Aborto en Centroamérica:
Una región donde se acumula la injusticia
Sylvia Torres , Tacuazina Morales
Managua, 28 sep. 10. AmecoPress/SEMlac.- Tres de los seis países que, en todo el mundo, definen como delito todo tipo de aborto y sancionan con cárcel tanto a proveedores de servicios como a las mujeres, están en Centroamérica.
En El Salvador, Honduras y Nicaragua muchas mujeres mueren por falta de acceso a servicios legales y seguros para interrumpir sus embarazos, aun en casos en que el producto no es viable o pone en peligro su vida, mientras que otras han sido condenadas hasta con 30 años de cárcel, acusadas por haberse sometido a esa práctica.
El aborto terapéutico, realizado por razones médicas o cuando es producto de una violación, existía en estas naciones a partir de las Constituciones liberales del siglo XIX. Para eliminar este centenario derecho, en medio de contextos electorales, se aliaron congresistas de derecha e izquierda en El Salvador y Nicaragua. En Honduras se le atribuye el hecho a la derecha.
No obstante, pese a la prohibición y el silencio oficial, organizaciones feministas no han dado tregua a sus gobiernos en la lucha por restituir el aborto terapéutico y han presentado a la opinión pública estadísticas y/o testimonios que muestran la crudeza de la prohibición total de esta práctica.
En Nicaragua, según un informe publicado por la organización no gubernamental IPAS, desde la criminalización del aborto, en 2006, perdieron la vida 31 mujeres. Ellas pudieron haber sobrevivido de haber recibido tratamiento oportuno a diversos tipos de cáncer u embarazos extrauterinos.
Nicaragua: Amalia un caso emblemático
Un caso emblemático es el de la joven de 27 años conocida por la prensa como Amalia. A pesar de tener un diagnóstico de cáncer extendido por su cuerpo, en el hospital de su ciudad, León, la mantuvieron 36 días sin interrumpirle el embarazo para aplicarle la quimioterapia, por temor a la Ley anti aborto. La organización no gubernamental IPAS publicó este y otros testimonios.
De haberse aplicado el engavetado Protocolo del Ministerio de Salud para este tipo de emergencias médicas, a esta mujer se le hubiera interrumpido inmediatamente la gestación de apenas seis semanas y media, y se hubiera iniciado el tratamiento para alargarle la vida. La petición pública de interrupción del embarazo y tratamiento hecha por los familiares de Amalia, fue recogida por organizaciones de mujeres y de derechos humanos.
Tras días de plantones frente al hospital local, y después de haber acudido a la Corte Interamericana de Justicia, la que demandó al Estado nicaragüense que aplicara medidas cautelares para Amalia, las autoridades de salud decidieron aplicarle carboplatino y paclitaxel. Según éstas, tales medicamentos —a los que no tienen accesos otras pacientes de cáncer— permitirían que Amalia llevara a término su embarazo.
Sin informar a la enferma de los riesgos reales del tratamiento, el producto del embarazo no creció lo suficiente y, tras nueve meses de tratamientos, Amalia dio a luz a un feto muerto.
El Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Católicas por el Derecho a decidir, el Grupo Feminista de León, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe denunciaron como inhumano haber ocultado información para obligar a Amalia a una carga que, además de inviable, le quitaba energías para luchar contra su enfermedad. La joven es madre soltera de una hija de 10 años.
El Salvador: Treinta años de cárcel
Desde 1997, con la nueva legislación penal, El Salvador anuló todos los artículos referidos a los casos de abortos no punibles (eugenésico, terapéutico y ético), y con ello se convirtió en uno de los países más restrictivos en esta materia.
A partir de ese año, muchas mujeres salieron del hospital a la cárcel acusadas de haberse practicado un "aborto consentido", o peor, de haber cometido "homicidio agravado", cuya pena es de 30 años.
