MÉXICO, D.F., 28 de septiembre (apro).- El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que dé a conocer los
nombres de mandos militares sentenciados y condenados por su participación en delitos contra la salud, crimen organizado y/o uso de recursos de procedencia ilícita, del 1 de diciembre de 2000 al 28 de mayo de 2010.La información fue requerida por un particular, quien pidió nombre del sentenciado, grado en la escala jerárquica, fecha y lugar de detención, delito y modalidad, sentencia impuesta, número de causa, juzgado instructor, y nombre de la organización criminal con la que el sentenciado se involucró.
Asimismo, solicitó los grados de los militares involucrados y el número total de sentenciados.
En su respuesta, la Sedena se limitó a proporcionar una tabla con dicha información del tiempo requerido, en la que omitió incluir los nombres, los cuales dijo tener bajo reserva por 12 años, bajo el argumento de que su publicación pondría en riesgo la vida de dichos militares y de sus familias.
Además, basó su respuesta en el criterio 06-09 del IFAI: Nombres de servidores públicos dedicados a actividades en materia de seguridad, por excepción puede considerarse información reservada.
El solicitante de la información presentó un recurso de revisión ante el IFAI, argumentando que algunos de los nombres ya se han publicado en boletines de prensa.
Para la resolución del asunto, la ponencia de la comisionada Jacqueline Peschard pidió a la Sedena que le informara qué datos de los entregados al particular están relacionados con casos que ya causaron estado y cuáles están en proceso. La respuesta fue que sólo uno tiene este último estatus.
La ponencia determinó que la Sedena no sustentó el daño que implicaría a la seguridad nacional y pública dar a conocer los nombres; además, desechó la invocación del criterio 06-09, pues éste no se aplica a militares que, valiéndose de su encargo, atentaron contra la seguridad nacional.
El pleno del IFAI decidió modificar la respuesta de la Sedena, pues no existe un nexo concreto, sino generalizado, entre la difusión de los nombres de los militares sentenciados y los posibles riesgos a la vida y seguridad de éstos y de sus familiares.
En sesión pública, la comisionada presidenta expuso que el hecho de que los militares hayan incurrido en delitos relacionados con la delincuencia organizada, siendo servidores públicos, y de que se les sometiera a juicio público, sustenta la determinación de dar a conocer los nombres.
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