El video de la mujer
torturada en el guerrerense Ajuchitlán ¡del Progreso! (vaya ironía)
constituye una confirmación gráfica de lo que la inmensa mayoría de los
mexicanos sabe y una desafortunada porción de ellos padece o ha
padecido: la práctica sistemática de la tortura para sostener a un
sistema de tortura. No son solamente los policías, soldados o marinos,
sino la estructura completa de un poder que ha entrado en tal fase de
descomposición que ha generalizado el uso brutal de la fuerza y ha
institucionalizado la violación de los derechos humanos, tratando luego
de encubrir con cinismo y retórica legaloide los casos que se llegan a
descubrir y difundir.
La catastrófica situación de los derechos humanos en México ha sido
denunciada de manera continua y sostenida por diversas instancias
internacionales, la más reciente de ellas el Departamento de Estado de
Estados Unidos, que ha realizado una enumeración incontestable del
actuar delictivo de los cuerpos civiles y militares. A pesar de las
apariencias protocolarias y los amables boletines de prensa de Los Pinos
respecto a la más reciente gira que Enrique Peña Nieto está realizando,
el tema ha estado presente no solamente en protestas callejeras y
denuncias de organismos vigilantes de tales asuntos, sino incluso en
pláticas oficiales con autoridades de Alemania y Dinamarca que no han
podido cerrar los ojos ante la bárbara realidad mexicana.
En ese esquema de represión por sistema (que en el fondo es
consecuencia del fracaso extendido de la clase política mexicana en
cuanto a la atención y la resolución de los problemas nacionales
estructurales), la desaparición de 43 normalistas en Iguala se ha
convertido en un expediente que revela las deficiencias procesales,
complicidades de élite e incapacidad política del gobierno actual.
Conforme van surgiendo nuevos datos, como la versión aportada por el
titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl
González Pérez (él y esa comisión, parte sustancial del montaje de
simulaciones justicieras en el país), sobre la participación de policías
federales en la noche trágica de Iguala, o a la luz del esfuerzo
descuadrado del peñismo por expulsar y descalificar al Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes, se fortalece la
presunción de que es mucho y muy delicado lo que el poder central de
México ha pretendido ocultar.
En otra forma de tortura social, Michoacán vive inmerso en la reactivación violenta de cárteles
que hasta ahora habían sido medianamente contenidos. Contra las
pretensiones triunfalistas de Silvano Aureoles, el comisionado de Los
Pinos para los asuntos de esa entidad (el anterior comisionado era
Alfredo Castillo, quien ahora se dedica a añadir deterioro al deporte
nacional), han resurgido los narcobloqueos masivos y se han
multiplicado las agresiones a ciudadanos en general y a comerciantes en
diversa escala (desde los pequeños hasta las medianas y grandes
compañías, cuyos camiones son incendiados). No hay planteamientos
resolutivos de fondo en Michoacán, sino un forcejeo entre poderes por el
control del gran negocio estatal, con la población civil como víctima y
con una acumulación de insatisfacción que impulsa a algunos grupos a
reconsiderar la alternativa tan manipulable de las autodefensas.
Otra vertiente de tortura a los ciudadanos indefensos es la
obligada exposición a emisiones tóxicas que causan en lo inmediato
malestares aparentemente menores, pero que pueden generar consecuencias
de salud altamente dañinas. En la mancha urbana que tiene a la Ciudad de
México como referente se ha acelerado un fenómeno de contaminación
ambiental que pretende ser adjudicado mayoritariamente a los usuarios de
vehículos automotores, a los que se castiga incluso con la prohibición
de circular en determinados días a pesar de que técnica y jurídicamente
tuviesen dictámenes que demostrarían que sus unidades no rebasan los
límites permitidos.
