PORTADAS: GUATEMALA PIDE EJÉRCITO CONTRA EL NARCO NARCOS MUDAN A EU, MAQUILA DE DROGA CONTRA AMLO, 50% DE ELECTORES: NAVARRETE HAY QUE REDISEÑAR ESTRATEGIA DE SEGURIDAD: CNDH 10 MIL 500 EJECUCIONES EN MÉXICO DE 2006 A 2008
16/12/2008 a las 7:36 am
EL UNIVERSAL: GUATEMALA PIDE EJÉRCITO REGIONAL CONTRA EL NARCOGuatemala llegará a la cumbre de presidentes de América Latina con una propuesta muy precisa: la creación de una fuerza militar multinacional para combatir el narcotráfico. En la estrategia, el presidente Álvaro Colom ofrece a su país como sede para combatir a las mafias con tecnología moderna, sistemas de inteligencia y escuadrones especiales. VER NOTA COMPLETA
EXCÉLSIOR: NARCOS MUDAN A EU LA MAQUILA DE DROGALos cárteles mexicanos controlan la mayor parte del mercado de la droga en la Unión Americana y han establecido una red de rutas de transporte, capacidades avanzadas para comunicarse y relaciones fuertes con bandas estadunidenses, asegura un amplio informe dado a conocer por el Departamento de Justicia de ese país. Son “la principal amenaza relacionada con el narcotráfico para Estados Unidos”, afirma el Centro Nacional de Inteligencia sobre las Drogas (NDIC, por sus siglas en inglés), en su informe anual, que se dio a conocer ayer en Washington. VER NOTA COMPLETA
MILENIO: CONTRA AMLO, 50% DE ELECTORES: NAVARRETEAndrés Manuel López Obrador tiene un voto en contra de 50 por ciento, de acuerdo con la última encuesta del PRD, informa el líder de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, quien comenta que han pedido al tabasqueño que reflexione, porque “nadie puede ser aspirante real a la Presidencia si la mitad de la población rechaza su mensaje, su nombre o su forma de hacer política”. VER NOTA COMPLETA
LA JORNADA: HAY QUE REDISEÑAR LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD; LA CUAL FRACASÓ: CNDHEl presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, destacó hoy aquí que de enero de 2001 a noviembre de 2008 ocurrieron en el país 20 mil secuestros, 2 mil 500 por año, siete al día, aunque sólo fueron denunciados 5 mil 140; el resto forma parte de la cifra negra de delitos no denunciados. Al presentar aquí el segundo Informe Especial sobre Seguridad Pública, el ombudsman nacional subrayó que en ese mismo periodo se registraron 10 mil 500 ejecuciones atribuidas al crimen organizado, y “solamente de enero de este año a lo que va del mes ocurrieron 5 mil 585”. VER NOTA COMPLETA
CRÓNICA: 10 MIL 500 EJECUCIONES EN MÉXICO DE 2006 A 2008José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, denunció una estrategia de simulación y engaño del gobierno federal en materia de seguridad pública. Ésta, señaló al presentar su Segundo Informe Especial sobre Seguridad, incluye la alteración de cifras delincuenciales, trampas ministeriales y el relanzamiento de programas que copian o duplican propuestas incumplidas en el pasado. De manera inusual, dijo que la ciudadanía responderá a esta simulación en las urnas. VER NOTA COMPLETA
EL MEXICANO DE BAJA CALIFORNIA: UN MUERTO Y GRAVES ESTRAGOS POR LLUVIAUn saldo rojo arrojó ayer el primer día de lluvias severas, al menos de la temporada. Un hombre se electrocutó cerca de las 15:00 horas en la colonia Emiliano Zapata. Al parecer, él estaba en su vivienda cuando pisó unos cables de luz, conectados a uno de los denominados diablitos, confirmó el director de Protección Civil en Tijuana, Antonio Rosquillas Navarro. VER NOTA COMPLETA
EL SUDCALIFORNIANO DE BAJA CALIFORNIA SUR: INICIÓ LA TEMPORADA ¡Y NO HAY BALLENAS!Oficialmente ayer 15 de diciembre inició la temporada de avistamiento de ballena gris en las costas del Pacífico de Baja California Sur, pero en realidad las ballenas no han llegado a los complejos lagunares. Las autoridades federales prevén que será a mediados de enero cuando estén arribando los gigantes que presumen vienen tarde a su cita por la alta temperatura que aún tienen las aguas de esta región, un efecto más del cambio climático. VER NOTA COMPLETA
Editorial
Seguridad pública: reconocer y enmendar el fracaso
En un documento que presentó en Culiacán, capital de Sinaloa –una de las ciudades más afectadas por la crisis de seguridad pública que padece el país–, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que en los pasados 23 meses (del 1º de enero de 2007 al 1º de diciembre del presente año) han ocurrido más de 10 mil homicidios vinculados con el crimen organizado, cifra mayor a los de todo el sexenio anterior. Al presentar el informe, el titular del organismo, José Luis Soberanes, dijo que permanecen impunes 98.76 por ciento de los 43 mil delitos que diariamente se cometen en México, y que si al total de ilícitos denunciados se suman aquellos que no llegan al conocimiento de las autoridades, pueden calcularse en 16 millones 500 mil las víctimas anuales de la delincuencia; de lo anterior, el ombudsman concluyó que las acciones gubernamentales “han resultado ineficaces para el combate a la inseguridad; entre ellas, la inclusión de miembros de la fuerzas armadas en tareas de seguridad pública”.
El diagnóstico es demoledor, pero no es novedoso. Hace dos semanas, al cumplirse los 100 días del Acuerdo Nacional por la Justicia y la Seguridad, que se supone habría de arrojar resultados concretos, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega, acusó al gobierno que encabeza Felipe Calderón de “necear en mantener las mismas políticas y estrategias que han fracasado”.
Al margen de las cifras, cualquier ciudadano sabe, porque lo ha sufrido en carne propia o por experiencias de familiares, amigos o conocidos, que en la actual administración la inseguridad ha empeorado; que la violencia delictiva está más descontrolada que nunca y que ni los operativos policiaco-militares ni los discursos autocomplacientes han aliviado esta exasperante situación.
A estas alturas, los únicos que perciben avances en el combate gubernamental a la criminalidad son los funcionarios responsables de llevarlo a cabo, empezando por el propio Calderón, hecho que genera un doble malestar ciudadano: al sentimiento de impotencia y la desmoralización causados por la acción impune de asaltantes, secuestradores, homicidas, extorsionadores y narcotraficantes se suma la irritación por el empecinamiento y la falta de sentido de realidad de una autoridad que, al elogiar su propio desempeño en el terreno de la seguridad pública, pareciera referirse a un país que no es éste. Así, los gobernantes suman a su ineptitud policial una política de imagen pública que, lejos de generar confianza y certidumbre, incrementa la distancia entre el México oficial y la población, y alienta la zozobra.
