieto a los ministros del Trabajo de la Organización de Estados Americanos, en el sentido de que presentaría una propuesta de reforma legal al Congreso de la Unión en el periodo de sesiones que se inició el primero de febrero de 2016 y que termina el día último de este mes de abril.
Más allá de que es prácticamente imposible que en menos de dos semanas se apruebe y ponga en marcha la reforma, de la lectura de las 51 propuestas formuladas por la comisión presidencial se deriva, como se temía, que la promesa de llevar a cabo una profunda transformación que permita contar con un sistema de justicia imparcial en México quedará incumplida. En ningún punto se atiende al reclamo de la existencia de jueces auténticos, ajenos a cualquier consigna, independientes del Poder Ejecutivo Federal o local, sometidos tan sólo a la ley y a los principios de justicia y equidad.
La integración misma de la comisión auguraba que no se abordaría a fondo la problemática de la justicia laboral en nuestro país. Recordemos que se excluyó de la coordinación de esta mesa al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), institución encargada de conducir los diálogos sobre la justicia cotidiana y que llevó a cabo la consulta nacional en esta materia. La exclusión se explica porque, conforme a los resultados de dicha consulta, el CIDE recomendó sustituir a las juntas de conciliación y arbitraje por jueces imparciales en materia de trabajo, ubicándolos en el Poder Judicial.
En este contexto, resulta rimbombante y ajena a la verdad la conclusión de la comisión presidencial al señalar que a partir del análisis y diálogo que se ha desarrollado entre los representantes del gobierno y tribunales laborales, academia y sociedad, se han podido identificar algunas propuestas de solución.
¿Cuáles tribunales?, sólo los titulares dependientes del gobierno federal, excluyendo a los de la rama local, tanto de la Ciudad de México como del resto del país. ¿Cuál academia?, únicamente la Universidad Nacional Autónoma de México, que en buena hora decidió retirar su participación en esta mesa, aparentemente por no compartir las conclusiones que se preveían. ¿Cuál sociedad civil?, tan sólo el interés del sector empresarial, representado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade) y el Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac). Sobran comentarios.
En las conclusiones de la comisión aparecen algunas propuestas absurdas que introdujeron los abogados empresariales de corte conservador designados para representar a este sector. En el punto seis se sugiere la creación de delitos en materia laboral para supuestamente sancionar con dureza a quienes se conduzcan con falsedad, lo cual se aplicaría siempre que se trate de trabajadores, puesto que las renuncias en blanco y demás actos simulados patronales continúan impunes.
La comisión también propone que todo el personal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje sea considerado de confianza, con la intención evidente de privarlos de su derecho a la estabilidad laboral y a su organización colectiva. Esta visión, contraria a los derechos humanos y constitucionales, se viene fortaleciendo en nuestro país bajo la consideración de que cancelando los derechos laborales a los trabajadores se logrará mayor eficiencia en el trabajo. En este sentido, en el dictamen de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que actualmente se discute en el Congreso de la Unión, se propone la misma solución, pues se ordena en el artículo 23 que los trabajadores de esa institución se sometan al apartado B del artículo 123 constitucional y todos ellos sean declarados de confianza. Esto es muestra de una regresión constante en materia laboral promovida por y desde el Estado. Asimismo, la comisión sugiere limitar el derecho de huelga mediante nuevos requisitos para su ejercicio, lo que en la práctica la harán imposible, sobre todo si se mantiene el carácter dependiente de las juntas de conciliación y arbitraje del Poder Ejecutivo.
Por lo que se refiere a los contratos colectivos de protección patronal que, se sabe, son actos de simulación, producto de una decisión unilateral del empleador que escoge al sindicato de su preferencia, a pesar de ser un aspecto fundamental para ser considerado en cualquier reforma, la comisión lo relega al punto 18 y por su texto es obvia la intención de omitir una auténtica consulta previa a los trabajadores, antes de que en su nombre se firme un contrato como lo han propuesto, aquí sí, sectores de la academia, productivos y de la sociedad civil. La comisión hace referencia a un trámite administrativo al momento de depositar los contratos colectivos a los cuales deberán anexarse las firmas de los trabajadores. Esta sería una burla más, dada la costumbre de manipular firmas, por ejemplo, en las renuncias en blanco.
Nuestro país requiere de un auténtico sistema de justicia laboral, ágil, imparcial, que dé certidumbre y seguridad jurídica a trabajadores y empleadores; se trata de un renglón fundamental para ir resolviendo el déficit tan profundo en materia de justicia y respeto al estado de derecho, cuestiones esenciales para atacar de frente a la corrupción y la simulación, que crecen sin límites en todo el país.
El presidente Enrique Peña Nieto anunció el tránsito hacia una justicia laboral imparcial y luego dio marcha atrás, firmó el Convenio 98 de la OIT en materia de negociación colectiva y libertad sindical y al mismo tiempo ordenó se congele su aprobación final en el Senado. Desperdicia así una oportunidad para reducir la imagen de corrupción e inamovilidad que caracteriza a su administración.