El súbito agravamiento de las condiciones ambientales no ha sido
suficiente y convincentemente explicado y, ante el prohibicionismo
calendarizado del tráfico como principal propuesta de solución
,
se han planteado estudios y especulaciones que no coinciden con los
diagnósticos oficiales. Mucho se ha hablado del nuevo reglamento
mancerista de tránsito como promotor de más gases tóxicos. También se
insiste en la urgencia de extender esa mano dura
hacia fábricas e
industrias altamente contaminantes. Y se han multiplicado las versiones
y opiniones respecto a la eventual composición perniciosa de las
gasolinas que se consumen en el país, con acento en la presunción de que
se hubieran hecho negocios de élite con proveedores extranjeros que
producen combustible de menor calidad que la antes utilizada. Mientras
tanto, la salud colectiva es diariamente agredida.
La más reciente muestra de torpeza ejecutiva de Aurelio Nuño se ha
dado contra el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Cual si fuese una
simple pieza portátil, se ha movido de adscripción burocrática al
instituto, entidad de profunda raigambre popular que merecería con
legitimidad su declaración de autonomía (como tantas universidades
públicas) y no la grosera adscripción en términos de organigrama a la oficina
del titular de la SEP, luego que se le había encuadrado como
dependiente de la subsecretaría de educación superior. Como era
previsible, ha generado protestas el traslado del IPN a la colección
personal del entusiasta verdugo laboral del magisterio. Esa
inconformidad se suma a la errática gestión del director del IPN
designado por Los Pinos, Enrique Fernández Fassnacht, luego de los paros
y movilizaciones que en 2014 forzaron a la secretaría de gobernación a
plantear ciertos acuerdos en busca de desactivar la inconformidad de una
parte de la comunidad politécnica.
Y, mientras la vocería de los familiares de los 43 asegura que se
llegó al acuerdo con la PGR de continuar la búsqueda de los
desaparecidos, con GIEI o sin él, ¡hasta el próximo lunes!
¡Qué espinoso es el
camino que conduce a abatir la corrupción y la impunidad! El Instituto
Nacional Electoral validó ante el Senado que las organizaciones
ciudadanas promotoras de la ley 3 de 3 cumplieron con el requisito
constitucional de reunir más de 106 mil firmas, es decir, 13 por ciento
de la lista nominal de electores, para impulsarla en el Congreso. Sin
precedente la nueva iniciativa ciudadana, con base a la persistencia.
Las comisiones dictaminadoras del Senado deberán iniciar la discusión
vía parlamento abierto
, comparte Eduardo Bohórquez, director de
Transparencia Mexicana. Los ciudadanos verán el proceso de principio a
fin y se mantendrán documentos actualizados a la vista, vía Internet.
Todos queremos que la rendición de cuentas sea parte del sistema, como
algo rutinario, casi un hábito, de nuestros servidores públicos. ¿Será
el principio –del largo camino– para que sean desmanteladas las redes de
corrupción? Como afirma el director de Transparencia Mexicana: “por
cada servidor público que comete un ilícito, hay una contraparte… un
particular”. Y eso involucra a empresas y empresarios.
Uber, sujeto a taxímetro normal
Una ciudad de población mayoritariamente negra,
Johanesburgo, la más grande de Sudáfrica, no se doblegó ante Uber, como
acaba de hacerlo el jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Tendrá que
usar taxímetros, como los de cualquier taxi. El gremio venía presionando
a las autoridades para que los de Uber se afiliaran a sus
organizaciones y para que utilizaran medidores comunes en lugar de su
app. El diario Sunday Times informó que el gabinete aprobó una
enmienda a la ley del transporte terrestre nacional, que se refiere a
los choferes de Uber como operadores de taxi medido y no como operadores de transporte difundido por red
. Una de las frases más destrampadas de Fox fue esta: ya ni los negros quieren los trabajos que hacen los mexicanos
. Una paráfrasis decente y respetuosa sería esta: ya ni los ciudadanos sudafricanos quieren pagar la tarifa dinámica
.
¿Rescate de Pemex?
El gobierno de México anunció una inyección de recursos
por 73 mil 500 millones de pesos. De ese suma, 26 mil 500 millones es
aportación patrimonial y 47 mil millones para el pago de pensiones y
jubilaciones. ¿No será exagerado hablar de rescate? La deuda global de
la empresa es de 100 mil millones de dólares, es decir, cerca de 2
billones de pesos. Un auténtico rescate tendría que ser de un billón. Lo
otro ni a curita llega; apenas será suficiente para pagar cuentas de
proveedores, y no a todos.
