Cambios y retos electorales
José Antonio Crespo
Que los legisladores ofrezcan que no habrá "cuotismo" es señal de que sí lo habrá. Promesas iguales siempre han sido incumplidas.
Pronto habrá cambios electorales, y hay propuestas de reformas en ese ámbito, también. Entre éstas, se halla la de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade), cuyo nuevo titular, José Luis Vargas, sugiere que se eleven las penas a delitos por el uso partidista de los fondos públicos, y los relativos al dinero proveniente del crimen organizado. Me parece que, una vez más, se está cayendo en una ilusión óptica que no va a la raíz de los problemas sino a la superficie. El problema de fondo, en el caso de los delitos electorales, no es tanto que haya penas reducidas, sino que los delitos rara vez se sancionan; el problema es la impunidad. Por ejemplo, actualmente la desviación de fondos públicos con propósitos electorales se sanciona hasta con nueve años de cárcel. No es poca cosa. Pero la ley no se ha aplicado (salvo excepcionalmente y sólo a peces muy pequeños). De haberse hecho, hoy poblarían nuestras cárceles multitud de funcionarios de todos los niveles, gobernadores y quizás hasta algún ex presidente de la República. Claro, eso si la ley se aplicara. La impunidad vigente en esta materia seguramente tiene que ver con que la Fepade depende del Ejecutivo federal (jamás sancionará a funcionarios de ese Poder, para lo cual puede inventar cualquier interpretación de la ley, por más descabellada que sea, como ya lo vimos en 2006). Para lograr eficacia en este terreno, debe transformarse a la Fepade en un órgano autónomo.
Lo cual nos lleva al siguiente tema: en poco tiempo serán nombrados tres nuevos consejeros electorales del IFE para sustituir a otros tantos que terminan su mandato. Pero eso ocurrirá nuevamente bajo una fórmula que mostró su agotamiento en 2003; es decir, por cuotas partidarias. Que los legisladores ofrezcan que no habrá "cuotismo" es señal segura de que sí lo habrá. Promesas semejantes siempre han sido incumplidas. Eso reduce la probabilidad de que los nuevos consejeros se comporten con plena autonomía. Suele suceder que ahí se mandan cuadros partidarios disfrazados de ciudadanos o bien ciudadanos que han pactado con tal o cual partido su nombramiento. Con excepciones, los consejeros propuestos juegan a favor de su proponente, adoptan y defienden sus alegatos, votan según sus intereses.
Para evitar eso, habría que cambiar la fórmula, designando una comisión ad hoc, nombrada por instituciones académicas, colegios profesionales y organizaciones cívicas, con el fin de que realice la designación de los consejeros. Eso, que es vigente ya en algunos países, elevaría significativamente la probabilidad de que sean la trayectoria, los conocimientos y no las afinidades partidarias, los criterios esenciales en tales nombramientos.
En esta ocasión, si bien nos va, surgirá un consejero por cada partido grande; y digo "si bien nos va", pues existe la probabilidad de que el PRI, que pierde dos consejeros (el otro es del PAN) exija reponer esos dos espacios a partir de su mayoría absoluta (junto con su mozo de espuelas, el PVEM). El PRD puede quedar fuera, lo cual sería justificado por el PRI a partir de que la bancada del sol azteca es mínima, y que no quedaría totalmente excluido -como sí ocurrió en 2003-, pues formalmente el presidente del IFE fue propuesto por el PRD (porque ya no le quedaban fichas propias), así como el consejero Alfredo Figueroa (impulsado por varias organizaciones cívicas). Y es que en 2003 claramente se aplicó una fórmula sumamente inequitativa, donde el número de propuestas, por partido, en principio depende del tamaño de su respectiva diputación. Eso es algo que contraviene una de las reglas básicas de la democracia electoral, según la cual los triunfos en unos comicios no deben traducirse en ventajas para los siguientes. Además, es probable que uno de los nuevos alfiles del PRI-PVEM sea un representante de los intereses mediáticos, en virtud de que quien venía desempeñando esa función saldrá también en este recambio.
Por último, un foco rojo es el hecho de que el Tribunal Electoral federal (TEPJF) haya validado el triunfo del PRI en Durango, pese al estrecho margen entre primero y segundo lugares, y dada la cantidad de irregularidades y artimañas (algunas muy descaradas) detectadas en el proceso. Es un banderazo del Tribunal para que en 2012 los partidos y los gobiernos hagan lo que les venga en gana para que su candidato gane, sea como sea, al fin que los magistrados nos están diciendo que eso no tendrá consecuencias importantes para los infractores.
MUESTRARIO: Por descanso, esta columna reaparecerá el miércoles 27 de octubre.