Más allá de las palabras, hoy es meridianamente clara la obligación del Ejecutivo federal de abandonar una estrategia que en vez de reducir los índices delictivos los ha multiplicado, y de renunciar a un paradigma de seguridad que se ha mostrado manifiestamente erróneo. Es tiempo de retomar la sensatez y reconocer que las medidas de fuerza policial y militar deben ser consideradas el último recurso para hacer frente a la delincuencia, y que antes es necesario cambiar la orientación económica y social vigente desde el sexenio de Carlos Salinas, la cual ha concentrado la riqueza nacional en unas cuantas manos, ha propiciado la corrupción institucional y privada hasta grados alarmantes y ha hundido a la mayoría de la población en una precariedad sin horizontes, así como en una incertidumbre generalizada y un entorno de jungla y desamparo. Al deterioro sostenido en los niveles de vida, a la privación de servicios públicos de salud y educación, la carestía y la declinación de calidad de la vivienda, el transporte y el entorno, deben agregarse la demolición de la industria nacional, la postración del campo, la desarticulación del tejido social, la desintegración familiar y la transformación del país de un espacio de convivencia, en una arena de competencia desenfrenada.
Los efectos del descalabro económico internacional y nacional aún no se han manifestado en toda su gravedad, lo que hace pensar que, por desgracia, se incrementarán las expresiones delictivas en México. Si el gobierno federal sigue cerrando los ojos a las circunstancias mencionadas, que conforman un caldo de cultivo para las más diversas modalidades de la delincuencia, y se empeña en seguir aplicando un recetario económico perverso, cuyo fracaso ha hundido al mundo en la crisis recesiva actual, no habrá corporación policial ni militar capaz de contener, y menos de reducir, el crecimiento de la criminalidad. Y si la autoridad porfía en su ceguera, es posible que en algún momento la confusión conceptual entre seguridad pública y seguridad nacional –a la que con tanta frecuencia recurre el discurso oficial– deje de serlo, y la violencia delictiva se vuelva na amenaza real para la viabilidad del país.
Apoyo al periodista que lanzó sus zapatos a Bush
Miles de iraquíes salieron a las calles de Bagdad para exigir la liberación de Muntazer al-Zaidi, quien saltó de la oscuridad a la celebridad mundial al lanzar esas prendas al presidente estadunidense en una conferencia de prensa. Mientras el periodista permanecía detenido por lo que según las autoridades fue un ‘‘acto bárbaro e ignominioso’’, una muchedumbre arrojó zapatos a soldados estadunidenses Foto Ap
Patrick Cockburn, The Independent
En 7 años, 20 mil secuestros; sólo se denunciaron 5 mil 140
Impunes, 98% de los crímenes en el país: Soberanes
Entre enero de 2001 y noviembre de este año, 10 mil 500 ejecuciones
En la gestión de Calderón se ha disparado 90% la ‘‘violencia delictiva’’
Desgastado, el modelo de seguridad; se multiplican abusos policiacos
Víctor Ballinas
Culiacán, Sin., 15 de diciembre. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, destacó hoy aquí que de enero de 2001 a noviembre de 2008 ocurrieron en el país 20 mil secuestros, 2 mil 500 por año, siete al día, aunque sólo fueron denunciados 5 mil 140; el resto forma parte de la cifra negra de delitos no denunciados.
Al presentar aquí el segundo Informe Especial sobre Seguridad Pública, el ombudsman nacional subrayó que en ese mismo periodo se registraron 10 mil 500 ejecuciones atribuidas al crimen organizado, y “solamente de enero de este año a lo que va del mes ocurrieron 5 mil 585”.
Los estados que encabezan la lista de más asesinatos son: Chihuahua, con mil 878; Sinaloa, 853; Baja California, 535. De esas ejecuciones, precisó, 86 por ciento son de civiles, 12 por ciento de servidores públicos y 2 por ciento de menores de edad.
El titular de la CNDH resaltó que en el periodo de enero de 2006 a noviembre de 2008 –gran parte de la administración del presidente Felipe Calderón–, 48 millones de personas fueron víctimas del delito, 16 millones por año y 43 mil 835 al día. “Es el periodo en el cual se presenta el mayor incremento de violencia, de casi 90 por ciento”, indicó.
El número de delitos cometidos, detalló el titular de la CNDH, se obtiene de las cifras oficiales más la lista negra de delitos no denunciados, que es de 90 por ciento en los tres años recientes; sólo uno de cada 10 delitos se denuncian, de los cuales sólo casi dos son consignados. Esto es lo que representa un margen de impunidad de 98.76 por ciento.
Ante este panorama, el ombudsman nacional aseveró: “es un hecho innegable que la seguridad pública en México se enfrenta a uno de los momentos más sensibles y delicados de la historia, no sólo por el número de delitos que diariamente se cometen a lo largo y ancho del país, así como por la violencia presente, sino también por la adopción de nuevas estrategias que han resultado ineficaces para combatir la inseguridad, como la inclusión de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, sobre la base de considerar el problema, al menos de hecho, como un asunto de seguridad interior o nacional”.
En este segundo informe, que este día fue entregado al presidente Felipe Calderón; al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y a los secretarios de Defensa Nacional, de Seguridad Pública y al titular de la PGR, el presidente de la CNDH demanda: “la realidad nos coloca en la condición de replantear las estrategias en materia de seguridad pública.
“El modelo aplicado hasta hoy presenta un severo desgaste, que va desde la tendencia de los cuerpos policiacos a cumplir deficientemente su labor, hasta excederse en sus atribuciones e incluso coaligarse con la delincuencia.”
Soberanes Fernández cuestionó el hecho de que el concepto de “ seguridad pública” se ha ido modificando o flexibilizando, a grado tal de equipararlo al de “seguridad interna o interior”, situación que se traduce en elevar un problema, que de origen entra en la competencia de las fuerzas de seguridad del orden civil, a un ámbito que por mando constitucional es de competencia de las fuerzas armadas, lo que ha permitido que el Estado mexicano libre una “guerra” con base en una estrategia de contención en contra de la delincuencia organizada.