Cuando (1989-1991)
comencé el desarrollo en el Proyecto Regional para la Superación de la
Pobreza en América Latina (RLA/86/004), del PNUD, el Método de Medición
Integrada de la Pobreza (MMIP), mis guías fueron, por una parte, la
experiencia de Coplamar, de la que derivé la importancia de evitar la
fragmentación de indicadores (véase la entrega del 1/4/16); por eso el
énfasis en la medición integrada. Por otra parte, mi conocimiento
cercano de las aplicaciones, en América Latina (AL) de mediciones de
pobreza de ingresos y de NBI por separado, y de los singulares
experimentos, con fines comparativos, de Beccaria-Minujin y de Kaztman,
que consistieron en cruzar ambas mediciones en cada hogar (identificar
la condición de pobreza o no pobreza de cada hogar en ambos métodos), me
permitieron percibir, lo que no hicieron los autores, que el cruce, en
sí mismo, perfilaba un nuevo método al que sólo le faltaba definir un
criterio de pobreza. Al identificar como tal criterio la unión de los
conjuntos (es decir, es pobre el hogar clasificado como tal en uno de
los métodos o en ambos), se conformó el método cruzado
, o
variante original (VO) del MMIP, que el RLA/86/004 adoptó como su método
oficial y lo aplicó en 10 países de AL. Pero esta VO heredó defectos de
los métodos que unificó; de NBI heredó su carácter dicotómico a
ultranza. Por tanto, aunque ya era un método multidimensional e
integrado de medición de la pobreza (P), no podía medir ni la
estratificación social, ni la desigualdad (D) ni el desarrollo (DS). Mi
propia autocrítica, fundada en ella concepción de las fuentes de
bienestar (FdeB), me llevó a desarrollar la variante mejorada (VM) del
MMIP, que supera las dicotomías de NBI al cardinalizar los indicadores
(convertirlos a escalas métricas), identificar una detallada
estratificación social y mide la desigualdad. Añadí también una tercera
dimensión: la de tiempo libre, fundándome en la concepción de las FdeB.
Pero mantuve el nombre MMIP que sólo hace referencia a P. Muchos años
después (2007) me percaté que algunos de los elementos constitutivos del
MMIP carecían de una fundamentación explícita, lo que me llevó a
formular los Principios de Medición Multidimensional de la Pobreza para
llenar ese hueco. Ahora que busco la unificación más explícita de los
conceptos de P, D y DS, me pregunto si dichos principios son aplicables a
D y a DS. Veamos. En el Cuadro he enumerado los primeros seis (de 12)
principios y he añadido un comentario sobre su aplicabilidad para
conceptualizar D y DS.
Por fin alguien se acordó de la
primera empresa del país y principal soporte del presupuesto federal de
egresos, Petróleos Mexicanos, y dio luz verde a una suerte de rescate financiero para resolver la liquidez
de la ex paraestatal: 73 mil 500 millones de pesos que, mayormente, se
destinarán a pagar pasivos, con pensiones y jubilaciones en primer
lugar, con lo que se pretende aligerar sus problemas financieros.
Una buena noticia, sin duda, pero la mejor –de concretarse– sería la
promesa de reducir la onerosísima carga fiscal que desde la modernización
del país (léase de Miguel de la Madrid en adelante) pusieron sobre las
espaldas de Petróleos Mexicanos, misma que en determinado momento ha
representado 155 por ciento de su rendimiento antes de impuestos y
derechos, algo que ninguna empresa pública o privada soporta, por sólida
que sea.
Para dar una idea de qué se trata, en la primera mitad del gobierno
peñanietista, en plena crisis de los precios petroleros, de los que el
erario depende en grado sumo, Petróleos Mexicanos enteró a la Secretaría
de Hacienda 140 mil millones de dólares, algo así como el 12 por ciento
del producto interno bruto nacional. Pemex aportó todo su rendimiento,
más un plus
(que cubrió con deuda) de 25 por ciento.
