Racismo. De vez en cuando vuelvo sobre este tema. Las castas en México no han desaparecido. La criollada, pequeña minoría, controla la economía, la política y la cultura. Cada vez que frecuento el tema se despierta inquietud entre mis lectores, felicitaciones y críticas.
En un espacio tan reducido, la necesidad de ser sencillo y un tanto provocador me impide matizar. Con base en lo que me han dicho mis lectores haré algunas precisiones: yo creo que la hegemonía criolla ha crecido en lugar de estabilizarse o disminuir. Es cierto, hace muchos años se logró el triunfo ideológico de que no existieran oficialmente barreras raciales entre los mexicanos. Pero un racismo eficaz e hipócrita permea la sociedad mexicana. En el fondo sabemos que la desigualdad brutal que vive el país tiene un fondo racial. Hoy los monopolios privados, políticos y mediáticos que controlan la vida de México están controlados a su vez por criollos.
Los mestizos son más progresistas que los criollos. Se ven obligados a competir. Muchas de las pequeñas y medianas empresas manejadas por mestizos deben soportar una competencia feroz y desleal de los monopolios y oligopolios. No pueden sobrevivir sin ingenio y laboriosidad formidables. Los monopolios controlados por la hegemonía criolla imponen precios y condiciones y están asfixiando la posibilidad de crecimiento y desarrollo. Los mestizos son también el motor de los cambios políticos. Se encuentran en una situación de injusta inferioridad, bloqueados en sus vidas profesionales y en su prosperidad. Ellos son quienes están desarrollando mayor inconformidad y aprendiendo a organizarse. El movimiento de AMLO tiene como base fundamental las capas medias y medias bajas de la población predominantemente mestiza.
Esto no quiere decir que todos los criollos sean malos o que todos los mestizos sean buenos. Una visión maniquea debe desecharse. Los mecanismos de opresión y de explotación son utilizados por unos y otros. No son una invención criolla.
Muchos criollos están colaborando intensamente por el cambio en todos los campos. Sus aportaciones no son insignificantes. También es cierto, como señala mi corresponsal Federico Anaya Gallardo, que es muy criollo el estilo cortesano, que los mitos criollos han hecho más daño que bien. Pero hay que recordar que muchos criollos han promovido cambios radicales y han denunciado el racismo. Falta por hacer un estudio profundo de las diferencias y conexiones entre los estratos porosos de las castas mexicanas, residuos duros de las viejas castas coloniales, cuya supervivencia es negada olímpicamente por quienes la padecemos.
jaorpin@yahoo.com.mx
En un espacio tan reducido, la necesidad de ser sencillo y un tanto provocador me impide matizar. Con base en lo que me han dicho mis lectores haré algunas precisiones: yo creo que la hegemonía criolla ha crecido en lugar de estabilizarse o disminuir. Es cierto, hace muchos años se logró el triunfo ideológico de que no existieran oficialmente barreras raciales entre los mexicanos. Pero un racismo eficaz e hipócrita permea la sociedad mexicana. En el fondo sabemos que la desigualdad brutal que vive el país tiene un fondo racial. Hoy los monopolios privados, políticos y mediáticos que controlan la vida de México están controlados a su vez por criollos.
Los mestizos son más progresistas que los criollos. Se ven obligados a competir. Muchas de las pequeñas y medianas empresas manejadas por mestizos deben soportar una competencia feroz y desleal de los monopolios y oligopolios. No pueden sobrevivir sin ingenio y laboriosidad formidables. Los monopolios controlados por la hegemonía criolla imponen precios y condiciones y están asfixiando la posibilidad de crecimiento y desarrollo. Los mestizos son también el motor de los cambios políticos. Se encuentran en una situación de injusta inferioridad, bloqueados en sus vidas profesionales y en su prosperidad. Ellos son quienes están desarrollando mayor inconformidad y aprendiendo a organizarse. El movimiento de AMLO tiene como base fundamental las capas medias y medias bajas de la población predominantemente mestiza.
Esto no quiere decir que todos los criollos sean malos o que todos los mestizos sean buenos. Una visión maniquea debe desecharse. Los mecanismos de opresión y de explotación son utilizados por unos y otros. No son una invención criolla.
Muchos criollos están colaborando intensamente por el cambio en todos los campos. Sus aportaciones no son insignificantes. También es cierto, como señala mi corresponsal Federico Anaya Gallardo, que es muy criollo el estilo cortesano, que los mitos criollos han hecho más daño que bien. Pero hay que recordar que muchos criollos han promovido cambios radicales y han denunciado el racismo. Falta por hacer un estudio profundo de las diferencias y conexiones entre los estratos porosos de las castas mexicanas, residuos duros de las viejas castas coloniales, cuya supervivencia es negada olímpicamente por quienes la padecemos.
jaorpin@yahoo.com.mx
Mientras Obama realizaba su primera visita mundial a Canadá, Hillary Clinton, la poderosa secretaria de Estado, emprendía su primer periplo a la región asiática, lo que marca un giro determinante de la geopolítica, geoeconomía y geofinanzas de Estados Unidos (EU).
La primera visita de Hillary no fue a Europa (aliada privilegiada estadunidense desde la Primera Guerra Mundial) ni a Rusia (rival que desde el punto de vista geoestratégico nuclear es tan poderosa como Estados Unidos).
Pareciera que Obama ha decidido conectarse más a las cuatro principales potencias geoeconómicas de la región asiática, en detrimento de Europa, que se ha fracturado en su abordaje a Rusia.
En la línea de Henry Kissinger, ex secretario de Estado por el Partido Republicano (Ver Bajo la Lupa 8/1/09), en su nuevo abordaje geoestratégico, que parece ser bipartidista, Obama ha optado por un acercamiento mayor con las cuatro principales potencias geoeconómicas de Asia Oriental: China, Japón, Sudcorea e Indonesia, que ostentan singularidades estratégicas remarcables.
China, Japón y Sudcorea constituyen las principales economías del noreste asiático.
De dos cosas: o bien la administración Obama ha perdido la paciencia con sus alianzas europeas (lo cual se demostró fehacientemente en la fracasada cumbre de la OTAN en Cracovia. Stratfor, 20/2/09), o de plano ha entendido que el poderoso eje energético-económico entre Rusia y Alemania (al que se ha sumado Francia) es ya, a estas alturas, inextricable.
De allí quizá nazca la mayor inclinación de la administración Obama a la región asiática oriental, proyectada, de acuerdo con las tendencias, a convertirse en el nuevo centro de gravedad geoeconómica del planeta.
A nuestro humilde entender, las visitas a los cuatro países de Asia oriental son de corte eminentemente geoeconómico y geofinanciero (cuando la liquidez se ha vuelto emperatriz).
Expliquémonos: si sumamos el PIB medido por el poder de paridad de compra (de acuerdo con datos de la CIA) de los cuatro países visitados, China detenta 7.8 trillones de dólares (en anglosajón: un millón de millones), tercer lugar mundial; Japón, 4.5 trillones (cuarto lugar); Sudcorea, 1.3 trillones (lugar 15), e Indonesia, 932,100 millones (sitio 16), lo cual arroja un total de 14.53 trillones, lo que representan poco menos que el PIB de la Unión Europea (UE), con 14.96 trillones (primer lugar mundial), y de Estados Unidos, con 14.58 trillones (segundo lugar mundial).
Los cuatro países visitados constituirían así el tercer PIB mundial, vistos en forma conjunta, y estarían a punto de alcanzar a Estados Unidos y de rebasar a la UE.
En el ámbito geofinanciero cabe destacar las reservas de divisas de los cuatro países visitados, los cuales, del total mundial de 7.34 trillones de dólares, China ostenta el primer lugar (2 trillones, 27 por ciento global); Japón, un trillón (segundo lugar); Sudcorea, 201,200 millones (sexto lugar), e Indonesia, 50,191 millones (sitio 25).
Los países visitados arrojan un total de 3.25 trillones de dólares, es decir, 44 por ciento de las reservas mundiales.
Si a esta cifra azorante le agregamos las reservas de divisas de la totalidad de lo que hemos bautizado como el circuito étnico chino (que agrupa a la misma China, además de Hong Kong, Macao, Taiwán y Singapur), entonces Hillary se encontró ante 53 por ciento de las reservas mundiales, en comparación con las patéticas reservas estadunidenses de 71,245 millones de dólares (la UE padece similar penuria).
Cabe puntualizar las reservas de divisas dentro del circuito étnico chino de Taiwán, 292,676 millones de dólares; Hong Kong, 181,700 millones; Singapur, 165,677 millones, y Macao, 15,930 millones.
Se puede sintetizar con datos duros que la vista de Hillary, en medio de la peor crisis económica y financiera de Estados Unidos, fue primordialmente tanto de corte geoeconómico como geofinanciero. En este contexto, es probable que la otrora superpotencia unipolar busque el respaldo, si no la complementariedad, de sus anfitriones.
También se traslucen consideraciones geopolíticas, aunque más limitadas en sus alcances: reforzamiento de los vínculos con Japón (que vive una grave declinación económica y el inicio de una recomposición política); el arreglo negociado de la península coreana, donde EU posee en Sudcorea una importante presencia militar frente a la nuclearización de Norcorea, y el apuntalamiento a Indonesia, relevante potencia en hidrocarburos y miembro de la OPEP.
Indonesia se cuece aparte: cuenta con la mayor población islámica del mundo (86 por ciento de musulmanes de sus casi 240 millones de habitantes, según el censo ya muy atrasado de 2000; ahora deben ser mucho más) y, sobre todo, controla una de las costas del superestratégico estrecho de Málaca (la otra pertenece a Malasia).
El estrecho de Málaca constituye uno de los corredores marítimos más importantes del mundo, que conecta las economías de India, China, Japón y Sudcorea, y por donde se transporta la cuarta parte de las mercancías en los mares del planeta (que incluyen el petróleo).
