Dos
proyectos de ley que avanzan en los parlamentos de Brasil y Perú
proponen que los derechos del embrión sean absolutos y, de aprobarse,
restringirían las pocas causales de acceso al aborto que existen en
ambos países. Esta avanzada de los sectores antiderechos se da a la vez
que en ambos países se debaten reformas a los códigos penales que
proponen ampliar las causales de interrupción del embarazo. Los
proyectos contradicen al Sistema Interamericano de Derechos Humanos
que, a fines del 2012, emitió un fallo limitando los derechos del
embrión y señalando que la defensa del mismo debe darsea través de la
protección de la mujer embarazada.
COMUNICAR IGUALDAD- Las comisiones de Seguridad Social y Familia y de Finanzas y Tributos del Parlamento de Brasil aprobaron a comienzos de junio un proyecto que crea el Estatuto del No Nacido. La propuesta -también conocida como “bolsa estupro” porque prevé que las mujeres víctimas de violación reciban una pensión del Estado e incluso una contribución por alimentos del varón violador- sostiene que la vida comienza en el momento de la concepción; impone penas de seis meses a un año de cárcel a las personas que se refieran al feto “con palabras de desprecio” o que hagan apología del aborto; penas de uno a tres años para quienes causen intencionadamente la muerte del aún no nacido y de dos años para quienes anuncien procesos o sustancias que provoquen el aborto. Se establece además, que los psicólogos pagados por el Estado deberán convencer a las mujeres de desistir del aborto.
El proyecto, que aún debe pasar por la Comisión de Constitución y Justicia antes de llegar al recinto, fue presentado por Eduardo Cunha –economista y pastor evangélico-, uno de los líderes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y cuenta con el apoyo de la bancada evangélica que tiene casi cien integrantes en el Parlamento. El PMDB es el mayor aliado en el Parlamento del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y fue uno de los que presionó, durante la campaña presidencial del 2010 para que la entonces candidata se comprometiera a que, en caso de ganar las elecciones, no promovería cambios en las normas vinculadas al aborto. Antes de ser candidata, Rousseff había dado declaraciones favorables a la despenalización del aborto.
“Este proyecto se conoce desde el 2007, pero este año los grupos parlamentarios antiderechos retomaron su tratamiento –explicó a COMUNICAR IGUALDAD Ingrid Leao, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) en Brasil-. Esto tuvo que ver con una declaración del Consejo Federal de Medicina a favor de la despenalización del aborto hasta la semana 12 que tuvo mucha repercusión en la sociedad e inclusive pedidos de ‘esclarecimiento’ por parte de los parlamentarios. La declaración del Consejo, a su vez, se dio en el marco del tratamiento por parte del Senado de un proyecto de reforma del Código Penal, presentado en julio del 2012, que justamente propone la descriminalización del aborto hasta la semana 12. Y a la vez, en el 2012, tuvimos una sentencia del Supremo Tribunal Federal de Justicia sobre el derecho de las mujeres a abortar en caso de anencefalia. Todo esto puso el tema del aborto en el debate público y esto generó la reacción de los parlamentarios conservadores.”
El proyecto de Cunha prevé que en los casos de aborto permitidos por el Código Civil de Brasil (cuando la vida de la mujer está en peligro, cuando ha sido violada o cuando el feto sufre de anencefalia) el Estado ofrezca asistencia a las mujeres que decidan seguir adelante con su embarazo a través de una pensión igual al salario mínimo durante 18 meses. Y, en el caso de las violaciones, si se descubre al autor, éste sería obligado a pagar una pensión a la víctima.
“La propuesta de creación de una ‘bolsa del estuprador’ apunta a la cosificando de las mujeres, considerándolas como meras recipientes y/o incubadoras, reforzando un pensamiento medieval anacrónico y es claramente un atentando a los derechos humanos de las mujeres que hemos conquistado a la fecha” señalan Elba Nuñez y Verónica Aparcana, coordinadora regional y asistente del programa de Litigio de CLADEM, respectivamente.
Para justificar el proyecto, Cunha llegó a decir que “si en el futuro, la mujer se casa y tiene otros hijos, el hijo nacido de una violación acostumbra a ser el preferido. Ello tiene una explicación simple en la psicología femenina: las madres se apegan de modo especial a los hijos que las hicieron sufrir más”. Y el diputado Henrique Afonso, también evangélico, dijo sobre el aborto: “Para nosotros es un acto contra la vida en todos los casos, no importa si la mujer corre peligro de vida o si fue violada”.
