Ciudad de México. Interrumpir un embarazo de manera segura es un derecho que por años se les ha negado a las mujeres en diversas partes del mundo, incluso aunque esté legalizado. Las autoridades y personal médico de sus países se rehúsan a cumplir con la Ley, a reconocer que ellas deciden sobre sus cuerpos, y sólo se dedican a criminalizarlas bajo prejuicios machistas.
Así lo evidenciaron las especialistas en derechos sexuales y reproductivos: Frederique Chabot de “Action Canada for Sexual Health and Rights” (Canadá); Urszula Grycuk de “Federation for Women and Family Planning” (Polonia); y Victoria Pedrido de “Akahatá” (Argentina) en conferencia de prensa virtual esta mañana.
Ellas explicaron que el personal médico de sus países no respeta ni aplica los progresos que se han desarrollado sobre el aborto como protocolos de actuación o permitir la interrupción del embarazo en ciertas causales (violación, riesgo de vida de la madre, entre otras), lo que deja a las mujeres en grave vulnerabilidad y promueve que el aborto se considere como un delito.
Al respecto, Frederique Chabot explicó que en Canadá el aborto está despenalizado desde 1998, sin embargo eso no alcanza para que las mujeres accedan a un aborto seguro, ya que existe una política de criminalización contra ellas y una brecha de desigualdad de servicios médicos según el lugar donde ellas vivan.
Algunas canadienses, dijo, se enfrentan a numerosas barreras para acceder a la adecuada implementación de la Ley, debido a que corren el riesgo de que las pocas clínicas comunitarias cercanas a ellas se nieguen a darles el servicio, y de ir a clínicas de otros lugares también son rechazadas bajo los pretextos de que no son ciudadanas o que están saturados en pacientes.
En consecuencia, recalcó, las mujeres se quedan sin opciones. Situación que se ha agravado con la llegada del COVID-19, ya que los servicios médicos son aún más reducidos y el personal de salud considera más importante un enfermo que la interrupción de un embarazo, aunque la vida de ella esté en riesgo. “Para los doctores el aborto no es algo esencial”, dijo.
Explicó que las mujeres que tienen la posibilidad de optar por cruzar la frontera para realizar su aborto se ven obligadas a solicitar un permiso por medio de una carta. Cuestión que las coloca a “merced” de las autoridades. En suma, expresó, hay clínicas de aborto que han cerrado por la contingencia.
“No hay una estrategia transnacional para asegurar el aborto, pues es un tema que no se ha tocado en los últimos 30 años en Canadá. Las mujeres de todo el mundo debemos colaborar y trabajar para luchar por los derechos tanto nacionales como internacionales y conectarnos con otras defensoras de otros movimientos”, comentó.
Por ello, dijo, las organizaciones de mujeres canadienses están trabajando en estrategias que aseguren a todas las mujeres, entre ellas las indígenas, el acceso a todos sus derechos sin miedo ni prejuicios. “Una mujer indígena se grabó sufriendo un aborto afuera de una clínica mientras recibía comentarios racistas y murió dejando 7 hijos huérfanos”, añadió.
En ese sentido, Victoria Pedrido, quien pertenece al movimiento argentino de Marea Verde, afirmó que en su país ocurren casi las mismas dinámicas que en Canadá porque el derecho a una interrupción Legal del Embarazo (ILE) es aplicado de manera limitada en diversos hospitales de las provincias, lo cual sigue dificultando el acceso de las mujeres a un aborto seguro.
Pedrido aclaró que las argentinas han luchado sin cansancio desde 2018 porque su Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sea retomado, debatido y aprobado por las autoridades con el fin de que disminuyan los números de mortalidad materna y las niñas no sean obligadas a terminar sus embarazos.
Ejemplificó el caso de una niña de 10 años que fue abusada sexualmente por un familiar y murió como resultado de complicaciones en su embarazo. La violencia sexual y familiar, agregó, aumentó con el confinamiento así como los embarazos, en consecuencia, las niñas llegan a los hospitales en gestaciones muy avanzadas lo que imposibilita que tengan un aborto seguro.
Aclaró que como en muchos otros hospitales del mundo la emergencia sanitaria ha llevado a las autoridades a justificar detrás de la lucha contra el coronavirus su falta de interés por garantizar los Derechos Humanos de las mujeres. En particular, dijo, en Argentina los grupos y políticos provida han utilizado este tiempo para retrasar que el Proyecto de Ley sea tratado.
La especialista resaltó que algunos de los avances es que el misoprostrol se proporcione a las mujeres en los hospitales para interrumpir sus embarazos y que existe mayor difusión de información científica que desmiente la idea de que el aborto es un delito y contrarresta los prejuicios.
Por su parte, Urszula Grycuk, expuso que en Polonia existe una resistencia de mujeres que lucha contra la oleada de negatividad de las autoridades para despenalizar el aborto, por ejemplo las mujeres salieron a protestar en sus coches cuando en abril de este año el parlamento presentó dos propuestas para prohibir el aborto y restringir la educación sexual en su país.
Ante ello, dijo, al no poder protestar en las calles, lo hicieron con carteles, paraguas y diversos utensilios de aseo para la casa o de cocina desde sus casas para evidenciar que ellas tienen derecho a decidir sobre si desean ser o no madres. Estas dos iniciativas, recalcó, están en pausa, pero pueden volver a activarse en cualquier momento.
Las tres especialistas coincidieron en que la criminalización hacia las mujeres es impulsada por los grupos conservadores y políticos que han mantenido una gran influencia en la toma de decisiones de los gobiernos de sus países con respecto a los derechos sexuales y reproductivos.
Advirtieron que seguirán luchando porque las mujeres y niñas puedan vivir una vida sexual plena sin restricciones y que buscarán formar lazos con otras organizaciones para despenalizar el aborto en todo el mundo.
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