Más allá del aspecto emocional y simbólico de Indonesia, donde Obama pasó su adolescencia, el archipiélago islámico se encuentra situado estratégicamente en una línea horizontal que separa al océano Índico del océano Pacífico.
Pese a constituir una de las joyas emergentes del bloque de naciones del sudeste asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), Indonesia exhibe preocupantes vulnerabilidades: deuda de 30 por ciento de su PIB, una perturbadora pobreza y una elevada facturación por la importación de alimentos. Otra fragilidad radica en su subdesarrollo financiero. De allí que no haya sido gratuita su solicitud a EU, en vísperas de la visita de Clinton, de una cobertura de protección de divisas a través del mecanismo Swap (Stratfor, 20/2/09).
Los Swaps consisten en transacciones entre dos bancos centrales que intercambian sus divisas a una tasa estipulada de cambio, pagadera posteriormente.
Estados Unidos ha realizado recientemente transacciones Swap por 500,000 millones de dólares a 14 bancos centrales (entre ellos el desfondado Banco de México, pésimamente manejado por Guillermo Ortiz Martínez). ¿Quién va a pagar los Swaps que alegremente ha emitido EU?
Indonesia dispone ya de acuerdos Swap con Japón, China y Sudcorea por un total de 12,000 millones de dólares, lo cual es una miseria frente a la dimensión de su deuda y su PIB.
Lo grave es que Estados Unidos no dispone de las reservas convenientes (30 por ciento superiores a las del archipiélago islámico), por lo que Washington necesita de similar respaldo monetario al de Indonesia. No es lo mismo que China y Japón emitan Swaps plenamente avalados, a que lo haga el insolvente EU.
De las cuatro visitas, la más estelar fue a China, la cual requiere una profundización especial.
La primera visita de Hillary no fue a Europa (aliada privilegiada estadunidense desde la Primera Guerra Mundial) ni a Rusia (rival que desde el punto de vista geoestratégico nuclear es tan poderosa como Estados Unidos).
Pareciera que Obama ha decidido conectarse más a las cuatro principales potencias geoeconómicas de la región asiática, en detrimento de Europa, que se ha fracturado en su abordaje a Rusia.
En la línea de Henry Kissinger, ex secretario de Estado por el Partido Republicano (Ver Bajo la Lupa 8/1/09), en su nuevo abordaje geoestratégico, que parece ser bipartidista, Obama ha optado por un acercamiento mayor con las cuatro principales potencias geoeconómicas de Asia Oriental: China, Japón, Sudcorea e Indonesia, que ostentan singularidades estratégicas remarcables.
China, Japón y Sudcorea constituyen las principales economías del noreste asiático.
De dos cosas: o bien la administración Obama ha perdido la paciencia con sus alianzas europeas (lo cual se demostró fehacientemente en la fracasada cumbre de la OTAN en Cracovia. Stratfor, 20/2/09), o de plano ha entendido que el poderoso eje energético-económico entre Rusia y Alemania (al que se ha sumado Francia) es ya, a estas alturas, inextricable.
De allí quizá nazca la mayor inclinación de la administración Obama a la región asiática oriental, proyectada, de acuerdo con las tendencias, a convertirse en el nuevo centro de gravedad geoeconómica del planeta.
A nuestro humilde entender, las visitas a los cuatro países de Asia oriental son de corte eminentemente geoeconómico y geofinanciero (cuando la liquidez se ha vuelto emperatriz).
Expliquémonos: si sumamos el PIB medido por el poder de paridad de compra (de acuerdo con datos de la CIA) de los cuatro países visitados, China detenta 7.8 trillones de dólares (en anglosajón: un millón de millones), tercer lugar mundial; Japón, 4.5 trillones (cuarto lugar); Sudcorea, 1.3 trillones (lugar 15), e Indonesia, 932,100 millones (sitio 16), lo cual arroja un total de 14.53 trillones, lo que representan poco menos que el PIB de la Unión Europea (UE), con 14.96 trillones (primer lugar mundial), y de Estados Unidos, con 14.58 trillones (segundo lugar mundial).
Los cuatro países visitados constituirían así el tercer PIB mundial, vistos en forma conjunta, y estarían a punto de alcanzar a Estados Unidos y de rebasar a la UE.
En el ámbito geofinanciero cabe destacar las reservas de divisas de los cuatro países visitados, los cuales, del total mundial de 7.34 trillones de dólares, China ostenta el primer lugar (2 trillones, 27 por ciento global); Japón, un trillón (segundo lugar); Sudcorea, 201,200 millones (sexto lugar), e Indonesia, 50,191 millones (sitio 25).
Los países visitados arrojan un total de 3.25 trillones de dólares, es decir, 44 por ciento de las reservas mundiales.
Si a esta cifra azorante le agregamos las reservas de divisas de la totalidad de lo que hemos bautizado como el circuito étnico chino (que agrupa a la misma China, además de Hong Kong, Macao, Taiwán y Singapur), entonces Hillary se encontró ante 53 por ciento de las reservas mundiales, en comparación con las patéticas reservas estadunidenses de 71,245 millones de dólares (la UE padece similar penuria).
Cabe puntualizar las reservas de divisas dentro del circuito étnico chino de Taiwán, 292,676 millones de dólares; Hong Kong, 181,700 millones; Singapur, 165,677 millones, y Macao, 15,930 millones.
Se puede sintetizar con datos duros que la vista de Hillary, en medio de la peor crisis económica y financiera de Estados Unidos, fue primordialmente tanto de corte geoeconómico como geofinanciero. En este contexto, es probable que la otrora superpotencia unipolar busque el respaldo, si no la complementariedad, de sus anfitriones.
También se traslucen consideraciones geopolíticas, aunque más limitadas en sus alcances: reforzamiento de los vínculos con Japón (que vive una grave declinación económica y el inicio de una recomposición política); el arreglo negociado de la península coreana, donde EU posee en Sudcorea una importante presencia militar frente a la nuclearización de Norcorea, y el apuntalamiento a Indonesia, relevante potencia en hidrocarburos y miembro de la OPEP.
Indonesia se cuece aparte: cuenta con la mayor población islámica del mundo (86 por ciento de musulmanes de sus casi 240 millones de habitantes, según el censo ya muy atrasado de 2000; ahora deben ser mucho más) y, sobre todo, controla una de las costas del superestratégico estrecho de Málaca (la otra pertenece a Malasia).
El estrecho de Málaca constituye uno de los corredores marítimos más importantes del mundo, que conecta las economías de India, China, Japón y Sudcorea, y por donde se transporta la cuarta parte de las mercancías en los mares del planeta (que incluyen el petróleo).
Más allá del aspecto emocional y simbólico de Indonesia, donde Obama pasó su adolescencia, el archipiélago islámico se encuentra situado estratégicamente en una línea horizontal que separa al océano Índico del océano Pacífico.
Pese a constituir una de las joyas emergentes del bloque de naciones del sudeste asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), Indonesia exhibe preocupantes vulnerabilidades: deuda de 30 por ciento de su PIB, una perturbadora pobreza y una elevada facturación por la importación de alimentos. Otra fragilidad radica en su subdesarrollo financiero. De allí que no haya sido gratuita su solicitud a EU, en vísperas de la visita de Clinton, de una cobertura de protección de divisas a través del mecanismo Swap (Stratfor, 20/2/09).
Los Swaps consisten en transacciones entre dos bancos centrales que intercambian sus divisas a una tasa estipulada de cambio, pagadera posteriormente.
Estados Unidos ha realizado recientemente transacciones Swap por 500,000 millones de dólares a 14 bancos centrales (entre ellos el desfondado Banco de México, pésimamente manejado por Guillermo Ortiz Martínez). ¿Quién va a pagar los Swaps que alegremente ha emitido EU?
Indonesia dispone ya de acuerdos Swap con Japón, China y Sudcorea por un total de 12,000 millones de dólares, lo cual es una miseria frente a la dimensión de su deuda y su PIB.
Lo grave es que Estados Unidos no dispone de las reservas convenientes (30 por ciento superiores a las del archipiélago islámico), por lo que Washington necesita de similar respaldo monetario al de Indonesia. No es lo mismo que China y Japón emitan Swaps plenamente avalados, a que lo haga el insolvente EU.
De las cuatro visitas, la más estelar fue a China, la cual requiere una profundización especial.
Hasta ahora percibimos que, en nuestro país, para hacer una ley que va a favor del interés general de la sociedad, hay que hacerlo de modo de evitar que todos aquellos que se puedan oponer, por lo común, quienes tienen intereses parciales o facciosos que, también por lo general, hacen naufragar el esfuerzo (porque son muy poderosos), no se enteren sino hasta que el acto legislativo está consumado. No es un reproche. Si hay que hacerlo así, pues habrá que hacerlo, pero eso no está apegado a lo que debe privar en la definición de la labor del legislador. En todo caso, es un principio constitucional y legal que el interés general debe prevalecer sobre el particular.
Que en el Senado se haya tenido que operar, como dicen los gringos en su pedestre jerga parlamentaria, fast track, para impedir que los monopolios televisivos siguieran impidiendo adecuar la Ley Federal de Radio y Televisión a la legislación electoral aprobada, fue, por decir lo menos, sorprendente, pero justificable porque, en efecto y a la postre, prevalece el interés general. Interés particular: impunidad de los medios para desobedecer abiertamente y casi sin explicaciones la legalidad reinante, como venganza por haberles quitado (en la nueva normatividad electoral) los jugosos ingresos por propaganda electoral. Interés general: que se sometiera a los medios a esa normatividad y no siguieran medrando, como en el pasado, con los dineros públicos que son de toda la sociedad y los administra su Estado.