Padres de los 43 se encadenan en las rejas de la Secretaría de Gobernación


Intentan encubrir a alguien, por eso no dejaron continuar al GIEI, señalan

Un triunfo, que la CIDH vaya a integrar un mecanismo que dé seguimiento a las pesquisas, afirman
 
Periódico La Jornada

Nos preocupa y lamentamos que México se esté encaminando hacia un Estado autoritario que se niega a ser supervisado por organizaciones internacionales de derechos humanos, señaló el representante jurídico de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales, luego de que los padres de los estudiantes fueron informados que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ya no participarán en las investigaciones del caso.
Las declaraciones del abogado, así como del vocero del movimiento, Felipe de la Cruz, y de Melitón Ortega, papá de uno de los estudiantes atacados por policías municipales de Iguala y Cocula e integrantes del cártel Guerreros Unidos, se realizaron mientras más de una veintena de padres de las víctimas se encadenaron a las rejas que protegen la Secretaría de Gobernación.
Allí llegaron antes de las 10 de la mañana padres de familia y sus representantes jurídicos, que sorprendieron a los agentes de la Policía Federal y penetraron el cerco, hasta llegar a la esquina de Atenas y Bucareli, para instalar su campamento en la zona aledaña a la Secretaría de Gobernación.
Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos colocaron una carpa junto al Reloj Chino, para cubrirse un poco del sol y descansar por instantes, ya que por grupos se turnaron para lanzar consignas, en espera de integrantes de organizaciones sociales que los acompañaron durante su jornada de protesta. Sin embargo, pocas personas pudieron llegar hasta donde estaba la manifestación, debido al cerco policial.
Los padres de los estudiantes comenzaron ayer una jornada de 43 horas por los normalistas, y durante su protesta y plantón exigieron un nuevo encuentro con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que cumpla los compromisos que asumió en diciembre pasado, entre ellos que no habría problema para que los integrantes del GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), prorrogarán su estancia en México, dijo Felipe de la Cruz.
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Las demandas de justicia para los normalistas de Ayotzinapa llegaron ayer hasta la sede de la Secretaría de GobernaciónFoto Roberto García Ortiz
Durante la conferencia de prensa realizada en el cruce de las calles de Bucareli y Atenas, los padres apuntaron que en este caso hay una intención de encubrir a alguien y por eso ya no quisieron que siguieran los integrantes del GIEI.
A través de Vidulfo Rosales, los padres señalaron que es de un Estado autoritario negarse a ser supervisado, y que es preocupante que el gobierno se encamine en esa dirección.
El litigante indicó que la CIDH hizo un extrañamiento y lamentó la posición del gobierno mexicano de no prorrogar el mandato a pesar de que aún están pendientes de cumplirse los objetivos que dieron pie a su presencia en México, principalmente el de localizar a nuestros compañeros.
Los familiares aseguraron que consideran un triunfo que la CIDH vaya a integrar un mecanismo que dé seguimiento a las investigaciones, a pesar de toda la embestida de este gobierno y las difamaciones que se han hecho a los padres de familia y a los integrantes del GIEI.
Asimismo, informaron que esperarán a ser convocados por la CIDH para la conformación de este grupo especial, y agregaron que presentarán una propuesta estructurada para que continúen las indagatorias y se analice el trabajo que realizan las autoridades mexicanas en este caso.
Los padres de familia permanecerán en plantón y algunos de ellos encadenados a las rejas de la Secretaría de Gobernación hasta el próximo domingo.

