Enrique Calderón Alzati*
En una de las conferencias
mañaneras de esta semana, el Presidente abordó uno de los proyectos más
importantes y difíciles que se ha propuesto realizar durante su
gestión: la descentralización de las oficinas e instalaciones en las que
las diferentes secretarías de Estado y organismos federales operan en
la Ciudad de México. No dudo que son muchas las personas que piensan que
se trata de algo irrealizable por sus altos costos y por las
implicaciones económicas y sociales que un proyecto de estas dimensiones
conlleva y quizá sean más los que se oponen al proyecto, en virtud de
las enormes dificultades que habrá de representar para los trabajadores y
funcionarios del propio gobierno, al mover sus hogares a las ciudades
designadas para cada una de las instituciones, especialmente en los
casos en que los esposos trabajen en diferentes dependencias o cuando
uno de ellos trabaje en el gobierno y el otro tenga su empleo en una
empresa ubicada en la misma capital, pues en todos estos casos la
problemática que deberán enfrentar implicará para ellos la pérdida de
uno de los empleos y la consiguiente disminución de sus ingresos o la
separación de las familias; para todos estos casos, el gobierno deberá
apoyar a sus empleados, lo cual representará una dificultad adicional, a
la problemática logística propia de un movimiento de estas dimensiones.
¿Qué planes se han comenzado a preparar para dimensionar la magnitud
del problema y qué acciones habrán de tomarse para su solución?
Lo que hasta ahora la gran mayoría de la población ha ignorado, al
igual que los funcionarios de los pasados gobiernos ignoraron
irresponsablemente, es que el problema de la concentración demográfica,
política y económica del país, será más grave y difícil de resolver cada
año que pase y la Ciudad de México siga creciendo, al igual que las
oficinas gubernamentales. Por ello podemos afirmar que este problema
debe ser enfrentado ahora, en virtud de la ineficiencia y los altos
costos que implica tener a más de un millón de trabajadores y
funcionarios laborando en las oficinas e instalaciones actuales, además
de los empleados complementarios que se necesitan para satisfacer las
necesidades de servicios y bienes de consumo, que los trabajadores y
funcionarios del gobierno federal y sus familias requieren. ¿Por qué
hablamos de ineficiencia y altos costos de operación? La respuesta es
sencilla, cuando pensamos en las jornadas de trabajo de ocho horas y las
comparamos con el tiempo medio que los trabajadores requieren para
transportarse de su casa al trabajo y viceversa –que actualmente supera
las tres horas en promedio– representa más de 10 por ciento del salario.
Lo que nuestro Presidente se propone realizar, ha sido logrado en
otros países con algunas variantes y con magníficos resultados, dos
ejemplos que valen la pena mencionar son el de Australia y el de Brasil;
en el caso de Australia, cuya capital es Canberra y que hoy tiene una
población menor a los 400 mil habitantes, la ciudad fue propuesta para
ser la capital política y administrativa en 1908, mientras sus ciudades
más grandes son Melbourne y Sídney con poco más de 5 millones de
habitantes cada una, siendo importante mencionar que la primera fue
capital hasta 1927, año en el que el gobierno fue transferido a
Canberra.
El otro caso similar es el de Brasilia, capital de Brasil desde 1960,
en sustitución de Río de Janeiro, a partir de una decisión de su
Congreso nacional promovida por el presidente Juscelino Kubitschek en
1957, con el propósito de poblar el territorio interior del país y de
frenar el crecimiento de la capital ubicada en su costa atlántica. Hoy
Brasilia tiene una población cercana a los 3 millones de habitantes y
para los brasileños el traslado de su sede del gobierno, ha sido
considerado como un cambio positivo para la economía y para la vida
política del país.
El proyecto propuesto por el presidente López Obrador es distinto al
de las naciones mencionadas, en la medida que responde a una situación
diferente a las que motivaron las decisiones tomadas en esos países, ya
que en nuestro caso los principales objetivos son el freno al
crecimiento de nuestra ciudad capital, y el logro de un desarrollo
económico equilibrado entre el norte y el sur de la nación. Por las
dimensiones y la trascendencia de este proyecto, considero que es
necesaria su discusión en todos los ámbitos académicos, políticos y
empresariales del país, para lograr un gran consenso nacional. En el
caso del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, López
Obrador tuvo a bien convocar a la nación a una consulta sobre su
construcción ubicada en Texcoco, la cual se realizó con la participación
de poco más de un millón de participantes, pero en condiciones
difíciles en la medida que era necesario tomar una decisión oportuna
para evitar que se siguiera dilapidando el dinero en el proyecto, lo
cual generó un sinnúmero de críticas por supuestas razones
suficientemente discutidas. En este caso y tomando en cuenta esa
experiencia, me permito proponer una consulta vinculatoria, que sea
aprobada por el Congreso para ser realizada por parte del Instituto
Nacional Electoral, luego de que el tema sea discutido ampliamente en
diversos foros nacionales, para evitar las consabidas críticas
provenientes de grupos opositores, con ello el Presidente de la
República contaría con el apoyo popular necesario para asegurar su
realización.
*Director general del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa
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