Eso destaca la duplicidad que existe entre la ley, que representa el ideal deseado, y la realidad, en la que los intereses en juego (particulares todos) se imponen en los hechos a favor suyo. En el derecho, el Legislativo es un órgano representativo en el que los legisladores son elegidos por partidos que representan la pluralidad de los intereses sociales (todos ellos particulares) y que quieren presentarse como los que convienen a toda la sociedad. En los hechos, resulta que no todos los intereses tienen el mismo peso y, en particular, aquellos que están ligados a la riqueza privada tienen muchos más recursos para imponerse y, aunque abiertamente ni siquiera simulan ser los generales de la sociedad, a fin de cuentas se imponen sobre el Legislativo y lo hacen trabajar a su favor.
Eso es lo que ha estado pasando con la legislación en materia de radio y telecomunicaciones. El deplorable sainete en el que estuvieron enfrascados el IFE, sus consejeros y las televisoras resultó la gota que derramó el vaso. Ya ni siquiera vale la pena seguir el relato de los hechos que se dieron, baste con decir que la autoridad institucional del IFE resultó terriblemente dañada y de eso se tomó nota en el Senado. El PRD y el PT fueron los únicos partidos que en el Consejo General impugnaron los arreglos con las televisoras que, en los hechos, fueron exoneradas por sus abiertas violaciones a la ley o muy mal sancionadas. Había que hacer algo y consistió en volver coincidentes la legislación electoral y la legislación sobre medios.
En un Legislativo tal y como está diseñado en la Constitución se supone que los intereses que llevan los partidos al debate sobre las leyes se confrontan y, al final, se negocian. No puede haber otra base. La institución del cabildeo privado pone las cosas en otro nivel: un partido que sostiene ciertos principios (que responden siempre a ciertos intereses) puede ser alejado por las presiones de los cabilderos privados de las posiciones que le son propias y tomar decisiones que lesionan esos principios. En esos casos ya no importan los principios sino la fuerza de la presión. Para eso, a veces, ni siquiera hace falta la presión, porque muchos legisladores no son más que personeros o mandaderos de los poderosos y ellos, con ese respaldo, pueden hacer mucho para favorecer a sus patronos.
Las televisoras, en el fondo, nunca justificaron que la libertad de expresión que tanto cacarean era su objetivo. El principio constitucional de la libertad de expresión no tuvo nada que ver con sus transgresiones de la ley. Su verdadero motivo de irritación era que la nueva legislación electoral les había quitado el jugoso negocio de las transmisiones de mensajes de los partidos y de la autoridad electoral. Nunca lo admitieron, pero era lo que resentían. Su argumento cumbre era que, en todo caso, la nueva legislación electoral no las podía vincular porque la legislación sobre medios no decía lo mismo y no las obligaba a cumplir lo en aquella estipulado. No tenían razón, pues cualquier ley vale para todos, pero era un buen escudo.
Ese pretexto artificioso y falaz se les acabó con unas cuantas modificaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión (todavía en proceso). En su nuevo artículo 79-A, inciso cuarto, se impone que las televisoras y radiodifusoras están obligadas a reconocer la suprema autoridad del IFE en la materia y los concesionarios no podrán alterar las pautas ni exigir requisitos adicionales a los aprobados por el instituto, amén de no regatear y poner a disposición del IFE el tiempo de 48 minutos diarios en cada emisora que corresponde al Estado, sin pagar nada por ello, pues se trata de derechos e impuestos que ellas le deben. Lo que quiere decir que están obligadas a transmitir íntegramente y en los tiempos señalados en las pautas correspondientes los mensajes y programas que ordene. ¿Qué libertad individual se transgrede cuando lo único que se establece es que el Estado se toma lo que le corresponde?
Aunque el senador Ricardo García Cervantes propuso en su dictamen que en caso de infracciones graves y sistemáticas a las nuevas disposiciones el IFE pediría que se revocara la concesión de las empresas insumisas (artículo 107), el cabildeo interno (legisladores gatos de los monopolios) impuso que sólo se dará cuenta a la autoridad competente (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) para que decida al respecto. Eso es como darle al caco las llaves de la casa. Pero, a final de cuentas, no resultó mal. Ahora ya está claro que el dinero de los contribuyentes no será para los tiburones de los medios.
Carlos Sotelo, presidente de la comisión en el Senado, dijo que era penoso aprobar de forma rápida, sin debate y con dispensa de lecturas en el pleno (pues era la única forma de sacar) esa reforma. Los senadores deberían preguntarse por qué tienen que legislar al oculto para evitar ser presionados por los poderosos y por qué no pueden hacer su trabajo, digamos, normalmente.
Que en el Senado se haya tenido que operar, como dicen los gringos en su pedestre jerga parlamentaria, fast track, para impedir que los monopolios televisivos siguieran impidiendo adecuar la Ley Federal de Radio y Televisión a la legislación electoral aprobada, fue, por decir lo menos, sorprendente, pero justificable porque, en efecto y a la postre, prevalece el interés general. Interés particular: impunidad de los medios para desobedecer abiertamente y casi sin explicaciones la legalidad reinante, como venganza por haberles quitado (en la nueva normatividad electoral) los jugosos ingresos por propaganda electoral. Interés general: que se sometiera a los medios a esa normatividad y no siguieran medrando, como en el pasado, con los dineros públicos que son de toda la sociedad y los administra su Estado.
Eso destaca la duplicidad que existe entre la ley, que representa el ideal deseado, y la realidad, en la que los intereses en juego (particulares todos) se imponen en los hechos a favor suyo. En el derecho, el Legislativo es un órgano representativo en el que los legisladores son elegidos por partidos que representan la pluralidad de los intereses sociales (todos ellos particulares) y que quieren presentarse como los que convienen a toda la sociedad. En los hechos, resulta que no todos los intereses tienen el mismo peso y, en particular, aquellos que están ligados a la riqueza privada tienen muchos más recursos para imponerse y, aunque abiertamente ni siquiera simulan ser los generales de la sociedad, a fin de cuentas se imponen sobre el Legislativo y lo hacen trabajar a su favor.
Eso es lo que ha estado pasando con la legislación en materia de radio y telecomunicaciones. El deplorable sainete en el que estuvieron enfrascados el IFE, sus consejeros y las televisoras resultó la gota que derramó el vaso. Ya ni siquiera vale la pena seguir el relato de los hechos que se dieron, baste con decir que la autoridad institucional del IFE resultó terriblemente dañada y de eso se tomó nota en el Senado. El PRD y el PT fueron los únicos partidos que en el Consejo General impugnaron los arreglos con las televisoras que, en los hechos, fueron exoneradas por sus abiertas violaciones a la ley o muy mal sancionadas. Había que hacer algo y consistió en volver coincidentes la legislación electoral y la legislación sobre medios.
En un Legislativo tal y como está diseñado en la Constitución se supone que los intereses que llevan los partidos al debate sobre las leyes se confrontan y, al final, se negocian. No puede haber otra base. La institución del cabildeo privado pone las cosas en otro nivel: un partido que sostiene ciertos principios (que responden siempre a ciertos intereses) puede ser alejado por las presiones de los cabilderos privados de las posiciones que le son propias y tomar decisiones que lesionan esos principios. En esos casos ya no importan los principios sino la fuerza de la presión. Para eso, a veces, ni siquiera hace falta la presión, porque muchos legisladores no son más que personeros o mandaderos de los poderosos y ellos, con ese respaldo, pueden hacer mucho para favorecer a sus patronos.
Las televisoras, en el fondo, nunca justificaron que la libertad de expresión que tanto cacarean era su objetivo. El principio constitucional de la libertad de expresión no tuvo nada que ver con sus transgresiones de la ley. Su verdadero motivo de irritación era que la nueva legislación electoral les había quitado el jugoso negocio de las transmisiones de mensajes de los partidos y de la autoridad electoral. Nunca lo admitieron, pero era lo que resentían. Su argumento cumbre era que, en todo caso, la nueva legislación electoral no las podía vincular porque la legislación sobre medios no decía lo mismo y no las obligaba a cumplir lo en aquella estipulado. No tenían razón, pues cualquier ley vale para todos, pero era un buen escudo.
Ese pretexto artificioso y falaz se les acabó con unas cuantas modificaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión (todavía en proceso). En su nuevo artículo 79-A, inciso cuarto, se impone que las televisoras y radiodifusoras están obligadas a reconocer la suprema autoridad del IFE en la materia y los concesionarios no podrán alterar las pautas ni exigir requisitos adicionales a los aprobados por el instituto, amén de no regatear y poner a disposición del IFE el tiempo de 48 minutos diarios en cada emisora que corresponde al Estado, sin pagar nada por ello, pues se trata de derechos e impuestos que ellas le deben. Lo que quiere decir que están obligadas a transmitir íntegramente y en los tiempos señalados en las pautas correspondientes los mensajes y programas que ordene. ¿Qué libertad individual se transgrede cuando lo único que se establece es que el Estado se toma lo que le corresponde?
Aunque el senador Ricardo García Cervantes propuso en su dictamen que en caso de infracciones graves y sistemáticas a las nuevas disposiciones el IFE pediría que se revocara la concesión de las empresas insumisas (artículo 107), el cabildeo interno (legisladores gatos de los monopolios) impuso que sólo se dará cuenta a la autoridad competente (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) para que decida al respecto. Eso es como darle al caco las llaves de la casa. Pero, a final de cuentas, no resultó mal. Ahora ya está claro que el dinero de los contribuyentes no será para los tiburones de los medios.
Carlos Sotelo, presidente de la comisión en el Senado, dijo que era penoso aprobar de forma rápida, sin debate y con dispensa de lecturas en el pleno (pues era la única forma de sacar) esa reforma. Los senadores deberían preguntarse por qué tienen que legislar al oculto para evitar ser presionados por los poderosos y por qué no pueden hacer su trabajo, digamos, normalmente.
El triunfo electoral de Hugo Chávez, con un millón de votos de diferencia, fortalece a su gobierno en el plano nacional e internacional. Sin embargo, ni el imperialismo ni los opositores de la derecha recalcitrante cejarán en la lucha por derribarlo. Estudiar, por tanto, los distintos escenarios posibles, es ejercicio necesario.
