Aunque para todo hay asignaciones eufemísticas y se habla de lograr interrupciones legales del embarazo, en lugar de aborto; de abortos seguros, como el contexto de la demanda, y el lenguaje cambia a veces con el peligro de que cambien los contenidos, el 28 de septiembre se eligió en conmemoración de la abolición de la esclavitud en Brasil, recordada como el día del "vientre libre" para exigir aborto legal y seguro para todas las mujeres.
Como principal argumento, en 1990 se planteó el aborto como un problema de salud pública y de justicia social. Hoy, no obstante, se trata de un problema de la democracia, un problema de justicia e impunidad.
Los jueces, como se ha documentado en Guanajuato, condenan a las mujeres hasta por 25 años, argumentando que la interrupción del embarazo es un delito equiparado a homicidio en grado de parentesco.
No sabemos cuántas mujeres están enfrentando procesos por esta torcedura legal, que fue puesta en los códigos penales como un recurso que agrava el abuso de la autoridad familiar cuando se comete homicidio, principalmente en menores o mujeres. Las abogadas están a favor de mantener este tipo delictivo, pero no de la torcedura mañosa que se aplica.
Este recurso torcido puede significar mayores desgracias a las mujeres. Se sabe que este tipo penal existe en 19 entidades del país, incluido el Distrito Federal, y ya se hace un estudio profundo para saber dónde más se ha torcido la ley que se utiliza para castigar a las mujeres, quienes en uso de sus derechos interrumpen su embarazo por alguna de las siete causas de no penalización que establecen nuestros diferentes códigos penales en la República Mexicana.
Con frecuencia, en el caso del aborto se olvida que desde 1929 hay excepciones para no criminalizar esta acción. En el Distrito Federal el aborto no es delito cuando se interrumpe el embarazo antes de cumplir 12 semanas la concepción, simplemente por voluntad de la involucrada, lo que ha salvado ya miles de vidas.
Este martes 28 las mujeres del país hicieron una jornada de denuncia, porque hay evidencia de que hay un retroceso, en virtud de legislaciones estatales en 16 entidades del país que buscan nuevas formas de penalizar el aborto y criminalizar a las mujeres, principalmente a las más pobres; de perseguirlas y condenarlas.
Parar el retroceso es vital. En América Latina el atraso, desigualdad e injusticia se unen a la negativa a liberar y ampliar las posibilidades de interrupción legal del embarazo. Hay zonas de Mesoamérica donde está totalmente prohibido, no hay excepción que lo permita.
De ahí las campañas de salud sexual y reproductiva, para que gobiernos y sociedades se sensibilicen ante la problemática. La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que una de cada ocho muertes maternas es resultado de un aborto inseguro. Y agrega que siete mujeres mueren cada hora en algún país en vías de desarrollo a causa de complicaciones post-aborto.
Cada día se realizan 55 mil abortos inseguros en el mundo, 95% en países en vías de desarrollo, lo que significa que pobreza, desigualdad y ausencia de democracia conducen a esta injusticia, donde la vida de las mujeres es la que está en juego.
Se calcula que el aborto inducido --en forma clandestina y condiciones inseguras-- es la causa de una de cada tres muertes maternas en la región latinoamericana y de aproximadamente 800 mil hospitalizaciones por año.
Datos investigados por el Colegio de México y difundidos por el Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres revelan que en México los abortos inducidos han aumentado en las últimas décadas en una tercera parte: de poco más de 500 mil abortos en 1990 a 870 mil en 2006.
La tasa de aborto inducido subió de 25 a 33 por cada mil mujeres en edad reproductiva, para ubicarse entre las más altas del mundo. La derecha y su avance en zonas de poder son responsables de estos hechos.
Sólo una de cada seis mujeres que se realiza un aborto obtiene atención hospitalaria, o sea que las otras cinco mujeres no buscan hospital o se les niega el servicio y recurren a la clandestinidad. Del año 2000 a la fecha, en promedio 500 mujeres en México son hospitalizadas diariamente tan sólo en los servicios públicos de salud por complicaciones derivadas de un aborto.
Se trata, pues, de un hecho que pone en riesgo muchas vidas, una cuestión que debiera no existir. Se trata con claridad de muertes evitables. El derecho a la salud garantizado en la Constitución se viola. La igualdad entre mujeres y hombres, signado por las naciones del mundo, es una mentira.
Con ello, el retroceso en 16 entidades del país y las demandas pendientes son de una urgencia que lacera la esperanza de que un día en México se pueda hablar de laicismo y democracia, ambos elementos base, contexto de las luchas libertarias de nuestras antepasadas.
En el Distrito Federal, hace poco más de tres años se despenalizó el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación. La constitucionalidad de la ley fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Frente al avance, la embestida conservadora no se hizo esperar: gobernadores y legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), subordinados a la jerarquía católica, promovieron contrarreformas en las constituciones de 16 estados del país para perseguir y penalizar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado.
Las contrarreformas no sólo imponen a las mujeres la maternidad como destino único e irrenunciable, sino que institucionalizan la violencia contra los derechos reproductivos d elas mismas, profundizan la injusticia y la impunidad, y ponen en riesgo el uso de métodos anticonceptivos, especialmente los dispositivos conocidos como DIU y la anticoncepción de emergencia.
El texto del Pacto, que se leyó el pasado martes 28, también denuncia que las contrarreformas frenan el avance científico en la investigación con embriones y células madre, una imposición moral religiosa conservadora, con lo que se vulnera el carácter laico del Estado mexicano; además, se profundiza el déficit democrático por razón de género.
Es decir, en la práctica, en esta sociedad fundada en una Constitución, producto de una gesta histórica en la que perdieron la vida un millón de mexicanas y mexicanos, sólo en el caso de este derecho, el de interrumpir legalmente el embarazo, se evidencia el carácter patriarcal de un sistema en el que las mujeres –más de la mitad de la población– se someten a un Estado que viola la ley, una sociedad que lo permite y un mundo global que se dedica a elaborar bonitos proyectos y convenios, campañas, que no consiguen nada para las mayorías empobrecidas, sino que se convierten en guardianes del capital y sus intereses.
Son las campañas financiadas por los grandes capitales, mientras que en mi país se mueren las mujeres, muchas de esas 500 que ingresan todos los días a los hospitales. Una cruzada contra la desigualdad social es lo que urge.
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