Recursos del Procampo a familia
del secretario de Agricultura
Érika Ramírez
Francisco Javier Mayorga Castañeda, su hermana Luz Teresa y su padre Salvador Arturo Mayorga Cameros recibieron más de 14 millones de pesos del Procampo, asesorías y sueldos. El dinero público –supuestamente destinado a campesinos pobres– les fue entregado durante el sexenio foxista, cuando el ahora titular de la Sagarpa era funcionario de la misma. Ello, a pesar de que el artículo 6 de las Reglas de Operación de l a dependencia es contundente: “Bajo ningún concepto podrán ser beneficiarios de los programas los servidores públicos de la secretaría”; tampoco sus familiares hasta el cuarto grado. Mayorga, además, fue contratado por adjudicación directa como “asesor” en 2007 y 2008. Sus “servicios” costaron a Agricultura más de 1 millón 500 mil pesos
El secretario de Estado Francisco Javier Mayorga Castañeda es, además de servidor público, “agroempresario”, “asesor” y “campesino”. Bajo estas modalidades el actual titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) obtuvo beneficios del erario por 13 millones 923 mil 506 pesos, a partir de su ascenso a la cúpula de la administración pública federal en el sexenio de Vicente Fox Quesada.
Mayorga Castañeda, el mismo que está obligado a cumplir las Reglas de Operación de la Sagarpa y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, permanece inscrito en el padrón de beneficiarios de los programas de Apoyos Directos al Campo (Procampo) y de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca). Además, ha obtenido contratos por adjudicación directa de la misma secretaría que encabeza.
Como director en jefe de Aserca –durante 2001 y 2002– percibió más de 175 mil pesos mensuales. Cuando ocupó por primera vez la titularidad de la Sagarpa –en 2005 y 2006– obtuvo un sueldo de 205 mil pesos al mes. En esa misma época el programa de combate a la pobreza en el sector rural le generó ingresos anuales por 30 mil pesos.
Situado entre los principales beneficiarios del Procampo en Jalisco –de donde es oriundo–, de 2000 a 2008 recibió en total 507 mil 573 pesos. De éstos, 290 mil 796 pesos le fueron dados en su dualidad de funcionario y “campesino”.
La información oficial, contenida en el Padrón de beneficiarios de Aserca que publica la Sagarpa en el apartado “Obligaciones de Transparencia” de su portal electrónico, revela que, junto a Francisco Javier Mayorga, su hermana y socia en Industrias Melder, Luz Teresa Mayorga Castañeda, recibió más de 416 mil pesos en los primeros ocho años de la administración panista. Y a Salvador Arturo Mayorga Cameros, padre del secretario, le fueron transferidos más de 251 mil pesos en el mismo periodo.
Como asesor de Aserca –órgano desconcentrado de la Sagarpa, bajo la administración de Ana Graciela Aguilar Antuñano–, Francisco Mayorga no ha dejado de obtener recursos del erario. Apenas se separó por primera vez del cargo, la dependencia le adjudicó tres contratos con los que obtuvo ganancias por arriba de 1.5 millones de pesos en 2007 y 2008, de acuerdo con las listas de “Contratos por asesorías” publicadas por la propia dependencia en su página de internet.
A todo esto se le suman salarios por más de 8 millones de pesos durante los cuatro años que ejerció funciones en el gobierno pasado: primas vacacionales, aguinaldos, seguros de vida, pagos en alimentación, viáticos y uso de telefonía celular.
José Narro Céspedes, diputado federal por el Partido del Trabajo, dice que esto es una muestra de que el secretario de Estado “ha empezado mal su administración”. Al tiempo que exhorta al funcionario a aclarar estas transferencias ante la Secretaría de la Función Pública, señala que ha perdido “toda autoridad moral frente al campesinado mexicano”.
