Editorial de EL UNIVERSAL
Cada vez es más difícil ver a un pequeño negocio que no esté enrejado, una casa sin alambres de púas, camiones de carga sin localizadores satelitales. Es tan sencillo delinquir y tan ineficiente la labor de las policías que las personas no han tenido más alternativa que protegerse a sí mismas.
¿Cómo dimensionar el impacto social del crimen? Cuando se habla del costo que tiene para el país la guerra contra el crimen organizado, salen a relucir los miles de homicidios que se incrementan año con año en todo el territorio nacional. Es un indicador acertado para medir el impacto de la violencia y para exigir soluciones a los responsables. Sin embargo, dista de ser el único factor a tomar en cuenta. La delincuencia impacta sobremanera también en la economía de todos los mexicanos; desde los grandes empresarios hasta los obreros más humildes.
De acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), cada persona en el país destina anualmente 9 mil 640 pesos en su seguridad, lo equivalente al 7% del Producto Interno Bruto (PIB). Hace unas semanas el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, también hizo un cálculo: 154 mil millones de pesos, un 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB). En mayo del presente año, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) midió el costo de la inseguridad en México por arriba del 15% del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel que, dijo el organismo, detiene el crecimiento económico y ahonda la pobreza. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) coincide con la última cifra.
Quizá la diferencia entre los datos radica en que las cifras más bajas únicamente estiman el impacto del crimen organizado, en tanto las más altas incluyen la delincuencia común. Sea cual sea la aproximación más acertada, lo cierto es que el precio a pagar por la inseguridad pone en riesgo el desarrollo del país.
El crimen elimina de tajo el patrimonio de las personas. Los sectores productivos se vuelven menos competitivos porque destinan sus ingresos a seguridad en vez de a inversión, lo cual inhibe la creación de empleo. A los pobres es a quienes les va peor pues además de carecer de oportunidades laborales pierden lo poco que tienen. Únicamente con dinero se puede conseguir autoprotección. En consecuencia la desigualdad se incrementa.
El país lleva tres grandes marchas en demanda de seguridad en los últimos 15 años. El deterioro en la calidad de vida de los mexicanos ha ido de la mano en ese lapso. De esa experiencia deben aprender las autoridades en vez de esperar una cuarta marcha o alguna secuela peor.
¿Cómo dimensionar el impacto social del crimen? Cuando se habla del costo que tiene para el país la guerra contra el crimen organizado, salen a relucir los miles de homicidios que se incrementan año con año en todo el territorio nacional. Es un indicador acertado para medir el impacto de la violencia y para exigir soluciones a los responsables. Sin embargo, dista de ser el único factor a tomar en cuenta. La delincuencia impacta sobremanera también en la economía de todos los mexicanos; desde los grandes empresarios hasta los obreros más humildes.
De acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), cada persona en el país destina anualmente 9 mil 640 pesos en su seguridad, lo equivalente al 7% del Producto Interno Bruto (PIB). Hace unas semanas el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, también hizo un cálculo: 154 mil millones de pesos, un 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB). En mayo del presente año, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) midió el costo de la inseguridad en México por arriba del 15% del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel que, dijo el organismo, detiene el crecimiento económico y ahonda la pobreza. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) coincide con la última cifra.
Quizá la diferencia entre los datos radica en que las cifras más bajas únicamente estiman el impacto del crimen organizado, en tanto las más altas incluyen la delincuencia común. Sea cual sea la aproximación más acertada, lo cierto es que el precio a pagar por la inseguridad pone en riesgo el desarrollo del país.
El crimen elimina de tajo el patrimonio de las personas. Los sectores productivos se vuelven menos competitivos porque destinan sus ingresos a seguridad en vez de a inversión, lo cual inhibe la creación de empleo. A los pobres es a quienes les va peor pues además de carecer de oportunidades laborales pierden lo poco que tienen. Únicamente con dinero se puede conseguir autoprotección. En consecuencia la desigualdad se incrementa.
El país lleva tres grandes marchas en demanda de seguridad en los últimos 15 años. El deterioro en la calidad de vida de los mexicanos ha ido de la mano en ese lapso. De esa experiencia deben aprender las autoridades en vez de esperar una cuarta marcha o alguna secuela peor.
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