Toda la derecha y los sectores conservadores esta vez se unieron en el No, un solo punto claro y simple, y aun así perdieron. De modo que, salvo catástrofes sociales imprevistas que rompan la alianza entre el gobierno y los sectores populares mayoritarios, es evidente que en las elecciones siguientes (para la Asamblea Nacional, para la elección presidencial) lo más probable es que se repita en las urnas el triunfo gubernamental frente a una derecha que estará más dividida del centro derecha.
Si el éxito obtenido ha significado para el gobierno el reforzamiento –para bien y para mal– de la tendencia centrípeta; para la oposición, por el contrario, fortaleció las tendencias centrífugas; o sea que en el seno de la actual oposición surgirán más claramente posiciones de adaptación a esta realidad, líneas conciliadoras, grupos que, por desmoralización u oportunismo, tenderán puentes hacia el gobierno chavista. Los sectores opositores más duros, por el contrario, sacarán una conclusión opuesta. Y, al ver que por la vía de las urnas el camino al gobierno está cerrado, recurrirán a las vías extralegales, es decir, a la conspiración, los preparativos de levantamientos cívico-militares, la compra de militares y de altos funcionarios, e incluso los atentados contra Chávez, con ayuda de las trasnacionales y, sobre todo, de la diplomacia estadunidense.
Los distintos sectores del gobierno, con la victoria en el referendo, han reforzado, por su parte, su unidad y su posición. Pero precisamente este hecho podría llevar a algunos a buscar lazos con los opositores más llevados a la conciliación. Esto es lógico y necesario (conviene dividir más al bloque opositor). Pero, dada la composición de clase y las similitudes en la visión del mundo y en las afinidades ideológicas que existen entre la derecha del aparato gubernamental chavista y el centroderecha, se corre el riesgo de que se borren las fronteras entre los que, de una u otra manera, se llaman bolivarianos, y los opositores más o menos conciliadores o democráticos.
Éstos, de uno u otro modo –o siendo cooptados o formando la opinión política y social de la derecha chavista militar o civil– lograrían carta de ciudadanía política entre los bolivarianos moderados y meterían una importante cuña ideológica en el aparato chavista. Sobre todo porque el chavismo no ha definido aún si se apoya en la organización y los poderes populares (misiones, barrio adentro, municipios) esencialmente para que el aparato estatal centralizado y vertical tenga mayor margen de maniobra frente a los empresarios bolivarianos a los que busca privilegiar y desarrollar o si, por el contrario, quiere dar un protagonismo en la construcción de un sistema social alternativo a los trabajadores y sus gérmenes de poder.
Porque, en un Estado con fuerte centralización y verticalismo, que se apoya en el ejército y que practica una economía capitalista de Estado, la primera opción conduce al aumento de la dominación capitalista sobre los oprimidos y explotados y, por tanto, favorece la construcción de un bloque conservador entre la boliburguesía y las clases medias asustadas por la crisis económica y social, mientras la segunda lleva, por el contrario, a desarrollar la creatividad y la independencia política del pueblo venezolano, a unir horizontalmente las experiencias de democracia directa, a descentralizar el Estado y debilitarlo como aparato, a desarrollar experiencias productivas alternativas y autogestionarias en el territorio, reforzando la revolución.
Ahora bien, la opción entre ambas vías debe hacerse ahora, ya mismo, porque la crisis mundial reducirá el consumo energético y, por tanto, el precio del petróleo venezolano y el número de barriles de crudo exportados, porque la desocupación crecerá y se achicarán las reservas en divisas y, además, se reducirán los salarios reales y aumentará la pobreza. La boliburguesía lucra con los negocios, con la corrupción, con la fuga de divisas y las importaciones de lujo. O sea, con todo lo que hay que impedir si se quiere una verdadera revolución y privilegiar el mercado interno y los consumos esenciales. Y la renta extraordinaria del petróleo ya no alcanza para asegurar lo necesario para el desarrollo social, hacer una política internacional solidaria y, además, mantener el lujo, la corrupción, el despilfarro.
Un viraje conciliador hacia los sectores burgueses y conservadores conlleva implícitamente una política de distribución de los ingresos favorables a los enemigos de la revolución bolivariana. Un fortalecimiento de las experiencias de autorganización y de autogestión, y de los organismos del poder popular, además de aumentar el peso de los mismos en el bloque político que da base al gobierno, reforzaría el desarrollo nacional, la producción, el consumo, el control del modo en que se gasta cada dólar, la responsabilidad política de cada uno, que comenzaría así a ser ciudadano y no mero objeto pasivo de decisiones de un aparato superior y ajeno.
El proverbio dice que la ocasión es como el fierro y que hay que golpearla mientras está caliente. La victoria electoral, por consiguiente, debe ser base para nuevas definiciones: se ganó una batalla menor, en el terreno más conveniente para la revolución bolivariana, pero la guerra sigue, más encarnizada que nunca, y no se debe permitir la reorganización del enemigo ni la dispersión de las propias fuerzas.
Toda la derecha y los sectores conservadores esta vez se unieron en el No, un solo punto claro y simple, y aun así perdieron. De modo que, salvo catástrofes sociales imprevistas que rompan la alianza entre el gobierno y los sectores populares mayoritarios, es evidente que en las elecciones siguientes (para la Asamblea Nacional, para la elección presidencial) lo más probable es que se repita en las urnas el triunfo gubernamental frente a una derecha que estará más dividida del centro derecha.
Si el éxito obtenido ha significado para el gobierno el reforzamiento –para bien y para mal– de la tendencia centrípeta; para la oposición, por el contrario, fortaleció las tendencias centrífugas; o sea que en el seno de la actual oposición surgirán más claramente posiciones de adaptación a esta realidad, líneas conciliadoras, grupos que, por desmoralización u oportunismo, tenderán puentes hacia el gobierno chavista. Los sectores opositores más duros, por el contrario, sacarán una conclusión opuesta. Y, al ver que por la vía de las urnas el camino al gobierno está cerrado, recurrirán a las vías extralegales, es decir, a la conspiración, los preparativos de levantamientos cívico-militares, la compra de militares y de altos funcionarios, e incluso los atentados contra Chávez, con ayuda de las trasnacionales y, sobre todo, de la diplomacia estadunidense.
Los distintos sectores del gobierno, con la victoria en el referendo, han reforzado, por su parte, su unidad y su posición. Pero precisamente este hecho podría llevar a algunos a buscar lazos con los opositores más llevados a la conciliación. Esto es lógico y necesario (conviene dividir más al bloque opositor). Pero, dada la composición de clase y las similitudes en la visión del mundo y en las afinidades ideológicas que existen entre la derecha del aparato gubernamental chavista y el centroderecha, se corre el riesgo de que se borren las fronteras entre los que, de una u otra manera, se llaman bolivarianos, y los opositores más o menos conciliadores o democráticos.
Éstos, de uno u otro modo –o siendo cooptados o formando la opinión política y social de la derecha chavista militar o civil– lograrían carta de ciudadanía política entre los bolivarianos moderados y meterían una importante cuña ideológica en el aparato chavista. Sobre todo porque el chavismo no ha definido aún si se apoya en la organización y los poderes populares (misiones, barrio adentro, municipios) esencialmente para que el aparato estatal centralizado y vertical tenga mayor margen de maniobra frente a los empresarios bolivarianos a los que busca privilegiar y desarrollar o si, por el contrario, quiere dar un protagonismo en la construcción de un sistema social alternativo a los trabajadores y sus gérmenes de poder.
Porque, en un Estado con fuerte centralización y verticalismo, que se apoya en el ejército y que practica una economía capitalista de Estado, la primera opción conduce al aumento de la dominación capitalista sobre los oprimidos y explotados y, por tanto, favorece la construcción de un bloque conservador entre la boliburguesía y las clases medias asustadas por la crisis económica y social, mientras la segunda lleva, por el contrario, a desarrollar la creatividad y la independencia política del pueblo venezolano, a unir horizontalmente las experiencias de democracia directa, a descentralizar el Estado y debilitarlo como aparato, a desarrollar experiencias productivas alternativas y autogestionarias en el territorio, reforzando la revolución.
Ahora bien, la opción entre ambas vías debe hacerse ahora, ya mismo, porque la crisis mundial reducirá el consumo energético y, por tanto, el precio del petróleo venezolano y el número de barriles de crudo exportados, porque la desocupación crecerá y se achicarán las reservas en divisas y, además, se reducirán los salarios reales y aumentará la pobreza. La boliburguesía lucra con los negocios, con la corrupción, con la fuga de divisas y las importaciones de lujo. O sea, con todo lo que hay que impedir si se quiere una verdadera revolución y privilegiar el mercado interno y los consumos esenciales. Y la renta extraordinaria del petróleo ya no alcanza para asegurar lo necesario para el desarrollo social, hacer una política internacional solidaria y, además, mantener el lujo, la corrupción, el despilfarro.
Un viraje conciliador hacia los sectores burgueses y conservadores conlleva implícitamente una política de distribución de los ingresos favorables a los enemigos de la revolución bolivariana. Un fortalecimiento de las experiencias de autorganización y de autogestión, y de los organismos del poder popular, además de aumentar el peso de los mismos en el bloque político que da base al gobierno, reforzaría el desarrollo nacional, la producción, el consumo, el control del modo en que se gasta cada dólar, la responsabilidad política de cada uno, que comenzaría así a ser ciudadano y no mero objeto pasivo de decisiones de un aparato superior y ajeno.
El proverbio dice que la ocasión es como el fierro y que hay que golpearla mientras está caliente. La victoria electoral, por consiguiente, debe ser base para nuevas definiciones: se ganó una batalla menor, en el terreno más conveniente para la revolución bolivariana, pero la guerra sigue, más encarnizada que nunca, y no se debe permitir la reorganización del enemigo ni la dispersión de las propias fuerzas.