En esa lucha, resaltó el ombudsman, “bajo el parámetro del ejercicio de la mayor fuerza pública, también se evidencian excesos, que desembocan en un alto grado de vulneración a las libertades individuales de los mexicanos, generando, además de víctimas del delito, víctimas del abuso del poder. Se evidencian excesos como la práctica de la tortura, detenciones arbitrarias, allanamientos, privaciones arbitrarias de la vida y, en general, violaciones a los derechos humanos individuales y, eventualmente, un quebrantamiento del estado de derecho a través del abuso de poder”.
Soberanes Fernández precisó: “los graves abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas castrenses han quedado evidenciados en las 19 recomendaciones que la CNDH ha turnado a las fuerzas armadas; el mayor número en la historia del país se registró entre 2007 y 2008”.
Puntualizó que bajo este escenario “es muy importante que el Estado delimite la magnitud que el problema de la delincuencia ha provocado, y si ha adquirido tal dimensión para poner en riesgo la seguridad nacional o interior del país; de ser así, tendría que definirse el rumbo hacia el que se dirigirán los esfuerzos de los agentes de la ley, incluidos miembros de las fuerzas armadas en funciones de policías, así como la responsabilidad a la que estarían sujetos en caso de una violación a los derechos humanos al asumir una función propia de la autoridad civil estando al margen del fuero de guerra”.
Bajo este contexto, sostuvo, el fracaso de las medidas y acciones adoptadas por los servidores públicos encargados de garantizar la seguridad pública “coloca al mismo gobierno en el problema de la inseguridad pública como un flagelo que no se logra contener. Y es en este escenario en el que la CNDH expresa su preocupación por el tipo de acciones que el Estado está realizando a través del impulso de múltiples planes y programas de gobierno que no están vinculados y coordinados entre todos los actores responsables de resolver el problema, y de reformas legales regresivas y altos presupuestos e inversiones en mecanismos de seguridad como una apuesta para enfrentar a la delincuencia”.
El ombudsman nacional demandó al Estado “acciones más allá del mero discurso o muestras de buena voluntad”, y propuso: rediseñar la estrategia nacional en materia de seguridad pública; una política de seguridad seria y profunda que prevenga el delito y no que sólo reaccione por la vía de la justicia penal; garantizar el acceso a la justicia; eliminar las prácticas que generan subregistros delictivos, como las actas circunstanciadas o actas especiales de hechos, y crear una instancia imparcial y autónoma del Ministerio Público que investigue los delitos donde están involucrados policías y elementos de seguridad pública.
También, impulsar una red nacional de atención a víctimas del delito y crear un fondo de compensación para éstas; generar una percepción de que se respeta la ley, y sancionar a quien la viola.
“Peligroso”, un incremento salarial mayor a 4%: Coparmex
Teme IMEF contracción de 40% en la inversión extranjera directa en 2009
De diciembre a febrero, los paros técnicos de GM en sus plantas en México
OCDE: habrá 20 millones de despedidos por la recesión
Los bancos centrales aún tienen margen para bajar las tasas de interés: Gurría
FMI: revueltas sociales si no hay redistribución equitativa de la riqueza
Madrid, 15 de diciembre. La crisis económica mundial dejará sin trabajo a 20 millones de personas, lo que equivaldrá a más de 10 por ciento global en 2010, aseguró durante una conferencia celebrada en la Bolsa de Estambul, José Angel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Especificó, además, que los bancos centrales aún tienen espacio para reducir las tasas de interés y la deflación no es un riesgo mayor. “La inflación está bajando muy rápido (...) por eso hay espacio para relajar la política monetaria y para bajar las tasas de interés. Por supuesto, en cada área económica –Estados Unidos, Japón y Europa– tenemos una capacidad distinta (para hacerlo)”.
El secretario general de la OCDE anticipó que las 30 economías de la OCDE se contraerán en 0.5 por ciento a 1 por ciento en promedio en 2009, aunque podrían expandirse en 2 por ciento en 2010 y añadió que “no podemos descartarla (a la deflación), pero no la prevemos”.
“Lo que prevemos es una reducción de las presiones inflacionarias, en algunos casos una conducta muy plana de los precios, algunas materias primas, unos pocos productos, podrían tener una evolución de precios negativa pero no prevemos una deflación de precios como algo que vaya a ocurrir en forma generalizada, aunque deberíamos estar atentos y en guardia”, indicó.
Asimismo, Gurría dijo que “no serán suficientes” los actuales planes destinados a las entidades bancarias que varios países han impulsado, pero aclaró que ayudarán a la baja en las tasas de interés y a una política financiera más elástica.
La economía estadunidense “atraviesa un periodo particularmente difícil” y la actividad seguirá previsiblemente “degradándose a corto plazo”, estimó en un informe la OCDE.
La economía de la primera potencia mundial “probablemente se debilite antes de mejorar” a finales de 2009 y se prevé contracción de 0.9 por ciento del producto interior bruto el año que viene.
“Una inversión brutal del mercado de la vivienda, una crisis financiera y un alza temporal de los precios de los productos básicos provocaron una ralentización considerable de la actividad en 2008”, recuerda la OCDE, con sede en París.
El gobierno estadunidense “tomó medidas para apoyar el crecimiento y estabilizar el sistema financiero”, sobre todo con “fuertes reducciones de las tasas de interés, amplias rebajas fiscales e inyecciones de liquidez en los mercados de capitales”, señala el informe.
Pero es “probable que la actividad se degrade más a corto plazo”, antes de recuperarse, debido en particular a la “incertidumbre que envuelve la solvencia de los bancos y la oferta del crédito”.
“El relanzamiento monetario sigue siendo necesario” en lo inmediato, pero se deberán “aumentar rápidamente las tasas de interés a partir del momento en que la economía se recupere”, según la OCDE.
Coahuila: sigue desaparecido ex oficial del ejército de EU
Es especialista en la negociación de secuestros; dio plática sobre el tema
L. Ramos, A. Méndez y P. Muñoz
Félix Batista, un cubano estadunidense que fue oficial de inteligencia del Ejército de Estados Unidos y actualmente trabaja para una empresa dedicada a la negociación de secuestros, permanece desde hace cinco días en calidad de desaparecido.
El reporte correspondiente se dio tanto a las autoridades mexicanas como a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) desde el pasado 10 de diciembre. Ese día Batista comió con un conocido suyo en el restaurante El Mesón Principal de Saltillo, Coahuila. Desde entonces se desconoce su paradero.
Las autoridades estatales no han querido precisar si el caso corresponde o no al de un secuestro o si fue levantado por algún sicario de un grupo delictivo, lo que tampoco ha sido descartado.
En ese contexto, funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) informaron ayer que hasta el momento sólo las autoridades estatales investigan el paradero del extranjero, y rechazaron que se hubiera pedido la colaboración de la dependencia federal para la ubicación del negociador.