La ley sobre desaparición forzada debe combatir la impunidad, plantea el GIEI


Hace observaciones al proyecto que se analiza en el Senado
 
Periódico La Jornada

La experiencia del caso Ayotzinapa obliga a formular una ley de desaparición forzada de personas que combata la impunidad y ofrezca herramientas para la prevención, investigación, sanción y garantías de no repetición de ese delito, advierte el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a los presidentes de las tres comisiones que dictaminan esa legislación, los senadores Angélica de la Peña, Cristina Díaz y Fernando Yunes.
Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les hicieron llegar un documento en el que formulan una veintena de observaciones al proyecto de dictamen que se discute en el Senado, y les plantean ir más allá y formular algunas medidas más específicas, a partir de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Recomiendan valorar que se disponga de jueces federales especializados en derechos humanos que puedan operar las 24 horas, profesionalizar a todos los cuerpos policiacos, regular el uso de la fuerza pública, establecer mecanismos de control y vigilancia civil a las funciones de las fuerzas militares y policiales.
Entre las observaciones al proyecto de dictamen de ley general para prevenir y sancionar los delitos de desaparición forzada de personas, elaborado por el presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes, está que se debe sancionar no sólo al servidor público que obstaculice la búsqueda de desaparecidos, sino también a quien frene las investigaciones correspondientes.
Otras omisiones y vacíos que el GIEI advierte es que no se garantiza el derecho de las víctimas y sus familiares a participar en todas las etapas de la investigación. Plantea incluso que la ley debe diseñar un procedimiento de búsqueda de desaparecidos que sea de oficio, que se implemente de forma inmediata y se ejecute sin dilaciones indebidas.
Es necesario, insiste, un mecanismo para indagar tanto desapariciones recientes como remotas, con equipos especializados que permitan la participación de peritos externos y el ingreso a cualquier entidad pública, incluyendo las instalaciones militares y policiacas.
En el documento, signado por Carlos Martín Beristáin, Alejandro Valencia Villa y Francisco Cox Vial, se pide a los legisladores un capítulo más completo y comprensivo sobre la prevención del delito, en lo que se refiere a la capacitación de integrantes de las fuerzas de seguridad pública y las autoridades estatales y municipales.
Se puede ser más puntual y concreto, y establecer la obligación de los miembros de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina de capacitarse para tener claro cuáles son sus deberes en la prevención, investigación, sanción y reparación del delito de desaparición forzada.
El GIEI resalta asimismo que la ley debe reglamentar la exhumación, inhumación, conservación y entrega de restos óseos, así como establecer un sistema único automatizado para identificación dactilar y contar con un formato para búsqueda de desaparecidos.
En relación con la sanción de entre 50 y 100 años de cárcel para el delito de desaparición forzada, incluida en el proyecto de dictamen, los expertos hacen notar que las penas deben ser altas, pero no irredimibles, ya que éstas no son acordes con un derecho garantista, respetuoso de los derechos humanos.
Los integrantes del GIEI se manifiestan en contra de que el registro nacional de personas desaparecidas quede a cargo del Sistema Nacional de Seguridad, y plantean a los legisladores que los tiempos se acorten, ya que México necesita cuanto antes tener una herramienta legal que le permita afrontar de manera integral este problema.

No hay condiciones en México para continuar mandato del GIEI: CIDH


El gobierno reconoce las aportaciones del grupo de expertos independientes
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Anuncia el organismo que habrá un mecanismo que dará seguimiento a las recomendaciones

Padres de los normalistas desaparecidos realizaron ayer un plantón frente a la Secretaría de Gobernación, para exigir justicia
 