Me habría gustado mucho ser el primero en lanzarse a comentar lo que será conocido como Proyecto Lozano de reforma a la Ley Federal del Trabajo. No es difícil que el responsable mayor, secretario del Trabajo, manifieste su oposición al nombre, pero me temo que no le servirá de mucho. Lo mismo quiso hacer Carlos María Abascal y no pudo impedir que el que preparó bajo su dirección una comisión mayoritariamente corporativa, se haya conocido por su apellido.
Arturo Alcalde, perverso como siempre, me ganó la partida. Lo peor del caso es que se enteró antes que yo mismo de la existencia del proyecto. A mí me llegó poco después, cuando Álvaro Castro, con gran gentileza, entregó un ejemplar a Carlos de Buen. Arturo me dijo, por cierto, que recibió una respuesta majadera de algún funcionario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ofreció mandarme la copia y me dejó con las ganas de leerla. Me la debe.
He hecho una revisión inicial y superficial del proyecto. No podría dar ahora una opinión definitiva, aunque sí puedo subrayar que en muchos aspectos es interesante la propuesta porque, sin duda alguna, mejora desde una perspectiva formal algunas de las disposiciones de la ley vigente. Pero lo interesante está en los puntos clave: contratos a prueba, trabajo en régimen de subcontratación, trabajo por temporada y salarios caídos o vencidos. Hay muchos otros temas pero también hay tiempo para considerarlos.
El contrato a prueba o sometido a un periodo de prueba (artículo 39-A) permite al patrón, en una relación por tiempo indeterminado, darlo por terminado sin justificar la causa dentro de los treinta primeros días de vigencia. Y si se trata de trabajadores en puestos de dirección o administración, o labores técnicas o profesionales especializadas, el plazo se extiende a 180 días.
El antecedente está hoy en el primer párrafo del artículo 47, que permite al patrón separar al trabajador si fue engañado por el propio empleado o el sindicato con certificados falsos o buenas referencias infundadas. En ese caso el patrón debe asumir la carga de la prueba, lo que no se hace en el proyecto. Éste, simplemente, plantea una libertad de despido.
En el viejo reglamento bancario se establecía, de manera general, un plazo de prueba de seis meses. Que yo sepa, a nadie se le ocurrió criticarlo. Yo lo viví, en mi primer trabajo formal, y no dejó de preocuparme. No me opondría terminantemente a admitirlo.
Un tema muy preocupante es el del llamado en el proyecto Régimen de subcontratación (artículos 15-A a 15-D). Es, ciertamente, un tema de moda. Por ahí, con intención malévola, se le llama outsourcing, como si fuera la compra de una mercancía que debe ser incluida en el armado final de un producto. En la horrorosa experiencia mexicana, no es más que el alquiler de trabajadores, como si éstos fueran objetos. La empresa que propone los servicios, generalmente insolvente, recibe del destinatario el valor de los salarios con una sabrosa comisión. El arrendador los inscribe en el IMSS y en el Infonavit y en lo que sea, y convierte al supuesto arrendatario en una empresa gloriosa que no tiene trabajadores ni las responsabilidades consiguientes.
Los artículos del proyecto que se mencionan, sin duda alguna, protegen esas soluciones ilícitas. ¡Cuidado con ellos!
Por último –y falta mucho que comentar–, se limitan los salarios caídos a seis meses (artículo 48). Ya se puede imaginar quién o quiénes redactaron ese artículo.
Volveremos sobre este tema, tan sabroso, con la finalidad de poner de manifiesto los peligros del proyecto Lozano. La verdad es que eran de esperarse.
Arturo Alcalde, perverso como siempre, me ganó la partida. Lo peor del caso es que se enteró antes que yo mismo de la existencia del proyecto. A mí me llegó poco después, cuando Álvaro Castro, con gran gentileza, entregó un ejemplar a Carlos de Buen. Arturo me dijo, por cierto, que recibió una respuesta majadera de algún funcionario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ofreció mandarme la copia y me dejó con las ganas de leerla. Me la debe.
He hecho una revisión inicial y superficial del proyecto. No podría dar ahora una opinión definitiva, aunque sí puedo subrayar que en muchos aspectos es interesante la propuesta porque, sin duda alguna, mejora desde una perspectiva formal algunas de las disposiciones de la ley vigente. Pero lo interesante está en los puntos clave: contratos a prueba, trabajo en régimen de subcontratación, trabajo por temporada y salarios caídos o vencidos. Hay muchos otros temas pero también hay tiempo para considerarlos.
El contrato a prueba o sometido a un periodo de prueba (artículo 39-A) permite al patrón, en una relación por tiempo indeterminado, darlo por terminado sin justificar la causa dentro de los treinta primeros días de vigencia. Y si se trata de trabajadores en puestos de dirección o administración, o labores técnicas o profesionales especializadas, el plazo se extiende a 180 días.
El antecedente está hoy en el primer párrafo del artículo 47, que permite al patrón separar al trabajador si fue engañado por el propio empleado o el sindicato con certificados falsos o buenas referencias infundadas. En ese caso el patrón debe asumir la carga de la prueba, lo que no se hace en el proyecto. Éste, simplemente, plantea una libertad de despido.
En el viejo reglamento bancario se establecía, de manera general, un plazo de prueba de seis meses. Que yo sepa, a nadie se le ocurrió criticarlo. Yo lo viví, en mi primer trabajo formal, y no dejó de preocuparme. No me opondría terminantemente a admitirlo.
Un tema muy preocupante es el del llamado en el proyecto Régimen de subcontratación (artículos 15-A a 15-D). Es, ciertamente, un tema de moda. Por ahí, con intención malévola, se le llama outsourcing, como si fuera la compra de una mercancía que debe ser incluida en el armado final de un producto. En la horrorosa experiencia mexicana, no es más que el alquiler de trabajadores, como si éstos fueran objetos. La empresa que propone los servicios, generalmente insolvente, recibe del destinatario el valor de los salarios con una sabrosa comisión. El arrendador los inscribe en el IMSS y en el Infonavit y en lo que sea, y convierte al supuesto arrendatario en una empresa gloriosa que no tiene trabajadores ni las responsabilidades consiguientes.
Los artículos del proyecto que se mencionan, sin duda alguna, protegen esas soluciones ilícitas. ¡Cuidado con ellos!
Por último –y falta mucho que comentar–, se limitan los salarios caídos a seis meses (artículo 48). Ya se puede imaginar quién o quiénes redactaron ese artículo.
Volveremos sobre este tema, tan sabroso, con la finalidad de poner de manifiesto los peligros del proyecto Lozano. La verdad es que eran de esperarse.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que dada la declinación de exportaciones petroleras, en nuestro país sería el sector público (Pemex) un importador petrolero neto tan pronto como en 2013. Esto lo escribió el FMI en su reporte de país número 09/53, fechado el 13 de febrero pasado, como parte de las consultas del artículo cuarto sobre 2008.
Hace tiempo abandonó al conjunto de exportadores petroleros netos la nación más reciente en hacerlo: Indonesia. A raíz de esto, ese país salió de la OPEP. Y quienes comentaron ¿quién sigue?, coincidieron en México. El tiempo que estimaban para que esto sucediera variaba entre cinco y diez años. Es explicable que el rango haya sido tan abierto, porque en esto no sólo cuentan cuánto se exporta y cuánto se importa en cantidad, sino el precio de cada componente, y éstos varían de diversas formas y son más difíciles de prever a lo largo de varios años. Además, depende de una serie de políticas que se sigan.
El FMI omitió un componente importante sobre el momento en que México deje de ser exportador petrolero neto: las importaciones. Sólo menciona la declinación de las exportaciones. Para mostrar que las importaciones son un componente muy importante, van unos ejemplos. Entre 2004 (año de nuestra máxima producción petrolera) y 2008 (del cual Pemex ya publicó cifras para todo el año) las importaciones de gasolinas aumentaron de 95 mil barriles diarios a 336 mil: un incremento de 254 por ciento. Aunque de diesel se importa menos, el porcentaje de aumento fue mayor en este mismo periodo: de 3 mil barriles diarios a 67 mil, más de 22 veces, o sea más de 2200 por ciento. Y por supuesto que con este aumento explosivo en las importaciones, sumado a las exportaciones declinantes, llegará más pronto el momento en que México sea importador petrolero neto.
Además, podemos empezar a cuantificar el dato que sí menciona el FMI, las exportaciones, que son de petróleo crudo. Éstas pasaron en el mismo periodo 2004-2008 de un millón 870 mil barriles diarios a un millón 403 mil. La reducción fue de 25 por ciento. Para tener una idea más precisa de los años que siguen, vamos a ver cómo se ha reducido la producción del mismo crudo.
La reducción empieza despacito: 0.4 por ciento en 2005 (en todos los casos, frente al año inmediato anterior) y una baja de 1.5 por ciento en 2006. En 2007 ya la reducción es de 5.3 por ciento, y en 2008, de 9.2 por ciento. Durante este periodo la principal declinación es en el yacimiento supergigante Cantarell y su baja se compensa parcialmente por el yacimiento vecino Ku-Maloob-Zaap (KMZ), en crecimiento, pero cuya producción es de poco más de un tercio que la máxima de Cantarell, y su crudo es más pesado que el Maya. Pemex ha anunciado que el KMZ llega al máximo de producción en 2010 y luego empieza a declinar, así que en años siguientes el total tenderá a bajar más rápido que la tendencia actual.
Ni el FMI ni nosotros tomamos en cuenta la nueva refinería. Entre que no se ve que le pongan muchas ganas, que no quieran empezar ya las obras y se quieran esperar, por lo pronto, hasta fin de este año o principios del próximo, y que incluso la previsión del informe de Pemex sobre la nueva refinería tome como referencia la entrada en operación en 2015, es obvio que si el año de referencia del FMI es 2013, pues de esa nueva refinería, ni hablar.
No nos metemos a tratar de predecir años para el momento de la importación neta de la que habla el FMI. Pero los hechos mencionados apuntan a que ese escenario está enfrente. Podría cambiar sólo si hubiera un cambio en el país, como lo muestra el hecho que en Brasil estén programadas para entrar en operación refinerías en 2011, 2012, 2013 y 2014, en el plan de cinco años recién aprobado.