Así, la bola de nieve fue creciendo a lo largo de los años. Cada vez
resultaba más notorio que la ex paraestatal se acercaba a su límite,
pues la voraz Secretaría de Hacienda la colocaba al borde del
precipicio. Y sucedió lo que era más que previsible. Reventaron
financieramente a Pemex, pues le succionaron hasta el último suspiro,
amén del desplome de precios y las caídas en producción y exportación.
El gasto cotidiano de Pemex se aproxima a mil 200 millones de pesos. Ese monto consume cada 24 horas, de tal suerte que el rescate
le representa a la ex paraestatal alrededor de dos meses de
erogaciones. Si estas se focalizan al pago de pensiones, jubilaciones y
otras menudencias
probablemente el alcance sea mayor. Pero parece
ridículo que una empresa de ese tamaño se vea en la penosa necesidad de
aceptar rescates
, cuando si alguien ha rescatado
y mantenido vivo al erario es ella misma. Y todavía le recortan el presupuesto en una proporción nunca antes registrada.
Por ejemplo, entre el sexenio de Ernesto Zedillo y el de Peña Nieto,
Petróleos Mexicanos enteró a la Secretaría de Hacienda 605 mil millones
de dólares (alrededor de 60 por ciento del PIB a precios actuales) por
concepto de impuestos, derechos y demás exigencias de la institución que
ahora encabeza el ministro del (d) año
.
En números cerrados, el gobierno de Ernesto Zedillo captó 64 mil 500
millones de dólares por el concepto referido; el de Fox 128 mil 600
millones, y el de Calderón 271 mil 600 millones. En la primera mitad de
Peña Nieto el ingreso de petrodólares se aproxima a 140 mil millones,
con todo y desplome del precio del barril de exportación (en 2013 fue de
66 mil 141 millones; en 2014 de 50 mil 691 millones y en 2015 de 22 mil
854 millones).
¿Dónde quedó y en qué se utilizó esa catarata de recursos? Como
acicate del crecimiento económico, no; tampoco para impulsar el
desarrollo social; menos para fortalecer la infraestructura y
modernización de Pemex. ¿Dónde pues? ¿Cuántos de esos dólares estarán
tranquilamente depositados en paraísos fiscales o en las cuentas de
funcionarios, ex funcionarios y amigos de ellos?
Si bien el rescate financiero
recién anunciado puede
darle un respiro a Pemex, un tanquecito de oxígeno, la clave de su
supervivencia como empresa productiva del Estado está en el renglón
fiscal. Mientras no la liberen de la onerosísima carga que los gobiernos
modernos
le impusieron (de Miguel de la Madrid a la fecha), la
ex paraestatal se hundirá cada día más hasta la extinción de su último
tornillo. Sin duda hay otros renglones a corregir y limpiar, como la
enorme corrupción imperante (Carlos Romero Deschamps, el caudillo
sindical impuesto desde dos décadas atrás, destaca en esta materia, pero
no es el único), pero el asunto tributario es fundamental.
En este espacio se ha comentado en reiteradas ocasiones que la
creciente dependencia de las finanzas públicas del ingreso petrolero
comenzó no con Lázaro Cárdenas, sino con el cambio de modelo económico,
con la llegada a Los Pinos de Miguel de la Madrid y la tecnocracia, es
decir, cuando el gobierno liberó
a la gran empresa privada de
pagar impuestos (por medio de la evasión legal, las exenciones, la
cancelación de créditos fiscales y conexos), en medio del estancamiento
económico y la crisis recurrente.
No está mal la
propuesta del presidente del Consejo Estatal del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Higinio Torres Lucena, de que los
dirigentes de Movimiento Ciudadano (MC) hablen con el alcalde Evodio
Velázquez Aguirre para que diriman sus diferencias, pues busca que entre
gobernante e institución política haya armonía.
Sin embargo, si la denuncia pública de Velázquez Aguirre de que
encontró en bancarrota el ayuntamiento fue lo que causó el malestar del
ex alcalde Luis Walton Aburto, no es en una mesa de negociación donde se
deben arreglar, sino en la Auditoría General del Estado (AGE) o, si así
es procedente, ante el Ministerio Público o un juzgado.
