Senado apuesta por la continuidad en la CNDH; elige a Raúl Plascencia
LA REDACCIóN
El nuevo presidente de la CNDH se manifiesta “a favor de la vida”
La elección de Raúl Plascencia, un retroceso para las mujeres
Por Gladis Torres Ruiz
México DF, 5 nov 09 (CIMAC).- La designación de Raúl Plascencia Villanueva como el nuevo ombudsman nacional significa un retroceso en lo referente a los derechos humanos de las mujeres, avala el modelo que implementó José Luis Soberanes y deja claro que su designación es resultado de acuerdos cupulares entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), simulando hacer un proceso “abierto”, coincidieron organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Lo anterior, luego de que esta tarde el pleno de la Cámara de Senadores, con 78 votos a favor, eligió a Raúl Plascencia Villanueva como nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para el periodo que inicia el 16 de noviembre de este año y culmina el mismo mes del 2014.
La terna que se sometió a votación –dos veces, ya que en la primera ningún aspirante reunió las dos terceras partes del total de los votos– estuvo integrada por Plascencia Villanueva, Luis Raúl González Pérez, quien en la segunda ronda obtuvo dos votos, y Emilio Álvarez Icaza, con 32 sufragios.
Para el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Pablo Gómez Álvarez, la terna que se voto este día, “no da la renovación que se necesita en la CNDH. Plascencia era actualmente visitador, tiene diez años visitando. La continuidad de Soberanes es Plascencia”.
En entrevista con Cimacnoticias, Elizabeth Plácido, de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), organización integrante del Grupo Relevos 2009, señaló que la designación de Plascencia Villanueva deja claro el “amarre político entre el PAN y el PRI”, y un panorama sumamente desalentador para las mujeres durante los próximos cinco años.
“Las y los senadores no hicieron un análisis más profundo, no miraron lo que significa para las mujeres su decisión; con esta designación se dilata el modelo de gestión de Soberanes, que siempre fue en contra de los derechos de las mexicanas”.
Un ejemplo de ello fue la controversia que Soberanes interpuso contra la ley que garantiza la interrupción legal del embarazo (ILE) en la capital, indicó la activista.
Desde el Grupo Relevos 2009, agregó Elizabeth Plácido, se dio seguimiento puntual al proceso de selección de ombudsman, y se reconoce la transparencia con que se ha realizado. “Sin embargo, tras un proceso abierto e inclusivo, lamentamos que el mecanismo para decidir quienes integrarían la terna fuera a través de una votación por cédula anónima, con lo cual se limitó un ejercicio de rendición de cuentas efectivo y de cara a la ciudadanía sobre las valoraciones de la decisión de cada integrante”.
El nuevo ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, se ha pronunciado en varias ocasiones en favor de la vida y en contra del aborto, indicando que “la vida es un derecho de toda persona”.
Grupo Relevos 2009 –coalición formada por CDD, la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Propuesta Cívica y Salud Integral para la Mujer (Sipam)– solicitó en todo momento la no repetición del modelo de Soberanes; “sin embargo ahí tenemos los resultados”, enfatizó Elizabeth Plácido.
Agregó que las y los legisladores olvidaron los señalamientos que hicieron sobre el actuar del ombudsman y sus funcionarios, quienes cayeron en un excesivo uso de recursos y cerraron las puertas a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que tenían agendas distintas a sus intereses.
“Soberanes colocó cuatro candidatos; hoy su colaborador más cercano fue designado lo que es una mala señal: se avala un modelo de gestión y nos indica que no se evaluó tan mal la actuación de Soberanes al frente de la institución”.
Por su parte, la defensora de derechos humanos y feminista Luz Estela Castro, abogada de la organización Justicia para Nuestras Hijas y directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, lamentó la decisión del Senado de la República y agregó que en materia de violencia las mexicanas quedamos sin defensor.
