El juez de Control, Gerardo Moreno, determinó que el gobierno de Javier Corral ya no es ofendido en el proceso penal, por lo que pidió al abogado Fernando Gómez-Mont dejar el estrado
Un juez de Control impidió al ex Secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont Urueta, participar en la segunda audiencia del caso Alejandro Gutiérrez que se realiza en la Ciudad de México,
luego de que la imputación penal por peculado que se le sigue al ex
Secretario General Adjunto del PRI fuera declarada competencia del fuero
federal por petición de la Procuraduría General de la República (PGR).
Al dictar su resolución, el juez Gerardo Moreno García, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte,
argumentó que no podía reconocer el carácter de ofendido al gobierno de
Chihuahua en una causa penal que él mismo consideró de competencia
federal derivado de que los recursos presuntamente desviados provenían
del presupuesto asignado a educación por la Secretaría de Cŕedito
Público (SHCP).
El abogado Fernando Gómez-Mont acudió a la audiencia del caso
Gutiérrez Gutiérrez en calidad de asesor victimal del gobierno de
Chihuahua, por lo que estaba acompañado del Consejero Jurídico
del gobierno de Javier Corral, Jorge Alberto Espinoza Cortés; y por la
Coordinadora Jurídica de la Secretaría de Hacienda estatal, Ángela
Mónica Ferreira Aguilar.
La determinación del juez Moreno García se dio en la segunda
audiencia del proceso penal federal que se sigue contra Alejandro
Gutiérrez Gutiérrez (AGG) y dos ex funcionarios de Hacienda de Chihuahua, Gerardo Villegas Mandriles y Antonio Enrique Tarín García,
imputados por el presunto desvío de 250 millones de pesos provenientes
del erario y el financiamiento ilícito a campañas electorales del PRI en
los comicios para gobernador del 2016.
La resolución sorprendió a Gómez-Mont, quien acudió a la audiencia judicial en calidad de abogado auxiliar o coadyuvante del Gobierno de Chihuahua.
El fallo del juez Gerardo Moreno implicó que el ex secretario de
Gobernación y los otros dos representantes legales del gobierno de
Corral que estaban presentes en la audiencia celebrada el pasado viernes
4 de mayo, tuvieran que dejar el lugar que ocupaban en el
estrado, a la izquierda del impartidor de justicia, sitio que se asigna a
los asesores victimales y a los ofendidos en un proceso penal.
La imputación inicial contra Gutiérrez y sus dos acusados fue
formulada por la Fiscalía General de Chihuahua, pero a solicitud expresa
de la PGR, el Juez de Control resolvió que el caso era
competencia de la Federación, con el argumento de que los fondos
presuntamente desviados eran recursos federales destinados al gasto
educativo.
En febrero pasado, el juez Moreno García se declaró
competente para conocer el caso y ordenó a la Fiscalía de Chihuahua y al
Poder Judicial de esa entidad entregar todo el contenido de la carpeta
de investigación sobre el caso Gutiérrez; así como de las resoluciones judiciales que ya se habían dictado dentro del proceso.
Pese a las impugnaciones presentadas por los juzgados de Chihuahua y
por la propia Fiscalía Estatal para tratar de conservar el caso de
Alejandro Gutiérrez, el pasado mes de abril un tribunal
colegiado resolvió de manera definitiva que el proceso penal contra el
ex colaborador de Manlio Fabio Beltrones y dos de sus coacusados, era
competencia exclusiva del fuero federal, por lo que dejó el caso en manos del juez de Control, Gerardo Moreno.
Una decisión sorpresiva para el ex secretario de Gobernación
Desde el inicio de la audiencia el juez de Control, Gerardo Moreno García, mostró cierta hostilidad con la representación del gobierno de Chihuahua, puesto que al solicitar los datos de Gómez-Mont y sus acompañantes preguntó la calidad en la que se encontraban.
Alejandro Gutiérrez, Antonio Tarín y Gerardo Villegas
estuvieron presentes mediante videoconferencia desde un juzgado del
fuero común de Chihuahua. La audiencia había sido convocada a
petición de los abogados defensores para retirar los criterios de
oportunidad a dos testigos de identidad reservada.
En otras palabras, la defensa de Tarín y Villegas iba a
solicitar al juez de Control retirar los beneficios procesales
concedidos por la Fiscalía de Chihuahua a los testigos de identidad
reservada, sentenciados mediante procedimiento abreviado, que
involucraron a los imputados en la llamada “Operación Záfiro” y el
presunto financiamiento ilícito a las campañas electorales del PRI.
Conocida la petición de la defensa, la representación legal
del gobierno de Chihuahua se encontraba en la sala para defender la
investigación realizada por el Fiscal César Augusto Peniche Espejel y
sus colaboradores. Estaban armados con libros de derecho y varios legajos del expediente.
Pero una vez iniciada la audiencia y concluidas las presentaciones
respectivas, el juez Moreno García volvió a cuestionar a Fernando
Gómez-Mont y los funcionarios del gobierno de Chihuahua en qué calidad
se encontraban. La respuesta fue la misma: eran los abogados de la parte ofendida, es decir, del gobierno chihuahuense.
