Fuentes: El diario [Imagen: Cristina Riviera Garza firmó libros tras su charla en Casa Amèrica Catalunya. Lucía Franco de Paz]
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no
era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. El violador eras tú. (Lastesis)
La galardonada Cristina Rivera Garza relata cómo fue consciente que
después de casi tres décadas su duelo había llegado a un punto en el que
ya estaba preparada para relatar en un libro el feminicidio de su
hermana menor
Liliana Rivera Garza era lista, buena lectora, sagaz, con el carisma
de las líderes naturales, puntual, una estudiante de arquitectura
metódica en los estudios y en sus anotaciones en forma de cartas. Una
joven de 20 años que amaba la libertad pero no era libre. Una mujer que
hasta el último momento pensó que podía ganar. Hasta la madrugada del 16
de julio de 1990.
Liliana fue víctima de un feminicidio cuando en México la palabra no
existía (no se tipificó hasta junio del 2012). Cuando las asesinadas
eran consideradas víctimas del amor y no del odio. Pero las mataban por
desprecio, no por la pasión con las que se justificaban socialmente
estos crímenes.
Cristina es escritora de ensayo, cuentos y poesía. Además es
traductora y crítica literaria. Y también, o sobre todo, es la hermana
mayor de Liliana. Su única hermana. Es la mujer que 29 años, tres meses y
dos días después del asesinato, tras 29 años, tres meses y dos días
recordándola, se armó del valor necesario para reclamar el expediente de
investigación del asesinato de Liliana.
El verdugo, Ángel González
Ramos, sigue huido, pero esta escritora ha conseguido que el nombre de Liliana
no caiga en el olvido del silencio tras un duelo de tres décadas sin la honra
merecida ni las respuestas pendientes. Su libro ‘El invencible
verano de Liliana’ (Random
House), en el que relata el feminicidio de su hermana y excava sobre su vida,
le ha hecho merecedora del Pulitzer 2024 en la categoría ‘Memorias y
Autobiografías’.
La autora mexicana estuvo este
martes en la Casa Amèrica Catalunya. Habló del libro que había tratado de
escribir desde que empezó a escribir. Lo intentó muchas veces y confesó que
incluso hay dos manuscritos guardados que nunca verán la luz. Como admiradora
de Juan Rulfo planteó la obra de manera interdisciplinar, como la archivera que
accede a unas cajas que llevaban tres décadas cerradas y en las que encontró
los textos en distintos formatos de su hermana, pero también como la
exploradora de una vivencia personal dolorosa cuyo duelo había llegado a un
punto que le permitía ya relatarlo públicamente.
La pandemia hizo que todos nos
percatásemos de nuestra finitud vital y en el caso de la autora esa
concienciación implicó tener claro que ella no quería morirse sin haber
relatado la historia de su hermana.
El otro empujón, el punto en el
que Cristina Rivera fue consciente de que había llegado el momento, se lo
dieron Lastesis con una performance que dio la vuelta al mundo. Ese cántico en el que se denunciaba
que el patriarcado es un juez que juzga a las mujeres por nacer, que clamaba
contra la violencia que no se veía, contra la impunidad de los asesinos, que
llamaba feminicidios a los feminicidios y que con indignación proclamaba que la
culpa de una violación es siempre y solo del violador. “Son las palabras que
necesitaba para escribir este libro. Supe que mi duelo personal estaba en un
punto que me permitía escribir esto”.
Esta no es solo la historia de un feminicidio, es
también una historia de vida y de futuro.
“¿Por qué tardé tanto? Pasan
tantas cosas en treinta años. Pasa la muerte, sobre todo. No deja de pasar. La
muerte de miles y miles de mujeres. Sus cadáveres aquí, rondando. Atrás del
hombro. En los pliegues de las manos, que se aprietan. En la comisura de los
labios. Atrás de las rodillas, cuando se flexionan. Pasan aquí, al lado, a mi
lado; no dejan de pasar (…) El tiempo se agolpa y se contrae. Luego se
distiende otra vez. Un año. Tres años. Once años. Quince años. Veintiuno. Veintinueve.
Luego se contrae de nueva cuenta”, escribe la autora.
Las
mujeres de los barrios marginales de la ciudad india de Ahmedabad
trabajan desde casa en la sastrería, el bordado, la confección de
cometas, la elaboración de snacks o en la gestión de almacenes y la
venta al por menor de verduras y flores, sin apenas respiro ante las
brutales olas de calor que han ido empeorando constantemente. Hasta
ahora…
Seema
Mali en el patio de casa de una sola habitación en Odni Chawl, un
asentamiento informal de la periferia de la ciudad de Ahmedabad, en el
noroeste de India. Ella se dedica a la confección de guirnaldas de
flores, que luego vende a los devotos de un templo cercano durante las
primeras horas de la noche. Imagen: Manipadma Jena / IPS
AHMEDABAD, India – Seema Mali está desesperada.
No tiene defensas contra el calor brutal de este clima cambiante. Mali
elabora guirnaldas de flores frescas durante todo el año, pero sus
ingresos durante el verano boreal se han desplomado 30 % en los últimos
ocho a 10 años debido al calor extremo.
La India está experimentando un clima cálido sin precedentes entre
marzo y mayo año tras año. El 2023, fue el segundo más cálido registrado
en el país desde 1901, según el Departamento Meteorológico de la India
(IMD).
El año anterior, 2022, se produjeron 280 días de ola de calor en los
estados, y de marzo a mayo se produjo la temperatura más alta en 12
años. A principios de marzo de este año, el IMD advirtió que es probable
que la India en todos sus28 estados experimente un verano más cálido
de lo normal y más días de olas de calor de marzo a mayo.
“De repente, en 2014, las mujeres de 159 barrios marginales urbanos
de Ahmedabad con los que trabajamos estrechamente señalaron que el calor
extremo era su principal preocupación», dijo a IPS Siraz Hirani,
director de programas de la organización sin fines de lucro Mahila
Housing Trust (MHT).
Añadió que «el calor, las inundaciones y la amenaza de los mosquitos
relacionados con el cambio climático se dispararon superando las
demandas habituales de agua, baños o casas de ladrillo”.
La ciudad de Ahmedabad, en el occidental estado indio de Guyarat,
también registró temperaturas máximas de verano de 45,8 °C en 2022. En
2016, los 48 °C de un día de mayo batieron el último récord de 100 años
de la ciudad.
En mayo de 2010 se experimentó una ola de calor mortal sin
precedentes que duró una semana y alcanzó los 46,8 °C, lo que provocó un
exceso de 1344 muertes por todas las causas en comparación con el
promedio de muertes en mayo en 2009 y 2011. Esto impulsó a la
Corporación Municipal de Ahmedabad (AMC, en inglés) a elaborar un plan
de acción contra el calor en 2013, el primero del sur de Asia.
Un gran número de mujeres en los barrios marginales de Ahmedabad
trabajan desde casa en sastrería, bordado, confección de cometas,
elaboración de snacks o en la gestión de almacenes, venta al por menor
de verduras, flores y otros negocios. Tanto sus ingresos como su
presencia en la casa son fundamentales para las familias
multigeneracionales que viven juntas aquí. Los trabajadores a domicilio
representan el 18 % del empleo urbano en la India, según MHT.
Las mujeres más pobres del Sur global a menudo se enfrentan a las
peores condiciones climáticas extremas, dada la alta probabilidad de
trabajar en hogares mal equipados.
Guyarat tiene 1,68 millones de habitantes o 1 de cada 13 personas que
viven en barrios marginales. Ahmedabad ocupó el segundo lugar en cuanto
a población de barrios marginales, si bien es probable que estas
últimas cifras disponibles del censo de 2011 estén desactualizadas.
La mayoría, como Seema Mali, que vive en Odni Chawl (Odni se refiere a
los pañuelos con los que las mujeres indias cubren la parte superior
del cuerpo), un asentamiento informal donde los residentes viven en
casas de una sola habitación sin ventanas, con un techo de láminas de
metal y un solo ventilador de techo que es su única defensa contra un
sol abrasador.
Con estas precarias viviendas apiñadas, la ventilación en las callejuelas estrechas es prácticamente inexistente.
Nimaben
Harishbhai trabaja en su máquina de coser en su pequeña sala de costura
detrás de su casa en un barrio pobre de Ahmedabad, en el oeste de
India. Imagen: Manipadma Jena / IPS
¿Quién va a pintar los tejados de blanco?
“Las soluciones térmicas se probaron sobre el terreno en los
asentamientos marginales. Las mujeres votaron unánimemente que pintar
los tejados de las casas con pintura blanca reflectante del calor era lo
más eficaz”, dijo Hirani. La pintura reflectante del sol es un
revestimiento para tejados térmicamente aislante destinado a reducir la
temperatura del tejado.
MHT organizó la financiación para la compra de la pintura, el trabajo
de pintar en sí requería la cooperación de todos. ¿Quién lo haría? La
mano de obra contratada cobraría el equivalente a 6,03 dólares, más que
el salario diario del propietario de la vivienda. Los hombres, reacios a
perder un día de salario haciendo esto, se negaron a participar.
“Nosotras pintaremos”, afirmaron las mujeres. Con un poco de ayuda,
se capacitaron a sí mismas y a otros para realizar el trabajo
supuestamente de hombres. También pintaron los tejados de hojalata y
amianto de sus vecinos ancianos o enfermos.
“Cocinar mi almuerzo mientras lavo y pinto el techo de otro es el
compromiso habitual de nuestra comunidad”, dijo Nimaben Harishbhai,
lideresa comunitaria de 28 años y sastre a domicilio, cuyo lenguaje
corporal irradia confianza.