Félix Batista, de 55 años de edad, con residencia en Miami, llegó a Coahuila el pasado 6 de diciembre invitado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal para ofrecer conferencias sobre seguridad a empresarios de Saltillo y Monterrey, así como a funcionarios locales involucrados con el tema de la procuración de justicia.
El desaparecido trabaja para la empresa Asi Global Kidnap & Ransom Response en América Latina, que se encarga de abastecer de equipo a diferentes corporaciones policiacas, por lo que su viaje a Coahuila pudo haber tenido relación con algún caso de secuestro que pudiera estar asesorando ahí la compañía.
Sin embargo, Charlie LeBlac, presidente de esa empresa, informó ayer que Félix Batista estaba en Coahuila “por asuntos personales”.
El miércoles 10 de diciembre Batista comía con un amigo, el empresario Daniel Garza Ortiz de Montellanos, en un restaurante ubicado al norte de Saltillo. Al filo de las 14 horas recibió una llamada telefónica en su celular, salió del restaurante y sin mediar violencia varios sujetos lo subieron a un automóvil, en el que desapareció.
Sin violencia
“Por lo que sabemos hasta ahora es que no hubo violencia, de hecho no hay evidencias de que los individuos hayan estado armados. Sabemos que esta persona sale del establecimiento y en el exterior se encuentra con dos personas, suben a un vehículo y se retiran del lugar”, señaló el titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) de Coahuila, Jesús Torres Charles.
Indicó que hasta anoche no había ninguna comunicación solicitando rescate, por lo que no se atrevió a señalar que el caso forme parte de un secuestro.
Añadió que el gobierno de Coahuila está en contacto con representantes consulares de Estados Unidos, con el propósito de dar seguimiento a las investigaciones, las cuales, hasta ahora están a cargo del Ministerio Público local.
En el currículum de Batista destaca que ha negociado más de 300 casos de extorsión en contra de empresarios y más de 100 secuestros cometidos en México por bandas delictivas, entre ellas la que encabezó Daniel Arizmendi, El Mochaorejas.
También ha participado en las negociaciones para liberar a rehenes secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Sobre la desaparición, la embajada de Estados Unidos en México declinó ayer hacer algún comentario sobre el secuestro de su connacional, que precisamente vino al país a dar una plática sobre temas de seguridad.
La vocería de esa representación diplomática señaló no tener ningún comentario al respecto, y dijo que en caso de que estuviera confirmada la información de que el estadunidense haya sido retenido ilegalmente por alguna organización delictiva, “obviamente se trata de un caso abierto que está siendo investigado y no se puede hacer ningún comentario porque se podría entorpecer la investigación”.
A su vez la cancillería señaló que tampoco tiene ningún comentario sobre este asunto, y que en el momento indicado hará un posicionamiento sobre el mismo.
Se extiende por el mundo el fraude de Madoff
BBVA, HSBC y otros bancos admiten que cayeron en la estafa de 50 mil mdd del ex operador financiero
Bernard Madoff, presidente de Madoff Investment Securities de Nueva York, fue detenido el pasado jueves, y su empresa intervenida por los reguladores de valores de Estados Unidos, tras descubrirse un fraude masivo, mediante un esquema de ‘‘pirámide financiera’’ Fotos Ap
Reuters, Afp y Notimex
Bancos y fondos de todo el mundo, entre ellos BBVA, HSBC, Fortis, Royal Bank of Scotland, Man Group, Natixis y Nomura, admitieron el lunes haber invertido miles de millones de dólares en las compañías del ex operador de Wall Street Bernard Madoff, a quien las autoridades estadunidenses acusan de un fraude por 50 mil millones de dólares.Ni las fundaciones de caridad salieron ilesas del ilícito, luego de que el presidente de Chais Family Foundation, que dona anualmente 12.5 millones de dólares a causas judías, dijera que la misma debió cerrar.
Desde hoy hasta el 6 de enero, alcoholímetro las 24 horas
Habrá 15 puntos de revisión móviles, sobre todo en áreas de antros
Mirna Servín Vega
La obesidad se genera en el cerebro, según estudio genético
Steve Connor, The Independent
Rayuela
Los taxistas del DF reciben a partir de hoy su aguinaldo a través del pedómetro. A eso se le llama sensibilidad política.
Alarcón: Cuba no espera un gran viraje con Obama
Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en entrevista con La Jornada Foto José Antonio López
Blanche Petrich
Columnas
Julio Hernández López : Astillero El lunes próximo deberá comparecer ante una oficina castrense un ciudadano que se atrevió a solicitar investigación oficial sobre la conducta asumida por miembros del Estado Mayor Presidencial (EMP) contra un estudiante, Marco Virgilio Jiménez Santiago, que en Palacio Nacional expresó a gritos inconformidad con lo que Felipe Calderón decía en octubre pasado durante la entrega de un premio a la juventud.
A diferencia de lo dicho por el pelirrojo Andrés Leonardo Gómez Emmilson, que fue quien mayores reflectores se llevó en aquella ocasión al gritarle “espurio” a Calderón, el moreno Jiménez Santiago sólo preguntó y se respondió: “¿Libertad?, ¿cuál libertad?, ¡aquí no hay libertad!”, pero el trato militar fue más rudo con el segundo que con el primero, en un episodio de breve toma castrense del poder ante un presidente formal de la nación que careció de presteza para dar una salida política al asunto y convertirlo incluso en una demostración de tolerancia y apertura. El comportamiento de los guardias militares del habitante de Los Pinos mostró incluso rasgos de discriminación al dar un trato cuidadoso a Gómez en comparación con la manera en que enfrentaron a Jiménez Santiago, según la narración que hicieron algunos periodistas presentes y los propios jóvenes involucrados luego que fueron puestos en libertad.
Con la intención de saber si esos servidores públicos de adscripción verde olivo incurrieron en irregularidades punibles al detener a Jiménez Santiago sin orden judicial ni constancia de que se estuviera cometiendo un delito en flagrancia, y mantenerlo durante una hora incomunicado y sujeto a maltrato verbal y acoso sicológico, el ciudadano Óscar Adrián García, con domicilio en la calle Hamburgo, de la colonia Juárez del Distrito Federal, solicitó a título personal que la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal investigara lo hecho por los miembros del EMP, y específicamente las órdenes y conducta de su jefe Jesús Javier Castillo Cabrera, convencido el denunciante de que las acciones contra el estudiante detenido y luego entregado a una patrulla capitalina no tuvieron como sustento que se hubiera cometido ninguna falta penal o administrativa.