“Esto está ocurriendo en un contexto de retroceso del gobierno en relación a los derechos de las mujeres, desde la campaña electoral que eligió a Dilma –señala Telia Negrao, coordinadora del Proyecto Monitoreo de la CEDAW, de la Red Nacional Feminista de Salud, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos-. Desde entonces hay fuertes presiones de los sectores religiosos, que están organizados en el Congreso, cuentan con muchos votos y vienen teniendo éxito en la articulación con otros sectores. Consiguieron modificar el Plan Nacional de Derechos Humanos, retirar de circulación una cartilla sobre homofobia, colocar en el centro de la política de atención integral de la salud de las mujeres un programa materno-infantil llamado Rede Cegonha, retiraron recientemente de circulación una campaña de prevención del VIH/sida destinada a prostitutas. En fin, estamos frente a un proceso de amplio retroceso. El proyecto de Estatuto del No Nacido, por su carácter estratégico, ganó mayor atención de los sectores conservadores y a la vez el gobierno se viene manteniendo callado sobre el tema, ya que hay muchos intereses en juego vinculados a la reelección de la presidenta Dilma Rousseff.”
Si el proyecto se aprobara, alteraría la Constitución Federal de 1988, que no asegura la vida desde la concepción; el Código Penal, que no penaliza el aborto en los casos de violencia sexual y de riesgo de vida de la mujer; y tornaría nulo el fallo del Tribunal Supremo Federal que despenalizó el aborto en caso de anencefalia del feto, explica Negrao.
“Si nos apoyamos en los fundamentos jurídicos del proyecto, su argumentación es deficiente y podríamos decir que es muy difícil que sea aprobado –concluye Leao-. Sin embargo, sabemos que es mucho el juego de intereses y el volumen de los representantes que actúan sin respectar la laicicidad en Brasil, lo cual abre una alerta para los derechos de las mujeres.”
Perú
Pocos días después, el 17 de junio, la Comisión de la Mujer y Familia del Parlamento de Perú aprobó un dictamen sobre el Nuevo Código de los Niños, Niñas y Adolescentes que, en los artículos IV y VII, considera otorgar protección especial y privilegiada al concebido, estableciendo que en caso de conflicto con los derechos de la mujer primaran los del mismo; y, en el artículo 27, desconoce el derecho de las niñas, los niños y adolescentes a que el Estado garantice su educación sexual, la cual será obligación de las familias.
De aprobarse en el pleno el proyecto, quedaría sin efecto la única causal de aborto legal que hay en Perú, el aborto terapéutico, vigente desde 1924 y que se aplica para evitar un daño grave a la salud o la muerte de las mujeres por complicaciones en el embarazo.
En este país también el proyecto aparece como una reacción a la posible despenalización del aborto por violación, propuesta que está contemplada en el Proyecto de Revisión del Código Penal que se encuentra a su vez en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento.
Todo esto en un contexto en el que Perú recibió ya dos sugerencias de resoluciones del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y del Comité CEDAW en los que se señala que el Estado es responsable de violar los derechos humanos de dos adolescentes (KL y LC) por no haberles brindado el servicio de aborto terapéutico.
En las últimas semanas, varias organizaciones de mujeres realizaron acciones frente al Parlamento en las que, vestidas de rojo, se expandieron en las veredas como alfombras humanas para exigir que se respete el acceso al aborto terapéutico garantizado por la legislación actual y denunciar la intención del Congreso de aprobar derechos absolutos para el no nacido.
Pasando por arriba de la CIDH
Si estos proyectos se aprobaran, se estarían otorgando derechos absolutos al embión, lo cual contradice dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En noviembre del 2012, la CIDH falló en el caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica , sobre fertilización asistida, señalando, en el apartado 3.5, que “el embrión no puede ser entendido como persona”, y que la “concepción” “tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de la Convención”, con lo cual “la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional”. En otros segmento, la CIDH señaló que “el objeto directo de protección es fundamentalmente la mujer embarazada, dado que la defensa del no nacido se realiza esencialmente a través de la protección de la mujer”.