Nimaben instaló un termómetro digital de MHT en su nueva casa con
techo blanco e invitó a las hermanas de la comunidad a sentir la
diferencia entre sus casas con techo de hojalata y la de ella. «La
temperatura era claramente entre 3 y 5 grados más baja, más fresca si
había ventilación y árboles disponibles», dijo a IPS.
Muchos, como Nimaben, motivaron a otros. El efecto dominó fue
exponencial. Hoy en día, hay 32 000 tejados frescos en barrios
marginales de la ciudad con los que trabaja MHT.
Ha capacitado a 14 684 mujeres de barrios marginales como «Vikasini»,
el vocablo hindi que define a las mujeres que lideran el desarrollo.
También son especialistas en resiliencia climática, motivan y lideran a
otros, aprenden de expertos técnicos y colaboran con el municipio en
políticas climáticas para los pobres urbanos.
La
activista Niruben Badoria (segunda a la derecha) conversa con un grupo
de mujeres en el asentamiento informal de Odni Chawl. Imagen: Manipadma
Jena / IPS
Las mujeres ya no pierden horas de trabajo
«Perdían cuatro horas de trabajo diarias en las tardes de verano
debido a las temperaturas insoportables antes de optar por los techos
frescos», dijo a IPS Niruben Badoria, de 45 años, organizadora de campo
del MHT. “Los mayores gastos médicos relacionados con el calor les
quitaron una parte de sus ya reducidos ingresos”, señaló.
«Los calambres por calor, los mareos y los casos de insolación en
eventos extremos son comunes», dijo a IPS el médico Tejas Shah,
subdirector de salud de la Corporación Municipal de Ahmedabad (AMC, en
inglés), en su oficina en el sur de la ciudad.
«Los más afectados son los trabajadores al aire libre, las mujeres
embarazadas, los niños y los ancianos», manifestó el funcionario
gubernamental.
La deshidratación, las infecciones de la piel, las erupciones de
picazón y las infecciones del tracto urinario eran comunes, según indicó
la mayoría de las mujeres de Odni Chawl.
Lo que perjudicó a estas mujeres, que ponen comida en los platos de
sus familias numerosas con sus ingresos del mismo día, fue la pérdida de
ingresos diarios.
«Para cada uno de nosotros, sin importar en qué profesión trabajemos,
(la diferencia en) nuestros ingresos antes y después de colocar pintura
fresca en el techo es sustancial», dijo Seema Mali, de 35 años.
Mali está sentada con las piernas cruzadas, rodeada de caléndulas de
color amarillo atardecer, del tamaño del puño de un bebé, amontonadas en
cestas de bambú. Se cubren con sacos de yute color marrón humedecidos.
Las ensarta todo el día en docenas de guirnaldas. A primera hora de la
tarde, las entrega a los comerciantes del templo que las venden a los
fieles.
Los ingresos de verano de Malí se han desplomado en más de 30 % en
los últimos ocho a diez años debido al calor extremo, dijo a IPS esta
trabajadora a domicilio. “Con la ayuda de mi hermano, podría ganar 10
000 rupias (120,65 dólares) en un mes con las 20 000 rupias (241,25
dólares) en flores que compro como materia prima”.
A medida que el calor del verano subía regularmente por encima de los
40 °C, los ingresos comenzaron a caer al equivalente a 84,45 dólares,
lo que limitaba su capacidad para comprar suficientes materias primas.
«La habitación individual con techo de chapa se convierte en un horno incluso antes del mediodía», explica.
Cada 30 minutos, rociaba desesperadamente agua sobre los sacos de
yute, debajo de los cuales escondía las flores del calor. Al final de la
tarde, con la combinación de calor, agua y alta humedad, el recipiente o
base de la flor no se mantenía firme cuando la gruesa aguja lo
atravesaba y los pétalos se caían.
«El techo pintado de blanco ha sido de gran ayuda», afirma Mali. Los
ingresos han aumentado entre un 15 y un 20% en comparación con cuando no
había pintado el techo. Los días son más largos en verano y ahora
aprovecha las horas extra para ser más productiva.
Animada, ahora se cuida aún más. En verano sale de casa a las cuatro
de la mañana. En la oscuridad, se dirige al Jamalpur Phool Bazar, el
mercado de flores al por mayor más grande de Ahmedabad. Al amanecer, ya
pesó, pagó y trajo los dos grandes sacos de flores frescas de caléndula
al patio interior de su vivienda, antes de que el sol pueda quemarlas.
Nimaben, que cose ropa de mujer, dice que algunos días ha podido
duplicar sus ingresos después de optar por pintura fresca para techos.
“A primera hora de la tarde, estaba tan caluroso que apenas podía
sentarme durante una hora de la tarde en mi pequeña sala de costura de
4×8 pies. Si me dedicaba a las tareas domésticas, de alguna manera
lograba coser una prenda que costaba 300 rupias (u$s 3,62)”, dijo
Nimaben, madre de un bebé de un año. «Ahora también puedo trabajar por
las tardes, por lo que la producción es mayor», afirmó.
«También ahorramos en nuestra factura de electricidad», añadió
Nimaben. Extiende sus facturas de electricidad sobre la cama. Reflejan
un ahorro superior a 50%.
“La nevera portátil se utiliza mucho menos; los ventiladores ya no
funcionan durante todo el día y la noche y la ventana apenas abierta
garantiza que la luz no esté encendida durante 15 horas al día”,
explicó.
Hace dos años, Nimaben y su esposo Harishbhai decidieron modificar su
casa ancestral de 50 años para obtener más ventilación cruzada a medida
que el calor se hacía extremo. Viven junto a sus ancianos padres y sus
tres hijos. Harishbhai gana 350 rupias (u$s 4,22) al día puliendo
utensilios de acero inoxidable.
Han inscrito a su hijo mayor en una escuela privada de nivel medio de inglés para que tenga “mejores oportunidades en la vida”.
«Necesitamos todos los ingresos que podamos gestionar, pero el calor
nos está robando una gran parte de nuestros ingresos», dijo Nimaben a
IPS. “El techo blanco ha detenido al ladrón”, añade, sonriendo ante su
propio ingenio.
Las otras mujeres sentadas allí asintieron vigorosamente. Su suegra,
de 60 años, una trabajadora que recogía viejas barras de hierro de casa
en casa, añadió que el calor del verano empezó a aumentar
perceptiblemente cuando tenía 35 años, es decir, hace 25 años, más cerca
del año 2000.
Se prevé que la demanda de refrigeración en la India se multiplicará
por ocho para 2038 y, para 2050, podría contribuir hasta el 45% de la
demanda máxima de energía del país, según Hirani.
Las mujeres de barrios marginales, campeonas climáticas
En 2017, AMC comenzó a formular un programa de techos fríos; entre
otros, buscó aportes de las comunidades urbanas pobres. Convencido de la
eficacia de los tejados blancos después de visitar los barrios
marginales de MHT, el organismo cívico invitó a las mujeres líderes
climáticas a colaborar en sus políticas de calefacción.
En ese momento, Vikasinis de MHT ya había desarrollado una variedad de soluciones efectivas y de bajo costo.
Para los tejados calientes que atrapaban el calor, idearon techos
modulares, habitaciones con ventilación cruzada, usando materiales de
construcción naturales como láminas de techo corrugadas de bambú y
paredes de esteras de bambú aseguradas sobre marcos de hierro, usando
gruesas capas de enredaderas para enfriar los techos de hojalata, así
como techos revestidos de material aislante.
“La participación de las comunidades de barrios marginales es
imprescindible para la implementación a gran escala de techos frescos.
La municipalidad de la ciudad carece de fondos para pintar los techos de
millones de viviendas de barrios marginales. MHT está haciendo un buen
trabajo motivando a las comunidades a pintar sus propios techos”, dijo a
IPS el médico Tejas, de AMC, sugiriendo que las grandes empresas indias
de pintura deben incluir los techos fríos en sus políticas de
responsabilidad social corporativa.
Por otro lado, en el marco del programa de vivienda del gobierno
federal para los económicamente pobres, AMC garantiza tejados con
mosaicos chinos, que también desvían los rayos del sol y son más
duraderos.
«Para la AMC, sus políticas de calor se centran principalmente en la reducción de riesgos para la salud», detalló Tejas.
Las mujeres líderes climáticas han logrado ampliar la conversación
sobre políticas para incluir la adaptación climática para la protección
de los medios de subsistencia y la calidad de vida en general en los
asentamientos marginales.
Estas iniciativas de mujeres sobre techos frescos se alinean con el
Plan de Acción de Refrigeración de la India (ICAP, en inglés) del
gobierno indio, que trabaja para lograr la refrigeración en todos los
sectores, incluida la promoción de la refrigeración pasiva en los
edificios. El plan tiene como objetivo reducir la demanda de
refrigeración entre 20 % y 25 % y la demanda de refrigeración entre 25 %
y 30 % para 2037.
“Después de asociarnos con la corporación municipal, ganamos mucha
confianza y pudimos hablar frente a los oficiales. Somos reconocidas.
Cuando se pidieron ‘certificados de no objeción’ de la oficina municipal
para instalar nuestros medidores de electricidad, yo sola hice el
trabajo no sólo en nuestra casa sino también en la de otras personas»,
dijo Nimaben a IPS.
https://x.com/AFArganzuela/status/1801994254287261851/photo/2.-Ciudad
de México.- Nora Cortiñas, una de las cofundadoras de Madres de Plaza
Mayo, falleció el pasado 30 de mayo en Morón, Argentina, a sus 94 años,
tras una vida dedicada a encontrar a su hijo Carlos Gustavo Cortiñas
desaparecido durante la dictadura militar en la década de 1970, ella
llegó a convertirse en una destacada voz mundial en defensa de los
derechos humanos.