Periódico La Jornada

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció ayer que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigan la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa cesará sus funciones, y que en su lugar creará un mecanismo especial hasta lograr que se dé cumplimiento a las recomendaciones de los expertos.
La CIDH señaló que consultará con el Estado mexicano y las familias de las víctimas para determinar los términos específicos que guiarán este mecanismo de seguimiento especial.
El presidente de la CIDH, el estadunidense James Cavallaro, lamentó la negativa del Estado mexicano para prorrogar la permanencia del GIEI una vez que expire su mandato, el próximo 30 de este mes.
Dada la naturaleza del acuerdo de asistencia técnica, en la que es indispensable la anuencia del Estado, la CIDH considera que no están dadas las condiciones para continuar el mandato del grupo, indicó.
Asesoría de los expertos
Cavallaro añadió que existe la posibilidad de que los expertos continúen brindando asesoría al organismo interamericano una vez que se establezca el mecanismo de seguimiento, porque conocen muy bien el caso.
El funcionario descartó que el fin del mandato del grupo de expertos signifique que la CIDH vaya a abandonar el caso o a las familias de las víctimas.
El mecanismo buscará cumplir con las medidas cautelares solicitadas por la comisión, la cual exige que se encuentre a los estudiantes y descubrir qué pasó con ellos, explicó. El mecanismo será el vehículo principal para darle seguimiento práctico a las recomendaciones de los expertos, precisó.
Sin embargo, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, admitió a Ap que “la presencia del grupo generaba una cooperación sui géneris y novedosa, que ahora va a disminuir.
Pero en definitiva la investigación para esclarecer el caso es responsabilidad del Estado mexicano, no de la CIDH ni de los expertos, afirmó.
La decisión fue adoptada por la comisión tras varios roces con el Estado mexicano.
El gobierno de México señaló en un comunicado que está comprometido a buscar justicia en este caso y que considerará las recomendaciones que emita el grupo de expertos en su reporte final.
Los expertos, que prevén presentar sus conclusiones y recomendaciones finales el 24 de abril en México, criticaron recientemente al gobierno mexicano por divulgar unilateralmente un nuevo peritaje sobre el basurero de Cocula, donde, según las autoridades, fueron quemados los jóvenes, y denunció que sus integrantes son blanco de ataques en un intento de disuadirlos de buscar la verdad del caso.
Las familias de las víctimas pidieron a la CIDH que los expertos continuaran trabajando hasta que se esclarecieran los hechos, se determine el paradero de los desaparecidos y se castigue a los responsables.
Una delegación gubernamental dijo esta semana, tras reunirse con la CIDH, que ya era momento de que los expertos presentaran sus recomendaciones finales, pero negó haber discutido sobre cómo interpretar el acuerdo que dio lugar al GIEI en 2014.
El acuerdo sobre la participación del grupo en la investigación indica que su mandato será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario, en consulta de la CIDH con las partes.
La comisión había insistido en que le correspondía al organismo y no al Estado tomar tal decisión.
Las autoridades aseguran que seguirán trabajando con familiares de las víctimas
De la Redacción
El gobierno de México valoró ayer positivamente los aportes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y reiteró su compromiso con las víctimas y sus familias.
Ello luego de informar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le confirmó oficialmente que el 30 de abril concluye el mandato del GIEI. Dicha instancia fue creada a la luz del Acuerdo de Asistencia Técnica para el Caso Ayotzinapa, en el contexto de las medidas cautelares dictadas por la CIDH en octubre de 2014.
A través de un comunicado conjunto de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como de la Procuraduría General de la República (PGR), la administración de Enrique Peña Nieto señaló que la comisión interamericana establecerá un mecanismo de seguimiento de las medidas cautelares, que se circunscribirá a sus facultades reglamentarias y de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en la región.
Los detalles de dicho mecanismo serán definidos en los próximos días, en consulta con el Estado mexicano y los beneficiarios de las medidas cautelares, puntualizó.
Las autoridades se comprometieron a seguir dando la atención correspondiente para la efectiva implementación de las medidas cautelares de referencia, y a las recomendaciones que formulará el GIEI en su informe final, que serán debidamente consideradas, como se ha venido haciendo a la fecha.
Insistió en que las dependencias competentes continuarán trabajando con los familiares de las víctimas y sus representantes.
En el comunicado, el gobierno reiteró su voluntad indeclinable para alcanzar la justicia y esclarecer los hechos de este doloroso caso.
México “seguirá colaborando con los organismos internacionales relevantes, a fin de que contribuyan en la construcción de políticas públicas sólidas y en el mejoramiento de nuestras instituciones, añadió en el documento, en el que insiste en estar comprometido con la protección y promoción de los derechos humanos.
La CIDH dio ayer por terminada la misión del grupo de expertos tras la negativa del gobierno de prorrogar su estancia en el país, para continuar coadyuvando en la investigación sobre la desaparición de los normalistas en el municipio de Iguala, Guerrero.
Hasta la fecha no ha aclarado las razones de su negativa y sólo se han concretado a señalar que es tiempo de que los especialistas den a conocer el resultado de sus pesquisas.
En un primer corte, los integrantes del GIEI desestimaron la versión oficial sobre el destino de los jóvenes, según la cual, estos habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Según el peritaje efectuado, en ese lugar no se registró un fuego tan intenso como para desaparecer los cuerpos.
La posición de los expertos generó roces con la PGR y otras instancias gubernamentales.