Ascenso al poder
Secretario de Desarrollo Rural en Jalisco durante la gubernatura de Alberto Cárdenas Jiménez, Francisco Javier Mayorga Castañeda fue convocado por Vicente Fox Quesada para formar parte del equipo de transición que le permitiría a este último asumir la Presidencia de la República en 2000.
Conformado el gabinete foxista con Javier Usabiaga Arroyo al frente de la Sagarpa, Mayorga Castañeda ocupó el cargo de director en jefe de Aserca. Al mismo tiempo se mantuvo en la dirección de sus empresas familiares: Industrias Melder y Semillas Caloro, las cuales también se encuentran inscritas en el registro de beneficiarios de Aserca.
El 28 de septiembre de 2005 relevó al llamado Rey del ajo. Salió en 2006 y nuevamente retomó el mando de la secretaría el 7 de septiembre de 2009. El presidente Felipe Calderón Hinojosa lo nombró secretario de Estado en sustitución de su exjefe Alberto Cárdenas Jiménez. En todo ese tiempo que estuvo formalmente “fuera” de la Sagarpa, Mayorga recibió subsidios y contratos como asesor.
Según muestra la plataforma de investigación Subsidios al campo en México, que elaboran organizaciones sociales como Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (Anec), el mayor de ocho hijos que conforman la familia Mayorga Castañeda aparece como uno de los principales subsidiados del Procampo en su estado natal.
La herramienta digital, que contiene los padrones oficiales de la Sagarpa, evidencia que de 2000 a 2008 el secretario recibió 507 mil 573 pesos en Ameca, Jalisco. El dinero público que obtuvo se justificó por la siembra de maíz.
Ubicado en el lugar 16 de los más de 2 mil 600 subsidiados en ese municipio, los recursos que se adjudicó una vez que asumió la dirección de Aserca (de 2000 a 2002) y posteriormente la titularidad de la Sagarpa (2005 y 2006) ascienden a 290 mil 796 pesos. Es decir que el 57 por ciento de los recursos del Procampo los obtuvo cuando el “agroempresario” se desempeñaba como servidor público.
Los reportes del programa social revelan que al también maestro en administración de empresas se le entregaron 145 mil 398 pesos en 2000, 2001, 2002, 2005 y 2006, a través del Procampo Tradicional, y 81 mil 840 pesos más de los subsidios asignados a la producción de maíz, en un área de 33 hectáreas.
Ya al frente de la Sagarpa, en 2005 y 2006 se allegó otros 63 mil 558 pesos por la siembra del grano, mismos que representan el 50 por ciento de los montos obtenidos a partir de 2004 y hasta el primer año del gobierno de Felipe Calderón.
Mientras era subsidiado como agricultor en 2001 y 2002, con la clave CFGA001 (correspondiente al puesto de director en jefe de Aserca), también obtuvo compensaciones por 175 mil 828.63 pesos mensuales. Así, en dos años, Francisco Mayorga ganó 4 millones 219 mil 887.12 pesos por concepto de sueldos, según cálculos basados en los datos contenidos en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de la Sagarpa.
Luego, bajo el cargo de secretario de Estado –en 2005 y 2006– le fueron depositados recursos millonarios, con la clave CFGA001, que le haría ganar 4 millones 922 mil 929.20 pesos. El monto corresponde a dos años de salario, cuya percepción neta mensual ascendía a 205 mil 122.05 pesos..
Procampo y la familia
La hermana del titular de la Sagarpa, quien aparece como segunda al mando de la empresa familiar Industrias Melder, ocupa el lugar 36 entre los 2 mil 684 campesinos subsisdiados en 2006. En tanto, su padre Salvador Mayorga Cameros sigue enlistado en el Procampo, según muestra el documento electrónico Subsidios al campo en México.
De la siembra de maíz, caña de azúcar y del Procampo Tradicional, Luz Teresa se allegó 416 mil 668 pesos en los primeros ocho años de los gobiernos panistas. De estos recursos, la gerente de compras de la compañía de los Mayorga obtuvo 254 mil 178 pesos; el 61 por ciento de los recursos se le asignaron cuando su hermano ocupaba las oficinas de Aserca y luego la cabeza de la secretaría.