Desde su total penalización, las organizaciones feministas salvadoreñas han denunciado las presiones ejercidas en contra del personal médico para mostrar como asesinas a las mujeres que han tenido partos prematuros extra hospitalarios, y obligar a quienes sufren de embarazos extrauterinos a mantener la gravidez hasta que el feto "se les venga", aún a costa de morir por las hemorragias que esto conlleva.
En 2008, el Ministerio de Salud de El Salvador registró más de 6.000 abortos espontáneos o sépticos.
En este duro clima, según informó la periodista Miroslava Rosales, de la revista digital Contrapunto, fueron anuladas por la Corte suprema de Justicia las condenas de siete y 30 años a tres mujeres: Marlene Ponce, de sólo 18 años, Karina Clímaco y Cristina Quintanilla.
Ellas, según señala la publicación, habían sido condenadas por practicarse abortos ilegales sin las debidas pruebas o con pruebas insuficientes, y denunciadas por el personal del hospital Nacional de San Bartolo.
De acuerdo con un reporte en el marco de la campaña que realiza la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Eugenésico y Ético, una de sus integrantes, Mariana Moisa, señaló que muchas mujeres tienen temor de buscar servicios médicos cuando sufren complicaciones durante el embarazo.
Por otro lado, médicos y enfermeras no pueden ejercer sus deberes profesionales y asistir a mujeres con complicaciones, por temor a ser procesados como cómplices del crimen del aborto u homicidio.
En el Salvador, la ley obliga al personal de salud a notificar a la fiscalía cualquier irregularidad o embarazo interrumpido, ya sea espontáneo o voluntario.
Frente a esta situación, Morena Herrera, ex comandante guerrillera y líder feminista, denunció en declaraciones a Contrapunto que asociar el aborto con el homicidio grave castiga sobre todo a las mujeres jóvenes que viven en situación de pobreza.
Honduras: Abortos clandestinos
El aborto en Honduras está penalizado en todas sus formas, con reclusión de tres a seis años, y las mujeres que interrumpen sus embarazos lo hacen clandestinamente, poniendo en peligro su vida, sin las condiciones sanitarias adecuadas para este tipo de procedimiento.
Una joven que acudió a esta práctica en marzo último y prefirió omitir su nombre, comentó que, en su caso, "todo salió bien, no tuve complicaciones, pero me sentí pésimo durante todo el proceso de antes de la intervención porque una sabe que lo va a hacer a escondidas, sin garantías de nada y sin tener donde acudir si algo sale mal".
Entre las consecuencias del aborto clandestino están la soledad y la consecuente culpa con que lo viven las mujeres, en medio de una sociedad permeada por la religión católica y donde se genera una condena social muy fuerte hacia aquellas mujeres que deciden abortar.
Las hondureñas se enferman y se mueren, casi siempre, por problemas relacionados con el ejercicio de su sexualidad y de su reproducción, absolutamente prevenibles en la mayoría de los casos, de acuerdo con el último informe alternativo presentado por CLADEM al Comité de la CEDAW, en 2007.
Desde que se llevan registros hospitalarios en el país, el aborto es la segunda causa de egreso hospitalario después del parto. En 2005, salían de los hospitales nacionales 21 mujeres diariamente con ese diagnóstico, precisa un boletín de registros hospitalarios de la Secretaría de Salud.
Aun cuando las autoridades de salud no reconozcan la problemática, las cifras dan cuenta de que el aborto es un problema de salud pública que debe ser abordado libremente, sin prejuicios sociales ni religiosos.
Claudia Herrmanndofer, del Centro de Derechos de Mujeres, dijo a SEMlac que si bien un informe oficial que será presentado en noviembre ante el consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas deja entrever que existe la figura del aborto terapéutico como legal, ello no es cierto.
"No existe ninguna fundamentación legal para esa afirmación, más que el intento de querer lavar la imagen de un gobierno violador de derechos humanos de las mujeres a nivel internacional", aseveró.
