Espacio Civil | Emilio Alvarez Icaza
En términos generales se puede afirmar que el proceso electoral de 2012 empieza el día de hoy. La Cámara de Diputados dio a conocer la convocatoria para la renovación de tres integrantes del Consejo General (CG) del Instituto Federal Electoral (IFE). Con este reemplazo termina la integración del órgano superior de la autoridad que habrá de organizar las próximas elecciones presidenciales y legislativas federales.
A más tardar el próximo 30 de octubre, las y los diputados tendrán que resolver un dilema de la mayor importancia para la construcción democrática del país. ¿Por cuál modelo de IFE optarán? Son muchas las posibilidades, pero en apretada síntesis se pueden reducir a dos opciones: el modelo IFE 2000 o el modelo IFE 2006.
El modelo IFE 2000 representa optar por un órgano autónomo, ciudadanizado y profesional. En el que quienes desempeñan la función de Consejero o Consejera son independientes de partidos políticos, gobiernos y empresas, y asumen un rol con base en tutelar parte de los derechos políticos de las y los ciudadanos como bien superior a tutelar. De hecho, es un modelo que genera certeza y se encarga de la legalidad y la legitimidad y cuenta con la confianza ciudadana y de todas las fuerzas políticas, con todas las limitaciones del caso.
El modelo IFE 2006, que inició su formación con la renovación del CG-IFE en 2003, representa un modelo con autonomía relativa y partidizado, supone que no todas las fuerzas políticas confían en el árbitro, que la legalidad es la parte privilegiada de la ecuación de la gobernabilidad. Es un modelo en que los partidos políticos buscan tener más representantes en la mesa y donde el bien superior a tutelar son las visiones parciales (incluidos intereses de poderes fácticos), sin importar que se dinamiten la certeza y la confianza.
La reforma constitucional de 2007 pretendió responder y resolver esta conflictiva, aunque lo ha logrado parcialmente pues todavía vivimos y pagamos las consecuencias del conflicto electoral del 2006. De hecho, lamentablemente regresamos a las épocas donde una parte importante del electorado no tiene confianza en las elecciones.
Por eso, en la manera en que se resuelva la integración de CG-IFE veremos: si se retoma el camino de la confianza o se abona en el conflicto; si se empuja la transición democrática o la regresión de la transición; si se ve en las elecciones un medio para resolver diferencias y fortalecer los derechos ciudadanos o una forma de dinamizar conflictos y dividir al país.
El dilema no es menor. La responsabilidad de nuestros representantes tampoco. Se requiere altura de miras, visión de Estado y ver por el bien de México y su gente.
A más tardar el próximo 30 de octubre, las y los diputados tendrán que resolver un dilema de la mayor importancia para la construcción democrática del país. ¿Por cuál modelo de IFE optarán? Son muchas las posibilidades, pero en apretada síntesis se pueden reducir a dos opciones: el modelo IFE 2000 o el modelo IFE 2006.
El modelo IFE 2000 representa optar por un órgano autónomo, ciudadanizado y profesional. En el que quienes desempeñan la función de Consejero o Consejera son independientes de partidos políticos, gobiernos y empresas, y asumen un rol con base en tutelar parte de los derechos políticos de las y los ciudadanos como bien superior a tutelar. De hecho, es un modelo que genera certeza y se encarga de la legalidad y la legitimidad y cuenta con la confianza ciudadana y de todas las fuerzas políticas, con todas las limitaciones del caso.
El modelo IFE 2006, que inició su formación con la renovación del CG-IFE en 2003, representa un modelo con autonomía relativa y partidizado, supone que no todas las fuerzas políticas confían en el árbitro, que la legalidad es la parte privilegiada de la ecuación de la gobernabilidad. Es un modelo en que los partidos políticos buscan tener más representantes en la mesa y donde el bien superior a tutelar son las visiones parciales (incluidos intereses de poderes fácticos), sin importar que se dinamiten la certeza y la confianza.
La reforma constitucional de 2007 pretendió responder y resolver esta conflictiva, aunque lo ha logrado parcialmente pues todavía vivimos y pagamos las consecuencias del conflicto electoral del 2006. De hecho, lamentablemente regresamos a las épocas donde una parte importante del electorado no tiene confianza en las elecciones.
Por eso, en la manera en que se resuelva la integración de CG-IFE veremos: si se retoma el camino de la confianza o se abona en el conflicto; si se empuja la transición democrática o la regresión de la transición; si se ve en las elecciones un medio para resolver diferencias y fortalecer los derechos ciudadanos o una forma de dinamizar conflictos y dividir al país.
El dilema no es menor. La responsabilidad de nuestros representantes tampoco. Se requiere altura de miras, visión de Estado y ver por el bien de México y su gente.