“Plascencia, visitó varias veces Chihuahua para escuchar la problemática del feminicidio en la entidad de viva voz; también, en varias ocasiones, dejo planteadas a las mamás de la víctimas. Se comprometió, pero sólo se comprometió, ya que a la fecha no hay respuesta y las mujeres siguen despareciendo y siendo asesinadas”.
En este sentido, en entrevista con este medio de comunicación, Norma Ledezma, de la organización Justicia para Nuestras Hijas, afirmó que en materia de justicia para las mujeres, “ya no esperamos nada bueno: primero ratifican a Chávez Chávez como procurador de la república y ahora pasa esto en la CNDH”.
Recordó que en 2003, en su época de visitador, Raúl Plascencia Villanueva arribó a Chihuahua; “en ese entonces estuvo junto con otros funcionarios hasta las tres de la mañana en mi casa, escuchando a las madres y familias de las víctimas. Nos pusieron atención, dimos testimonios de la impunidad de la que hemos sido víctimas. El que nos escuchara era una esperanza que se transformó en decepción. De chihuahua no se escucho más”.
El resultado, señaló Norma Ledezma, fue un informe que, además, dejo fuera los testimonios que escucharon de las madres de las víctimas de Juárez. “Nuestros casos no son una historia: hemos vivido discriminación y abuso de autoridad, y hoy no vislumbramos un futuro muy prometedor”.
Después de la ratificación del nuevo procurador general de la república, Arturo Chávez Chávez, y con la designación de Raúl Plascencia Villanueva como el nuevo ombudsman, “nos queda claro que las garantías de nuestros derechos no tienen futuro y que se defiende de manera incondicional los intereses del gobierno”, concluyó.
Plascencia: Deslinde cómplice
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
En su edición 1712 de agosto pasado, la revista Proceso publicó este reportaje que da cuenta de la acutación del nuevo ombudsman Raúl Plascencia al frente de la investigación sobre violaciones a derechos humanos cometidas en contra de los presuntos responsables de los granadazos del 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán. En esa ocasión, la CNDH documentó tortura pero se deslindó bajo el argumento de que los tratos crueles y degradantes no fueron cometidos por servidores públicos. A continuación el texto íntegro. En abierto respaldo a la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se deslindó del caso de tortura e irregularidades judiciales cometidas contra los tres supuestos responsables de lanzar granadas a la multitud durante la ceremonia del Grito en Morelia, el 15 de septiembre del año pasado.Aunque constató que fueron torturados para declararse culpables del atentado, que provocó ocho muertos y más de 100 heridos, el organismo se declaró incompetente para continuar con sus investigaciones, con el argumento de que fueron particulares, y no servidores públicos, los que incurrieron en tratos crueles y degradantes.
El 17 de julio pasado, la CNDH le informó a las esposas de los detenidos que por esa razón "se actualiza una causal de no competencia" del organismo "para seguir conociendo de sus quejas". Las esposas de Juan Carlos Castro Galeana, Julio César Mondragón Mendoza y Alfredo Rosas Elicea habían acudido a la CNDH para denunciar el secuestro y tortura a que éstos fueron sometidos por un comando armado para inculparse de los atentados ocurridos en dos puntos del centro histórico de Morelia y presentarse como miembros de Los Zetas, el brazo armado del cártel del Golfo.
Según esas confesiones, el ataque tuvo como finalidad "calentar" la plaza de Michoacán y desatar una ofensiva del gobierno federal hacia La Familia michoacana. A las pocas horas del doble atentado, esa organización criminal se deslindó y advirtió que daría con los responsables para entregarlos al gobierno de Felipe Calderón.
Así ocurrió. En noviembre del año pasado Proceso documentó en su edición 1670 que el propio comando que secuestró y torturó a los acusados los entregó a la PGR.
Por medio de la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales Ibáñez, la procuraduría admitió que dio con los detenidos gracias a una llamada anónima en la que le indicaron que los supuestos responsables estaban en una casa de la población de Antúnez, del municipio de Apatzingán.
