Arturo Alcalde Justiniani
La Jornada
Puede uno voltear a
cualquier lado, en algún lugar de nuestro país y confirmar el panorama
desolador al que se enfrentan los y las trabajadoras: empleo informal,
jornadas extenuantes, salarios de hambre, sindicatos charros, pensiones
secuestradas por las Afores, contratos permanentemente temporales,
justicia lenta y parcial; en fin, un negro presente y un futuro
incierto.
Cancelar derechos laborales se ha convertido en una política
generalizada que todo lo avasalla; el gobierno y los empresarios han
hecho causa común, les tiene sin cuidado el marco jurídico vigente y los
daños que ocasionan a la población al generar más pobreza, desigualdad,
indefensión, angustia familiar y encono social.
Cualquiera pensaría que es al gobierno al que corresponde poner orden
y favorecer el bienestar colectivo y el cumplimiento de la ley. En
México, los hechos indican totalmente lo contrario, ejemplos concretos
lo demuestran: la base de un adecuado sistema laboral son los empleos
estables y los salarios bien remunerados, con seguridad social; sin
embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la principal
promotora de la destrucción del empleo formal al imponer en el ejercicio
presupuestal de las distintas instituciones públicas, la contratación
de personal por la vía de honorarios y, más recientemente, mediante la
subcontratación ( outsourcing). Esta secretaría obliga a las
dependencias a cubrir necesidades laborales mediante servicios con
personal externo, contratado como cualquier mercancía, el más barato,
sustituyendo la ley laboral por la ley de adquisiciones.
Esta tendencia destructora no sólo la impone el gobierno en su
régimen interno, sino que la promueve en el sector privado por varias
vías: la primera, con contratos de sus proveedores y la segunda,
renunciando a su papel de fiscalizador, que consiste en evitar la
violación a las normas laborales; por ello, las nuevas reglas que hoy
forman parte de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 15, que
pretenden regular la subcontratación, nacieron muertas. Hoy, miles de
empresas subcontratan con libertad e impunidad absolutas.
Existe un derecho establecido en la Constitución, que es una especie
en extinción: el reparto de utilidades a los trabajadores, que a la
fecha es del orden de 10 por ciento de las ganancias de las empresas y
que debe pagarse este mes de mayo. Está en extinción, no sólo por
maniobras derivadas de la contabilidad, sino porque se ha extendido el
truco de inventar un falso patrón sustituto por conducto de empresas de papel, conocidas como
de servicio. Los tribunales han declarado ilegal esta maniobra, pero hoy la mayor parte de las compañías del país las utilizan confiados en la impunidad imperante… bancos, supermercados, grupos industriales y comercios, entre otros.
Hace cuatro años, Peña Nieto prometió en campaña un seguro de
desempleo y la pensión universal. Ambas quedaron congeladas en el Senado
a pesar de ser las justificantes de su reforma fiscal. También en la
Cámara de Senadores se guarda en otro cajón la ratificación del Convenio
98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de
libertad sindical y negociación colectiva pese a haber sido firmada por
el Presidente de la República desde diciembre pasado.
El salario mínimo ha sido objeto de reiteradas promesas,
reformas van y vienen y no se observa mejora alguna. Extraoficialmente,
se ha señalado que pasadas las elecciones se anunciará un incremento de
10 pesos diarios al actual minisalario, medida que responde seguramente a
las críticas internacionales de diversos organismos a nuestro país
debido a que los salarios en México son de los más bajos del mundo.
Obviamente, se trata de un ajuste totalmente insuficiente.
Ante este escenario, es pertinente preguntarnos ¿Qué hacer ante un
panorama tan desolador en el mundo del trabajo? Alguien dirá que para
eso están los sindicatos, que esa es su función. La realidad es que
–salvo excepciones– los líderes sindicales están dedicados al negocio de
administrar el control sobre los trabajadores, convirtiéndose en
empleados de los abogados empresariales que les proveen de contratos
colectivos de protección patronal.
¿Qué hacer entonces? Hay quien opina, con razón, que la situación
difícilmente cambiará si los que gobiernan no constatan que su conducta
tiene un costo político. Si, por ejemplo, el descontento se refleja en
votos electorales en su contra. Se actúa con impunidad porque se confía
en que las campañas en medios, los regalos y las promesas harán olvidar
al trabajador quién es el responsable de su postración. Apuestan a que
el trabajador desvincule su realidad cotidiana de sus opciones
electorales. Pretenden que voten en favor del régimen laboral que los
tiene oprimidos en contra de sus intereses personales y de su familia.
Si esto es así, en épocas electorales los trabajadores deberían votar
en favor de sus aliados y no de sus verdugos. Una oportunidad
excepcional se presenta en las elecciones de Veracruz, donde un
académico de prestigio, trabajador universitario, Cuitláhuac García
Jiménez, del partido Morena, contiende para gobernador del estado. Es
innegable que su triunfo cambiaría la historia de horror y corrupción de
esa entidad y sería un buen ejemplo para el resto del país.
P.D. Después de nueves meses y nueve días, fue liberado Gustavo
Labastida Andriano, dirigente sindical de Sandak Bata en Calpulalpan,
Tlaxcala. Nunca cedió a las presiones y chantajes de la empresa. Una
felicitación a sus abogados, a los compañeros de su sindicato
democrático, a las organizaciones solidarias y en especial a su familia,
por su perenne apoyo. Una comisión de este sindicato parte esta semana a
Ginebra, Suiza, para estar presente en la Conferencia Internacional de
la OIT y ahí denunciar a la trasnacional zapatera Bata por los abusos
que comete en nuestro país.
