Hasta la fecha, el
sistema nacional de justicia de México "no ha tenido la capacidad ni la
voluntad de atacar este problema de violencia masiva que existe en el
país", afirmó James Goldstone.
Si en México la impunidad continúa, sin que exista evidencia
de que está atacando el problema, ya sea de manera interna o con el
apoyo de un mecanismo internacional, la Corte Penal Internacional de la
OEA Organización de los Estados Americanos “va a tener que ver qué está
pasando”, afirmó James Goldstone, director ejecutivo de Open Society.
“El gobierno debiera tener interés en este problema, si el problema sigue empeorando, si la impunidad sigue, en un momento la respuesta de la comunidad internacional va a ser otra“, advirtió.
En entrevista para #AristeguiCNN recordó que en su informe “Corrupción que mata: Por qué México necesita un mecanismo internacional para combatir la impunidad”,
señalan tres puntos: que la violencia está empeorando y que la
impunidad sigue; que todo está vinculado con la corrupción, la cual es
un denominador común de violencia y de impunidad, y que el sistema nacional de justicia no tiene la capacidad ni la voluntad de atacar este gran problema sin ayuda.
“México tiene elementos de un sistema nacional que funciona a veces y
otras no, hasta la fecha no ha tenido la capacidad ni la voluntad de
atacar este problema de violencia masiva que existe en el país”, abundó.
Ina Zoon, directora del programa para México de la fundación,
añadió que durante la elaboración del estudio se ha confirmado la
hipótesis que tenían desde hace dos años, respecto a que en el país “hay una base para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad en el periodo 2006-2016”.
Además, observó que “la dimensión de los crímenes perpetrados en este periodo no sería posible sin un grado de colusión de la élite política del país, a nivel estatal, eventualmente el gobierno federal y el crimen organizado, junto con ciertos empresarios”.
“Estamos hablando de un esquema de corrupción donde el crimen
organizado está pagando el poder político, la élite política de los
estados, están lavando dinero a través de la clase empresarial, y donde
el precio de todo esto es la protección y la aceptación de las
actividades ilícitas del crimen organizado. Hablamos de corrupción política, que es el gran ausente en el debate en la sociedad mexicana y en este periodo pre electoral”, dijo.
Ante esto, Goldstone recordó que junto con ocho organizaciones, Open Society recomendó que México solicite asistencia internacional para establecer un mecanismo, compuesto
de personal nacional e internacional para investigar, y cuando sea
necesario, procesar a los responsables de crímenes atroces y actos de
corrupción.
Sin embargo, aclaró, “el modelo tiene que ser un modelo mexicano,
basado en la historia y la política de lo que pasa aquí en México, pero
se puede aprender de los modelos que se han desarrollado en otros
países para atacar otros tipos de problemas de crímenes atroces o de
actos de corrupción”, como es el caso de Guatemala.
El director ejecutivo de Open Society comentó que en el proceso habrá
avances y retrocesos, y es por eso que la sociedad civil y las víctimas
tienen que estar empujando para que se cumplan los objetivos.
“La verdad y justicia son parte de la solución, todos tienen que saber la verdad de los hechos de lo que ha pasado, quiénes son los responsables, como ocurrieron estos crímenes y cómo vamos a rendir cuentas”, enfatizó.
Mencionó que antes de introducir el mecanismo internacional es necesaria “una discusión fuerte involucrando todas las partes afectadas,
a la sociedad, a actores dentro del sistema nacional de justicia y
gobierno, a nivel estatal, federal y estatal, para hablar sobre qué tipo
de asistencia será útil”.
Adicionalmente, Zoon consideró que se requiere un paquete anti impunidad de tres componentes:
“normas, pues aunque México está sobre regulado, las normas esenciales
aún faltan y necesitamos unos mecanismos de verdad; fortalecer las
comisiones de victimas y el sistema estatal de comisiones de Derechos
Humanos, y fortalecer la reforma procesal penal y las defensorías,
porque necesitamos debido proceso”.
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