Los agentes que fueron por ellos reconocieron que los acusados estaban vendados, amarrados de los pies y esposados. Cuando presentó a los detenidos, la PGR difundió un video en el que ellos "explicaban" la manera en que supuestamente aventaron las granadas. La versión fue ampliamente difundida por la televisión.
Las esposas de Cabrera, Mondragón y Rosas Elicea: Esperanza Fajardo Ortiz, Judith Medina Ayala y Julia Sánchez Vázquez, respectivamente, acudieron a la CNDH desde septiembre de 2008, a los pocos días de que sus cónyuges fueron presentados por la procuraduría como presuntos responsables.
En respuesta, el organismo que preside José Luis Soberanes les aseguró que será el juez de la causa el que se pronuncie "en relación con la culpabilidad o no de sus familiares", quienes desde noviembre pasado fueron enviados al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.
El deslinde quedó asentado en el oficio 32411, fechado el 17 de julio de 2009 y firmado por el primer visitador general de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, quien es mencionado como uno de los aspirantes a suceder a Soberanes en la CNDH en noviembre próximo.
Respecto a las quejas contra los agentes del Ministerio Público y un defensor de oficio, en el sentido de que no sólo avalaron la declaración bajo tortura, sino que permitieron que rindieran su declaración con los ojos vendados, la Comisión remitió a las mujeres al Órgano Interno de Control de la PGR y a la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública.
La tardía respuesta del ombudsman nacional, a casi un año de los atentados, avaló en la práctica las acusaciones de la PGR contra los detenidos por delincuencia organizada para incurrir en actos de terrorismo, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, posesión de granadas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y lesiones calificadas. Encubrimiento
"La contestación deja ver una CNDH entregada a la PGR, que pactó para sacar este asunto de acuerdo con la versión del gobierno federal. Fue algo inusitado", dice indignado Raúl Fernando Espinosa de los Monteros, abogado de Rosas Elicea.
En entrevista telefónica desde Guadalajara, el abogado adelanta que interpondrá una queja contra la CNDH en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o en el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra. Para la defensa ha sido difícil desacreditar las acusaciones debido a los obstáculos de la PGR y del propio Poder Judicial.
En el caso del juez sexto de distrito en Materia Penal, que dictó el auto de formal prisión, la defensa tuvo que interponer un amparo para que se tomaran en cuenta los numerosos testimonios de familiares y vecinos de los inculpados, según los cuales éstos se encontraban en el puerto de Lázaro Cárdenas poco antes de los ataques en Morelia.
Esas pruebas finalmente fueron admitidas, pero el juez dictó de nueva cuenta el auto de formal prisión por los delitos que consignó la PGR. La defensa volvió a interponer un amparo, que se desahoga en el Juzgado Octavo de Distrito, en Naucalpan, Estado de México. Además, hay tres apelaciones radicadas en el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito, con sede en Jalisco.
En una carta que le envió a Soberanes para inconformarse con el deslinde de la CNDH, Julia Sánchez Vázquez, esposa de Rosas Elicea, le asegura que además de la tortura cometida por el comando que lo secuestró, su esposo también sufrió violaciones a sus derechos humanos por parte de los funcionarios de la procuraduría.
Julia Sánchez le reclama a Soberanes no sólo haber ignorado el Protocolo de Estambul, sino haber soslayado que su esposo "fue entregado a la PGR mediante un acuerdo celebrado entre La Familia michoacana y la SIEDO".
Y añade: "Sólo así se puede explicar que a través de una llamada anónima, de la cual nunca se establecen datos dentro de la averiguación, se haya puesto para ser aprehendido por la Agencia Federal de Investigación."
De la tortura, ni la propia PGR tiene dudas. Y así lo constató la CNDH, aunque matizó el hecho al asegurar que las lesiones no pusieron en peligro la vida de los detenidos.