Vitral | Javier Solórzano
El fracaso previsible
Meses antes del michoacanazo, el gobernador Godoy no entendía de qué se trataba. No descartaba que él pudiera ser uno de los arraigados y luego encarcelados. Incluso le dijo al entonces secretario de Gobernación que sabía que se preparaba un operativo en el estado. Le pidió que si tenían elementos lo hicieran pronto, para no contaminar la vida en el estado y la elección intermedia. Los granadazos del 15 de septiembre y la creciente presencia de La familia michoacana, obligaban a actuar rápido. No había tiempo de incertidumbre ni especulación.
El secretario le dijo que perdiera cuidado. El Presidente ya no recibió a Godoy y todo se trataba con Gómez Mont. El día del michoacanazo, el Ejército y la Policía entraron sin que el gobernador supiera. No le dieron aviso porque, aunque lo nieguen, lo traían en la mira. Quizá haya sido porque a su medio hermano lo tenían en la lista o porque era un golpe político.
Con el tiempo y por los resultados, la única forma de entender el michoacanazo es como parte de una estrategia política fallida. Si el golpe hubiera sido contra el cártel predominante en la zona, La familia michoacana, la lógica indica que estaría diezmado. 35 funcionarios detenidos ligados a la singular familia supondría, en el más conservador de los casos, que este cártel ya estaría diezmado. Hasta donde se sabe la familia michoacana sigue en lo general fuerte. Hace meses estuvimos en la zona caliente, —Apatzingán, Nueva Italia, Arreaga, La Huacana—, y no encontramos indicio de que el peso e influencia de este grupo haya sido controlado o disminuido.
La PGR ha dirigido sus baterías ahora a los jueces.
Se ha insistido en que ninguno de los hoy absueltos está limpio. Arremeter contra los jueces parece tarea fácil cuando quizá no han podido construir las acusaciones con base a hechos, y no sólo a partir de testimonios de los convenencieros “testigos protegidos”. El mundo que rodea al MP y a los jueces puede llegar a ser de terror. La cuestión es si puede dar una maquinación tan acabada para liberar a 34 presuntos culpables, el 35 está por salir y el otro ya es diputado. Lo que parecía un golpe espectacular terminó por ser un fracaso y una evidencia, mientras no se demuestre lo contrario, del uso político y discrecional de la justicia. Nada dio resultado, hasta las elecciones perdieron.
¡OOUUCHCHCH!. 1.Métase al Twitter del presidente de la Cofetel. Ahí se enterará de cuándo les darán la ganga a Nextel y Televisa. De paso se puede ver la flojera que le dan las comparecencias. 2. Sorprendente la capacidad de movilización de los cuerpos de seguridad y atención. Sorprendente la mala comunicación ante una situación pronosticada de muy grave. En pleno vuelo se dieron cuenta de que no “era para tanto”. Santa María Tlahuitoltepec, con todo y sus 11 desaparecidos, sólo tuvo 15 minutos de fama.
El secretario le dijo que perdiera cuidado. El Presidente ya no recibió a Godoy y todo se trataba con Gómez Mont. El día del michoacanazo, el Ejército y la Policía entraron sin que el gobernador supiera. No le dieron aviso porque, aunque lo nieguen, lo traían en la mira. Quizá haya sido porque a su medio hermano lo tenían en la lista o porque era un golpe político.
Con el tiempo y por los resultados, la única forma de entender el michoacanazo es como parte de una estrategia política fallida. Si el golpe hubiera sido contra el cártel predominante en la zona, La familia michoacana, la lógica indica que estaría diezmado. 35 funcionarios detenidos ligados a la singular familia supondría, en el más conservador de los casos, que este cártel ya estaría diezmado. Hasta donde se sabe la familia michoacana sigue en lo general fuerte. Hace meses estuvimos en la zona caliente, —Apatzingán, Nueva Italia, Arreaga, La Huacana—, y no encontramos indicio de que el peso e influencia de este grupo haya sido controlado o disminuido.
La PGR ha dirigido sus baterías ahora a los jueces.
Se ha insistido en que ninguno de los hoy absueltos está limpio. Arremeter contra los jueces parece tarea fácil cuando quizá no han podido construir las acusaciones con base a hechos, y no sólo a partir de testimonios de los convenencieros “testigos protegidos”. El mundo que rodea al MP y a los jueces puede llegar a ser de terror. La cuestión es si puede dar una maquinación tan acabada para liberar a 34 presuntos culpables, el 35 está por salir y el otro ya es diputado. Lo que parecía un golpe espectacular terminó por ser un fracaso y una evidencia, mientras no se demuestre lo contrario, del uso político y discrecional de la justicia. Nada dio resultado, hasta las elecciones perdieron.
¡OOUUCHCHCH!. 1.Métase al Twitter del presidente de la Cofetel. Ahí se enterará de cuándo les darán la ganga a Nextel y Televisa. De paso se puede ver la flojera que le dan las comparecencias. 2. Sorprendente la capacidad de movilización de los cuerpos de seguridad y atención. Sorprendente la mala comunicación ante una situación pronosticada de muy grave. En pleno vuelo se dieron cuenta de que no “era para tanto”. Santa María Tlahuitoltepec, con todo y sus 11 desaparecidos, sólo tuvo 15 minutos de fama.
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