«Nora
Cortiñas es un faro de dignidad y resistencia. Su ejemplo nos guía en
la búsqueda de un mundo donde los derechos humanos sean respetados y
defendidos», declaró Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza
de Mayo.
A esta mujer, junto con el grupo de madres y abuelas
buscadoras en Argentina, se les atribuye un legado de lucha heredado por
jóvenes feministas en América Latina, quienes portan un pañuelo como
símbolo de exigencia por derechos humanos, por ejemplo, la Marea Verde.
Desde
el momento de la desaparición de Carlos Gustavo, su madre emprendió una
búsqueda, al solicitar información de oficina en oficina pública, donde
se encontró con respuestas evasivas, funcionarios militares y del
gobierno que la exhortaban a que dejara de buscar, hoy, aún se desconoce
el paradero de su hijo.
Al mes de la desaparición de su hijo,
Nora Cortiñas se unió a un pequeño grupo de madres que se reunieron para
exigir información sobre sus hijos desaparecidos.
Desde su
muerte, no ha dejado de recibir reconocimientos a una vida de lucha, por
ejemplo, Myriam Bregman, abogada y diputada nacional del Frente de
Izquierda en Argentina, a quien se refirió con cariño a ella como Nori,
la describió como «todas las luchas las sentía como propias», por eso se
ganó la frase: era la madre de todas las luchas.
"Norita supo abrazar todas las violaciones a los derechos humanos para pelear contra ellas"
Myriam Bregman homenajeó a Nora Cortiñas en la Cámara de Diputados: "Todas las luchas las sentía como propias". pic.twitter.com/n0FsJY99Gn
Un
30 de abril de 1977, 14 mujeres se reunieron por primera vez frente a
la casa Rosada, sede del poder Ejecutivo de la República Argentina,
ubicada en el centro histórico de la ciudad capital de Buenos Aires; lo
hicieron en plena dictadura, para exigir información sobre sus hijas e
hijos que habían sido secuestrados y de los que no se sabía nada.
Argentina,
en ese entonces, estaba bajo el gobierno militar de Jorge Rafael Videla
(1976-1983) y estaba cubierta por un régimen terrorista de Estado, que
justificó su accionar violento con el proyecto denominado “Proceso de
Reorganización Nacional” que, a partir de prácticas de represión y
terror, acechó a un la población civil opositora.
Diariamente,
fueron víctimas de secuestro, tortura, asesinato y desaparición forzada
personas intelectuales, artistas, militantes de partidos, periodistas,
profesionales, líderes religiosos y dirigentes populares quienes
organizaban y movilizaban a los sectores enfrentados con la dictadura.
La
propuesta de la movilización del primer colectivo de las Madres de la
Plaza de Mayo surgió de la iniciativa de Azucena Villaflor, quien
después de que su hijo, Néstor de Vicenti, y su compañera, Raquel
Mangini, fueran secuestrados el 30 de noviembre de 1976, comenzó una
búsqueda incansable. En dicho proceso se encontró con otras mujeres,
quienes también buscaban a sus hijos, como el caso de Nora Cortiñas.
En
1986, las Madres de Plaza de Mayo se disolvieron en medio de divisiones
internas: un bando presionó para realizar actividades más combativas.
Esto provocó enfrentamientos entre sus integrantes, como la propia
Cortiñas, sobre las exigencias que debían plantear bajo un gobierno
democrático.
Cortiñas se convirtió en lideresa de una rama conocida como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
La
organización que creó junto con otras madres de Argentina contribuyó a
centrar la atención internacional en los abusos cometidos por la
dictadura militar y continuó presionando al gobierno argentino para
obtener respuestas, tras la restauración de la democracia.
🖤Con
profundo dolor, despedimos a nuestra hermana de lucha Nora Cortiñas,
referente indiscutida del movimiento de derechos humanos en la
Argentina.
— Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) May 30, 2024
A
lo largo de las décadas, Nora Cortiñas participó en innumerables
marchas, conferencias y eventos internacionales, llevando su mensaje de
justicia y memoria a diversos rincones del mundo. Su trabajo no se
limitó a Argentina, pues su apoyo se extendió a las causas de los
derechos humanos en países como Chile, Uruguay, México y España, entre
otros.
Su labor ha sido reconocida con numerosos premios y
distinciones, incluyendo el Premio Internacional de Derechos Humanos de
la Fundación Friedrich Ebert y el Premio de Derechos Humanos Emilio
Mignone.
Carlos Gustavo, hijo de Cortiñas, desapareció el 15 de
abril de 1977. Estudiaba economía en la Universidad de Buenos Aires y
militaba en un grupo político de izquierda, lo que le convirtió en un
objetivo de la dictadura de derecha que tomó el control de Argentina en
1976 mediante un golpe de Estado.
Gustavo estaba por cumplir 25 años, era militante de la Juventud Peronista
en un barrio de Buenos Aires y trabajaba en el instituto de
estadísticas INDEC, cuando fue secuestrado por un grupo militar. Es una
de las 30 mil personas desaparecidas que, según organizaciones de
derechos humanos, dejó la dictadura en Argentina.
Con
profundo dolor, lamento el fallecimiento de Nora Cortiñas, un símbolo
incansable de la lucha por los derechos humanos en Argentina.
Su legado y valentía nos seguirán inspirando. Mis condolencias a su familia y seres queridos. pic.twitter.com/ZSa9eID8Ju
Nora
Cortiñas también ha sido una ferviente defensora de la educación y la
conciencia histórica. Trabajó para garantizar que las nuevas
generaciones comprendan la importancia de los derechos humanos y la
historia reciente de América Latina.
A través de charlas en
escuelas, universidades y organizaciones comunitarias, inspiró a jóvenes
a involucrarse en la defensa de los derechos y la justicia social.
A
lo largo de su vida, Nora Cortiñas fue una presencia activa en la vida
pública. Recientemente, participó en la presentación de un informe sobre
la situación de los derechos humanos en América Latina, donde destacó
la importancia de la solidaridad internacional y la necesidad de
mantener viva la memoria histórica.
«Nuestra lucha es por todos
aquellos que sufrieron y siguen sufriendo injusticias. Es una lucha por
un mundo más justo y humano», expresó Cortiñas ante una audiencia
conmovida.
A 82 meses de la Desaparición Forzada de Santiago Maldonado, seguimos exigiendo Verdad y Justicia.
El
impacto de Nora Cortiñas en la sociedad fue innegable. Este año, en
reconocimiento a su trayectoria, se ha inaugurado en Buenos Aires un
mural en su honor, realizado por jóvenes artistas. Además, diversas
organizaciones están planificando una serie de eventos y homenajes para
celebrar su vida y su legado.
La madre buscadora de Argentina
continuó su lucha con la misma energía y determinación que mostró
durante toda su vida. Su compromiso inquebrantable con los derechos
humanos y la justicia seguirán siendo una fuente de inspiración y
esperanza para muchos.
En cada lugar en que alguien necesitaba
solidaridad estaba ella, “Norita”, que nunca dejó de luchar “ni dormida”
como decía y de estar presente como un extraño duende con amorosas
alforjas que iba repartiendo por la vida. A sus 94 años participó de
todas las marchas de este año tan duro y difícil. Lo hizo hasta pocos
días antes de ser internada en un hospital donde falleció.
La Búsqueda de Justicia
Durante
los años más oscuros de la dictadura, las Madres de Plaza de Mayo
enfrentaron persecución, amenazas y represión. Sin embargo, su
determinación continuó. Con pañuelos blancos en la cabeza, continuaron
marchando cada jueves, visibilizando la causa de las y los
desaparecidos.
Con la llegada de la democracia en 1983, las Madres
intensificaron su lucha, exigiendo no solo la verdad sobre el paradero
de sus hijas e hijos, sino también justicia para los responsables de las
violaciones de derechos humanos. Su incansable labor contribuyó a la
realización de los Juicios por la Verdad y al posterior juzgamiento de
numerosos represores.
Diversificación del Movimiento
Con
el tiempo, el movimiento se diversificó en dos organizaciones: Madres
de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la Asociación Madres de Plaza de
Mayo. Ambas comparten el objetivo de buscar justicia, aunque han
adoptado enfoques diferentes en sus actividades y discursos.
Madres
de Plaza de Mayo Línea Fundadora se ha enfocado en el trabajo conjunto
con otras organizaciones de derechos humanos y en la educación,
promoviendo la memoria histórica y la formación de nuevas generaciones
en la defensa de los derechos humanos.
La Asociación Madres de
Plaza de Mayo, por su parte, ha desarrollado proyectos educativos y
sociales, como la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo y
programas de vivienda para los más necesitados.
El impacto de las
Madres de Plaza de Mayo trasciende las fronteras de Argentina. Su lucha
ha sido reconocida internacionalmente, recibiendo múltiples premios y
honores, y sirviendo de inspiración para movimientos de derechos humanos
en todo el mundo.
La democracia mexicana se encuentra enferma: Cortiñas
En
una visita a México para participar en el Foro Internacional sobre las
Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, una de las mujeres emblemáticas
de la resistencia en la dictadura argentina de los años 70, le concedió
una entrevista a la periodista Lucía Laguna Huerta, que fue difundida
por Cimacnoticias el 29 de mayo de 2017, donde hizo referencia a que la
democracia mexicana se encuentra enferma y sus síntomas son la
desaparición, el asesinato de periodistas y personas defensoras.
