Hace unos días la reportera Almudena Barragán, publicó en el diario El País, una entrevista con la familia de la defensora Cecilia Monzón quien fue asesinada el pasado 21 de mayo en Cholula Puebla.
La familia de Cecilia, incluido su hijo de cuatro años, tuvieron que exiliarse a España para salvaguardarse por las amenazas e intimidaciones que han vivido por buscar la justicia para la defensora.
El retrato de la infamia que coloca Almudena, nos muestra cómo la violencia machista se extiende aún cuando la víctima ha sido asesinada, nos deja claro, cómo el poder del agresor no se detiene ni cuando está en la cárcel, porque no hay un verdadero Estado de Derecho que lo pare.
De un día para otro, seis integrantes de la familia Monzón huyeron de México gracias a su doble nacionalidad, pues además de ser mexicanos tienen la nacionalidad española, lo cual les permitió contar con el apoyo de la embajada de España en México para salir del país rápidamente y ponerse a salvo.
Ellos pueden contar lo vivido lejos de México, donde se encuentran protegidos. Para otras familias esta no es una posibilidad, ni siquiera es un sueño que pase por sus mentes, especialmente las madres que se han convertido en defensoras a fuerza de buscar justicia para sus hijas, muchas de ellas engrosan las estadísticas de la violencia criminal contra las mujeres en México.
Ninguna familia que busca justicia tras el feminicidio de su hija, hermana y madre tiene que ver en el exilio la oportunidad de vivir para seguir buscando justicia.
El exilio de la familia Monzón evidencia la ausencia de la autoridad mexicana para garantizar su seguridad e integridad, como en muchos otros casos.
El Estado mexicano sigue fallando. ´
¿Dónde están las instituciones, políticas y programas que se han creado para erradicar la violencia contra las mujeres y que se mantienen gracias a los recursos públicos?
No se trata de números de mujeres atendidas por las instituciones, el objetivo de todas ellas es salvar la vida de las mujeres y es ahí donde están en falta.
Buscar justicia, no solo es un derecho al que tenemos todas y todos, es una acción inmediata y lógica después de un feminicidio y nunca tendría que significar vivir en riesgo.
Y como sociedad, no podemos permitir que se convierta en un costo que haya que pagar.
Nadie tiene que vivir en peligro por demandar justicia ante un crimen. Tendría que ser la aspiración de cualquier país, de cualquier gobierno, garantizar que todas las víctimas pudieran acceder al derecho de la justicia como un camino a la reparación de un daño que ha sufrido, y más cuando ese daño implica la vida misma.
Ese ideal, que es el acceso a la justicia, es el mínimo que tendría que estar garantizado para toda la ciudadanía y es lo más lejano que tenemos en México.
La Familia de Cecilia Monzón como el de todas las mujeres que han sido asesinadas por la violencia machista tendría que poder seguir viviendo en su país.
Segura, sin miedo y llevando el proceso judicial transparente y expedito, que mire de manera integral la justicia, donde el hijo de Cecilia esté a salvo, como el de todas y todos aquellos que han quedado en orfandad por feminicidio.
Sin estas garantías no hay institución que justifique su existencia, ni tampoco discurso político que se sostenga cuando la sangre de las mujeres sigue manchando nuestras casas y nuestras calles.
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