Fracking geopolítico entre el norte y el sur de Latinoamérica


Bajo la lupa
Alfredo Jalife-Rahme

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El presidente de Argentina, Mauricio Macri, fue captado al ser vacunado en el contexto de la campaña contra la gripe y la influenza, en Buenos Aires, el pasado 12 de abril 

Hace más de dos años impartí una conferencia magistral en la Universidad de Finanzas y Economía de Shanghai, bajo los auspicios de la Academia de Ciencias Sociales de China, sobre el nombre nada apropiado ( misnomer) de América Latina (AL), desde el punto de vista de la nueva realidad geopolítica/geoeconómica del siglo XXI y su posicionamiento ante mi hipotético nuevo orden geoestratégico tripolar de Estados Unidos, Rusia y China.
Los contenciosos de Ucrania y Siria exponen el fracking geopolítico regional/global entre dos bloques antagónicos: Estados Unidos/OTAN/Unión Europea frente a Rusia/China/Grupo de Shanghai, que también luchan por su preponderancia en LA, donde brota el nuevo concepto de NorthAmerica (http://goo.gl/jltq4G) –promovido por los supremacistas de EU, general David Petraeus (anterior director de la CIA, defenestrado y hoy instalado en KKR Global Institute) y Robert Zoellick (anterior director ejecutivo de Goldman Sachs, ex presidente del Banco Mundial y hoy becario de Harvard)–, que colisiona con el concepto reactivo de Sudamérica de los geoestrategas de Brasil.
Implícitamente, Centroamérica pertenece a NorthAmerica, donde los intereses nacionales de Estados Unidos prevalecen en el Golfo de México –destinado a ser rebautizado Golfo de Estados Unidos– y en el mar Caribe (el Mar Mediterráneo Estadunidense) con una superficie de 4.2 millones de kilómetros cuadrados.
Geoeconomía y seguridad nacional de defensa también chocan dentro de la añeja LA entre Unasur –y su integración económica y política, que incluye al Mercosur– y la expansiva Asociación Transpacífico (ATP), diseñada para contener a China: pivote de la doctrina Obama.
La regional Alianza del Pacífico –Chile, Perú, Colombia y México– forma parte ya del ATP, con la notable excepción de Colombia.
El israelí-estadunidense Robert Kaplan, de Stratfor (https://goo.gl/FGomL5), señala que El poder geopolítico de Estados Unidos históricamente tiene su origen no en Europa o Asia, sino en el gran Caribe, que es el mundo de Yorktown a las Guyanas; es decir, de los estados del Atlántico medio a las selvas del norte de Sudamérica. El hemisferio occidental, como el estratega holandés-estadunidense Nicholas J. Spykman explicó en 1942, no se divide entre el norte y América del Sur. Se divide entre las latitudes norte de la gran barrera de la selva amazónica y las latitudes más al sur de la misma. En otras palabras, desde el punto de vista geopolítico, Venezuela no es un país de América del Sur en absoluto. Es un país del Caribe: la mayor parte de su población de 28.8 millones habita en el norte, a lo largo del mar Caribe, a salvo de las selvas del sur.
¿Pretende recuperar el Pentágono lo que perdió mediante el concepto gran Caribe?
Estados Unidos recupera y/o neutraliza al gran Caribe: desde su golpe de Estado triangulado en Honduras, pasando por su espectacular reconciliación con Cuba –gracias a la mediación de Francisco, el Papa jesuita/argentino–, hasta la desestabilización de Maduro en Venezuela mediante el abrupto desplome especulativo del precio del petróleo por los bancos de Wall Street, guerra de alcances geoestratégicos contra Rusia e Irán.
La escuela de geoestrategia de Brasil desarrolló una nueva visión estratégica –Estrategia Nacional de Defensa (2008)– con sus tres pilares: nucleares, espaciales, cibernéticos, con sus dos áreas básicas del Atlántico Sur y el Amazonas”.