Salvador Mayorga Cameros, de quien su vástago heredó cargos en asociaciones agroempresariales, figura en los padrones de Aserca con 251 mil 928 pesos, de 2000 a 2008. Durante las administraciones de su primogénito, el fundador de Industrias Melder y expresidente de la Confederación Nacional Ganadera obtuvo 149 mil 892 pesos, que significan el 59 por ciento de los traspasos económicos con cargo a la hacienda pública.
De los 127 mil 124 pesos que aparecen dotados en el Procampo Tradicional, 74 mil 946 pesos fueron suministrados en las fechas en que Francisco Mayorga se desempeñaba como representante del gobierno federal. Lo mismo ocurrió con 74 mil 946 pesos, asignados por el cultivo de pasto, de un total de 124 mil 804 pesos.
Asesor, por 1 millón de pesos
A su salida de la dirección de Aserca, Francisco Mayorga consiguió que esa dependencia le asignara recursos públicos como “asesor”. Por este concepto, en 2007 y 2008 obtuvo 1 millón 634 mil 211 pesos.
Su relevo al frente del órgano desconcentrado de la Sagarpa, Ana Graciela Aguilar Antuñano, autorizó el primer contrato por adjudicación directa el 3 de septiembre de 2007. Bajo el folio 1385/2007-S, se cargaron al erario 326 mil 842 pesos, revela la relación de contratos de Aserca –de los que Contralínea posee copia– y los datos contenidos en el POT de la Sagarpa.
Francisco Mayorga casi reúne 1 millón de pesos por concepto de “prestación de servicios profesionales” cuando firma el contrato 1847/2007-S, que significó un gasto de 653 mil 684 pesos del presupuesto del organismo en el mismo año fiscal. La experiencia de Mayorga Castañeda serviría sólo cinco meses, pues el contrato comenzó el 5 de noviembre de 2007 y concluyó el 30 de abril del siguiente año.
Un tercer contrato le fue entregado sin concurso de por medio, y permanecía vigente el día en que Felipe Calderón Hinojosa lo nombró titular de la Sagarpa. El POT de la dependencia muestra que, el 26 de mayo de este año, la directora en jefe de Aserca convino recontratarlo como asesor, con otros 653 mil 684 pesos erogados del presupuesto. Con vencimiento al 31 de octubre de este año, su compromiso culminará 55 días después del nombramiento hecho por Calderón Hinojosa el 7 de septiembre pasado.
Empresas familiares
Mediante 16 subsidios de tres programas de apoyo operados por el gobierno federal, más del 60 por ciento de los recursos le fueron entregados en su desempeño como servidor público. Los padrones de beneficiarios de Aserca revelan que Industrias Melder obtuvo 1 millón 727 mil 33 pesos en 2000, 2005 y 2006, con 10 traspasos monetarios.
Mexicana Industrial de Insumos Agropecuarios o Semillas Caloro –en la que Francisco Mayorga aún figura como presidente del Consejo de Administración– obtuvo 845 mil 999 pesos a través del Conacyt. Mientras, la Secretaría de Economía entregó a esta misma compañía 14 mil 928 pesos en 2004, consta en el listado de beneficiarios del Fondo de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas.
Luego de hacerse públicos estos subsidios, fuentes de la Presidencia de la República señalan que el secretario de Agricultura fue llamado a la residencia oficial de Los Pinos. Felipe Calderón exigía una explicación. Las fuentes comentan que el presidente estaba tan molesto que llegó a plantear la destitución del funcionario. No obstante, después de rendir cuentas a puerta cerrada, todo habría quedado en un “regaño”.
Max Correa, secretario general de la Central Campesina Cardenista, dice que estos arreglos son un secreto a voces, de los que el gobierno ha hecho. “Se sabe que más de 6 mil millones de pesos de los programas de apoyo a la comercialización van a parar a los bolsillos de las grandes empresas. Esto es indignante”.