Si
alguien sabe de desaparición y la lucha por la verdad es ella, quien a
sus 87 años de edad, en el momento de la entrevista hace siete años,
sigue demandando la presentación con vida de su hijo Gustavo,
desaparecido por su lucha política un 15 de abril del año 1977, fecha en
la que ella se transformó de ama de casa en defensora de la libertad y
la democracia.
Tras cuatro décadas de la exigencia por la
presencia de las personas desaparecidas, el derecho a la verdad y la
justicia, Nora sigue dándose cita en la Plaza de Mayo, frente a la Casa
Rosada, la casa de gobierno argentino, donde cada madre de alguna hija/o
desaparecida se transformó en la madre de 30 mil jóvenes desaparecidos,
que la dictadura de Jorge Rafael Videla arrebató de sus familia.
Desde Buenos Aires, Argentina, Cimacnoticias hizo una cobertura especial, en octubre del 2022, donde la periodista Cirenia Celestino Ortega pudo llegar hasta donde se puede conocer de primera mano a las madres de la Plaza de Mayo.
Ahí,
Celestino Ortega detalló que lucen fuertes y, lejos de la tristeza que
causa la desaparición, su resistencia es alegre y sonriente.
Pina, Visitación y Carmen, son las Madres que la recibieron.
Cirenia Celestino Ortega
La
lucha de las Madres de Plaza de Mayo es acompañada por otras y otros,
cercanos, familiares, personas que van pasando y se suman
respetuosamente para escuchar a las madres, algunas de ellas en silla de
ruedas tras el paso de los años.
Las madres y acompañantes
rodean la Pirámide de Mayo, monumento central de la plaza de mayo,
mientras gritan y exigen “presentación con vida, juicio y castigo a los
culpables”.
Como en cada rincón del mundo, las mujeres están
presentes. Como víctimas de la dictadura con las graves violaciones a
derechos humanos, tortura sexual entre ellas. Hoy la voz es de las
mujeres, como luchadoras sociales y como quienes mantienen vivo el
movimiento con el pañuelo blanco como insignia, para la vida y la
libertad.
.-A
propósito de la discusión sobre el sistema judicial que plantea la
propuesta presidencial y el plan C, me parece muy importante aterrizar
la discusión en casos concretos. Por ello, en esta ocasión traigo dos
ejemplos de lo que las mujeres enfrentan cuando hablamos de justicia.
El
primer caso es el de Sanjuana Maldonado, una mujer acusada de un
secuestro que no cometió. Tras 15 años de prisión injusta, el pleno del
Congreso del estado de San Luis Potosí votó por su indulto, solicitado
por 22 mil firmas.
El segundo caso, aún más aterrador, es el de
Samanta y su hija Victoria. Victoria nació viva en el Cereso Femenil de
Aguascalientes, pero después de un mes de que la autoridad la declarara
muerta, se descubrió que el cuerpo que les entregaron era de un bebé
masculino. Esto abre la sospecha de lo que pudo haber sucedido con la
bebé Victoria.
Estos son solo dos casos en entidades distintas.
Mujeres que, por las circunstancias que las rodean, enfrentan juicios
sexistas y represalias institucionales misóginas por levantar la voz y
buscar justicia. Lo común en ambos, además de la injusticia, es el
acompañamiento de organizaciones que arrojan luz sobre estos casos, pero
cuántos más siguen en la sombra de la impunidad y el abuso de
autoridad.
Aun cuando en nuestro país desde hace 24 años existe el
Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, este es poco conocido
por parte de quienes juzgan y mucho menos aplicado, por considerarlo
innecesario. Ninguno de los cuatro ejes que contempla la reforma integra
esta visión para garantizar que la justicia patriarcal sea erradicada.
Los
efectos sexistas en el sistema judicial afectan a mujeres concretas, en
su gran mayoría mujeres pobres con poco acceso a recursos de defensa.
Sus inocencias y libertades están en manos de defensores públicos que
llevan cientos de casos y eso es lo único que tienen.
Sanjuana
Maldonado Amaya fue detenida ilegalmente en 2009 y, bajo un proceso
plagado de irregularidades, fue criminalizada en un contexto de guerra
contra el crimen organizado, violencia de género y alta marginación.
A
pesar de la falta de pruebas que acreditaran su participación en el
supuesto delito, fue condenada a una pena desproporcionada de 30 años de
prisión. Su caso llegó a una organización civil y hoy, el Congreso
Estatal de San Luis Potosí votó de manera unánime su indulto,
devolviéndole su libertad.
Samanta, por su parte, representa al 86
por ciento de las mujeres privadas de libertad que son madres, quienes
nunca dejan de estar al pendiente de sus hijas e hijos. Se embarazó en
2023 estando en prisión, sin seguimiento adecuado a su gestación. El
descuido de las autoridades penitenciarias de Aguascalientes se refleja
en la colocación de un DIU sin confirmar que no estuviera embarazada.
Con tres meses de gestación y un DIU recién colocado, se confirmó el
embarazo de Samanta.
A pesar de tener un diagnóstico de embarazo
de alto riesgo, las autoridades del Cereso Femenil de Aguascalientes la
destinaron a trabajos pesados en la cocina. A los cinco meses y medio de
gestación, Victoria nació en el módulo 4, siendo recibida por la
compañera de celda de su mamá, quien es enfermera titulada por la UNAM.
Gracias a la generosidad de las presas, Victoria tuvo agua hervida y
ropa limpia para ser cubierta. Madre e hija fueron trasladadas al
Hospital de la Mujer de Aguascalientes.
Victoria, por ser
prematura, fue trasladada al hospital Tercer Milenio y Samanta quedó en
el Hospital de la Mujer, donde, a pesar de estar contraindicado, le
practicaron un legrado.
Minutos después, las autoridades del
Hospital de la Mujer le informaron a Erick, padre de Victoria, que ella
había muerto. Él jamás la vio y los supuestos restos de Victoria fueron
entregados en un ataúd cerrado a la abuela materna, quien solo vio el
rostro de un bebé.
Un año después del nacimiento de Victoria y
tras un largo litigio por negligencia en la atención del embarazo de
Samanta, se enteran de que en la carpeta 13760/05/23 se habla de la
muerte intrauterina de un niño varón ¿Dónde está Victoria y qué pasó con
ella? Son preguntas que siguen sin respuesta.
En tanto, Samanta
vive la represión institucional de las autoridades carcelarias por la
denuncia pública del caso. Tras las crisis emocionales que sufre por la
supuesta muerte de Victoria y las distintas violencias vividas, es
amarrada de pies y manos a su cama en la prisión.
Para mujeres
como Samanta y Sanjuana, la reforma al Poder Judicial no les garantiza
cero impunidades, ni tampoco a las 12 mil 700 mujeres privadas de su
libertad con sentencia o sin ella, quienes quedan atrapadas en un
sistema que se ensaña con ellas por el simple hecho de ser mujeres.
De esto estamos hablando cuando hablamos de justicia.
Ciudad
de México.- Esta mañana en sesión ordinaria, el Congreso de San Luis
Potosí concedió el indulto a Sanjuana Maldonado Amaya, tras 15 años en
vivir en condiciones de reclusión acusada de un secuestro que no
cometió, su caso estuvo marcado por graves violaciones a Derechos
Humanos desde su detención ilegal hasta irregularidades procesales y a
lo largo de este tiempo fue criminalizada hasta el día de hoy que
alcanzó el camino para su liberación.
Sanjuana con este indulto,
deberá salir inmediatamente de prisión una vez que el decreto sea
publicado en el Periódico Oficial del Estado, hay que recordar que
actualmente se encuentra interna en el Centro de Reinserción Social de
“El Xolol” en Tancanhuitz, San Luis Potosí.
Luego de tener todo en
contra, lo único que podía liberar a Sanjuana de la condición de
reclusión era este indulto o recurrir a un tribunal internacional como
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afortunadamente para
ella, se evitó llegar ante el Sistema Interamericano y tardar otros 10
años de litigio.
Así que su caso fue llevado hasta el Congreso de
San Luis Potosí para que le fuera otorgado el indulto, por lo que
requería para su aprobación la votación en favor del dictamen de, al
menos, 15 congresistas, es decir, la mitad del pleno más uno.
Previamente, el dictamen fue aprobado por unanimidad, por eso pasó al
pleno esta mañana.
Durante la sesión de hoy, la diputada Yolanda
Josefina Cepeda Echavarría presidenta de la Comisión de Salud y
Asistencia Social, se refirió a congresistas al decir que: “hicieron lo
correcto al conceder el indulto al respecto de la pena impuesta a San
Juan a Maldonado, aunque no hay forma de regresar el tiempo es mi más
sincero deseo que su vida sea reivindicada”.
Además hizo un
reconocimiento “la importancia y la valía de la sociedad civil
organizada concretamente aplaudo la labor de Perteneces, quienes
encabezaron la causa Sanjuana libre”.
Sanjuana Maldonado fue
sentenciada en 2009 a 30 años de prisión por el delito de secuestro en
el que, según evidencia su expediente, ni siquiera participó. Sin
embargo, una deficiente defensa y la, entonces presente, “guerra contra
el narcotráfico”, explican que no se haya probado su inocencia.
A
inicios del presente año, la asociación civil Perteneces, tomó su caso e
impulsó una campaña para la liberación de Sanjuana a través de la
figura de indulto, dado que judicialmente ya no hay forma de revertir la
sentencia impuesta.
La solicitud de indulto fue presentada por la
organización el pasado 15 de febrero ante el Congreso del Estado y en
abril se entregaron 17 mil 500 firmas como respaldo a la petición.