“Estamos preocupadas por el intento de limitar el libre ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos por parte de las sociedades marcadas por preceptos patriarcales –señalan Nuñez y Aparcana-. Y estamos exigiendo a todos los Estados de la región, el reconocimiento, vigencia y respeto de los derechos humanos, tarea primordial para consolidar procesos democráticos en condiciones de igualdad en nuestros países. El avance de los grupos antiderechos debilita el sistema democrático e las Américas y la laicidad que supone todo ejercicio de gobierno.”
COMUNICAR IGUALDAD- Las comisiones de Seguridad Social y Familia y de Finanzas y Tributos del Parlamento de Brasil aprobaron a comienzos de junio un proyecto que crea el Estatuto del No Nacido. La propuesta -también conocida como “bolsa estupro” porque prevé que las mujeres víctimas de violación reciban una pensión del Estado e incluso una contribución por alimentos del varón violador- sostiene que la vida comienza en el momento de la concepción; impone penas de seis meses a un año de cárcel a las personas que se refieran al feto “con palabras de desprecio” o que hagan apología del aborto; penas de uno a tres años para quienes causen intencionadamente la muerte del aún no nacido y de dos años para quienes anuncien procesos o sustancias que provoquen el aborto. Se establece además, que los psicólogos pagados por el Estado deberán convencer a las mujeres de desistir del aborto.
El proyecto, que aún debe pasar por la Comisión de Constitución y Justicia antes de llegar al recinto, fue presentado por Eduardo Cunha –economista y pastor evangélico-, uno de los líderes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y cuenta con el apoyo de la bancada evangélica que tiene casi cien integrantes en el Parlamento. El PMDB es el mayor aliado en el Parlamento del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y fue uno de los que presionó, durante la campaña presidencial del 2010 para que la entonces candidata se comprometiera a que, en caso de ganar las elecciones, no promovería cambios en las normas vinculadas al aborto. Antes de ser candidata, Rousseff había dado declaraciones favorables a la despenalización del aborto.
“Este proyecto se conoce desde el 2007, pero este año los grupos parlamentarios antiderechos retomaron su tratamiento –explicó a COMUNICAR IGUALDAD Ingrid Leao, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) en Brasil-. Esto tuvo que ver con una declaración del Consejo Federal de Medicina a favor de la despenalización del aborto hasta la semana 12 que tuvo mucha repercusión en la sociedad e inclusive pedidos de ‘esclarecimiento’ por parte de los parlamentarios. La declaración del Consejo, a su vez, se dio en el marco del tratamiento por parte del Senado de un proyecto de reforma del Código Penal, presentado en julio del 2012, que justamente propone la descriminalización del aborto hasta la semana 12. Y a la vez, en el 2012, tuvimos una sentencia del Supremo Tribunal Federal de Justicia sobre el derecho de las mujeres a abortar en caso de anencefalia. Todo esto puso el tema del aborto en el debate público y esto generó la reacción de los parlamentarios conservadores.”
El proyecto de Cunha prevé que en los casos de aborto permitidos por el Código Civil de Brasil (cuando la vida de la mujer está en peligro, cuando ha sido violada o cuando el feto sufre de anencefalia) el Estado ofrezca asistencia a las mujeres que decidan seguir adelante con su embarazo a través de una pensión igual al salario mínimo durante 18 meses. Y, en el caso de las violaciones, si se descubre al autor, éste sería obligado a pagar una pensión a la víctima.
“La propuesta de creación de una ‘bolsa del estuprador’ apunta a la cosificando de las mujeres, considerándolas como meras recipientes y/o incubadoras, reforzando un pensamiento medieval anacrónico y es claramente un atentando a los derechos humanos de las mujeres que hemos conquistado a la fecha” señalan Elba Nuñez y Verónica Aparcana, coordinadora regional y asistente del programa de Litigio de CLADEM, respectivamente.
Para justificar el proyecto, Cunha llegó a decir que “si en el futuro, la mujer se casa y tiene otros hijos, el hijo nacido de una violación acostumbra a ser el preferido. Ello tiene una explicación simple en la psicología femenina: las madres se apegan de modo especial a los hijos que las hicieron sufrir más”. Y el diputado Henrique Afonso, también evangélico, dijo sobre el aborto: “Para nosotros es un acto contra la vida en todos los casos, no importa si la mujer corre peligro de vida o si fue violada”.