La respuesta de la oficina presuntamente indagadora de corruptelas y abusos tuvo a bien encaminar al civil a las propias oficinas del intimidante poder que denunció. Por ello, el próximo lunes, a las diez de la mañana, deberá estar Óscar A. García en el área de quejas de la Contraloría y Ayudantía General del Estado Mayor Presidencial para abundar en la queja que presentó. El citatorio, firmado por el general brigadier, diplomado de Estado Mayor, Arnulfo Caballero Sánchez, con número de oficio 471 y expediente P.A./011/2008/C.yA.G., expresa que “por acuerdo del C. General de Brigada D.E.M., jefe del Estado Mayor Presidencial (es decir, el mismo acusado: nota de Astillero) y con la finalidad de integrar debidamente el expediente administrativo citado al rubro” y con fundamento en articulados jurídicos varios, “se le hace a usted la atenta invitación a fin de llevar a cabo una diligencia de carácter administrativo (…) en las oficinas que ocupa esta área de quejas de la Contraloría y Ayudantía General del Estado Mayor Presidencial”.
La atentísima invitación verde olivo para el ciudadano García advierte: “No omito recordar a usted que deberá hacerse acompañar por el C. Marco Virgilio Jiménez Santiago, a fin de que proporcione información relativa a los hechos ocurridos el pasado 3 de octubre del presente año en el interior del edificio de Palacio Nacional, con motivo de la ceremonia ‘Entrega del Premio Nacional de la Juventud 2007’”. Programada originalmente para el pasado 24 de noviembre, la “diligencia de carácter administrativo” se pasó al próximo lunes 22. El ciudadano García tiene entre sus nuevas preocupaciones el entrar en contacto con el C. Jiménez Santiago, a quien ni siquiera conoce personalmente, para, a su vez, invitarlo atentamente a que le acompañe a la sesión castrense.
Astillas:
Sobre los chanclazos justicieros en Bagdad, Hugo Medrano escribe desde Guadalajara para comentar que la receta bushiana de la “lucha contra el terrorismo”, aplicada al caso mexicano con la variante de la “lucha contra el narcotráfico”, es una estrategia de distracción para que “los medios gasten más su tiempo y recursos en esos temas y no en la esencia de la Pandora política mexicana: la ilegitimidad de origen de Calderón”… Arturo C., desde California (el apellido ha sido guardado por este tecleador para evitarle al paisano eventuales problemas), escribe: “hay un detalle que nadie menciona: si checas el video verás cómo los zapatos no le dieron a Bush pero sí a la bandera estadunidense, así es que el periodista no falló en su acometida”… Manuel Basauri comenta desde Durango: “me confundiste con tu artículo de los zapatos; pensé que hablabas de Calderón”… Francisco B. informa que en Arcerol Mittal Lázaro Cárdenas, donde (todavía) labora, el pasado jueves fueron despedidos 150 empleados y les advirtieron que esos recortes seguirán quincenalmente (“en otra planta hermana, de aceros planos, despedirán a 200, aproximadamente”). Por ello, el lector en riesgo de quedarse sin trabajo comparte un párrafo de un libro de Alan Woods y Ted Grant: “El trabajo es la principal actividad de nuestra vida. Nos preparamos para él desde pequeños. Nuestra escolarización está vinculada a él. Pasamos toda nuestra vida activa implicados en él. Sobre el trabajo reposa toda la sociedad. Sin él no habría comida, ni ropas, ni un techo, ni escuelas, ni cultura, ni arte ni ciencia. Realmente el trabajo es vida. Negar a alguien el derecho al trabajo no es sólo negarle el derecho a un mínimo nivel de vida; es privarle de la dignidad humana, separarle de la sociedad civilizada, hacerle su vida inutil y sin sentido”… Y, mientras Peña Nieto capitaliza el triunfo futbolero del Toluca, ¡hasta mañana, en esta columna que escucha a la CNDH decir que los ciudadanos se sienten intimidados a la hora de denunciar abusos del poder militar!
Enrique Galván Ochoa : Dinero
Carlos Fernández-Vega : México SA En el horno de la trinca infernal (gobierno, patrones y “líderes obreros”) se cocina el “aumento” al salario ínfimo correspondiente a 2009, el cual, todo indica, rondará los 2 pesos diarios, o si se prefiere 25 centavos de “incremento” por hora trabajada en una jornada laboral constitucional. Y en la envoltura del regalo navideño para la clase trabajadora se alcanza a leer: “la patronal no está dispuesta a sacrificar un solo centavo; que paguen los de siempre, que para eso están”.
La Coparmex, en voz de su presidente, adelantó su decisión: “el incremento salarial debe fijarse sobre la inflación estimada para 2009 (entre 3.8 y 4 por ciento), ya que un aumento mayor pondría en riesgo no sólo a los empleos, sino también a las empresas; un aumento fuera de lugar en los salarios mínimos no es la fórmula mágica para estimular la economía en estos momentos, tampoco la llave para que el grueso de los mexicanos prospere. La solución no va por ahí, aunque pueda ser popular”.
Según esa versión, la “solución” es el brutal aumento de precios y tarifas que se registra, y que continuará en 2009, pero el representante de los patrones, Ricardo González Sada, deja a un lado que el salario es un precio, de tal suerte que tendría que estar tan liberado como el del resto de productos y servicios. La patronal repercutió, repercute, en sus precios no sólo el alza inflacionaria, sino la devaluación del tipo de cambio. Lo que hasta octubre costaba un peso, ahora no se consigue por menos de 1.25, en el mejor de los casos. De ese tamaño es la “solución” de las empresas para sí mismas.
Otro gallo canta en la tienda de enfrente, la de los trabajadores, y en un terrible entorno de inflación pujante, dos enormes pesos por día sería la “solución” propuesta por la patronal, mientras los “líderes obreros” besan suelas y aceptan la migaja “por el bien del país”, con la sonrisa gubernamental. Un bello balance, sin duda, para la “Presidencia del empleo” (inexistente) que trabaja arduamente para que los mexicanos “vivan mejor”. Así, en la primera mitad del calderonato el “incremento” acumulado al salario mínimo sería cercano a cuatro pesos diarios, algo así como 30 centavos de dólar (al tipo de cambio actual).
En diciembre de 2007, la misma trinca infernal aprobó un “aumento” promedio de 2.11 pesos al salario ínfimo diario correspondiente a 2008, o lo que es lo mismo cerca de 4.3 por ciento. No concluye este agitadísimo año, y en noviembre la tasa oficial de inflación llegó a 6.23 por ciento anualizada, casi 50 por ciento mayor al “crecimiento” del salario mínimo.