En este contexto, el movimiento feminista se prepara para una campaña de divulgación y acción por el próximo 28 de septiembre, día de la despenalización del aborto con la consigna "Por el retorno de nuestro cuerpo y nuestra democracia", que incluye diversas actividades de grupos de mujeres organizados en todo el país, así como acciones internacionales de denuncia sobre la situación actual del aborto y los derechos reproductivos de las mujeres.
Izquierda conservadora y derecha implacable
A pesar de contar con gobiernos que se autocalifican de izquierda, el retroceso en materia de derechos reproductivos en Nicaragua y El Salvador no parece dar marcha atrás. En Honduras, en tanto, todo apunta a que la situación se ha recrudecido tras el golpe de estado y el nuevo gobierno de derecha.
En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega, a despecho de la Constitución que declara laico al país, se proclama "cristiano, solidario y socialista", y en nombre de esta definición orientó a los diputados de su partido a votar por la penalización y cerrar oídos ante la evidencia médica.
Una posición favorable a la discusión sobre el aborto terapéutico, emitida por la primera ministra de salud del gobierno de Ortega, Maritza Quant, fue rápidamente desmentida por la Primera Dama de la República, Rosario Murillo. Unas semanas más tarde, Quant perdió su puesto.
En Nicaragua, en junio de 2010, 26 representantes ante la Asamblea Nacional liderados por la diputada Mónica Baltodano, de la Alianza Movimiento de Renovación Sandinista, y Yamileth Bonilla, del Partido Liberal Constitucionalista, ambos opositores del gobierno, presentaron una propuesta para permitir el aborto terapéutico, pero sólo consiguieron el compromiso de 26 diputados y diputadas de los 47 necesarios para pasar la Ley.
Mientras tanto en El Salvador, la posición a favor del aborto terapéutico de dos funcionarias parece haber caído en el desierto.
En mayo de 2010, según reporta el diario El Mundo, la ministra de la Salud, María Isabel Rodríguez, pidió a la Asamblea Nacional reconsiderar la Ley en los casos en que están en riesgo madre e hijo; por ejemplo en los embarazos ectópicos o extra uterinos.
Mas recientemente, Julia Evelyn Martínez, directora del Instituto Salvadoreño de la Mujer, firmó en nombre de su país un documento conocido como "El Consenso de Brasilia", en el que el país se comprometía, entre otras cosas, a revisar las leyes relativas al aborto.
La desautorización pública del presidente Mauricio Funes no se hizo esperar, a pesar de que él mismo encabeza un gobierno de la antigua guerrilla izquierdista. Para algunas lideresas, esto no debía sorprender, pues los diputados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) votaron con la derecha para prohibir todo tipo de aborto.
Morena Herrera ha reclamado públicamente al gobierno por la desautorización de Julia Evelyn, así como por el incumplimiento de las autoridades de gobernar para "asegurar los derechos de las mujeres y la igualdad de género".
En una carta pública dirigida a su presidente, Herrera le recuerda la obligación del Estado salvadoreño de actuar conforme a los compromisos internacionales, y se pregunta si tienen más validez para Funes los compromisos comerciales que los relacionados con los derechos de las mujeres.
El panorama sigue complicado para las hondureñas. Desde el golpe de estado, la situación de salud, y específicamente de salud reproductiva para las mujeres, se ha agravado, ya que el gobierno de facto de Roberto Micheletti decidió prohibir y penalizar la promoción, comercialización y uso de las pastillas anticonceptivas de emergencia (PAE), respaldado por un dictamen del Colegio Médico de Honduras, que señala que las pastillas tienen efectos "abortivos".
El decreto menciona en el artículo 3 que "quien contravenga las disposiciones de este decreto se le aplicarán las penas establecidas en el delito de aborto conforme a lo estipulado en el Código Penal". Un decreto que sigue vigente.
Foto: Archivo AmecoPress
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