Por Andrea García Vázquez Estudiante de Ciencias de la Comunicación
Un delito es una acción que transgrede las reglas básicas bajo las cuales la sociedad puede convivir, y esto amerita el encierro de una persona. En algunos lugares de la república el aborto es considerado un delito, mientras que con el abuso sexual no ocurre lo mismo.
De izq. a der.: Regina Tamés Noriega, Francisca Pou, Pedro Salazar y Javier Cruz Angulo
México, D.F. /MujeresNet.- Dentro el ciclo de mesas y conferencias "Nuestros cuerpos, nuestras vidas. Cuatro décadas por el derecho a decidir en México", el día 14 de febrero en el Museo Memoria y Tolerancia, con la presencia de abogados especialistas en el tema de la despenalización del aborto se llevó a cabo la mesa de discusión "Aborto y derechos humanos: aspectos jurídicos".
Con el objetivo de situar el tema de la interrupción del embarazo desde un marco jurídico y en particular de los derechos humanos de las mujeres, así como fomentar una cultura de respeto a los derechos reproductivos, visibilizar las legislaciones sobre el aborto y discutir sobre la accesibilidad a la interrupción del embarazo cuando se cumplen las causales legales, Francisca Pou, Pedro Salazar, Javier Cruz Angulo y Regina Tamés Noriega fueron haciendo uso de la palabra en cuanto al tema en cuestión.
La primera intervención corrió a cargo de la doctora en Derecho Francisca Pou, quien comenzó por definir el aborto como un derecho contemporáneo y que se trata de un tema que da paso al difícil debate meramente moral sobre cómo se deben tomar decisiones personales y sobre las condiciones en que las personas deberían tomar estas decisiones difíciles; también expresó que el aborto comenzó a ser objeto de la regulación penal -lo que se traduce en la privación de bienes básicos de la gente-, pero que esta regulación tiene relación con la situación moral y, hablando de moralidad, "tus ideas con las mías no coincidirán". Afirmó que no sólo se trata de declarar el aborto como un derecho y anular leyes restrictivas, faltaría también definir los medios con los que se lleve a cabo dicho objetivo. Concluyó: "Si los encargados de administrar justicia no lo hicieran a partir de lo que piensan, se solucionarían muchos conflictos".
Regina Tamés Noriega, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), quien fungió como moderadora, cedió la palabra al doctor en Filosofía Pedro Salazar, quien comenzó explicando la premisa sobre qué tan importante es que en una sociedad democrática sean las razones argumentadas y no las convicciones intransigentes de cada uno, las que configuren el sentido de las normas colectivas, pieza clave de un Estado constitucional y laico, y que no solo sea la visión de dogmas ni principios de una sociedad los que se impongan frente a otra sólo por considerar que es conforme a sus convicciones. Recalcó que en una sociedad democrática que fomenta la libertad y autonomía de las personas, "debemos ser nosotros quienes asumamos la responsabilidad de decidir las condiciones fundamentales de nuestra vida".
Un poco más adentrado en leyes y en cuanto al aborto corresponde, el doctor en Filosofía hizo mención del proyecto del gobierno federal sobre la creación del código penal único para toda la república, el cual -aclara- "sería una fractura para lo ya logrado en el D.F.", en donde no sólo el aborto es un derecho sino que también se otorgan los medios necesarios para otorgar el servicio, y que de realizarse el proyecto se unificarían leyes de estados en donde el aborto no solo está prohibido, sino incluso es comparado con el homicidio.
Posteriormente intervino el licenciado en Derecho Javier Cruz Angulo, quien comenzó afirmando que en nuestro país el aborto visto socialmente es un delito grave, mientras que el abuso sexual no lo es, y que dependiendo del estado de la república en que se trate el tema (aborto) será el grado de pena de prisión, "y así las mujeres son presentadas ante el juez y este les dice: mientras investigamos si eres culpable o no, quédate aquí guardadita, no vayas a cometer otro despropósito en esta sociedad tan maravillosa".
Se concluyó que si este sigue siendo debate de pensamiento religioso y/o moral o poniendo a selección mediante encuestas los derechos de las mujeres, difícilmente se eliminará la idea de que el aborto es un delito contra el honor. Javier Cruz mencionó que a un estado o comunidades políticas se les conoce mediante su código penal, ya que es en él donde se plasman las sanciones obtenidas por actos que transgreden; y que mientras el aborto no salga de ese código penal y pase a un bloque constitucional en donde en verdad se declaren los derechos, por más organizaciones que existan no se logrará avanzar en materia de derechos ni mucho menos se dejará de ver como tema de corte moral, evidenciando además que la mujer no figura en las prioridades de los gobiernos.
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