Aurelio Fernández F.*
Los muertos pertenecen a los
vivos. Los colocamos en tumbas, los hacemos cenizas, los mandamos al más
allá, les asignamos vida eterna y hasta resurrección; los empleamos
para nuestras tristezas y melancolías. Los usamos según nuestras propias
necesidades. Cuando mucho, los invocamos como instructores de tal o
cual decisión póstuma. Total, ellos ya no pueden opinar. El día 24 de
este mes murieron en un accidente aéreo cinco personas, dos de ellas de
relevancia política: Martha Éricka Alonso y su marido, Rafael Moreno
Valle.
La muerte de estos políticos fue una sorpresa descomunal. Aún ahora,
hay quienes aseguran que fingieron su deceso y simplemente huyeron a
Suiza o cualquier otro lugar mítico, a gozar de la inmensa fortuna
amasada durante su carrera en el servicio público, por el nieto del
general y doctor, del mismo nombre. Que estos políticos hayan muerto,
aun trágicamente, no borra su historial de represión, manejos
escandalosos del erario estatal, de endeudamiento condenatorio, de
manipulación electoral; de los 360 presos, procesados y perseguidos
políticos, de los cientos de feminicidios, del auspicio al desarrollo
galopante de la mafia de huachicoleros; de la supresión de las
políticas campesina, ambiental, laboral, de acoso a la prensa crítica y
de muchas otras acciones que perjudicaron los intereses de la población,
pero beneficiaron significativamente los de ellos.
Por estos días, lo verdaderamente trascendente luego del helicopterazo,
es lo que a continuación sucederá en la vida política estatal y
nacional. Ya hay una discusión en torno a cómo es el procedimiento
jurídico para nombrar al gobernador interino, si con mayoría simple de
los diputados o con la calificada.
Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, pide que por usos y costumbres y
por cortesía, quede alguien de su partido. Ayer las bancadas morenista y de Acción Nacional dieron una conferencia de prensa hablando de que buscarían un gobernador interino de unidad, pero eso está por verse. Este Ejecutivo especial conducirá el estado apenas durante pocos meses, pero representa un factor crucial en la consecución del resultado electoral que el morenovallismo desea, porque en su esquema comicial, los dineros y la acción gubernamental son los que suplen a la voluntad popular. Como el histórico PRI. Si el gobernador en turno no opera en favor de su candidato, lo más probable es que pierda, a pesar de que el Instituto Estatal Electoral es un engendro del senador fallecido. De ahí la importancia del nombramiento.
A las pocas horas del impacto sobre una milpa del municipio de
Cuautlancingo, los de Acción Nacional y sus letrados empezaron una
campaña de doble propósito: acusar a Andrés Manuel López Obrador de
homicida, y victimizar la situación con el propósito de impactar en el
ánimo de los electores de cara a la determinación de quién será el
próximo mandatario, o mandataria. Ya vimos el éxito de este
procedimiento en 1994, cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio
posibilitó que se revirtieran las tendencias que había en favor del
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, para trasladarlas a Ernesto Zedillo, bajo
la astuta conducción de Carlos Salinas de Gortari. No quiero calificar
de detestable el uso de los muertos para fines electorales o políticos,
siempre se ha hecho. Lo que quiero es contribuir al análisis de cómo
está ocurriendo esto. El asunto es ver cómo los más vivos, los vivillos,
se están y estarán aprovechando de los muertos, de sus muertos. Y una
pregunta del todo pertinente: ¿quién va a manejar –y para qué– la
fortuna de Rafael Moreno Valle Rosas, esa que tenía como finalidad
última su llegada a la Presidencia de la República?
* Director de La Jornada de Oriente
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