El
13 de junio en sesión de las comisiones de Justicia y Gobernación del
Congreso del Estado de San Luis Potosí se analizó el proyecto de decreto
que, “sustentado en los artículos 57 fracción XLV de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y 20 fracciones
II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis
Potosí, por el que concedería el indulto a Sanjuana Maldonado Amaya”, de
acuerdo con información otorgada por la propia AC.
Diputada
Yolanda Josefina en su discurso a favor de Sanjuana, reiterando que no
hay forma de regresar el tiempo y revertir los daños, sin embargo el
otorgamiento del indulto puede ser clave para el camino hacia la
justicia ⚖️@CongresoEdoSLP#SanjuanaLibrepic.twitter.com/e8dDrMF9fT
El
caso de Sanjuana Maldonado se dio a conocer a profundidad en una serie
de reportajes de investigación sobre Justicia Patriarcal, desarrollado
por CIMAC en 2019:
Sanjuana, San Luis Potosí, 30 años de prisión por un secuestro que no cometió
“Les
pido perdón si en algo me equivoqué, si tomé una mala decisión, y les
pido una segunda oportunidad para estar con mi hijo”. Es la solicitud
que hizo Sanjuana Maldonado Amaya, potosina sentenciada a 30 años de
prisión por secuestro agravado, un delito que asegura no cometió.
Su
caso enfrentó irregularidades como no haber sido llevada directamente
ante una autoridad; una defensoría deficiente que, pese a las pruebas
ofrecidas, no pudo comprobar su inocencia, y la inaplicación del
protocolo para juzgar con perspectiva de género.
Sanjuana vivió
hasta los 18 años en la localidad de Charco Cercado, en el municipio de
Guadalcázar. A esa edad emigró para estudiar la licenciatura en
informática en el Instituto Tecnológico de Matehuala.
Le faltaba
un semestre para concluir la carrera cuando conoció en noviembre de 2008
a José Cruz de la Rosa Rodríguez, quien se convirtió en su pareja. Ella
nunca supo con certeza en qué trabajaba, pero cuando fue detenido
declaró que era lavacoches.
“Yo
estaba sola ahí, en Matehuala, trabajaba (como cajera en una tienda de
autoservicio) y estudiaba. Yo veía que él llegaba constantemente a la
tienda y me preguntaba: ‘¿Cómo estás, hija, qué tienes, qué te hace
falta, quieres que te lleve a la escuela, quieres que vaya por ti?’
Cosas de esas, detallitos que yo sí agradecía. Él tenía 36 años en ese
entonces, yo tenía 21, iba a cumplir 22 apenas”.
Con el tiempo,
José Cruz ejerció un control absoluto sobre Sanjuana, lo que afectó su
desempeño en la escuela y la relación con su familia. Es por eso y
porque “se exaltaba” que Sanjuana pensó en separarse.
El temor de Sanjuana
“Lo
que me causó un poco de temor fue cuando lo dejé y me fui para el
rancho. Él no sabía dónde vivía, pero ese mismo día llegó hasta la
puerta de la casa de mis papás, y yo dije: ¿cómo supo dónde vivo, cómo
dio con mi familia?”.
Sanjuana relata que aceptó volver a su lado
porque la amenazó con suicidarse si no lo hacía. El chantaje, además de
la violencia psicológica, fueron constantes en su relación, que duró
siete meses. Ella se sentía comprometida con José Cruz porque siempre
pensó que se casaría con la primera persona con la que tuviera
relaciones sexuales.
Obligada a hacer un cobro
De
acuerdo con la declaración de Sanjuana, consignada en la toca
1198/2011, el 22 de mayo de 2009 fue a buscar a José Cruz y lo encontró
en compañía de su sobrino Jonathan. Estaban los tres juntos cuando se
aproximaron un par de vehículos, de los que descendieron dos hombres.
Uno se acercó a Sanjuana.
“Me
preguntó mi nombre completo, se lo di. Que si traía credencial, a lo
que respondí que sí, se la di porque pensé que eran policías, y me pidió
que si le podía hacer un favor de retirar un dinero de Elektra, que iba
a obtener una ganancia, porque él no traía identificación, a lo que
respondí que no, porque no sabía de dónde era ese dinero. Y en ese
momento me abrazó y me dijo que cooperara, que ellos ya sabían todo
acerca de mí y de mi familia, y que si no, les harían daño, y le
respondí que sí, por miedo”.
Sanjuana preguntó a su novio si sabía
quién era esa persona. Él le dijo que no, pero que mejor “le hiciera el
favor”. En su declaración, José Cruz confesó que lo conocía por su
apodo del Negro, ya que era su cliente desde hacía un año, pues le
compraba cocaína.
José Cruz detalla que, ese día, el Negro le
pidió el nombre y la credencial de elector de tres personas para
realizar el cobro de un depósito, ya que él no podía hacerlo por no
tener el documento. “En ese momento le di el nombre de mi novia Sanjuana
Maldonado y Jonathan de la Rosa (su sobrino)”.
Cuenta José Cruz
que incluso el Negro le proporcionó un celular para que se mantuvieran
en contacto. “Quiero aclarar que el Negro nunca nos dijo cuánto dinero
nos iban a depositar y por qué concepto eran los depósitos y a mí
tampoco se me ocurrió preguntarle (…) solo le iba a hacer el favor
porque me iba a pagar la cantidad de 300 pesos, al igual que a mi
novia”.
El día en que se efectuaría el cobro, relata Sanjuana en
su declaración, José Cruz pasó a buscarla para ir a una tienda de
autoservicio. Ahí se encontraron a Jonathan; en ese momento, Sanjuana
preguntó a dónde se dirigían, y José Cruz contestó que a cobrar un
dinero.
Refiere que, al llegar a Elektra, José Cruz y Jonathan
fueron a recoger el depósito, pero ella se negó a hacerlo. “Yo no iba a
cobrar ese dinero porque no sabía de quién era y de qué se trataba (…)
me quedé afuera a esperarlos, fue cuando ellos se fueron a la tienda y
primero sale su sobrino Jonathan sin percatarme si traía el dinero ni
cuánto era y fue cuando en ese momento nos detienen, nos tiran al piso y
nos dicen el porqué de la detención (…) ahí me pude dar cuenta que
venía igual mi novio detenido con nosotros y fue cuando nos trasladaron
aquí a donde me encuentro (…) la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada)”.
En la SIEDO
—Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO)—, Sanjuana permaneció esposada, con los ojos
vendados. En los interrogatorios, con jaloneos y gritos le pedían que
revelara “para quién trabajaba”.
En el expediente del caso se
revela que el dinero que cobrarían Sanjuana, José Cruz y Jonathan era el
pago de un rescate. Fueron acusados de secuestro agravado en contra de
Gerardo de la Rosa Hernández, comerciante de ropa en ferias y tianguis.
Su esposa, Marisol Sánchez, declaró que recibió llamadas telefónicas en
las que le pedían inicialmente un pago de cinco millones de pesos.
Aunque
en el expediente se comprueba que a Sanjuana —al igual que a su novio y
a Jonathan— solo se le pidió el “favor” de hacer un cobro a cambio de
300 pesos, fue encontrada culpable del delito de secuestro agravado.
El
18 de abril de 2011, dentro de la causa penal 59/2009, el juez primero
mixto de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en Matehuala le
dictó una condena de 30 años de prisión y una sanción pecuniaria de 103
mil 900 pesos.
Se interpuso una apelación y, el 28 de noviembre
de 2011, el juez Álvaro Eguía Romero, de la Primera Sala del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, ratificó la
sentencia.
Lo único que relaciona a Sanjuana con el hecho y que
bastó para que el juzgador la considerara responsable, es que su nombre
fue utilizado para cobrar una parte del rescate por el secuestro de
Gerardo de la Rosa Hernández. Su esposa logró reunir 77 mil 000 pesos,
que depositó en dos montos.
Aunque el envío se realizó a su nombre, Sanjuana no cobró ese dinero, ya que desconfiaba del origen.
Víctima de las circunstancias
Para
Fabiola Rivera Rojas, abogada experta en derecho penal, género y
derechos humanos, quien supo del caso hace seis años, los jueces que
condenaron a Sanjuana no contaban con elementos suficientes para
vincularla con el secuestro, pues ni privó de la libertad a una persona,
ni buscó un lucro y/o remuneración por este hecho, ni participó en el
delito con tres o más personas o hizo que se prolongara más de tres
días.
Ninguna de estas acciones punibles se cumplió en su caso;
más aún, insiste, sin existir la primera, no podrían culparla del resto.
“Lo
que hizo que Sanjuana tuviera una sentencia condenatoria, sin duda, fue
la ausencia de un análisis jurídico con perspectiva de género. Me
parece, y es sumamente importante señalarlo por la fecha en que se da la
sentencia, noviembre de 2011, cuando (en junio se hizo) la reforma
constitucional de derechos humanos que obligaba a las y los jueces y a
las y los magistrados de todos los niveles a revisar las condiciones
específicas de Sanjuana”, señala Rivera Rojas.
“Nadie se da
cuenta de que ella era víctima de las circunstancias porque era pareja
de un sujeto que trabajaba para la criminalidad organizada. Sanjuana no
lo sabía y no estaba obligada a saberlo porque había un contexto que
determinaba su particularidad y que ella estuviera en esa relación, pero
que nada tenía que ver con la situación de criminalidad de su pareja,
algo que sabemos que le pasa a muchísimas mujeres en este país”.