Sucede lo mismo ahora. La patronal, de la mano del gobierno y de los “líderes obreros”, toman como válido el cálculo inflacionario que aparece en los criterios generales de política económica para 2009, una proyección totalmente rebasada por la realidad en tan sólo unas cuantas semanas: 3.8 por ciento, ergo, esa es la proporción de “aumento”, cuando es obvio que esa estimación no sirve ni para un mal chiste (remember el “catarrito”).
Las “soluciones” de la trinca son de cuento de hadas. Por ejemplo, el gobierno federal (con sus cinco máscaras desde 1982) y la patronal cada que pueden, y pueden seguido, aseguran que “para que la economía mexicana sea competitiva hay que aumentar los precios de productos y servicios al nivel de nuestro principal socio comercial” (Estados Unidos). Así lo han hecho con los relativos a las gasolinas y el diesel, y han sido tan aplicados que a estas alturas los combustibles mexicanos son más caros que los gringos.
Otra “solución” muy distinta se da cuando de salarios se trata (un precio en el mercado), y repite el estribillo, pero en sentido contrario: “para que la economía mexicana sea competitiva, hay que ofrecer mano de obra barata, mucho más barata que la de nuestro principal socio comercial” (ídem). Pues bien, el salario mínimo en Estados Unidos ronda los mil 500 dólares por mes (poco más de 20 mil pesos al tipo de cambio actual); en México, ya con la “solución” de la trinca infernal, no pasará de 118 dólares (mil 593 pesos), una diferencia cercana a 13 tantos.
En el vecino del norte quien gana el salario mínimo (mil 500 dólares) es considerado “pobre”, e incluso “muy pobre”; en México, quien obtiene hasta cinco veces el salario ínfimo (7 mil 980 pesos, ya con “solución” para 2009, y son los menos) es considerado “clase media”. Entonces, hay que afinar criterios, siempre con espíritu de equipararnos con “nuestros principales socios comerciales”: o es pobre 75 por ciento de la población ocupada en México (alrededor de 33 millones de personas con un ingreso que va de cero a cinco salarios mínimos), o los estadunidenses que ganan el mínimo en su país (4 por ciento de la población ocupada) son clase media pura (todo apunta a lo primero). Además, allá existe el seguro de desempleo y aquí ni sus luces.
Como previamente lo mencionamos en este espacio, la referencia anterior es útil para ubicar en su exacta dimensión el ingreso y la condición social de los mexicanos, y qué es “vivir por debajo de la línea de la pobreza”, y para actualizarnos qué es “para vivir mejor”. Por ejemplo, el Banco Mundial considera que todo aquel con un ingreso menor a dos dólares diarios es pobre a secas; si tiene un solo dólar, entonces en automático se convierte en miserable, una diferencia, para efectos prácticos, de 13.5 pesos mexicanos, al tipo de cambio actual. En Estados Unidos, “nuestro principal socio”, quien obtiene 50 dólares por jornada laboral, sin lugar a dudas es considerado entre pobre y miserable. En México, por el contrario, 90 por ciento de la población podría ser ubicada como clase media (si se aplica el criterio del Banco Mundial) o viviendo por debajo de la línea de pobreza (versión estadunidense), porque esa es la proporción que obtiene un ingreso igual o inferior al salario mínimo del vecino del norte. Sólo 10 por ciento de los mexicanos ocupados abierta y categóricamente puede ser tipificado como clase premier, y en la cima el puñado de dueños del país.
En fin, por enésimo año consecutivo, los sonrientes patrones, gobierno y “líderes obreros” se ponen de acuerdo para violar el artículo 123 constitucional, que en su fracción VI precisa: “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos...”
Las rebanadas del pastel
Paradojas de la vida: George W. Bush, invasor, violador del derecho internacional, causante de miles de muertes, guerrero primitivo, negociante de la muerte, goza de cabal libertad y protección. En cambio, Muntazer al-Zaidi, periodista iraquí que lanzó unos zapatos contra el inquilino de la Casa Blanca y le gritó: “¡ahí te va un beso de despedida, perro!”, terminó encarcelado, cuando lo único que al colega se le puede reclamar es su falta de puntería.
Cristina Barros y Marco Buenrostro : Itacate
Opinión
Néstor Martínez Cristo : Elecciones 2009: cada quien su tarea
Luis Hernández Navarro : CNTE: 29 años
Magdalena Gómez : Derechos humanos y justicialidad Un aniversario más de la emblemática Declaración Universal de Derechos Humanos y los valores fundamentales que propugna siguen como un horizonte básico de garantías, ante todo como una aspiración. El desarrollo normativo internacional de derechos humanos en 60 años es muy amplio, de tal manera que se han llegado a plantear varias generaciones de garantías, expresión inadecuada, pues supone un orden o una prelación que nada tiene que ver con la noción de integralidad de los derechos económicos, sociales, culturales (DESC) y los políticos.
La muy extensa doctrina en esta materia, los debates conceptuales, algunas sentencias significativas de tribunales como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no pueden sustituir la necesidad de realizar un balance sobre la justiciabilidad de los derechos, tema que nos lleva directamente a un escenario de preocupación, pues de la ocupación ya dan cuenta las defensoras y defensores que se enfrentan a la criminalización de su labor de manera específica cuando acompañan movimientos sociales.
El pasado 5 de diciembre se realizaron en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM varias mesas redondas sobre la recepción nacional del derecho internacional de los derechos humanos en el marco de la presencia en México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su presidenta Cecilia Medina Quiroga fue enfática al señalar que los estados deben cumplir determinados estándares “no sólo en ordenamientos jurídicos, sino en las prácticas”.
Es bien conocido un fenómeno que lamentablemente se presenta en nuestros países de producir leyes para no acatarlas. Esta situación se agudiza cuando prevalece un sistema dualista como en México, donde el enfoque limitado del actual artículo 133 constitucional impide en la práctica la incorporación del derecho internacional en el plano interno.
Como sabemos, el terreno de la justiciabilidad involucra de lleno al espacio estatal y de manera indirecta al de los organismos internacionales de derechos humanos, que por más que reivindiquen adhesión a esas normas, en última instancia sus representantes se ven presionados o determinados por las posturas que adoptan los gobiernos en turno. Ése es el foco rojo al que habrá que dedicar los máximos esfuerzos y entraña sin duda situaciones complejas, pues, por una parte, las demandas sociales en esta materia con frecuencia entran en conflicto con políticas neoliberales y proyectos estatales de manera que “la razón de Estado” se hace valer por encima de los derechos cuyo respeto se exige.