Puede y debe haber otros cambios, encaminados a contrarrestar el aumento salvaje en el consumo de gasolina, por ejemplo. No sólo tenemos un aumento en el número de vehículos, sino una proliferación de camionetas y otros tragagasolina. Entre las alternativas para consumir menos hay varias de la que en diferentes momentos hemos hablado.
El uso del etanol (alcohol), en primer lugar como aditivo, sustituye una parte de la gasolina. No se debe sacar del maíz, para no afectar la alimentación. Se están desarrollando técnicas para obtener etanol de plantas que no requieren del tipo de suelo en el que se pueden producir alimentos; por ejemplo, zonas montañosas o semidesérticas. Mientras, se puede extraer el etanol de la caña de azúcar, como ya se ha hecho, pero adaptando el proceso a las necesidades de la mezcla con gasolina.
El uso de automóviles con motores híbridos reduce el consumo de gasolina hasta la mitad. Las flotillas de gobiernos y organismos públicos deben ser convertidas a éstas y otras alternativas. Se debe volver a construir el sistema ferroviario y aprovecharlo para mover la carga en vez del transporte por carretera. Se debe aumentar el uso del transporte público en las ciudades. Con medidas como éstas, contenemos la expansión salvaje en el consumo de gasolina que ya vimos que existe.
Si se mantienen las políticas vigentes de permitir que siga el aumento creciente de las importaciones de hidrocarburos, puede resultar hasta optimista la previsión del FMI de 2013.
Hace tiempo abandonó al conjunto de exportadores petroleros netos la nación más reciente en hacerlo: Indonesia. A raíz de esto, ese país salió de la OPEP. Y quienes comentaron ¿quién sigue?, coincidieron en México. El tiempo que estimaban para que esto sucediera variaba entre cinco y diez años. Es explicable que el rango haya sido tan abierto, porque en esto no sólo cuentan cuánto se exporta y cuánto se importa en cantidad, sino el precio de cada componente, y éstos varían de diversas formas y son más difíciles de prever a lo largo de varios años. Además, depende de una serie de políticas que se sigan.
El FMI omitió un componente importante sobre el momento en que México deje de ser exportador petrolero neto: las importaciones. Sólo menciona la declinación de las exportaciones. Para mostrar que las importaciones son un componente muy importante, van unos ejemplos. Entre 2004 (año de nuestra máxima producción petrolera) y 2008 (del cual Pemex ya publicó cifras para todo el año) las importaciones de gasolinas aumentaron de 95 mil barriles diarios a 336 mil: un incremento de 254 por ciento. Aunque de diesel se importa menos, el porcentaje de aumento fue mayor en este mismo periodo: de 3 mil barriles diarios a 67 mil, más de 22 veces, o sea más de 2200 por ciento. Y por supuesto que con este aumento explosivo en las importaciones, sumado a las exportaciones declinantes, llegará más pronto el momento en que México sea importador petrolero neto.
Además, podemos empezar a cuantificar el dato que sí menciona el FMI, las exportaciones, que son de petróleo crudo. Éstas pasaron en el mismo periodo 2004-2008 de un millón 870 mil barriles diarios a un millón 403 mil. La reducción fue de 25 por ciento. Para tener una idea más precisa de los años que siguen, vamos a ver cómo se ha reducido la producción del mismo crudo.
La reducción empieza despacito: 0.4 por ciento en 2005 (en todos los casos, frente al año inmediato anterior) y una baja de 1.5 por ciento en 2006. En 2007 ya la reducción es de 5.3 por ciento, y en 2008, de 9.2 por ciento. Durante este periodo la principal declinación es en el yacimiento supergigante Cantarell y su baja se compensa parcialmente por el yacimiento vecino Ku-Maloob-Zaap (KMZ), en crecimiento, pero cuya producción es de poco más de un tercio que la máxima de Cantarell, y su crudo es más pesado que el Maya. Pemex ha anunciado que el KMZ llega al máximo de producción en 2010 y luego empieza a declinar, así que en años siguientes el total tenderá a bajar más rápido que la tendencia actual.
Ni el FMI ni nosotros tomamos en cuenta la nueva refinería. Entre que no se ve que le pongan muchas ganas, que no quieran empezar ya las obras y se quieran esperar, por lo pronto, hasta fin de este año o principios del próximo, y que incluso la previsión del informe de Pemex sobre la nueva refinería tome como referencia la entrada en operación en 2015, es obvio que si el año de referencia del FMI es 2013, pues de esa nueva refinería, ni hablar.
No nos metemos a tratar de predecir años para el momento de la importación neta de la que habla el FMI. Pero los hechos mencionados apuntan a que ese escenario está enfrente. Podría cambiar sólo si hubiera un cambio en el país, como lo muestra el hecho que en Brasil estén programadas para entrar en operación refinerías en 2011, 2012, 2013 y 2014, en el plan de cinco años recién aprobado.
Puede y debe haber otros cambios, encaminados a contrarrestar el aumento salvaje en el consumo de gasolina, por ejemplo. No sólo tenemos un aumento en el número de vehículos, sino una proliferación de camionetas y otros tragagasolina. Entre las alternativas para consumir menos hay varias de la que en diferentes momentos hemos hablado.
El uso del etanol (alcohol), en primer lugar como aditivo, sustituye una parte de la gasolina. No se debe sacar del maíz, para no afectar la alimentación. Se están desarrollando técnicas para obtener etanol de plantas que no requieren del tipo de suelo en el que se pueden producir alimentos; por ejemplo, zonas montañosas o semidesérticas. Mientras, se puede extraer el etanol de la caña de azúcar, como ya se ha hecho, pero adaptando el proceso a las necesidades de la mezcla con gasolina.
El uso de automóviles con motores híbridos reduce el consumo de gasolina hasta la mitad. Las flotillas de gobiernos y organismos públicos deben ser convertidas a éstas y otras alternativas. Se debe volver a construir el sistema ferroviario y aprovecharlo para mover la carga en vez del transporte por carretera. Se debe aumentar el uso del transporte público en las ciudades. Con medidas como éstas, contenemos la expansión salvaje en el consumo de gasolina que ya vimos que existe.
Si se mantienen las políticas vigentes de permitir que siga el aumento creciente de las importaciones de hidrocarburos, puede resultar hasta optimista la previsión del FMI de 2013.
Más rápido que pronto, los directivos de Citigroup aclararon los rumores que surgieron sobre la posible venta de Banamex haciendo énfasis en que su subsidiaria en México por ningún motivo será vendida, ya que sigue siendo considerada un elemento central en las futuras operaciones de este banco estadunidense.
Y es que nadie, absolutamente nadie en su sano juicio se desprendería de un banco que opera y ha operado en nuestro país con toda clase de apoyos gubernamentales, legales e ilegales, que le han permitido obtener durante los últimos siete años utilidades por aproximadamente 80 mil millones de pesos, cifra que representa entre 15 y 20 por ciento de las utilidades mundiales de Citigroup (que tan sólo en nuestro país controla 22 por ciento del mercado).
Para corroborar lo anterior basta mencionar que en mayo de 2001 quedó registrado en la historia financiera del país como la fecha en que las autoridades financieras mexicanas permitieron la ilegal e inmoral venta de uno de los bancos más grandes de lo que alguna vez fue el sistema bancario nacional.
Así, la venta de Banamex fue la síntesis del costoso fracaso de la estrategia implementada en 1995 por el gobierno federal para rescatar a los bancos. La negligencia, la corrupción, los conflictos de intereses y el costo fiscal generado a los contribuyentes mexicanos como resultado de las acciones llevadas a cabo por el Fobaproa estuvieron presentes en la multimillonaria operación, por medio de la cual el gigante estadunidense Citigroup adquirió el Banco Nacional de México (Banamex).
La ilegalidad en el rescate de Banamex parte del hecho de que el propio trabajo de investigación ordenado por el Congreso mexicano en 1998 y conocido como Informe Mackey revela que el banco no requería de los apoyos financieros otorgados por el Fobaproa, en virtud de que su índice de capitalización (situación financiera) era aceptable de acuerdo con los estándares establecidos por las normas de esa época.
Este diagnóstico fue confirmado años más tarde por el órgano interno de control del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que inclusive manifestó la necesidad de descontar 9 mil 600 millones de pesos de la deuda que el gobierno tenía con Banamex, en virtud de haber sido producto de operaciones consideradas ilegales.
Lo anterior provocó que Vicente Fox interpusiera una controversia constitucional contra la ASF para evitar que dicha suma le fuera descontada al banco. En este punto, por cierto, cabe señalar que la elaboración de esta controversia a favor de Banamex le fue encargada a Luis Mancera Arrigunaga, ex procurador fiscal y primo de quien fuera director del Fobaproa, Javier Arrigunaga.
Y es que entre 1995 y 1997 el Fobaproa le otorgó apoyos a Banamex mediante la compra de cartera (créditos chatarra), por aproximadamente 50 mil millones de pesos a valor histórico, que para mayo de 2001 ascendían a casi 80 mil millones de pesos.
Estos ilegales apoyos fueron aprobados en su momento por los integrantes del Comité Técnico del Fobaproa, entre los que se encontraban Javier Arrigunaga, entonces director del Fobaproa y quien después se convertiría en director de Operaciones de Banamex; Francisco Gil Díaz, quien años después se desempeñaría como director general de Avantel y posteriormente como secretario de Hacienda de Vicente Fox; y Jonathan Davis, quien a la postre sería designado presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y quien durante el rescate bancario fungió como tesorero de la Federación y en tal carácter, con su firma, avaló la ilegal deuda adquirida por el gobierno.