Según
Urenda Queletzú Navarro Sánchez, abogada penalista e investigadora de
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), en el caso de
Sanjuana se debieron atender criterios como el contexto de violencia que
pudo haber vivido, y establecer las relaciones asimétricas de poder que
pudieron haber condicionado sus acciones.
Lo primero que
recomiendan los protocolos cuando la imputada es una mujer, precisa
Navarro Sánchez, es analizar si existe alguna relación de desequilibrio
de poder con relación a los hechos y a su participación en el delito.
Lo segundo es indagar si existía un contexto o continuum de
violencia, esto es, el conjunto de violencias sistemáticas que pueden
sufrir las mujeres, “lo cual no se reduce a la violencia física, sino a
la relación que pueden tener con sus agresores, en muchos casos sus
parejas, para condicionar su actuación, para ejercer violencia económica
o patrimonial, o para introducirlas en el crimen organizado, un ámbito
en el que se suele olvidar que también se reproducen las prácticas
patriarcales”.
En la sentencia de Sanjuana, el juez Eguía Romero
razona que ella debió negarse a cobrar el rescate porque contaba con
estudios de licenciatura.
“Por su grado de instrucción, estudiante
de profesional pues estudiaba en el Tecnológico de Matehuala, es claro
que no resulta creíble que haya proporcionado sus datos a desconocidos y
acudido a cobrar el dinero, máxime que de las declaraciones de los
coinculpados no se aprecia que Sanjuana haya sido coaccionada de ningún
modo para proporcionar tales datos, ni acudir a cobrar el rescate”.
Esta
idea se retoma en diversas ocasiones a lo largo de la sentencia: “No es
muy acertado el proceder de una persona que proporcione sus datos
personales a desconocidos para cobrar un dinero cuya procedencia se
desconoce, y hacerlo resulta poco creíble, máxime que todos los
inculpados saben leer y escribir”.
Los argumentos del juez no
mencionan la relación asimétrica de poder que existía entre Sanjuana y
José Cruz, pues como se mencionó, ella estaba dispuesta a hacer lo que
le pidiera, como cuando le dice que mejor le haga el favor al Negro.
Descarta también que haya recibido alguna amenaza, por considerar que no
existen pruebas que lo confirmen.
No se analizaron ni el contexto
familiar ni las costumbres de Sanjuana, y se desestimaron los análisis
psicológicos elaborados por Martha Idalia Vargas García que, según
Rivera Rojas, la señalan como una persona no peligrosa.
También se
desecharon las declaraciones de sus familiares —su padre y su tío—
porque se limitaban a reconocer su parentesco y solo pedían que se les
permitiera visitarla en el lugar donde estaba arraigada.
Aunque el
defensor de oficio Pascacio Tomás Tepole expone en la apelación que
hubo omisiones del juez de primera instancia al no valorar las
contradicciones en las fechas en las que se dice que ocurrió el hecho,
el juez Eguía Romero considera que esto no la exime del delito, pues
acudió al sitio a cobrar el dinero de un rescate, aunque luego se
retractó.
La defensa presenta también como agravio contra Sanjuana
el hecho de que en ninguna de las declaraciones de la esposa de la
víctima se hace referencia a su participación en el secuestro, ni
tampoco la señala quien era trabajador de la víctima y fue testigo del
plagio. Pese a esto, el juez considera que estuvo involucrada en el
secuestro, pues el cobro del dinero ocurrió mientras se ejecutaba el
delito, ya que la víctima aún no había sido liberada.
Eguía Romero
desestimó las 92 pruebas presentadas por el defensor de oficio por
considerar que no demostraban la inocencia de Sanjuana, incluido el
hecho de que las llamadas que solicitaban el cobro del rescate no fueron
realizadas desde su número de teléfono.
En la apelación se
considera que las penas impuestas no agravian a la sentenciada
porque “para su individualización el juzgador de primera instancia tomó
en consideración los lineamientos y exigencias que para ello marca el
precepto 59 del Código de Procedimientos Penales, y ubicó a Sanjuana
Maldonado Amaya en un grado de peligrosidad mínimo, el cual debe
confirmarse porque le favorece y porque contra ello no apeló el
Ministerio Público”.
Para el juez Eguía Romero, la condena de 30
años de prisión fue clemente con Sanjuana, pues cuando ocurrió el
delito, en plena “guerra contra el narcotráfico”, las penas por
secuestro agravado alcanzaban los 50 años de prisión.
Sobre la
sentencia, Navarro Sánchez refiere que antes de que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación decidiera trazar una jurisprudencia de carácter
obligatorio, que recupera aspectos del derecho internacional y los
derechos humanos de las mujeres, había otros lineamientos reconocidos
por el Estado mexicano que pudieron ser aplicados en el caso de
Sanjuana, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y las
convenciones de Belém Do Pará y de Viena.
Sin embargo, desde que
en 2016 entró en vigencia en San Luis Potosí el protocolo para juzgar
con perspectiva de género, solo se han impartido de tres a cuatro
capacitaciones formales y dos diplomados, a los que no acuden
integrantes de la judicatura sino personal administrativo. Quienes,
finalmente, no resuelven los casos, subraya Navarro Sánchez.
“Entonces,
¿qué ocurre? Que los juzgadores que deberían recibir la capacitación no
la están teniendo y, en consecuencia, no se cuenta con un monitoreo
claro de quiénes han recibido capacitación, quiénes son los que dictan
la justicia para las mujeres. No está traduciéndose, evidentemente, en
una aplicación de los lineamientos de carácter obligatorio”.
Para
Sanjuana, esta condena había frustrado su proyecto de vida, tanto en lo
profesional como en lo personal. Al ratificarse su sentencia decidió
convertirse en madre. En 2017 nació su hijo; su padre es un reo que
conoció mientras participaba en talleres de capacitación en el Centro
Penitenciario Estatal de Ciudad Valles, donde actualmente se encuentra.
Guanajuato.-
Se dio a conocer que el 80 por ciento de las situaciones de riesgo que
atendió el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato entre abril del 2021 y
marzo de 2022, fueron contra de mujeres, así lo detallaron durante las
conclusiones del Diagnóstico participativo “Hacia una política pública para la protección integral de las defensoras y periodistas en el estado de Guanajuato”.
Este
Diagnóstico fue realizado en julio de 2023, con la participación de
mujeres buscadoras, periodistas y defensoras de derechos humanos.
Para
las defensoras de derechos humanos y periodistas que laboran en
Guanajuato, el contexto de riesgo y violencias que experimentan día a
día ha estado marcado por una serie de procesos de amenaza,
estigmatización y criminalización, lo cual no solo ha amplificado el
temor por su seguridad.
“Las
mujeres defensoras y periodistas son objeto de ataques y agresiones por
causa y como consecuencia de la labor de defensa y trabajo periodístico
que llevan a cabo. Además del género –que es una de las principales
causas de la violencia ejercida en su contra– existen otros factores que
las afecta desproporcionadamente y, por lo tanto, las coloca en
situaciones de extrema vulnerabilidad”.
De acuerdo con información
del Mecanismo de Protección Federal, Veronica Espinosa, periodista e
integrante del Colectivo por la Libertad de Expresión, señaló que hasta
diciembre de 2022 esta dependencia había brindado medidas de protección a
47 personas periodistas y defensoras de derechos humanos, el 61.7 por
ciento mujeres, de las cuales 14 son periodistas, seis mujeres y ocho
hombres, y 33 son personas defensoras de derechos humanos, 23 mujeres y
diez hombres.
A
diferencia del mecanismo federal, en Guanajuato existen más personas
periodistas bajo la protección del consejo estatal que personas
defensoras de derechos humanos.
El Consejo Estatal de Protección,
que es uno de los dos entes del sistema de atención a casos de
agresiones contra personas defensoras y periodistas en Guanajuato, y que
opera desde abril de 2019, ha brindado protección a 122 personas
defensoras de derechos humanos y periodistas que corresponde a 58
mujeres, quienes representan el 47.5 por ciento.
A esta
presentación acudieron: Ángeles Enríquez Rincón, directora del Centro de
Derechos Humanos Victoria Diez; Edith Lendechy García, buscadora e
integrante del colectivo Proyecto de Búsqueda; Brenda Patlan
Zahuantitla, representante del Mecanismo de Protección a Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y Ricardo Neves,
representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos.
Por su parte, Cirenia Celestino Ortega,
coordinadora del Observatorio de Medios y Capacitación de Comunicación e
Información de la Mujer A.C. (CIMAC), expuso que el objetivo principal
del presente diagnóstico es una revisión y reflexión sobre el contexto
sociopolítico y de seguridad que permita detectar riesgos que enfrentan
las mujeres defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas en
Guanajuato.
Asimismo, externó la también defensora y periodista,
se busca examinar, a partir del marco jurídico internacional, nacional y
estatal aplicable, las medidas y garantías de protección con las que
cuentan, y verificar su implementación a nivel institucional, tanto en
lo federal como en la entidad y sus municipios.
Todo esto con
miras a revisar el marco normativo estatal en materia de protección, el
contexto de incremento de violencia contra ellas, así como los impactos y
las necesidades para garantizar su labor en condiciones de seguridad.
Así
se construyó el documento que además recoge las propuestas hacia las
instituciones que tienen por mandato la garantía de seguridad en su
labor.
El presente diagnóstico forma parte de un conjunto que
incluye, junto con Guanajuato, otras cuatro entidades: Chihuahua,
Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí.
Para elaborarlo se desarrolló
una metodología que fue aplicada en los cinco estados con el fin de
obtener resultados comparativos que permitan presentar un análisis más
amplio del contexto nacional.