Por otro lado, nos encontramos con el grave peligro de que se produzca una suerte de “desencanto social” sobre el sentido mismo de los derechos al relacionarlos con un mero discurso sin apego a realidades. ¿Cuántas veces nos han señalado que los derechos son únicamente palabras muy bonitas? Y esto sucede en todo tipo de derechos, igual en los DESC, los relativos a pueblos indígenas, y ni qué decir de los derechos políticos, donde el desencuentro profundo con los partidos políticos a ratos parece camino sin retorno.
El panorama en nuestro país ciertamente es sombrío. Siempre está presente la famosa expresión atribuida a quien fuera presidente de la República, José López Portillo: aquello de “ver el vaso medio lleno o medio vacío”. Los avances logrados en derechos humanos obedecen a la labor tenaz y comprometida de las defensoras y los defensores de derechos humanos que utilizan todos los recursos jurídicos a su alcance tanto dentro como fuera del país. Pero estamos atrapados en la nota roja en que se ha convertido la información política, acorde a la prioridad definida por el calderonismo. Con ello se “informa” la ciudadanía, con ello alimenta sus miedos y se inocula la convicción de que necesitamos “mano dura”; no es casual que se haya intentado reabrir el debate legislativo sobre la pena de muerte ante lo cual por fortuna se ha presentado un muy amplio y plural rechazo en los medios.
En realidad no podemos esperar un escenario distinto para los derechos humanos cuando el gobierno actual padece de un vicio de origen en cuanto a su legitimidad. El Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 que presentó la Secretaría de Gobernación deberá ser objeto de análisis detallado; sin embargo, no se observa un acompañamiento de los organismos civiles de derechos humanos, pues aún no se reponen del fiasco en que concluyó su participación durante el foxismo.
Y si de aniversarios hablamos se acerca uno más de la masacre de Acteal en Chiapas y otro de aquel Ya basta que cimbró al país y al mundo el primero de enero de 1994. Lo dicho: antes que meras efemérides requerimos justicia en todos los casos, para todas las víctimas.
A Doña Amalia Solórzano. In Memoriam
José Blanco : Parásitos insaciables
Marco Rascón : Hacia la tragedia nacional
Pedro Miguel : Para 2009
Javier Flores : La muerte del hermafrodita
Teresa del Conde : Alan Glass en el MAM
Política
Hay que rediseñar la estrategia de seguridad; la actual fracasó: CNDH
Debate sobre pena de muerte, sólo por respeto a la pluralidad: SRE
Propone reforma penal del PRI que un procesado enfrente juicio en libertad
Economía
Se multiplicarán revueltas si no se reparte mejor la riqueza: FMIMadrid, 15 de diciembre. Revueltas sociales como las vistas en Grecia podrían propagarse, a menos que el sector financiero global distribuya la riqueza de manera más equitativa, afirmó el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn.
“Si no logramos hacer eso, podría haber revueltas populares en muchos lugares, incluidas las economías avanzadas”, advirtió Strauss-Kahn en una conferencia en Madrid, y añadió que la economía global podría caer en una crisis prolongada que generaría malestar entre la población, a menos que los gobiernos implementen rápidamente los prometidos paquetes de estímulo.
Hizo hincapié en que el próximo año va a ser “muy difícil”, y que la recuperación económica puede no llegar hasta 2010. Para Strauss-Kahn, la crisis económica mundial será peor de lo previsto.
También añadió que el mundo necesita medidas de estímulo de alrededor de 2 por ciento de su producto interno bruto (PIB) –1.2 billones de dólares– para reducir el riesgo de una dañina recesión global, y que el sector financiero del orbe debe compartir en forma más amplia la riqueza. “Si no logramos hacer eso, podría haber revueltas populares en muchos lugares, incluyendo en las economías avanzadas”, insistió.
“La buena noticia, con algunas excepciones, quizá muchas excepciones, es que podríamos ver el comienzo de la recuperación a finales de 2009, comienzos de 2010, pero hay muchos riesgos”, agregó.
El crecimiento se está desacelerando a paso firme en China por los efectos de una caída sin precedente en la economía global, lo que genera temores de protestas populares como las ocurridas en Grecia, expresó el jefe del FMI. Sin una mayor celeridad de los gobiernos, el comienzo de la recuperación a finales de 2009 o comienzos de 2010 podría demorarse, alertó.
“Queda mucho por hacerse, y si no se hace será difícil evitar una crisis duradera que todo el mundo quiere evitar”, reiteró Strauss-Kahn durante una conferencia en Madrid.
“Periodo crítico”
El FMI probablemente recorte el mes que viene su estimación de crecimiento económico global de 2.2 por ciento para 2009, dado que los gobiernos no han podido o querido presupuestar suficientes fondos públicos para restaurar la confianza económica y reiniciar la recuperación, agregó.
“Nos enfrentamos a un descenso sin precedente de la producción, y existe una incertidumbre sustancial que limita la eficacia de algunas medidas fiscales. Debemos movernos muy rápidamente para restaurar la estabilidad económica y financiera. Este es un periodo crítico y las decisiones que se tomen ahora determinarán el futuro de la economía global”, sentenció.
“Se han anunciado muchas cosas, pero creo que luego no se ha ido rápido, y ese es uno de los componentes de la falta de confianza”, declaró Strauss-Kahn.
En ese sentido, especificó que el paquete de estímulo de la Unión Europea, equivalente al 1.5 por ciento del PIB del bloque, no es suficiente para promover una rápida recuperación económica. Llamó a la Unión Europea para hacer esfuerzos adicionales para reactivar la economía de la zona.
“Realmente creo que 1.5 por ciento está por debajo de lo que necesitamos”, indicó Strauss-Kahn. Para quien un síntoma de la crisis es la desaceleración en el crecimiento de China.
“Comenzamos con China con un crecimiento de 11 por ciento, luego ocho, después siete y luego crecería probablemente cinco o seis por ciento. La posibilidad de una recesión global es real, nos damos cuenta de que algo debe hacerse”, afirmó el jefe del FMI.
El organismo previó que el crecimiento chino podría reducirse a casi la mitad el próximo año a medida que la desaceleración global absorba a la mayor economía emergente.
En tanto, Japón reportó el desplome más agudo en la confianza empresarial en tres décadas, mientras China informó que su producción industrial se expandió al menor ritmo desde 1999, reforzando la evidencia de que un declive global duraría a lo largo de todo el próximo año.
Los mercados asiáticos repuntaron a pesar de los datos desfavorables, impulsados por las expectativas de que la Casa Blanca intervendrá para evitar el colapso de las “tres grandes” firmas automotrices de Estados Unidos.