Así, ante la pasividad y complacencia de las autoridades financieras, que sólo se limitaron a señalar que nada podían hacer en virtud de que se trataba de un asunto entre particulares, el 17 de mayo de 2001 Roberto Hernández anunció la decisión de vender Banamex al gigante financiero Citigroup en 125 mil millones de pesos, mediante una operación que se llevaría a cabo a través de la Bolsa de Valores y, por lo tanto, estaría exenta del pago de impuestos.
La realidad es que a todas luces fue ilegal considerar a la operación como un asunto entre particulares, pues el gobierno había rescatado a Banamex con dinero público: luego entonces, el banco existía debido a los apoyos otorgados por el gobierno.
De hecho, al momento de su venta Banamex tenía pagarés del Fobaproa registrados en su Activo Contable por 73 mil millones de pesos (pagarés a cargo del gobierno federal y los contribuyentes). Esta cantidad representaba 58 por ciento del valor total de la venta, lo que significa que sin los pagarés del Fobaproa el grupo financiero Banamex no hubiese podido ser vendido en ese precio. O bien, que ese 58 por ciento de lo que Roberto Hernández recibió por la venta del banco debió ser para el gobierno federal y para los contribuyentes.
Sin embargo, como resultado de la operación ni siquiera se pagaron impuestos. Por ello, la venta de Banamex a Citigroup se puede considerar como el crimen perfecto, ya que los acusados (es decir, los que permitieron su ilegal rescate) se convirtieron a la postre en los jueces que debieron intervenir en la sanción de su venta. Y los asesinados, como siempre, fueron millones de mexicanos.
Vale recordar que Agustín Carstens, quien entonces se desempeñaba como subsecretario de Hacienda, fue quien tuvo la última palabra que permitió la inmoral e ilegal venta de Banamex.
Por ello, y en virtud de contar con todas las complacencias del gobierno mexicano que se ha empeñado en continuar como rehén de cuatro instituciones bancarias extranjeras, entre ellas Banamex, los directivos de Citigroup han señalado con respecto de su subsidiaria en México antes muerto que vendido.
Y es que nadie, absolutamente nadie en su sano juicio se desprendería de un banco que opera y ha operado en nuestro país con toda clase de apoyos gubernamentales, legales e ilegales, que le han permitido obtener durante los últimos siete años utilidades por aproximadamente 80 mil millones de pesos, cifra que representa entre 15 y 20 por ciento de las utilidades mundiales de Citigroup (que tan sólo en nuestro país controla 22 por ciento del mercado).
Para corroborar lo anterior basta mencionar que en mayo de 2001 quedó registrado en la historia financiera del país como la fecha en que las autoridades financieras mexicanas permitieron la ilegal e inmoral venta de uno de los bancos más grandes de lo que alguna vez fue el sistema bancario nacional.
Así, la venta de Banamex fue la síntesis del costoso fracaso de la estrategia implementada en 1995 por el gobierno federal para rescatar a los bancos. La negligencia, la corrupción, los conflictos de intereses y el costo fiscal generado a los contribuyentes mexicanos como resultado de las acciones llevadas a cabo por el Fobaproa estuvieron presentes en la multimillonaria operación, por medio de la cual el gigante estadunidense Citigroup adquirió el Banco Nacional de México (Banamex).
La ilegalidad en el rescate de Banamex parte del hecho de que el propio trabajo de investigación ordenado por el Congreso mexicano en 1998 y conocido como Informe Mackey revela que el banco no requería de los apoyos financieros otorgados por el Fobaproa, en virtud de que su índice de capitalización (situación financiera) era aceptable de acuerdo con los estándares establecidos por las normas de esa época.
Este diagnóstico fue confirmado años más tarde por el órgano interno de control del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que inclusive manifestó la necesidad de descontar 9 mil 600 millones de pesos de la deuda que el gobierno tenía con Banamex, en virtud de haber sido producto de operaciones consideradas ilegales.
Lo anterior provocó que Vicente Fox interpusiera una controversia constitucional contra la ASF para evitar que dicha suma le fuera descontada al banco. En este punto, por cierto, cabe señalar que la elaboración de esta controversia a favor de Banamex le fue encargada a Luis Mancera Arrigunaga, ex procurador fiscal y primo de quien fuera director del Fobaproa, Javier Arrigunaga.
Y es que entre 1995 y 1997 el Fobaproa le otorgó apoyos a Banamex mediante la compra de cartera (créditos chatarra), por aproximadamente 50 mil millones de pesos a valor histórico, que para mayo de 2001 ascendían a casi 80 mil millones de pesos.
Estos ilegales apoyos fueron aprobados en su momento por los integrantes del Comité Técnico del Fobaproa, entre los que se encontraban Javier Arrigunaga, entonces director del Fobaproa y quien después se convertiría en director de Operaciones de Banamex; Francisco Gil Díaz, quien años después se desempeñaría como director general de Avantel y posteriormente como secretario de Hacienda de Vicente Fox; y Jonathan Davis, quien a la postre sería designado presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y quien durante el rescate bancario fungió como tesorero de la Federación y en tal carácter, con su firma, avaló la ilegal deuda adquirida por el gobierno.
Así, ante la pasividad y complacencia de las autoridades financieras, que sólo se limitaron a señalar que nada podían hacer en virtud de que se trataba de un asunto entre particulares, el 17 de mayo de 2001 Roberto Hernández anunció la decisión de vender Banamex al gigante financiero Citigroup en 125 mil millones de pesos, mediante una operación que se llevaría a cabo a través de la Bolsa de Valores y, por lo tanto, estaría exenta del pago de impuestos.
La realidad es que a todas luces fue ilegal considerar a la operación como un asunto entre particulares, pues el gobierno había rescatado a Banamex con dinero público: luego entonces, el banco existía debido a los apoyos otorgados por el gobierno.
De hecho, al momento de su venta Banamex tenía pagarés del Fobaproa registrados en su Activo Contable por 73 mil millones de pesos (pagarés a cargo del gobierno federal y los contribuyentes). Esta cantidad representaba 58 por ciento del valor total de la venta, lo que significa que sin los pagarés del Fobaproa el grupo financiero Banamex no hubiese podido ser vendido en ese precio. O bien, que ese 58 por ciento de lo que Roberto Hernández recibió por la venta del banco debió ser para el gobierno federal y para los contribuyentes.
Sin embargo, como resultado de la operación ni siquiera se pagaron impuestos. Por ello, la venta de Banamex a Citigroup se puede considerar como el crimen perfecto, ya que los acusados (es decir, los que permitieron su ilegal rescate) se convirtieron a la postre en los jueces que debieron intervenir en la sanción de su venta. Y los asesinados, como siempre, fueron millones de mexicanos.
Vale recordar que Agustín Carstens, quien entonces se desempeñaba como subsecretario de Hacienda, fue quien tuvo la última palabra que permitió la inmoral e ilegal venta de Banamex.
Por ello, y en virtud de contar con todas las complacencias del gobierno mexicano que se ha empeñado en continuar como rehén de cuatro instituciones bancarias extranjeras, entre ellas Banamex, los directivos de Citigroup han señalado con respecto de su subsidiaria en México antes muerto que vendido.
Immanuel Wallerstein: Rehacer America: las ambigüedades de Obama
Ángeles González Gamio: Somos hijos del maguey
Bárbara Jacobs: La bicicleta acompañada
Carlos Bonfil: La duda
Francisco Valdés Ugalde
Vota con tu bache
El ciclo electoral marca el ritmo del gasto en la ciudad de México. Basta ver la cantidad de obra pública a lo largo y ancho del Distrito Federal.
Pero no sólo hay obra pública a pasto, sino anuncios de la obra. En calles y avenidas en que he observado la derrama de gasto se colocan sendos anuncios gráficos, muy bien hechos por cierto, que celebran la obra de “bacheo”, “reencarpetamiento” y otros diversos. La sola fabricación de los carteles colocados en plena calle sobre postes metálicos debe haber costado una fortuna. Desde luego, ese recurso ha salido de nuestro dinero.
La semántica de los anuncios no deja lugar a dudas: deberíamos sentirnos agradecidos de que nuestros gobernantes “bacheen”, “reencarpeten” y hagan cosas que de todas maneras se supone que tienen que hacer. Por lo general, los letreros terminan diciendo: “¡Cumplimos!”.
¿Por qué no se gastó parejo en los dos años anteriores? ¿Acaso el gobierno detiene el gasto hasta que se aproximan las elecciones para comprar nuestros votos?
Los hechos son indicativos: varios sectores estratégicos de la ciudad están abiertos en canal. Circuito Interior, avenida Revolución, Río Mixcoac, Tláhuac (principal receptora de escombro de la obra) y muchos otros.
Desde luego, es controvertible cuáles obras son necesarias y si responden a un criterio urbanístico con visión de futuro pero, en todo caso, este es un problema para discutir en otro momento.
Lo inaceptable de esta forma de ejercer el gasto radica en que deriva de una falta de honradez política para cumplir en tiempo y forma con el ejercicio de los dineros públicos. ¿Por qué tenemos que esperar a que se aproximen las elecciones para que la obra se haga en magnitudes desquiciantes para la ciudad? Se justifica la sospecha de que el concepto estratégico subyacente es que las molestias a la ciudadanía serán compensadas por el alivio de obras terminadas semanas antes de las elecciones, después de lo cual un electorado ingenuo refrendaría a los candidatos del partido en el gobierno.
Urge que la oposición, tanto en la ciudad como en el país, exija legislar sobre la planeación del ejercicio del gasto público para que no dependa de los ritmos electorales. Debe haber legislación que obligue a los gobiernos a ejercer el gasto conforme a la planeación racional de manera pública y transparente. Sin leyes que hagan forzosa la aplicación racional del gasto al margen de la lógica electoral sólo tendremos la repetición trianual o sexenal de este ciclo perverso de manipulación del voto y dedicación de los gobernantes a servir a sus partidos, no a la gente.
Mientras tanto, el electorado consciente debe pensar en los baches que le han tocado desde 2006 hasta antes de que se movilizara la asfaltadora del voto.