No debe darse un sesgo político al conflicto con miras a acomodarse para las elecciones de 2018, sino ajustarse a la ley.
Eso exige la sociedad, harta de que los gobernantes se arreglen en lo oscurito para que los que se fueron gocen de impunidad y los que entran gobiernen con tranquilidad.
Bien hizo Evodio Velázquez en denunciar públicamente la situación
financiera en que recibió la alcaldía. Ahora es su responsabilidad darle
seguimiento en la AGE, a efecto de que su antecesor compruebe el uso de
los recursos y, de no hacerlo, se le finquen responsabilidades a que
haya lugar.
A Walton Aburto le interesa llegar libre de investigación a
2018 para la contienda electoral, pero al alcalde le importa no cargar
con lastres heredados, como debe ser; por tanto, la postura es seguir
los procedimientos legales.
Ya Walton y otros miembros de MC advirtieron que seguirán los
ataques, pero al alcalde no deben preocuparle si está cumpliendo con su
responsabilidad, toda vez que debe rendir cuentas a los acapulqueños, no
al ex alcalde ni a sus seguidores.
S on dos de los estados que conforman la América Profunda,
la que aboga por la presencia de sus soldados en otros países aunque
salgan derrotados; los que votan por el señor Trump y desean ver izada
en los edificios públicos la bandera confederada, la que aglutinó a los
esclavistas del sur durante la guerra de secesión y es estandarte del Ku
Klux Klan.
Ahora Misisipi y Carolina del Norte ocupan la atención internacional
por leyes que limitan los derechos de gays, lesbianas y transexuales.
Ambos encabezan los 21 estados que han aprobado medidas contra el
mandato de la Suprema Corte de la Nación que reconoce el matrimonio
entre personas del mismo sexo.
La respuesta no se hizo esperar. Importantes empresas que apoyan la
vigencia de los derechos civiles piden la derogación de las leyes que
discriminan por cuestiones sexuales. PayPal canceló sus proyectos en
Carolina del Norte. Nissan, la mayor industria de Misisipi, reiteró su
apoyo a la comunidad lésbico gay. Igual Duke Energy, la compañía
eléctrica más grande. Analistas económicos, académicos de las
universidades y políticos como Hillary Clinton y Bernard Sanders,
advierten que dichas legislaciones harán que muchas empresas no deseen
invertir en ambos estados. Tampoco en el de Tenesí. Más de 130 empresas,
entre ellas Bank of America, Dow Chemical y Alcoa, piden derogar la
retrógrada legislación pues es mala para los negocios
.
Tras semanas de grabar en algún punto de la segunda mitad de 2015 en el Rancho de la Luna, a medio desierto de California, el guitarrista, cantante y líder de Queens of the Stone Age (QOTSA) Josh Homme, el multinstrumentista Dean Fertita (integrante de QOTSA, The Dead Weather, The Raconteurs) y el baterista de Arctic Monkeys, Matt Helders, comenzaron a extrañar tremendamente a quien le dio vida a este nuevo proyecto: el jefe Iggy Pop, icono precursor del punk, personaje maldito e irrepetible, fundamental en la historia del rocanrol. De ahí que nombraron a la banda y al disco Post Pop Depression (tal y como existe la depresión pos parto
), amén de haber también parido un disco extraordinario, considerado en realidad un álbum personal de Pop, por encima de quienes lo acompañan.
Y curiosamente, por su sonido intenso, el tipo de melodías e inflexiones vocales, no se sabe si de forma deliberada o inconsciente, el álbum es un tremendo e indudable homenaje a David Bowie, si bien fue grabado meses antes de su deceso. Aunque Iggy no ha declarado nada al respecto, es posible creer que, por su amistad entrañable, éste ya supiera del estado de salud de su otrora productor. Mas, sea o no un hecho consciente, tampoco es una imitación, sino una retribución e incluso una continuación de los álbumes que Bowie le apadrinó en 1977 (The Idiot y Lust for Life), en aquellos gloriosos días en Berlín, donde el entonces Delgado duque blanco creó
prácticamente a Iggy Pop (o le dio continuidad tras la inminente ruptura de The Stooges, banda con la que se dio a conocer y estuvo activa en su primera etapa, de 1967 a 1974) como el personaje salvaje que ya había empezado a dibujar.
