Gustavo De la Rosa
“El
México que ellos quieren es uno donde los poderosos puedan seguir
traficando influencias en la política y en los negocios…”. Foto: Moisés
Pablo, Cuartoscuro
Otra vez una simple declaración en el calor de la contienda política produjo una respuesta empresarial desmesurada.
Alejandro Ramírez, dueño de Cinépolis, amplió el sentido del
desplegado del Consejo Mexicano de Negocios contra AMLO en estos
términos: “… las descalificaciones infundadas no ayudan a generar
confianza y, por otro lado, cancelar el aeropuerto. Todo eso genera
incertidumbre: el tema de cómo van a revisar la reforma energética, cómo
van a cancelar la reforma educativa, la amnistía para criminales…”.
Pero Ramírez está tomando partido contra un candidato a la
Presidencia de la República sólo por diferencias de opinión sobre su
proyecto de país; no puede ocultarse en una supuesta imparcialidad
cuando hipócritamente manifiesta que “han sido respetuosos con los
planteamientos de López Obrador, aun cuando no comparten sus ideas y
propuestas”. Por obligación legal él y los suyos deben ser respetuosos
de todos los candidatos; no están facultados para determinar si cumplen o
no la ley.
Los puntos que tienen en desacuerdo con AMLO son los fundamentales
para reconstruir al país o dejarlo así; el México que ellos quieren es
uno donde los poderosos puedan seguir traficando influencias en la
política y en los negocios, y rechazan la separación de estos sectores;
insisten en mantener la construcción del aeropuerto cueste lo que
cueste, pese a todas las evidencias de su disfuncionalidad y saber que
será un perjuicio grave para la Ciudad de México.
No aceptan revisar la reforma energética pese al fracaso de la misma
ni sienten la rabia de los ciudadanos al pagar 20 pesos por litro de
Premium, sólo les interesa repartirse entre ellos los recursos
energéticos; insisten en mantener la misma estrategia educativa,
imponiéndola a fuerza de fusil e ignorando el rechazo ciudadano y
magisterial que sentencian a México al atraso científico.
Quieren continuar con esta guerra sangrienta que se ha vivido desde
2008, sin pensar siquiera en la posibilidad de brindarle una oportunidad
a la paz; y finalmente quieren luchar contra la corrupción sin primero
enfrentar el tráfico de influencias, lo que es imposible pues justamente
es allí en donde se origina.
Y aun así el Consejo niega el hecho de que Anaya les pidió auxilio,
aunque el desplegado y las declaraciones de Ramírez le brindan todo el
respaldo a su candidatura, y además las palabras de ambos son tan
similares que no se sabe si Ramírez apoya a Anaya o viceversa.
Por otro lado, AMLO propone restablecer el Estado de derecho, lo que
significaría terminar con el tráfico de influencias, revisar el costo y
pertinencia de las obras públicas, regresar las fuerzas armadas a sus
cuarteles, reformar para mejor la reforma educativa y acabar con la
narcoguerra fratricida que vive el país.
Pero estas acciones son apenas las mínimas necesarias para empezar a
gobernar con la ley en la mano, y los empresarios anayistas hasta a esto
se oponen, ¿cómo se pondrán entonces cuando se investigue el pacto con
Odebrecht, el enriquecimiento inexplicable de los líderes del PRIAN y el
lavado de dinero con obras públicas, y cuando se les cobren los
impuestos que deben?
Ahora es el momento de las grandes decisiones, ¿aceptamos los riesgos
de cambiar al país o mejor la dejamos de ese tamaño y nos vamos con
Anaya, para otros seis años de la misma miseria de nación que
actualmente soportamos?
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