Que los legisladores ofrezcan que no habrá "cuotismo" es señal de que sí lo habrá. Promesas iguales siempre han sido incumplidas.
Pronto habrá cambios electorales, y hay propuestas de reformas en ese ámbito, también. Entre éstas, se halla la de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade), cuyo nuevo titular, José Luis Vargas, sugiere que se eleven las penas a delitos por el uso partidista de los fondos públicos, y los relativos al dinero proveniente del crimen organizado. Me parece que, una vez más, se está cayendo en una ilusión óptica que no va a la raíz de los problemas sino a la superficie. El problema de fondo, en el caso de los delitos electorales, no es tanto que haya penas reducidas, sino que los delitos rara vez se sancionan; el problema es la impunidad. Por ejemplo, actualmente la desviación de fondos públicos con propósitos electorales se sanciona hasta con nueve años de cárcel. No es poca cosa. Pero la ley no se ha aplicado (salvo excepcionalmente y sólo a peces muy pequeños). De haberse hecho, hoy poblarían nuestras cárceles multitud de funcionarios de todos los niveles, gobernadores y quizás hasta algún ex presidente de la República. Claro, eso si la ley se aplicara. La impunidad vigente en esta materia seguramente tiene que ver con que la Fepade depende del Ejecutivo federal (jamás sancionará a funcionarios de ese Poder, para lo cual puede inventar cualquier interpretación de la ley, por más descabellada que sea, como ya lo vimos en 2006). Para lograr eficacia en este terreno, debe transformarse a la Fepade en un órgano autónomo.
Lo cual nos lleva al siguiente tema: en poco tiempo serán nombrados tres nuevos consejeros electorales del IFE para sustituir a otros tantos que terminan su mandato. Pero eso ocurrirá nuevamente bajo una fórmula que mostró su agotamiento en 2003; es decir, por cuotas partidarias. Que los legisladores ofrezcan que no habrá "cuotismo" es señal segura de que sí lo habrá. Promesas semejantes siempre han sido incumplidas. Eso reduce la probabilidad de que los nuevos consejeros se comporten con plena autonomía. Suele suceder que ahí se mandan cuadros partidarios disfrazados de ciudadanos o bien ciudadanos que han pactado con tal o cual partido su nombramiento. Con excepciones, los consejeros propuestos juegan a favor de su proponente, adoptan y defienden sus alegatos, votan según sus intereses.
Para evitar eso, habría que cambiar la fórmula, designando una comisión ad hoc, nombrada por instituciones académicas, colegios profesionales y organizaciones cívicas, con el fin de que realice la designación de los consejeros. Eso, que es vigente ya en algunos países, elevaría significativamente la probabilidad de que sean la trayectoria, los conocimientos y no las afinidades partidarias, los criterios esenciales en tales nombramientos.
En esta ocasión, si bien nos va, surgirá un consejero por cada partido grande; y digo "si bien nos va", pues existe la probabilidad de que el PRI, que pierde dos consejeros (el otro es del PAN) exija reponer esos dos espacios a partir de su mayoría absoluta (junto con su mozo de espuelas, el PVEM). El PRD puede quedar fuera, lo cual sería justificado por el PRI a partir de que la bancada del sol azteca es mínima, y que no quedaría totalmente excluido -como sí ocurrió en 2003-, pues formalmente el presidente del IFE fue propuesto por el PRD (porque ya no le quedaban fichas propias), así como el consejero Alfredo Figueroa (impulsado por varias organizaciones cívicas). Y es que en 2003 claramente se aplicó una fórmula sumamente inequitativa, donde el número de propuestas, por partido, en principio depende del tamaño de su respectiva diputación. Eso es algo que contraviene una de las reglas básicas de la democracia electoral, según la cual los triunfos en unos comicios no deben traducirse en ventajas para los siguientes. Además, es probable que uno de los nuevos alfiles del PRI-PVEM sea un representante de los intereses mediáticos, en virtud de que quien venía desempeñando esa función saldrá también en este recambio.
Por último, un foco rojo es el hecho de que el Tribunal Electoral federal (TEPJF) haya validado el triunfo del PRI en Durango, pese al estrecho margen entre primero y segundo lugares, y dada la cantidad de irregularidades y artimañas (algunas muy descaradas) detectadas en el proceso. Es un banderazo del Tribunal para que en 2012 los partidos y los gobiernos hagan lo que les venga en gana para que su candidato gane, sea como sea, al fin que los magistrados nos están diciendo que eso no tendrá consecuencias importantes para los infractores.
MUESTRARIO: Por descanso, esta columna reaparecerá el miércoles 27 de octubre.
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