Cambios cosméticos en su estructura no resuelven violencia
La
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y
Trata de Personas (Fevimtra), de la Procuraduría General de la
República (PGR), cuenta con una nueva titular, Ángela Quiroga Quiroga,
que deberá hacer frente a las críticas y cuestionamientos hacia la
dependencia, que pese a contar con presupuesto etiquetado ha dado pocos
resultados, según organizaciones de mujeres y legisladoras.
Este domingo 16 de agosto la PGR informó en un comunicado la
designación de Quiroga Quiroga como nueva fiscal de la instancia
adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del
Delito y Servicios a la Comunidad.
Quiroga –según la información proporcionada por la PGR– es abogada por
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y ha sido
investigadora honoraria del Instituto de Investigaciones
Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La nueva fiscal se enfrenta al reto de encabezar una dependencia
sumamente cuestionada por la sociedad civil y legisladoras federales,
por sus nulos resultados para atender la violencia contra las mujeres.
La Fevimtra fue concebida por el Ejecutivo federal como un organismo
para combatir la creciente violencia de género, pero poco ha podido
hacer pues para 2014, de acuerdo con el Instituto Nacional de las
Mujeres (Inmujeres), siete mexicanas son asesinadas diariamente.
La Fevimtra es responsable de continuar con la investigación de los
casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas
víctimas de violación sexual por parte de militares en el estado de
Guerrero en 2002.
Igualmente, debe supervisar la implementación de los protocolos de
investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de
género contra la violencia sexual y feminicidio, así como el Protocolo
para el Tratamiento e Identificación Forense, publicados apenas en
marzo pasado.
MODIFICACIONES BUROCRÁTICAS
El 30 de enero de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el Acuerdo A/003/04, por el que se creó la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de
Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La decisión se tomó tras una década en la que la urbe fronteriza con
Estados Unidos fue azotada por una ola –vigente aún– de asesinatos de
mujeres, cuyos cuerpos fueron encontrados en lugares públicos.
La entonces Fiscalía Especial buscaba contribuir en el ámbito de la
competencia de la PGR a la atención y resolución de los casos ocurridos
en el estado de Chihuahua.
Pero dos años después el feminicidio ya había salido de los terrenos de
Juárez, y luego de atraer los casos de las ocho jóvenes encontradas en
el predio conocido como Campo Algodonero en 2001, y desistirse de ellos
al determinar que “no eran de su competencia”, la Fiscalía se hizo
nacional.
Mediante el acuerdo A/003/006 del 16 de febrero de 2006 se creó la
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de
Violencia contra las Mujeres (Fevim).
La primera fiscal federal fue la feminista y doctora en Derecho Alicia
Elena Pérez Duarte y Noroña, quien renunció poco después al cargo
(diciembre de 2007) debido, entre otros factores, a la no consignación
de responsables en el caso de las mujeres víctimas de violencia sexual
en San Salvador Atenco, Estado de México, en 2006, así como la
dificultad para consignar los casos de pederastia denunciados por la
periodista Lydia Cacho.
Fue así que con casos aún sin resolver –como el feminicidio en Ciudad
Juárez y las 14 violaciones de mujeres perpetradas por militares en
Castaños, Coahuila–, la Fevim desapareció en 2008 para dar pie a la
actual Fevimtra.
Según el acuerdo A/024/08, publicado en el DOF, esa Fiscalía Especial
estaría “facultada para investigar y perseguir los delitos federales
relacionados con hechos de violencia contra las mujeres y de trata de
personas”.
Guadalupe Morfín Otero, ex comisionada para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez (2003-2006), tomó
posesión de la nueva instancia adscrita a la PGR y sustituyó a Alicia
Elena Pérez Duarte.
En ese momento, organizaciones civiles se opusieron a la creación de la
Fevimtra, pues consideraban que “al ampliar sus facultades a la trata
de personas la Fiscalía perdía su esencia” como organismo especializado
en la atención de la violencia contra las mujeres.
Morfín Otero renunció al cargo en septiembre de 2009 para buscar la
presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Pero antes de su salida, cerró el caso (luego de tres años de tener
“congelada” la investigación) por tortura sexual (violación) contra 11
mujeres cometida por policías de los tres niveles de gobierno durante
los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y
Texcoco, y declinó su competencia a favor de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México (PGJEM).
Posteriormente fue designada al cargo Sandra Irene Herrerías, quien
renunció a finales de 2011, para quedar al frente de la entonces recién
creada por el gobierno de Felipe Calderón Procuraduría de Atención a
Víctimas (Províctima).
Es de mencionar que con la creación de esa Procuraduría se inició el
traslado de información y bases de datos en torno a los temas
relacionados con atención a víctimas de delitos, pues se eliminó la
facultad de la Fevimtra de atender a víctimas.
Angélica Herrera Rivero asumió la titularidad de la dependencia por un
periodo de sólo seis meses, para luego ser sustituida por Nelly
Montealegre Díaz, quien se mantuvo en el cargo hasta la semana pasada.
NULOS RESULTADOS
Además de los casos de violaciones a Derechos Humanos que la Fevimtra
ha declinado investigar, o que ha cerrado sin dar resultados, la
dependencia también tiene escasos resultados en la investigación de
otros delitos, ya que en cuatro años (2010 a 2013), sólo resolvió
satisfactoriamente 214 casos de violencia y 69 denuncias por trata de
personas
En 2010 fueron consignados 53 delitos de violencia contra mujeres y
niñas; para 2011 el número de consignaciones ascendió a 71, mientras
que para 2012 apenas hubo 41. Hasta octubre de 2013 la dependencia
registraba 49 consignaciones por estos crímenes.
El total de consignaciones es mucho menor respecto al delito de
trata (clasificado por la Fevimtra como explotación sexual, laboral,
ambas, extirpación de un órgano tejido o sus componentes, y esclavitud
o “prácticas análogas” a la esclavitud).
En 2010 hubo un total de 18 consignaciones, y en los años posteriores el total fue de 31, 11 y nueve, respectivamente.
Es de mencionar que según el Diagnóstico Nacional de Trata de Personas,
elaborado por ONU-México, se estima que 30 mil mujeres son víctimas de
trata en el país.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
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