El bache es una buena metáfora para la acción electoral, sea un bache real, o calles y avenidas todo terreno, inseguridad, corrupción en la construcción privada, el obsceno gasto millonario en letreros para hacernos sentir agradecidos, además de otras rapacidades en las que siguen incurriendo las autoridades de la ciudad con mayor debilidad de la ciudadanía en el país: el Distrito Federal.
ugalde@servidor.unam.mx
Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
Carlos Monsiváis
Pero no sólo hay obra pública a pasto, sino anuncios de la obra. En calles y avenidas en que he observado la derrama de gasto se colocan sendos anuncios gráficos, muy bien hechos por cierto, que celebran la obra de “bacheo”, “reencarpetamiento” y otros diversos. La sola fabricación de los carteles colocados en plena calle sobre postes metálicos debe haber costado una fortuna. Desde luego, ese recurso ha salido de nuestro dinero.
La semántica de los anuncios no deja lugar a dudas: deberíamos sentirnos agradecidos de que nuestros gobernantes “bacheen”, “reencarpeten” y hagan cosas que de todas maneras se supone que tienen que hacer. Por lo general, los letreros terminan diciendo: “¡Cumplimos!”.
¿Por qué no se gastó parejo en los dos años anteriores? ¿Acaso el gobierno detiene el gasto hasta que se aproximan las elecciones para comprar nuestros votos?
Los hechos son indicativos: varios sectores estratégicos de la ciudad están abiertos en canal. Circuito Interior, avenida Revolución, Río Mixcoac, Tláhuac (principal receptora de escombro de la obra) y muchos otros.
Desde luego, es controvertible cuáles obras son necesarias y si responden a un criterio urbanístico con visión de futuro pero, en todo caso, este es un problema para discutir en otro momento.
Lo inaceptable de esta forma de ejercer el gasto radica en que deriva de una falta de honradez política para cumplir en tiempo y forma con el ejercicio de los dineros públicos. ¿Por qué tenemos que esperar a que se aproximen las elecciones para que la obra se haga en magnitudes desquiciantes para la ciudad? Se justifica la sospecha de que el concepto estratégico subyacente es que las molestias a la ciudadanía serán compensadas por el alivio de obras terminadas semanas antes de las elecciones, después de lo cual un electorado ingenuo refrendaría a los candidatos del partido en el gobierno.
Urge que la oposición, tanto en la ciudad como en el país, exija legislar sobre la planeación del ejercicio del gasto público para que no dependa de los ritmos electorales. Debe haber legislación que obligue a los gobiernos a ejercer el gasto conforme a la planeación racional de manera pública y transparente. Sin leyes que hagan forzosa la aplicación racional del gasto al margen de la lógica electoral sólo tendremos la repetición trianual o sexenal de este ciclo perverso de manipulación del voto y dedicación de los gobernantes a servir a sus partidos, no a la gente.
Mientras tanto, el electorado consciente debe pensar en los baches que le han tocado desde 2006 hasta antes de que se movilizara la asfaltadora del voto.
El bache es una buena metáfora para la acción electoral, sea un bache real, o calles y avenidas todo terreno, inseguridad, corrupción en la construcción privada, el obsceno gasto millonario en letreros para hacernos sentir agradecidos, además de otras rapacidades en las que siguen incurriendo las autoridades de la ciudad con mayor debilidad de la ciudadanía en el país: el Distrito Federal.
ugalde@servidor.unam.mx
Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
Carlos Monsiváis
Notas de la semana
Escenas de diciembre de 2012
El Zócalo, prácticamente vacío. La Plaza Mayor, sitio de tantos encuentros amorosos y de tantos resentimientos coaligados, se halla al borde de la extinción demográfica.
Nadie acude, nadie quiere dejarse ver. Ya tomó posesión el nuevo presidente, pero lo hizo en un Congreso con legisladores con máscaras, ujieres con máscara, fuerzas de seguridad enmascaradas. ¿Por qué? Porque, esta respuesta acude sola, nadie quiere comprometer su porvenir retratándose con el recién electo primer mandatario, de quien se dice por todos lados (iba a poner urbi et orbi, ¿pero quién entiende los latinajos a estas alturas del internet?) que muy probablemente pertenezca al cártel de Las Lomas-Reynosa. Así es, un Congreso sin rostro culpabilizable, un Zócalo colmado de los fantasmas de entusiasmos desvanecidos, un miedo a que los levantones sustituyan a las agonías… ¿Cómo empezó este drama o este carnaval de las sustituciones?
Explicación pertinente sobre el escenario de 2012
A Casandra nadie le creyó aunque decía puntualmente la verdad, y tal vez por eso nadie le hizo caso. ¿A quién le importa lo cierto si con decirlo no consigue boletos para un show de Madonna? Pero el 18 de febrero de 2009, en W-Radio, el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, emitió declaraciones dirigidas a la quijada de la conciencia, allí donde se produce el nocaut espiritual. Dijo el funcionario y profeta: “La lógica del ataque del gobierno en materia del narcotráfico es porque el narcotráfico se había hecho un Estado dentro del Estado”.
Al oír tan pavorosa información todos nos quedamos estupefactos (palabra que nada tiene que ver con estupefacientes). ¿Había un Estado dentro del Estado? ¿Y habría otro Estado dentro del Estado que estaba en las entrañas del Estado? ¿Y así hasta la más angustiosa representación del matrioshka-Estado? ¿Dónde habíamos vivido? Y lo sustancial: ¿a quién le habíamos pagado nuestros impuestos, a quién le habíamos regalado nuestra admiración? ¿A los del Estado I, a los del Estado II, a los del Estado III?* * *
Continuó el secretario: “Es un problema serio, tan serio que tuvimos que entrar, lo más fácil era, como dice mucha gente, dejarlo en el estatus en el que está y sí se puede asegurar que el presidente de la República sería un narcotraficante”. ¡Dioses del Olimpo anterior a los elíxires! Así que de no ocurrir este ataque del gobierno, tan exitoso en materia de estadísticas funerarias, dentro de tres años nos amaneceríamos con la delincuencia organizada en el lugar de la virtud desarregladita. ¡Oh, emblemas del cine gore!
Y, sin embargo, muy pocos le hicieron caso a don Gerardo Ruiz Mateos, el mismo vaticinador que aseguró: “México es el centro del mundo”. Ni nadie ni alguno salieron a la calle a combatir cuerpo a cuerpo con bala y bala (un AK-47 no detiene el valor, pero sí inmoviliza a los valientes), y esa ausencia lo determinó todo. Ya lo expresó con su barroquismo sintáctico el presidente saliente, don Felipe Calderón —el 15 de febrero de 2009, y en Acapulco—: “Habría que preguntarse cómo es posible que hayamos como pueblo sido capaces de tolerar que semejante barbarie (la de la delincuencia) penetrara en la sociedad mexicana, que se asentara en nuestras calles, que penetrara en nuestras autoridades”.
En efecto, ¿cómo fue posible que eso sucediera? Pero tan sucedió que hoy, 1 de diciembre de 2012, el erial que fue la primavera de nuestra democracia, el mismísimo Zócalo, es la expresión del desastre: lloremos como adictos a la fuerza lo que no supimos defender negándonos a las aspiraciones del mal.* * *
Todavía no acabamos de entender lo acontecido. Sin embargo, el gran creador de crucigramas y sociólogo Adalberto Puzzle en su conferencia clandestina, “¿Cómo fue posible?”, explica con sencillez la catástrofe. Ocurre, dijo Puzzle, que fue creciendo la confusión mental al ubicar a los dos estados cada uno dentro de otro. Ante las matanzas diarias, nos preguntábamos: “Estos muertos, ¿a qué Estado pertenecen? ¿Al que venía de tiempo atrás o al que empezó más tarde?”. Y no se adjudicaba con certeza la titularidad de los cadáveres ni se reconocían los sellos de las actas funerarias. Sí, el muerto al foso, ¿pero a qué Estado se le paga la tributación de los panteones?... Y todo se volvió más turbio cuando se supo del Estado III y del Estado IV.
Ni modo, una nación no puede permanecer dividida, como dijo Lincoln citando a Bush, y el proceso electoral comenzó a cimbrarse. Es o era natural: ¿a cuál de los dos o cuatro estados pertenecían los candidatos? ¿Por qué tardaba el IFE en colocarles el tatuaje de la identidad legal y legítima? ¿A quiénes creerle si decían lo mismo? En las calles, los espectáculos, y el dolor de la duda no dudaba en calcinarlos.
Y luego vinieron las denuncias, los documentos comprometedores, los videos y las grabaciones. De pronto, todos dejaron de hablar por teléfono porque no sabían si les estaban grabando o, lo peor, si no les estaban grabando. Crisis en las compañías de teléfonos. Incluso los niños hablaban en clave por si sus abuelos los tenían intervenidos. Y las campañas se volvieron festivales de las revelaciones terribles, los involucrados se negaban a negarlo y los inocentes se hacían los involucrados para no sentirse menos. Pronto, lo recordarán ustedes, las campañas se volvieron las kermeses de las revelaciones delincuenciales. Que había candidatos honrados, desde luego; que no suscitaban adhesiones, también. Si ya el propio Presidente se había referido a la penetración del hampa en la sociedad y el gobierno. ¿Cómo creerle a un candidato y estar seguros de su integridad o de su falta de integridad? La duda, la lava de la geología del mal.
El sicoanálisis volvió a ponerse de moda. “Doctor, ¿cómo hago para saber si soy honrado o pertenezco al cártel de los espectaculares?”. Así llegamos a las elecciones, desahuciados de nosotros mismos y sin atrevernos al abstencionismo. Y ganó quien ustedes ya saben, y perdió quien ustedes ya recuerdan, y es probable que ambos, y los demás candidatos, no tuvieron que ver con algo, pero ya es demasiado tarde para devolverle la inocencia al país y a aquellos de sus políticos que se enfrentaron a la duda. ¿Por qué no le hicimos caso al secretario de Economía?
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