Fotografía: Twitter @SEDENAmx.-Ciudad
de México.- Tras la posible implementación del llamado Plan C del
presidente Andrés Manuel López Obrador, propuesto a principios de este
2024, para emprender reformas trascendentales para el país, el Instituto
de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, presentó un Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales, donde se señala que podrían ser iniciativas “regresivas” y “dañinas” para el país.
Basta
recordar que el pasado 5 de febrero, en el marco del 107 aniversario de
la promulgación de la Constitución de México, López Obrador presentó un
paquete de 20 reformas, conocido como Plan C, donde destacó reformas
importantes, incluida la Guardia Nacional y este Análisis universitario,
dedica un capítulo especial para entender las contradicciones a
derechos humanos que esto plantea.
En dicho análisis
universitario, aseveran que “se trata de una reforma profundamente
regresiva, que, más allá de la retórica del presidente López Obrador,
simple y sencillamente, busca el desmantelamiento y la captura de los
poderes judiciales, comenzando por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación”.
En ese análisis Patricia Lucila González Rodríguez,
experta en temas de delito, violencia, derechos humanos, género y
proceso penal acusatorio, también emitió su análisis sobre el tema del
traslado de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), de lo cual señaló que los señalamientos descritos en
la iniciativa bajo ningún aspecto justifican esa medida.
Patricia
Lucila González Rodríguez, explicó que no se justifica ese traslado,
cuando el componente constitucional y legal que originó la creación de
la GN introdujo un diseño institucional enfocado en mayor medida con
funciones preventivas dirigidas a evitar comisión de delitos y faltas
administrativas, salvaguardar la integridad de las personas y de su
patrimonio, garantizar, mantener y restablecer la paz social como
actividades propias de la seguridad ciudadana.
Destacó el hecho de
que las líneas argumentativas que motivan la apuesta por una
militarización de la seguridad pública nacional, son altamente
cuestionables, y apuntan a ser una solución sencilla para un problema
infinitamente más complejo.
Guardia Nacional
En
el capítulo cuatro de dicho documento, Patricia Lucila González
Rodríguez, realiza un análisis crítico de la Guardia Nacional como
fuerza armada permanente.
La experta en temas de delito,
violencia, derechos humanos, género y proceso penal acusatorio, detalló
que «bajo ningún aspecto justifican el traslado de la Guardia Nacional
(GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)».
La
especialista aborda el enfoque de la creación de la Guardia Nacional,
afirmó que su componente constitucional y legal que la originó tuvo un
diseño enfocado en funciones preventivas dirigidas a evitar comisión de
delitos y faltas administrativas, salvaguardar la integridad de personas
y de su patrimonio, garantizar, mantener y restablecer la paz social
como actividades propias de la seguridad ciudadana.
Desestimó su
actuación como parte de investigaciones, explicó que la actuación de la
GN solo tiene carácter complementario y de auxilio al Ministerio
Público, quien es el encargado de esto, por lo tanto, está acotada a la
policía de la Agencia de Investigación Criminal y los integrantes de la
Fiscalía General de la República, por tanto, en este rubro tampoco
podría haber avances significativos para el país.
“Resulta sumamente preocupante que con esta iniciativa de reforma se otorgue a los elementos de las Fuerzas Armadas facultades de prevención, investigación y persecución del delito,
lo que se traduce en un grave retroceso en materia de acceso a la
justicia. Asimismo, se propone que los elementos de la Guardia Nacional cuenten con fuero militar, lo que en términos prácticos dificultaría el acceso a la verdad y la justicia de víctimas de violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas”, reclama.
Red Feminista Antimilitarista
El
análisis de la experta en temas de delito, violencia, derechos humanos,
género y proceso penal acusatorio alimenta el debate público sobre el
papel y la naturaleza de la Guardia Nacional como una fuerza armada
permanente en un país democrático.
Sus críticas se centran en la
necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia para
evitar que la militarización de la seguridad pública conduzca a
violaciones de derechos humanos y erosione las instituciones civiles.
La periodista Lucía Lagunes Huerta en su columna La militarización caerá sobre nosotras,
abunda «las mujeres lo sabemos bien, a mayor violencia generalizada con
presencia de hombres armados en las calles, mayor violencia en nuestra
contra y más restricciones a nuestras libertades».
Lo
hemos aprendido a lo largo de la historia, las mujeres han sido los
botines de todos los hechos de violencia sociales armados. Sus cuerpos y
sus vidas se convierten en premios a ganar o dañar.
Y esto tiene
que ver con la construcción genérica de la masculinidad y del sistema
patriarcal en los cuales la violencia es uno de los pilares, a tal
grado, que no solo está legitimada, sino se han legalizado; pensemos en
los crímenes de honor o los que se comenten bajo el presunto Estado de
Emoción Violenta, que en ambos casos son justificaciones de la violencia
masculina contra las mujeres plasmadas en las leyes.
Lucía Lagunes Huerta
La Red Feminista Antimilitarista ha insistido en que se incorpore la perspectiva de género, derechos humanos e interseccionalidad a las políticas de seguridad pública, lo cual no equivale a incrementar el número de mujeres en las Fuerzas Armadas, sino a tener claridad respecto a que la violencia que azota al país tiene
repercusiones distintas en la vida de las mujeres y niñas, pues las ha
afectado de manera estructural en el ejercicio de sus derechos.
A
lo que añadió que sin la debida dimensión sobre el poder que las
estructuras criminales tienen en nuestro país, y sin un marco de
incentivos reales que permita contrarrestar su acción, es difícil
afirmar que estos procesos de colusión delictiva no puedan presentarse
aún con las fuerzas armadas al mando de la GN, y en el ejercicio de
facultades relacionadas con la seguridad pública, más ante la ausencia
de controles efectivos y mecanismos de vigilancia institucional en la
función militar.
Las organizaciones que conforman la Red Feminista Antimilitarista han documentado diversos casos de protección e impunidad de los tribunales militares a los elementos que han violentado los derechos humanos de la ciudadanía, particularmente de mujeres y niñas.
Contradicciones
En
otro orden de ideas, Patricia Lucila González Rodríguez, se remitió a
las fallas que se advirtieron en la extinta Policía Federal Preventiva
(PFP), que derivaron en la pérdida de confianza ciudadana y en la
incapacidad de esta corporación para atender el fenómeno delictivo en el
ámbito de su competencia.
Por ejemplo, se enfrentó a
insuficiencia de elementos, recursos materiales y logísticos, falta de
mecanismos de rendición de cuentas y controles de confianza efectivos,
así como la precarización laboral de integrantes de la extinta Policía
Federal.
Al respecto señaló que si bien la precarización económica
de las corporaciones policiacas es un hecho en el país, afirmó, que la
solución a este problema no está en optar por la alternativa militar,
con el traslado de la GN a las estructuras y funcionamiento de la
Sedena.
Por tanto, adscribir la GN en la institución militar no
cobra sentido hasta que el despliegue de la fuerza policial pueda ser
dirigida bajo el mando del Ejército mexicano, de tal forma que deban
ajustarse a métodos de trabajo e instrucciones recibidas por los líderes
militares.
En cambio, agregó, un argumento respaldado en el
actual artículo 21 constitucional sería consistente con la estrategia en
materia de seguridad ciudadana, y apostaría especialmente por el
fortalecimiento a las policías de seguridad, con un plan nacional en el
que aplique mayores presupuestos destinados exclusivamente a atender
diversas necesidades de las instituciones policiales.
En especial
aquellas relacionadas con la capacitación especializada de sus
integrantes, en disciplinas como la criminalística y la criminología,
policía científica, psicología y sociología criminológica, seguridad
comunitaria, entre otras áreas de conocimiento que modificarían la
actividad policial cotidiana en un éxito de prevención de la
criminalidad, mencionó.
Por otro lado, comentó que está claro que
la iniciativa pretende el empoderamiento de la Sedena, pues la
adecuación constitucional que se intenta desde el Ejecutivo aumentaría a
más de 118 mil elementos nuevos, y contempla que los recursos
presupuestarios, financieros y materiales de la GN sean transferidos a
la Sedena, aumentando su presupuesto a más de 400 mil millones, según
datos de México Unido contra la Delincuencia.
La experta en
seguridad y defensa describió que en este orden de cosas, la iniciativa
subraya que en los años más recientes el flujo de capitales, el
intercambio acelerado de mercancías e información, y la movilidad
desbordada de personas, han tenido como uno de sus efectos la
diversificación de las distintas expresiones del crimen organizado,
cuyos efectos se extienden más allá de las fronteras nacionales.
La Red Feminista Antimilitarista ya lo advertía en febrero de este año, al considerar preocupante el poderío económico que
adquirirían las Fuerzas Armadas de aprobarse la reforma presidencial
para normalizar su participación en tareas de seguridad pública.
Porque la Secretaria de la Defensa Nacional administraría el tercer presupuesto federalmás grande de la administración pública, que ascendería a 400 mil millones de pesos solo para 2024 y con los 259 mil 434 millones de pesos que fueron aprobados en este año para la Sedena, se podrían financiar 624 Programas de Apoyo para Refugios.
Afirmaron que en lugar de fomentar políticas públicas que atiendan las exigencias de las víctimas,
usan las Fuerzas Armadas para tareas ajenas a la disciplina militar e
incluso en tareas de seguridad pública la cual parte de una visión patriarcal, en donde las mujeres y niñas son invisibilizadas, convirtiéndolas en víctimas de esta “guerra contra el crimen organizado”, dejando de lado la erradicación de las causas estructurales de la violencia y discriminación a la que nos enfrentamos.