En la perspectiva brasileña, el concepto Sudamérica colisiona con los conceptos hegemónicos de Estados Unidos: Norteamérica y/o el mar Mediterráneo estadunidense –que incluye el Golfo de México y el mar Caribe–, acuñado por el almirante Alfred Thayer Mahan.
The Saker, cercano a Rusia, aborda tres rubros para LA en este año y su prospectiva (http://goo.gl/rjC7Y2), que suena exageradamente optimista en el caso de un triunfo del socialista Bernie Sanders, del Partido Demócrata.
Con la perspectiva reduccionista de la dicotomía decimonónica entre izquierda y derecha –necesaria, pero insuficiente–, aduce que la izquierda se encuentra a la defensiva en Venezuela, Brasil y Argentina. Enuncia que “Brasil se encuentra en turbulencias, Argentina tiene un presidente neoliberal y en Venezuela la oposición neoliberal ostenta una doble ( sic) mayoría en el Parlamento”.
El reflujo neoliberal en tres de las principales geoeconomías de Sudamérica constituye un retorno triunfal de Estados Unidos, que ahora practica un neomonroísmo geoeconómico/geofinanciero.
La añeja dicotomía izquierda-derecha ha sido superada por una nueva entre globalistas y humanistas.
Los globalistas colocan el mercado por encima de todas las cosas, en detrimento del ser humano, en cuyo modelo caníbal han sucumbido muchos izquierdistas de pacotilla, mientras los humanistas colocan al ser humano en el centro de la ecuación universal y rememoran el axioma del filósofo cartaginés Terencio: Nada de lo humano me es ajeno.
Sudamérica está polarizada/fracturada. En Argentina, el presidente neoliberal Macri, íntimo de los intereses sionistas de Nueva York y la City (Londres), obtuvo una victoria apretada sobre el candidato de Cristina Fernández, cuyo sueño era integrarse a los Brics. Macri carece del control sobre el Congreso, todavía a mayoría del acrobático peronismo. La situación es crítica en Venezuela debido al desplome del petróleo en casi 70 por ciento. En Brasil, máxima potencia de LA y Sudamérica, los megaescándalos teledirigidos han puesto contra la pared a la presidenta Dilma Rousseff. Brasil se encuentra ahora detrás de la creación del nuevo cable de Internet Brics para cesar su dependencia de Estados Unidos en ese rubro.
La caída de Brasil, miembro de los Brics, marcaría el rumbo real de toda LA, cuya parte norte –con el México neoliberal itamita y la absorción paulatina del gran Caribe, incluida Centroamérica y el bloque del Cafta– ha sido controlada por Estados Unidos.
El portal filorruso otorga demasiada influencia al Celac, del cual Estados Unidos y Canadá han sido excluidos y comporta las semillas de fractura a tres niveles: 1. El bloque geopolítico/geoeconómico de Norteamérica –dominado por Estados Unidos, con sus vasallos Canadá y el México neoliberal itamita, donde los intereses de China han sido repelidos– frente al Unasur/Mercosur, encabezados por el gigante brasileño; 2. Los neoliberales filosionistas frente al nacionalismo de izquierda de la Alba, y 3. El Mercosur, apuntalado por Brasil, frente a la Alianza del Pacífico, dominada por Estados Unidos, para cerrar el paso del océano Pacífico a la conectividad de Brasil y China.
Cada uno de estos tres niveles propende más a la fractura que a la unificación, cuando no a la absorción forzada por vía de la letal guerra geofinanciera de Wall Street y la City (Londres).
Cuando parece haber sido sellado el destino del norte de la añeja LA –el México neoliberal itamita y Centroamérica, hasta el canal de Panamá y el gran Caribe: absorbidos por Norteamérica–, el futuro de Sudamérica, hoy en franco declive libertario, dependerá del epílogo de la colisión entre Estados Unidos y Brasil.
La caída de Brasil en las manos neoliberales filosionistas significaría una gran derrota geoestratégica periférica de Rusia y China, y hasta de India.
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Desierto


