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2/25/2017

Un triunfo para la dignidad


   ZONA DE REFLEXIÓN 
Por: Lucía Lagunes Huerta*


El pasado martes 21, tres mujeres sembraron la esperanza de que en este país la justicia aún tiene cabida, de que pese a todas las corruptelas, aún quedan resquicios para ganarle a la impunidad y que sin importar la condición se le puede ganar al Estado cuando hace mal su trabajo.


 
Ganar no fue fácil, requirió once años de paciencia y tenacidad de las víctimas Teresa González Cornelio, Alberta Alcántara Juan y Jacinta Francisco Marcial, indígenas hñahñú; de sus familias que no se resignaron a la injusticia y del Centro de Derechos Humanos José Agustín  Pro Juárez (Centro Prodh) que tomó su caso y, junto a ellas, el martes nos regaló una victoria.
 
Frente a ellas, sus familias, su comunidad y un auditorio abarrotado de víctimas y personas defensoras de derechos humanos, el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, reconoció que la dependencia a su cargo cometió una injusticia contra ellas, violó sus derechos humanos, el principio de inocencia y que los funcionarios involucrados en esto violaron la Constitución.
 
El momento más difícil que tuvo que pasar el procurador fue después del discurso de la hija de Jacinta, Estela Hernández, quien tras sus palabras le dio fuerza a otras víctimas presentes en el acto de disculpa pública, para exigir a gritos justicia para sus víctimas. Esto llevó a que parte del equipo del Procurador le pasara de inmediato una tarjeta  para corregir su discurso para Jacinta Francisco Marcial, la última de las tres con la que tendría que disculparse.
 
Aseguró Estela: “Hoy queda demostrado  que ser mujer, pobre e indígena, no es una vergüenza del pueblo…vergüenza es que la Procuraduría tenga que reconocer de manera forzada, no por voluntad, que el caso fue un error, que funcionarios mediocres, corruptos fabricaran el delito de secuestro e inventaron que Jacinta era delincuente”. 
 
La frase final de la hija de Jacinta fue el inicio de la exigencia de otras víctimas…”hasta que la dignidad se haga costumbre”, entonces el procurador Cervantes Andrade tuvo que escuchar de pie a Antonio Valle, veracruzano quien a gritos le pidió revisar el caso de su hermano torturado por los marinos. Y desde la segunda fila a María López, quien le exigió la liberación de su esposo, un maestro acusado de sedición por participar en las protestas contra el gasolinazo.
 
Teresa, Alberta y Jacinta, tres  mujeres indígenas hñahñú del estado de Querétaro, quienes en 2006  fueron acusadas falsamente de secuestrar a 6  agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación  y por la cual permanecieron tres años en prisión, el martes le regalaron a la sociedad un triunfo para la dignidad, para romper el silencio de las víctimas y abrirle paso a la esperanza de que en este país aún quedan resquicios para la justicia.
 
Cada una de ellas, al tomar la palabra coincidieron en llamar a otras mujeres, a otras víctimas a no callar, a buscar ayuda en las organizaciones para que se les haga justicia, para que nunca más se repita un caso como el de ellas y demandaron al Estado a que no vuelva a ocurrir otra injusticia,
 
Seguir de pie hasta que la dignidad se haga costumbre es la fórmula que nos regalaron estas mujeres el pasado martes y que cada día hay que recordarlo.
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
CIMACFoto: César Martínez López Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Vergonzosa tardanza de 11 años, dijo la hija de Jacinta, y pidió no callar


Estado se disculpa con Alberta, Jacinta y Teresa

En una ceremonia marcada por los reclamos ciudadanos, el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, ofreció una disculpa pública a las indígenas Alberta Alcántara Juan, Jacinta Francisco Marcial y Teresa González Cornelio, acusadas falsamente en 2006 de secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).
 