Secretario desobediente
Las Reglas de Operación de la Sagarpa ordenan a todos sus funcionarios que “bajo ningún término” pueden ser beneficiarios de los programas operados en todos los niveles de gobierno.
Publicadas el 31 de diciembre de 2008, las reglas internas de la secretaría indican puntualmente en su artículo 6: “Con sujeción a las disposiciones que prevean las legislaciones federal y estatales aplicables en materia de responsabilidades de los servidores públicos, bajo ningún concepto podrán ser beneficiarios de los programas y componentes de las presentes reglas de operación los servidores públicos de la secretaría, de los agentes técnicos o las secretarías de desarrollo agropecuario o sus equivalentes de las entidades federativas o de los municipios.
“Aquellos servidores públicos que por motivo de su encargo participen en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte, deberán excusarse de intervenir.
“Los servidores públicos deberán informar de inmediato y por escrito a la secretaría respecto de la atención, tramitación o resolución de asuntos relacionados con el párrafo anterior y, en su caso, su calidad de beneficiario de cualquiera de los programas o componentes a que se refieren estas reglas”, indica la normativa con la que se deberían regir todos los funcionarios de la Sagarpa.
Bajo el mismo tenor se encuentra el capítulo I de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que ordena en su artículo 8, fracción XI, que todo funcionario debe “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.
Indica que el funcionario podría incurrir en conflicto de intereses cuando “los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”.
En tanto, el inciso A del artículo 9 de la misma ley precisa: “El servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión deberá observar, hasta un año después de haber concluido sus funciones, lo siguiente: en ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la función que desempeñaba, para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI del artículo anterior”.
Víctor Suárez Carrera, representante de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo, critica los subsidios que ha cobrado Mayorga Castañeda: “Esto es una ofensa para el campesinado, un problema ético y de conflicto de intereses”.
Indica que las autoridades correspondientes deben revisar a fondo la presencia del secretario en los padrones del Procampo, además de tomar acciones al respecto. Para el dirigente de la Anec, ese programa del que se beneficia el titular de la Sagarpa debe ser un garante de la soberanía alimentaria y de apoyo a los que menos recursos tienen.
“Desafortunadamente –dice Suárez Carrera–, el trabajo de Mayorga Castañeda se rige por la doctrina neoliberal, tanto por su formación académica como por ser empresario comercializador de granos. No ha reconocido que el país necesita profundizar el apoyo para los pequeños productores de temporal. De esta manera, salir de la crisis económica y
alimentaria que padecemos”.
Un tecnócrata en el campo
Nacido el 17 de abril de 1951, Francisco Javier Mayorga Castañeda es maestro en administración de empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, plantel Guadalajara. Con una formación de apertura de mercados, el ahora secretario de Agricultura apresura la siembra de organismos genéticamente modificados, se niega a la renegociación del Tratado del Libre Comercio y apoya la extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Entre sus primeras acciones al frente de la Sagarpa destaca la aprobación de siembra experimental de maíz transgénico, que beneficiará a trasnacionales como Monsanto en perjuicio del sector agropecuario nacional. El 15 de octubre pasado, la secretaría hizo público el anuncio al que organizaciones ambientalistas, campesinas y de derechos humanos se han opuesto, pues consideran que los organismos genéticamente modificados perjudican la salud de los seres humanos, al medio ambiente y a la economía de los pequeños agricultores.
Cuatro días antes, fue uno de los 10 signatarios del decreto presidencial que liquidó Luz y Fuerza del Centro y dejó en el desempleo a más de 40 mil trabajadores. Entre los argumentos que avaló el secretario –que obtiene recursos públicos bajo las figuras de “campesino”, “agroempresario” y servidor público–fue que el exorganismo descentralizado de la administración representa “un costo tan elevado que no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público”. (ER)
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