TIEMPO DE MUJERES

Dueño del Bar-Bar pide a Calderón retirar concesión a Televisa

Gloria Leticia Díaz

MEXICO, DF, 29 de septiembre (apro).- Por “arbitrariedades y constantes abusos de parte de Televisa”, el empresario Simón Charaf, dueño del Bar-Bar, solicitó al presidente Felipe Calderón retirarle la concesión a la televisora propiedad de Emilio Azcárraga Jean.

Charaf, socio de Televisa en la empresa Imagen y Talento Internacional (ITI), ha acusado a altos ejecutivos de Televisa de pretender despojarlo de la parte que le corresponde en esa firma, a través de una supuesta campaña de desprestigio luego de la agresión al futbolista paraguayo Salvador Cabañas al interior del Bar-Bar.

En una carta enviada a Calderón –recibida a las 13:00 de este miércoles en la puerta norte de Los Pinos—, Charaf acusa a Televisa de utilizar el espectro radioeléctrico para armar campañas en contra de quienes lleven a cabo “alguna actividad que afecte intereses de la televisora o sacan a la luz anomalías y atropellos de la misma”.

Charaf puso como ejemplo las campañas de Televisa contra Carmen Aristegui, el diario Reforma, la familia Saba, así como “algunos políticos que no se han sometido a las presiones de la televisora”, entre ellos el actual diputador panista Javier Corral y la exsubsecretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), Purificación Carpinteyro, “quienes denunciaron anomalías en la ‘ley Televisa’ y la ‘licitación 21’”.

El dueño del Bar-Bar mantiene un litigio contra la televisora, a la que acusa de daño moral por incumplir con lo que acordaron como socios de ITI. Por esa razón, sostuvo el empresario de origen libanés, buscó “poner un alto a los abusos de Televisa en la empresa que somos socios y por ello Televisa me atacó”.
Contrario al objetivo de la concesión que el Estado otorga a las televisoras, dice Charaf, que es “informar, Televisa la utiliza para otros fines como los anteriormente expuestos”.

Luego de narrar cómo desde su punto de vista la empresa de Chapultepec 18 armó una estrategia para desprestigiar al Bar-Bar, después del atentado a Salvador Cabañas, y cómo utilizó a miembros del Poder Judicial para mantener suspendidas las actividades del centro nocturno y obligarlo a guardar silencio, Charaf insiste en la necesidad de que le sea suspendida la concesión a Televisa.
“Señor Presidente: le pedimos su apoyo para que junto con los miembros indicados de su gabinete, terminen con todas las anomalías y atropellos antes mencionados y, dado que el Estado autoriza la concesión de televisión a empresas particulares para mantener informados a los mexicanos, y que Televisa la ha utilizado indebidamente en diversas ocasiones para perpetrar ataques en contra de empresas o personas con fines particulares, le solicito respetuosamente sea retirada dicha concesión a Televisa”.

De acuerdo con Charaf, exesposo de Lupita Jones, su solicitud “será secundada por un gran número de mexicanos que estamos cansados de que, en lugar de ser informados, seamos engañados y atacados bajo los intereses mezquinos de Televisa”.

Charaf también formuló una serie de cuestionamientos a Calderón.
“Señor Presidente, yo me pregunto ¿en qué estado de derecho vivimos cuando Televisa usa una concesión que otorga el Estado con el objeto de informar y, en vez de esto, la utiliza para calumniar y atacar a terceros? ¿En qué estado de derecho vivimos que los afectados estamos imposibilitados para exigir la difusión de la verdad, la reparación de los daños causados y, como en este caso, indebidamente limitados y coartados para actuar en contra de quien defrauda y calumnia en virtud de las influencias y tácticas tramposas de una empresa irrespetuosa de las leyes y que quiere imponer su supremacía?”.

En la misma misiva, Charaf denuncia que su demanda civil en contra de Televisa lleva seis meses estancada, debido a que esa empresa se ha negado a aceptar un emplazamiento a juicio.

El empresario de espectáculos envió copia del reclamo a los secretarios de Gobernación y Comunicaciones y Transportes, Francisco Blake Mora y Juan Molinar Horcasitas; al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, así como al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, y a Emilio Álvarez Icaza, exombudsman capitalino.