“Esto está ocurriendo en un contexto de retroceso del gobierno en relación a los derechos de las mujeres, desde la campaña electoral que eligió a Dilma –señala Telia Negrao, coordinadora del Proyecto Monitoreo de la CEDAW, de la Red Nacional Feminista de Salud, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos-. Desde entonces hay fuertes presiones de los sectores religiosos, que están organizados en el Congreso, cuentan con muchos votos y vienen teniendo éxito en la articulación con otros sectores. Consiguieron modificar el Plan Nacional de Derechos Humanos, retirar de circulación una cartilla sobre homofobia, colocar en el centro de la política de atención integral de la salud de las mujeres un programa materno-infantil llamado Rede Cegonha, retiraron recientemente de circulación una campaña de prevención del VIH/sida destinada a prostitutas. En fin, estamos frente a un proceso de amplio retroceso. El proyecto de Estatuto del No Nacido, por su carácter estratégico, ganó mayor atención de los sectores conservadores y a la vez el gobierno se viene manteniendo callado sobre el tema, ya que hay muchos intereses en juego vinculados a la reelección de la presidenta Dilma Rousseff.”
Si el proyecto se aprobara, alteraría la Constitución Federal de 1988, que no asegura la vida desde la concepción; el Código Penal, que no penaliza el aborto en los casos de violencia sexual y de riesgo de vida de la mujer; y tornaría nulo el fallo del Tribunal Supremo Federal que despenalizó el aborto en caso de anencefalia del feto, explica Negrao.
“Si nos apoyamos en los fundamentos jurídicos del proyecto, su argumentación es deficiente y podríamos decir que es muy difícil que sea aprobado –concluye Leao-. Sin embargo, sabemos que es mucho el juego de intereses y el volumen de los representantes que actúan sin respectar la laicicidad en Brasil, lo cual abre una alerta para los derechos de las mujeres.”
Perú
Pocos días después, el 17 de junio, la Comisión de la Mujer y Familia del Parlamento de Perú aprobó un dictamen sobre el Nuevo Código de los Niños, Niñas y Adolescentes que, en los artículos IV y VII, considera otorgar protección especial y privilegiada al concebido, estableciendo que en caso de conflicto con los derechos de la mujer primaran los del mismo; y, en el artículo 27, desconoce el derecho de las niñas, los niños y adolescentes a que el Estado garantice su educación sexual, la cual será obligación de las familias.
De aprobarse en el pleno el proyecto, quedaría sin efecto la única causal de aborto legal que hay en Perú, el aborto terapéutico, vigente desde 1924 y que se aplica para evitar un daño grave a la salud o la muerte de las mujeres por complicaciones en el embarazo.
En este país también el proyecto aparece como una reacción a la posible despenalización del aborto por violación, propuesta que está contemplada en el Proyecto de Revisión del Código Penal que se encuentra a su vez en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento.
Todo esto en un contexto en el que Perú recibió ya dos sugerencias de resoluciones del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y del Comité CEDAW en los que se señala que el Estado es responsable de violar los derechos humanos de dos adolescentes (KL y LC) por no haberles brindado el servicio de aborto terapéutico.
En las últimas semanas, varias organizaciones de mujeres realizaron acciones frente al Parlamento en las que, vestidas de rojo, se expandieron en las veredas como alfombras humanas para exigir que se respete el acceso al aborto terapéutico garantizado por la legislación actual y denunciar la intención del Congreso de aprobar derechos absolutos para el no nacido.
Pasando por arriba de la CIDH
Si estos proyectos se aprobaran, se estarían otorgando derechos absolutos al embión, lo cual contradice dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En noviembre del 2012, la CIDH falló en el caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica , sobre fertilización asistida, señalando, en el apartado 3.5, que “el embrión no puede ser entendido como persona”, y que la “concepción” “tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de la Convención”, con lo cual “la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional”. En otros segmento, la CIDH señaló que “el objeto directo de protección es fundamentalmente la mujer embarazada, dado que la defensa del no nacido se realiza esencialmente a través de la protección de la mujer”.
“Estamos preocupadas por el intento de limitar el libre ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos por parte de las sociedades marcadas por preceptos patriarcales –señalan Nuñez y Aparcana-. Y estamos exigiendo a todos los Estados de la región, el reconocimiento, vigencia y respeto de los derechos humanos, tarea primordial para consolidar procesos democráticos en condiciones de igualdad en nuestros países. El avance de los grupos antiderechos debilita el sistema democrático e las Américas y la laicidad que supone todo ejercicio de gobierno.”
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