El juez preguntó a la defensa si tenía algo que manifestar al respecto. El
abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana fue tajante: dado que ya se había
declarado la incompetencia del fuero común para continuar con el proceso
penal, el gobierno de Chihuahua ya no era víctima o sujeto pasivo del
delito, por lo que ya no tenían derecho a estar presentes.
La defensa de Gutiérrez se sumó a la postura de los abogados de sus
coacusados. “No hay carácter de ofendido para el gobierno de Chihuahua,
la acusación se refería a recursos federales y no estatales”,
sentenciaron los litigantes Antonio Collado y José Javier López.
Los abogados de los tres imputados cumplieron así con la obligación
de defender a sus representados, pero todavía faltaba la postura del
impartidor de justicia.
Pero la determinación del juez de Control, Gerardo Moreno García, fue casi inmediata y sin debate de por medio: al
no reconocer el carácter de ofendido al gobierno de Chihuahua ni
siquiera permitió a Fernando Gómez-Mont, en su calidad de coadyuvante,
ni al Consejero Jurídico, Jorge Alberto Espinoza, oponerse a su
determinación.
“Hubo una audiencia previa en la que estuvieron presentes otras personas, en esa primera audiencia se discutió la competencia o incompetencia de las autoridades estatales para seguir este proceso, en esa audiencia si tenían legitimación para estar presentes por tratarse de un debate sobre el carácter del proceso”.
“Sin embargo, en esta audiencia no puede reconocerles esa
misma calidad, puesto que ya se tomó la determinación de que el proceso
es competencia del fuero federal y el gobierno del Estado y la Fiscalía
estatal ya no tienen calidad de ofendidos en este caso. Por esa misma razón, no puedo permitirles que expongan argumentos en esta audiencia”, prosiguió.
Si Gómez-Mont estaba preparado para la posibilidad de que no se les reconociera como parte ofendida, al momento en que se les negó la posibilidad de argumentar y defender su calidad de asesores victimales en la audiencia, expresó sorpresa y molestia.
“Su señoría, hay una confusión o se confunde, creo que tenemos derecho al contradictorio”,
expresó, en referencia a la posibilidad que ofrece el sistema de
justicia penal acusatorio de debatir cada una de las determinaciones del
juzgador y de sus contrapartes en el proceso.
Pero el juez Moreno García reviró y cortó sus palabras. “Puedo
estar confundido, soy 100 por ciento humano, pero reiteró mi
determinación de que no pueden permanecer en la sala con carácter de
ofendidos, por lo que los invito a que pasen a la parte del
público, puesto que es una audiencia pública; o en caso contrario, me
veré obligado a pedirles que se retiren y a aplicarles la medida de
apremio consistente en el pago de una multa equivalente a 100 Unidades
de Medida y Actualización (UMA)”.
La UMA es el monto previsto en la ley que sustituyó el pago a los días de salario mínimo para el pago de multas y que para el 2018 es de 80.60 pesos por día.
Ante dicha determinación, los tres representantes del gobierno de Chihuahua decidieron abandonar la sala de audiencias: resistirse
a la orden del juzgador se hubiera considerado un desacato y habría
permitido al impartidor de justicia solicitar el uso de la fuerza
pública para desalojar al ex secretario de Gobernación y sus dos acompañantes.
El fin de la audiencia y la “magia negra”
Tras el retiro de la representación del gobierno de Chihuahua, el
juez de Control, Gerardo Moreno García, advirtió a la Procuraduría
General de la República (PGR) y a los defensores de los tres imputados que
“no podía hacer magia negra”, por lo que no podría continuar la
audiencia cuando ambas partes habían manifestado que todavía no tenían
acceso completo al expediente del caso.
“No voy a hacer un papelón resolviendo un expediente que no conozco y que las autoridades de Chihuahua me entregaron en un sobre lacrado cuando todavía se discutía la incompetencia”, manifestó.
Por lo anterior, solicitó a la defensa de los tres imputados y a los
fiscales de la PGR que estaban presentes hacer una lista de las
actuaciones que faltaban en el expediente: 16 entrevistas, el
acta del Ministerio Público de Chihuahua en la que se concedieron
beneficios procesales a dos testigos de identidad reservada y los
oficios relacionados con los llamados criterios de oportunidad que se aplicaron para lograr la colaboración de dichos testigos.
De esta forma, la audiencia se dio por concluida y se va a reprogramar hasta que las partes autorizadas, es decir, la PGR y la defensa de los tres imputados, tenga acceso pleno al expediente.
Pero el riesgo, a decir de la Fiscalía de Chihuahua, es que
los testigos de identidad reservada pierdan ese carácter y que la PGR
intente variar la teoría del caso, invalidando así los testimonios que
existen en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Antonio Tarín García y Gerardo Villegas Mandriles.
Cabe señalar que al principio de la audiencia, las partes
solicitaron guardar los datos personales de los imputados y se recordó
que no deben ser expuestos como culpables de un delito, pero al
tratarse de hechos públicos y notorios por los cuales se conocen los
nombres de los tres procesados, la reserva ya estaba acotada de manera
previa.
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