Carlos Bonfil
La Jornada
American psycho. En su deliberada apuesta por una narrativa de género, casi en el tono de una serie B y en el extremo opuesto de la búsqueda formal de su primer largometraje Año uña (2007), el realizador mexicano Jonás Cuarón propone en Desierto (2015) un thriller agitado y nervioso sobre el odio racial al que suelen enfrentarse quienes se aventuran, indocumentados, del otro lado de la frontera estadunidense. Inútil será buscar en esta cinta las complejidades sicológicas y los sutiles contrastes emotivos que hicieron de La jaula de oro, de Diego Quemada-Díez, una experiencia tan memorable sobre un tema parecido. Tampoco parece ser el propósito de Jonás Cuarón demorarse en una profunda exploración de las motivaciones de personajes abocados a instintos animales tan básicos como el del exterminio y la supervivencia. Todo ello ubicado en la inmensa soledad del desierto, escenografía ideal de la deshumanización, como lo ha dejado inmejorablemente plasmado el desenlace de cintas clásicas como Avaricia (Erich von Stroheim, 1923) o El tesoro de Sierra Madre (John Huston, 1948).
El sentimiento que impulsa a Sam (Jeffrey Dean Morgan), mezquino y alucinado minuteman fronterizo, a cometer las atrocidades que refiere la cinta, no es ni la avaricia ni un espíritu mercenario, sino de modo más perturbador y escueto, el simple odio a lo diferente. Toda su rabia contenida, por agravios reales o desproporcionados, Sam la desata con frialdad metódica sobre un grupo de indocumentados a quienes ejecuta, uno a uno, escondido a lo lejos, disparando su rifle a la manera de un francotirador o un terrorista, o animando a su perro Tracker (rastreador) a que complete para él la faena sanguinaria. Estamos en el terreno de ese desequilibrio mental que con tanto acierto exploró Peter Bogdanovich en Míralos morir (Targets), su debut como director en 1967.
Los mexicanos perseguidos apenas tienen aquí nombre o seña de identidad, semejan un rebaño conducido por su guía coyote al muy probable matadero. La cinta captura, en trazos breves, su temor y su desconcierto, su fragilidad y su sensación de abandono. Sólo uno de ellos, Moisés (Gael García Bernal), pareciera ser dueño de la situación, aunque por muy poco tiempo, antes de sucumbir, a su vez, al terror de sentirse acorralado en la vastedad del desierto por el anónimo cazador de inmigrantes clandestinos.
En el contexto político actual, donde un vociferante y agresivo Donald Trump encabeza las preferencias republicanas en Estados Unidos con un discurso abiertamente racista, apenas queda sitio para disimular, detrás de una corrección política, la evidente diseminación de la paranoia xenófoba. El villano Sam de la cinta es, en su absoluta falta de escrúpulos o presuntas motivaciones, el brazo armado de una ideología ultraconservadora. Su irónica frase inicial, luego de masacrar a los indocumentados, es Bienvenidos a la tierra de los hombres libres. Como el obediente Tracker, él es, también, un perro guardián de los valores y del territorio nacional que confusamente considera amenazados por las hordas salvajes de seres inferiores. No hay medias tintas en ese razonamiento del temor y el odio, y al parecer Jonás Cuarón considera que en su película de acción tampoco hay lugar para ellas. Muy atrás ha quedado ya el lenguaje de matices dramáticos de una película como Frontera (Michael Berry, 1914, todavía inédita en México), donde Ed Harris interpreta a un sheriff esencialmente bueno, convertido, por una revancha sentimental, en un vigilante fronterizo, exterminador de indocumentados.
La estrategia del director de Desierto sería depositar ahora en una película de género (la acción trepidante como anzuelo para la taquilla) la posible eficacia de una denuncia política que un cine, como el documental, suele dirigir a públicos más restringidos. Asistimos ahora a una ficción sin mayores complejidades ni sutilezas, cargada de simbolismo tan obvios como el de un Moisés guiando a su pueblo lejos del desierto hacia la tierra prometida, o de un Sam encarnando al iracundo patriarca del imperio, y que puede permitirse las cosas más inverosímiles en su manejo del género, desde lluvias de balas que apenas rozan al héroe hasta persecuciones hacia el final de la cinta que desesperarían a un jugador de ajedrez. Con su carisma y solvencia histriónica, Gael García Bernal es la pieza central de esta estrategia para volver eficaz y atractiva la denuncia que no dice su nombre, pero que todos identifican con facilidad. Nada garantiza, sin embargo, la deseable fortuna comercial de esta nueva apuesta de Jonás Cuarón. Lo que sí queda claro es que para que una cinta de género alcance el nivel del mejor cine político, nunca están de más ni la complejidad moral y sicológica de los personajes ni tampoco la sobriedad artística del realizador.
Twitter: @Carlos.Bonfil1