Critican legisladoras falta de justicia para las mujeres
Por Gladis Torres Ruiz
Durante la reunión de trabajo con el Procurador General de Justicia de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre en el recinto legislativo, las diputadas señalaron que las estadísticas mostradas por el funcionario son alarmantes, y lo más grave es que se tenga una cifra tan alta de feminicidio sin esclarecer.
El funcionario detalló que de septiembre de 2006 a septiembre de 2010, se han registrado 152 asesinatos de mujeres, de los cuales 74, se encuentran en “fase de investigación”, es decir cerca de la mitad de los casos se encuentran sin resolver.
Agregó que en 71 de los casos hay detenidos por el delito; en dos se dictó la libertad y en uno de ellos el responsable se suicidó. A pregunta expresa de la diputada Adriana Terrazas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre cuántos de los casos, que hay detenido, se había dictado sentencia o si están en proceso, el funcionario no tuvo respuesta.
El mayor número de asesinatos se ubica entre mujeres de 18 a 60 años de edad, seguidas por menores de 18 años y el de adultas mayores. Las cifras otorgadas por Zamarripa Aguirre, no concuerdan, ya que al realizar la suma total quedan fuera de su información cuatro casos.
En la reunión convocada por la Comisión, para conocer el trabajo de los responsables de justicia de todo el país en la materia, el funcionario sostuvo que el 95 por ciento del feminicidio es de origen familiar, “es decir se cometieron intramuros”, del 5 por ciento restante, dijo que en su mayoría son atribuibles al crimen organizado.
Detalló que de septiembre a diciembre de 2006, se registraron 6 asesinatos de mujeres; en 2007, 30; en 2008, 40, y en 2009, 44. De enero a septiembre de este año, dijo, 32 mujeres han sido víctimas del feminicidio, los municipios que más casos registran son: León, Irapuato y Celaya.
Ante ello la diputada Teresa Incháustegui Romero del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y presidenta de la Comisión Especial, refirió que la situación planteada por el funcionario es alarmante, “nos habla de un alto índice de no resolución de los casos y que además los casos van en aumento año con año”.
La situación contrasta con la penalización de los casos de mujeres que en la entidad han tenido un aborto, y que “han sido tratadas con una enorme dureza, lo que habla muy mal de la justicia que se imparte en la entidad”, enfatizó la legisladora.
VICTIMAS DE LA JUSTICIA
A su vez, la legisladora del PRD, Leticia Quezada Contreras, recordó al funcionario estatal que en Guanajuato se encuentran registradas de 2003 a junio de este año 116 averiguaciones previas por el delito de homicidio en razón de parentesco, “96 de ellas fueron consignadas ante la autoridad judicial, cuál es su estatus”.
Además le preguntó que porqué en la Procuraduría de Guanajuato no hay perspectiva de género y que hasta cuando piensan crear en el estado la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, “es el único estado de la República que no cuenta con ésta Ley, por eso no se refleja, ni se visualiza la realidad de la violencia que existe en el estado hacia las mujeres” enfatizó.
En respuesta, el Procurador afirmó que “en estos 96 casos se encuentran incluidos los casos indiciados y consignados en contra de cualquier ascendiente, descendiente consanguíneo, en línea recta es decir hermano o conyugue y así sucesivamente”.
Sobre la ley señaló que en 2009, fue aprobada la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia en el estado de Guanajuato, la cual incluye nuevas figuras penales y entrará en vigor en el 2011, situación que cuestionó la diputada del Partido del Trabajo (PT) Teresa Guadalupe Reyes, quien preguntó si se incluye el feminicidio en los nuevos tipos penales, y porqué esperar hasta el siguiente año.
Zamarripa Aguirre, afirmó que porque esta ley es parte del nuevo sistema de justicia penal, que incluye los juicios orales, y se está preparando la infraestructura necesaria para ello.
SUSCRIBEN COMPROMISOS
Finalmente, el funcionario se comprometió y firmó un convenio de colaboración con la Comisión Especial, en el que se establece la creación de un mecanismo para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, --de las cuales el procurador no dio información, ya que señaló su informe era “específico de feminicidio”--; la creación de una página Web con la información personal de mujeres, jóvenes y niñas desaparecidas, así como un banco genético.
Añade la creación de registros administrativos claros y clasificados de los casos de homicidios de mujeres; incorporar la perspectiva de género y estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres.
Formación y capacitación permanente del personal involucrado en las investigaciones (agentes ministeriales, peritos, o personal de los servicios de atención a víctimas) y difusión y campañas de prevención en materia de derechos humanos de las mujeres y los criterios de la sentencia “Campo Algodonero”, son también parte del compromiso.
La diputada Teresa Incháustegui, precisó que estos acuerdos se desprenden de los 26 resolutivos de la sentencia emitida en diciembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano, por el feminicidio de 3 mujeres en Ciudad Juárez, conocido como el caso “Campo Algodonero” y que es base de los trabajos de la Comisión que preside.
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