Así lo explica el primer visitador general, Raúl Plascencia, en su respuesta a las esposas de los tres detenidos:
"El 27 de septiembre de 2008, peritos médicos adscritos a la PGR emitieron un dictamen en medicina forense, mediante el cual concluyeron que los señores Julio César Mondragón Mendoza y Juan Carlos Castro Galeana presentaron lesiones que no ponían en peligro la vida y tardaban en sanar menos de 15 días; en tanto que el señor Alfredo Rosas Elicea presentó lesiones que no ponían en peligro la vida y tardan en sanar más de quince días". Rosas Elicea, en efecto, tuvo que ser hospitalizado, debido a que presentaba cinco costillas rotas y disminución de la visión.
El 7 de octubre de 2008 y el 14 de abril de 2009, la CNDH hizo su propia revisión, a cargo de la Coordinación de Servicios Periciales. En su Certificado Médico Especializado para Casos de Tortura y Maltrato, los peritos de la Comisión, pese a haber admitido la existencia de daños emocionales en los detenidos, coincidieron con el peritaje de la PGR en el sentido de que sus vidas "no estuvieron en peligro".
Según el certificado que menciona el visitador, los detenidos "presentaron lesiones de tipo traumático al exterior en diversas partes del cuerpo, de diferentes características, algunas producidas en forma innecesaria para su detención o sometimiento; otras que se descarta que se hubieran producido por maniobras de sometimiento y unas más por la fricción de un cuerpo blando sobre la piel, compatible con las lesiones que dejan las vendas elásticas".
Concluye que "las lesiones de Julio César Mondragón Mendoza y Juan Carlos Galeana, por su naturaleza, no pusieron en peligro la vida y tardaron en sanar menos de 15 días. Sobre Alfredo Rosas Elicea establece que presentó lesiones que por su naturaleza no pusieron en peligro la vida y tardaron en sanar más de 15 días".
Respecto a las secuelas emocionales, indica que un psicólogo del Programa de Atención a Víctimas del Delito de la CNDH elaboró el 21 de noviembre y el 1 de diciembre de 2008 las "Opiniones psicológicas para casos de posible tortura, malos tratos, inhumanos y/o degradantes".
El resultado fue que Castro Galeana y Rosas Elicea "presentaron secuelas emocionales por eventos recientes que los han enfrentado con miedo a la propia muerte, de donde se infiere que los hechos que se obtuvieron con motivo de la valoración… se correlacionan directamente con los daños y lesiones de malos tratos y/o tortura".
En el caso de César Mondragón Mendoza, a quien el 18 de noviembre la CNDH le elaboró la "Opinión psicológica", estableció que presentó secuelas emocionales por eventos recientes, las cuales lo han enfrentado con miedo a la muerte.
Precisó que sus signos y síntomas "son característicos del Trastorno por Estrés Postraumático F43 (309.81), según la clasificación del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM IV-TR), y se correlaciona de manera directa con los daños y lesiones de malos tratos y tortura".
Enseguida, la CNDH deslinda a la PGR: "Sin embargo, cabe mencionar que en las citadas opiniones se precisó que no fue posible para los agraviados identificar a las personas que los detuvieron y que les propinaron tales tratos."
Pasando de largo los señalamientos de que la PGR recibió a los torturados de manos de un comando armado, el Primer Visitador insistió a las esposas:
"Se advirtió que si bien es cierto se refieren los hechos que causaron agravio a sus familiares, precisando las circunstancias en que éstos sucedieron, también lo es que no existe imputación alguna realizada en contra de servidores públicos de carácter federal a los que se les atribuya la práctica de alguna detención arbitraria cometida en contra de los agraviados los días 18, 21 y 23 de septiembre de 2008".
En esos días, los ahora acusados fueron levantados por grupos armados en distintos lugares de Lázaro Cárdenas, Michoacán. La PGR no los presentó hasta el día 26.
El organismo a cargo de Soberanes subraya que a esos funcionarios federales no se les puede imputar un trato cruel, inhumano, degradante o de tortura, ya que los propios agraviados no identificaron a quienes los cometieron.
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