La Unión Europea (UE) estableció ayer nuevas normas
de protección de datos, con el propósito de reforzar la privacidad en
Internet, así como para simplificar la legislación correspondiente en
sus 28 integrantes y fortalecer la colaboración en materia policial y de
seguridad. Entre otros aspectos relevantes, la regulación requiere el consentimiento claro
de los consumidores para que su información privada pueda ser procesada por empresas o gobiernos y establece el llamado derecho al olvido
,
que permitirá a cualquier usuario de las redes pedir la eliminación de
sus datos no esenciales de los buscadores. Al mismo tiempo las normas
aprobadas permitirán una colaboración más estrecha y ágil entre las
instancias policiales y judiciales de los estados miembros de la UE, a
fin de mejorar la seguridad de la región, sometida a la amenaza de
atentados como el del mes pasado, en Bruselas, y el del 13 de noviembre
de 2015 en París.
Exigen la renuncia de la presidenta de la CDHDF
Ante la decisión de la
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Perla Gómez, de
rendir cuentas en privado de su gestión, a pesar de que la ley de esa
institución la obliga a hacerlo anualmente ante la Asamblea Legislativa
del DF, adonde acude la sociedad civil, resalta el nulo interés por su
labor. Consideramos que ante su notorio desgano, asociado a que durante
su gestión no ha emprendido acciones por la defensa de los derechos
humanos de los capitalinos, ante el desmedido incremento de edificios
fuera de normatividad, que en muchos de los casos conllevando una
inmisericorde tala de árboles, ni tampoco ha hecho algo significativo
ante la exasperante contaminación que invade nuestra ciudad, solicitamos
su dimisión a dicho cargo.
Para que resulten
socialmente pertinentes e históricamente situadas, es necesario que las
políticas educativas y sociales incluyan medidas articuladas para hacer
frente a la situación de emergencia social que vive el país,
particularmente a la desigualdad y a la violencia desbordada (Kruijt,
2008); reconociendo como llegamos a esta situación de deterioro social.
La palabra
desaparecer busca borrar a la persona y perderla en una tiniebla: ya no
está, quién sabe, ya no existe. (Palabra) perversa, le atribuye al
ausente la responsabilidad por estarlo: se fue, tal vez esté en otra
parte. Pero los desaparecidos no se fueron: se los llevaron. Alguien lo
hizo y sabe en dónde están.
Siendo la inclusión
financiera una de las principales iniciativas neoliberales, es difícil
aceptar el escaso debate existente entre quienes se proclaman enemigos
de ese modelo centrado en el dominio del capital financiero. El Banco
Mundial (BM) es el principal impulsor de la inclusión financiera, con el
objetivo de que toda la población del mundo sea dependiente del sistema
bancario que, en paralelo, se propone eliminar el dinero físico.
El día de hoy, 15 de
abril, en el municipio de Cherán, Michoacán, se está celebrando el
quinto aniversario del inicio del levantamiento por la defensa de sus
bosques, la seguridad comunitaria y la vida misma de sus habitantes, que
dio lugar a un proceso autonómico, mediante el cual las mujeres y los
hombres de este combativo pueblo purépecha enfrentaron exitosamente al
crimen organizado, los partidos políticos y las autoridades municipales,
estatales y federales, todos ellos coludidos en la misma estructura
sistémica de corrupción y muerte.
En la lectura de El Quijote se encuentran dos novelas superpuestas: la escritura externa y la inscripción interna (Unamuno). Así Cervantes logra que su Don Quijote
rompa con el encasillamiento, que habla, se conduce y deja traslucir la
escritura interna (Derrida) inscrita como un ser sin temporalidad, ni
espacialidad fija, que trasciende, se trasciende, nos trasciende y
continúa vivo a 400 años de su muerte, aniversario que se cumple la
semana próxima.
La organización civil Save the Children, con sede en esta capital
británica, reportó hoy que más de mil 250 menores de edad no acompañados
llegaron solos a las costas griegas en lo que va de 2016.