Pero las proyecciones flojas de las automotrices europeas y las consecuencias de un presunto fraude de Wall Street mantenían contenidas las acciones europeas y estadunidenses.
El director gerente del FMI reveló en conferencia de prensa que el crecimiento de China, cuarta mayor economía del mundo y acostumbrada a tasas de crecimiento de dos dígitos, podría bajar a 5 por ciento el próximo año, desde 9.7 este año.
Añadió no ver riesgo inminente de deflación en el mundo a causa de la desaceleración económica y el descenso de los precios de materias primas.
“Hoy día la inflación es muy baja, pero esto no significa que nos enfrentemos a una posible deflación en el corto plazo. Naturalmente, siempre existe el riesgo y no diría que la posibilidad es igual a cero”, comentó.
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Continúa en Colombia la actividad de grupos paramilitares, denuncia el CDHGinebra, 15 de diciembre. Un grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó hoy un informe en el que destacó su preocupación por la persistencia de ejecuciones extrajudiciales en Colombia y por la continuidad de los vínculos entre las fuerzas públicas de seguridad colombianas y los grupos paramilitares, que sólo han cambiado de nombre y actúan impunemente.
El grupo de trabajo sustentó su informe en denuncias de grupos de derechos humanos no gubernamentales, pero la administración del presidente Álvaro Uribe respondió a la CDH que “el concepto de paramilitar es un término que no se aplica en la situación actual”, dado que en 2006 concluyó un proceso de desmovilización de 31 mil hombres armados que pertenecieron a organizaciones de ese tipo.
La situación de los derechos humanos en Colombia fue examinada por representantes de 43 países, que presentaron 79 recomendaciones sobre la materia, de las cuales rechazaron diez.
Entre las rechazadas se encuentra una del gobierno de México que sugiere a Colombia aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional de la ONU, establecida en 1998, debido a que Bogotá no reconoce la existencia de un conflicto interno, según explicó Marcelo Pollack, investigador sobre el caso colombiano de Amnistía Internacional.
Bogotá tampoco aceptó una recomendación que criticaba el involucramiento de niños en el conflicto armado y el pago de recompensas a cambio de denunciar actividades guerrilleras.
En otro orden, uno de los principales jefes de los grupos paramilitares colombianos, conocido con el alias de Jorge 40, admitió este lunes que su organización armada de ultraderecha ejerció influencia en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1998, 2002 y 2006.
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Javier Corral Jurado
Reformas postergadas
16 de diciembre de 2008
La información desplegada en varios medios apuntó a presiones ejercidas por Hacienda, bancos y organismos financieros en cuanto a la reforma de la Ley de Instituciones de Crédito y de Protección a los Usuarios de Servicios Financieros, y de las otras reformas se habló de insuficiente consenso, desacuerdos entre bancadas y entre cámaras. Pero quizá lo más importante es desvelar que en los tres casos la acción directa de personeros del duopolio televisivo produjo esos efectos, mediante el cabildeo disuasivo y a través de la pantalla con su manejo amenazador.
Como siempre que está en riesgo alguno de sus intereses comerciales —y en éste caso lo está su Banco Azteca de enfrentar una mayor competencia por virtud de la reforma al artículo 46 bis 1 de la citada ley—, el grupo Salinas echó mano de la televisión que el Estado le ha concesionado para lanzar una campaña de intimidación y persecución a los legisladores que se opusieron a sus pretensiones legislativas. Sí, convirtiendo su red nacional de televisión en una auténtica bayoneta con la que resguarda sus negocios frente al gobierno, y con la que apunta a cualquier competencia futura.
No es insólito que los concesionarios de las dos principales cadenas de televisión actúen de esa manera; en la escalada de su poder han cometido todo tipo de excesos sin conocer la acción del Estado, por eso han dictado acuerdos, circulares y lineamientos al Poder Ejecutivo e intentado imponer sus leyes y reformas en el Poder Legislativo. Detener las que no les gustan es su acción hasta ahora más efectiva. Lo asombroso es que cuenten con una mayoría de legisladores que permite tales abusos.
Por las presiones que el duopolio televisivo ha ejercido de distintas maneras entre senadores —a quienes conoce en sus ambiciones y a otros en sus miedos—, la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión prácticamente quedó sepultada para esta legislatura; de hecho ya no les permitieron ni culminar con la reforma electoral que tanto publicitaron como parte del valor y dignidad políticas recobradas. Dos días antes de concluir el periodo de sesiones derribaron en el Senado el dictamen de reforma a la ley de radio y tv que buscaba complementar las nuevas disposiciones del Cofipe, en materia de propaganda política, a efecto de obligar con verdaderas sanciones y no con las ridículas multas de ahora, el cumplimiento que de la ley deben hacer los concesionarios.
Moviéndose en ambas cámaras del Congreso, el último día de sesiones, impidieron que pasara al pleno de la Cámara de Diputados —mediante las tradicionales maniobras de último momento del PRI— el dictamen que creaba una nueva ley: la del derecho de réplica. Sobre la que hay cuatro iniciativas, aun cuando el eje principal de la propuesta final es la que presentaron los diputados panistas Rocío Morgan Franco, José Antonio Díaz García y Dora Alicia Martínez Valero; entre otros méritos, por ser la mejor estructurada y la más expedita.
Insertado el año pasado dentro del artículo sexto de la Constitución General de la República, después de 40 años de que México suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos que lo definió como consubstancial al ejercicio de la libertad de expresión, el derecho que tienen las personas para responder informaciones que les causen agravio parece que tendrá que esperar hasta el siguiente periodo, o quizá nueva legislatura, para verse reglamentado y por lo tanto se pueda ejercer plenamente. Durante todo el año, los representantes de las televisoras hicieron de su puño y letra varias modificaciones a ese anteproyecto, y aunque aparentemente ya les había dado el visto bueno a los legisladores para legislar, la TvAzteca no quedó convencida del todo con la redacción.
Culminó el periodo legislativo en el que aún se podían intentar reformas importantes y no quisieron hacerse, y es probable que éste sea su desenlace final como legislatura: la omisión como símbolo del intento que no fue. Porque en el balance sobresalen más los vetos de los grupos de interés a reformas necesarias.
La tarea legislativa —de haberse reposicionado en esta última década por la creciente influencia del Congreso dentro de un nuevo equilibrio de poder— está rápidamente cayendo en un desprestigio por la eficacia con la que favorece intereses particulares y la lentitud, o nulidad, con la que atiende el interés público.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
Martes, 16 de Diciembre de 2008
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