“De aprobarse esta reforma presidencial, la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) se adjudicaría los recursos presupuestales, financieros y materiales de la Guardia Nacionaly
pasaría a administrar el tercer presupuesto federal más grande de la
administración pública, que ascendería a 400 mil millones de pesos sólo
para el ejercicio fiscal 2024”, reiteró.
Diversificación de la delincuencia
Así,
se indica que el lavado de dinero, el tráfico de personas, y de flora y
fauna silvestres, la explotación ilegal de recursos naturales, el
comercio ilícito de armas, así como los crímenes cibernéticos,
constituyen algunas de las expresiones icónicas de su complejidad,
apuntó.
Ahora bien, sin disputar la radiografía criminal que
presenta el Ejecutivo, los ya citados fenómenos criminales tampoco son
una justificación o motivo para optar por el traslado de la GN a la
Sedena.
Este tipo de criminalidad requiere del trabajo de
investigación penal y multidisciplinar, con metodologías basadas en las
ciencias forenses, y, en específico, conocimiento de la criminología,
las cuales son aplicadas como herramientas o métodos de trabajo en el
desarrollo de la función policial, precisó.
Dijo que cuando se
cuestiona su eficacia o la ausencia de resultados en materia de
prevención delictiva, generalmente esa falta de éxito policial está
asociada a la insuficiencia de capacitación especializada y a la falta
de equipos y tecnologías.
Añadió que en particular si
consideramos que la instrucción operativa de las fuerzas armadas,
caracterizada por anteponer la confrontación beligerante, deja
totalmente de lado la investigación científica de los delitos complejos,
los que requieren de la aplicación de metodologías provenientes de las
ciencias forenses y de la criminología, disciplinas escasamente tratadas
en la formación militar, porque se emplean para otro tipo de fenómenos
asociados a la seguridad nacional.
Por
tanto, Patricia Lucila González Rodríguez aseguró que la función
policial preventiva en aras de la seguridad ciudadana, que constituye la
razón de ser de la GN, requiere de métodos de trabajo donde su
constante sea la innovación y disrupción de estrategias preventivas y de
contención o de sistemas de inteligencia creados para establecer una
prevención e investigación delictiva de resultados, que se vayan
adaptando a las distintas formas de aparición de la criminalidad.
Organismos de la sociedad civil lo han advertido
La segunda edición del informe Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense,
elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
(Centro Prodh) en octubre del 2023, focaliza el análisis sobre el
proceso jurídico y político por el que se ha profundizado la
militarización de la seguridad en este sexenio.
El documento indica que la militarización ha despertado tres grandes preocupaciones:
1.
La relacionada con que el despliegue del Ejército y de la Marina en
tareas de seguridad no ha probado ser una política pública efectiva para
la disminución de la violencia;
2. La vinculada con que este
despliegue castrense suele ocasionar un aumento cuantitativo y
cualitativo de violaciones a derechos humanos y,
3. La asociada
con que el fortalecimiento del sector militar puede trastocar la
relación cívico-militar, lo que es riesgoso para una democracia
incipiente y frágil como la mexicana.
Estas tres preocupaciones
subsisten en la actualidad y se proyectan hacia el futuro, pues la
preeminencia castrense que ya se ha plasmado este sexenio en reformas
legales trasciende a esta administración. La consulta de la información
la puedes tener:https://cimacnoticias.com.mx/2023/11/30/se-profundiz
Sheinbaum continúa planes de militarización
Desde
su campaña política, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum
Pardo, dejó en claro que como jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
es la única que tiene experiencia en seguridad, pues en su paso por el
cargo de gobernante pudo reducir en más de la mitad los índices
delictivos en la capital del país.
Desde Ciudad Juárez, Chihuahua,
la entonces candidata presidencial de Morena fue cuestionada sobre su
estrategia en materia de seguridad, en relación a si tenía
contemplado regresar a los cuarteles al ejército, Sheinbaum respondió
que estarán presentes hasta que sea necesario, pues su presencia es importante,
en diferentes municipios del país, aseveró; detalló que si se retira la
presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se deja en
el desamparo a la población.
En
el Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y
legales presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el
pasado 5 de febrero, Patricia Lucila González Rodríguez, hace referencia
a que en México, la inseguridad en prácticamente todo el territorio ha
propiciado que el gobierno federal busque alternativas para combatir las
elevadas tasas de delitos de alto impacto, particularmente los
homicidios, lo que motivó la instauración de la Guardia Nacional (GN) en
2019.
Precisó que el objetivo de la GN es consolidar las fuerzas
de seguridad y mejorar la coordinación entre autoridades federales,
estatales y locales en la lucha contra el crimen organizado y la
violencia.
Este cuerpo de seguridad está compuesto por elementos de la Policía Federal, Ejército y Marina, bajo un mando civil.
Recordó
que en la Ley de la Guardia Nacional, reglamentaria del artículo 21
constitucional, se estipuló que sería una institución de seguridad
pública, “de carácter civil, disciplinada y profesional”, adscrita como
órgano administrativo desconcentrado a la Secretaría de Seguridad
federal.
Mencionó que en el mismo ordenamiento se estipula a su
vez que el objeto de la GN es realizar la función de seguridad pública a
cargo de la Federación, y, en su caso, colaborar temporalmente en las
tareas en esta materia, que corresponden a las entidades federativas o a
los municipios.
No obstante lo anterior, agregó, el gobierno
mexicano ahora pretende que este cuerpo de seguridad sea adscrito a las
fuerzas armadas consolidando así un estado de excepción permanente en el
país, que puede conducir a la materialización de violaciones de los
derechos humanos.
La
política en materia de seguridad en otras administraciones federales
encontró entre sus principales opositores al presidente López Obrador.
Sin
embargo, tan pronto asumió el cargo, anunció la creación de una Guardia
Nacional, con la promesa de ser una institución que si bien nacería en
el seno de la disciplina militar, pronto pasaría a ser otra corporación
civil en materia de seguridad pública, aclarando que entre tanto las
fuerzas armadas realizarían funciones de esta naturaleza y coadyuvarían
en ellas, destacó.
Comentó
que relacionado con lo anterior, resulta interesante cómo, por un lado,
la iniciativa presidencial atribuye a este cambio de estrategia la
degradación institucional de los cuerpos civiles de seguridad pública,
mientras que, por otro, al mencionarlo, cimenta su propuesta para doblar
la apuesta en torno a la militarización del país, incurriendo de esta
manera en una clara contradicción.
Las afirmaciones de esa
propuesta no son producto de alguna investigación científica que aporte
datos claros y suficientes para asegurar la degradación y al colapso de
las policías de seguridad en México, y en particular de alguna
evaluación sobre los resultados producidos por la institución policial,
que tiene amplias facultades contempladas en la Ley de la Guardia
Nacional, mencionó.
Por el contrario, advirtió que la iniciativa
carece de argumentos que deberían provenir de una investigación inter y
multidisciplinar que aporte información respecto al funcionamiento de
las policías, el motivo de sus retrocesos o algunos de casos de éxito.
Por
lo que el discurso estatal se concreta en «prejuzgar» en torno a la
degradación de las policías sin aportar mayor evidencia que la conocida
superficialmente sobre el actuar policial.
Además, enfatizó que
habría que cuestionarse qué hace pensar que las fuerzas armadas no
podrían pasar un proceso de “descomposición” similar, si para empezar,
dicha institución está vinculada con prácticas de tortura en las
detenciones arbitrarias y con los casos de brutalidad institucional más
notorios del país, como el caso Ayotzinapa.
Dijo
que el Ejecutivo federal también plantea en su iniciativa que durante
el sexenio de Felipe Calderón se establecieron relaciones de complicidad
con algunos cárteles de la droga, mientras que a otros se les combatió
al margen de la ley, y se desviaron los recursos destinados para las
instituciones policiacas en beneficio de intereses privados.
Precisó
que la iniciativa añade que la corrupción e impunidad visible en los
vínculos entre criminales y autoridades llevó, principalmente durante el
sexenio calderonista, a una infiltración en las estructuras
gubernamentales de seguridad pública y procuración de justicia que aún
persiste.
No obstante lo anterior, enfatizó que la política
criminal y la política en materia de seguridad, durante este sexenio del
presidente López Obrador, no solo debió realizar este tipo de
denuncias, sino que su objetivo principal tendría que desplegar e
instrumentar un programa que llevara a la desarticulación de esas redes
de complicidad entre policías federales con el crimen organizado y a la
detención de los líderes criminales.
Cuestión que no ocurrió,
debido a que las denunciadas colusiones entre funcionarios y
organizaciones del crimen organizado no fueron seguidas por una
estrategia de seguridad convincente que investigara y sancionara
aquellas conductas delictivas, y menos aún fue objeto de algún programa
nacional de prevención y sanción de esos delitos dirigido en lo básico a
la desarticulación de las redes de criminalidad vinculadas
específicamente a la función pública, apuntó.
UNAM se deslinda de análisis
La
reacción del presidente López Obrador no se hizo esperar y arremetió en
contra de la UNAM durante su conferencia matutina desde Palacio
Nacional, del 17 de junio pasado, cuando acusó a la Universidad Nacional
de haberse “derechizado”, y señaló a las y los expertos de ser
predecibles y traer línea.
A través de su cuenta en X, antes
Twitter, la UNAM dio a conocer por medio de un comunicado que “de
ninguna manera representa un posicionamiento de la máxima casa de
estudios”, el documento de las 20 iniciativas de reformas presentadas
por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, hecho por académicos del
Instituto de Investigaciones Jurídicas y que circula en redes sociales.