Custodiadas por los abogados Mario Patrón y Santiago Aguirre, director y subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), las indígenas otomíes escucharon en su lengua materna –y en español– una disculpa en voz del titular de la Procuraduría General de la Republica (PGR), institución que hace más de 10 años las acusó.
 
“Alberta, Jacinta y Teresa, al exigir lo que por justicia y por derecho les corresponde, dieron un mensaje de verdadera democracia a nuestro país y movilizaron al Estado a cumplir con lo que mandata la Constitución”, dijo Cervantes Andrade en lo que calificó como un acto de “justicia” y “humanidad insoslayable”.
 
Ante defensores de Derechos Humanos, funcionarios y gente de la comunidad de Santiago Mexquititlán, en Amealco de Bonfil, en el estado de Querétaro, el funcionario reconoció que en el pasado la PGR violó el principio de presunción de inocencia e hizo mal su trabajo por lo que era hora de reparar el daño moral causado por un delito indebidamente imputado.
 
La frase del procurador soltó los aplausos de la comunidad pero en una segunda intervención, donde se dirigió en particular a Jacinta –la mujer con la que la instancia encargada de procurar justicia se encajó– los reclamos y los gritos de la gente fueron más fuertes que los aplausos.  
 
Entre el bullicio de los niños y los gritos de los asistentes, cada quien aprovechó la presencia del procurador para exigir justicia; se escucharon nombres como Ayotzinapa, Nochixtlán, Tlatlaya, Ostula, Atenco y otros más que recuerdan los casos de asesinatos, desapariciones y represión que están en espera de ser investigados por la autoridad.
 
Las tres indígenas, ataviadas con vestimenta tradicional, con su cabello trenzado y adornado con listones de colores, se pusieron de pie frente al auditorio para escuchar las palabras que llevaban esperando casi once años; “reconozco plenamente su inocencia”, frase que Cervantes Andrade dirigió y que fue replicada por una traductora.
 
“Que vivan las mujeres valientes de Amealco”, espetó una indígena desde su asiento en medio del auditorio y tras ella siguieron los gritos que terminaron hasta que tocó el turno a las otomíes agraviadas, quienes al tomar el micrófono repitieron la misma historia, aquella donde narran la detención arbitraria y el injusto encarcelamiento.
 
 
LA FALSA HISTORIA   En 2006 la PGR, entonces encabezada por el actual ministro Eduardo Medina Mora, se empecinó en señalar a Jacinta, la mujer indígena, hablante de otomí, vendedora de paletas y de aguas frescas, como responsable de secuestrar a seis policías federales, de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), cuando realizaban un operativo en el tianguis de Santiago Mexquititlán.   Alberta y Teresa fueron acusadas del mismo delito.   Aunque las mujeres no hablaban español, no contaron con traductor y no tuvieron una defensa adecuada, fueron condenadas a 21 años de prisión. Fue hasta septiembre de 2009 que Jacinta fue liberada por falta de pruebas, mientras que Alberta y Teresa fueron absueltas por decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril de 2010.   Al tomar la palabra, Teresa leyó su testimonio, contó el día de su detención y al recordar su paso por la cárcel, la emoción la hizo detener su relato, pero fue firme al decir “esto es una gran victoria” y tras una pausa llamó a todas las mujeres a no quedarse calladas y exigir hasta que las autoridades las escuchen.   Alberta también contó cómo fue su detención y en medio del sonido de los flashes y el grito de una asistencia que daba ánimo para no caer en llanto dijo “no se quedan calladas, hablen, busquen…que se comprometa a que no va a volver a suceder” aunque nadie pueda devolver el tiempo perdido a quien estuvo en prisión.   VERGONZOSA TARDANZA   Antes de finalizar el acto protocolario Jacinta cedió la palabra a su hija Estela, joven maestra queretana que llevó el mensaje de su madre –una indígena a la que aún le cuesta hablar en público y expresarse en una lengua ajena– quien claramente habló en otomí y español para decir que la dignidad se hará justicia.     “Es lamentable, vergonzoso e increíble que a seis meses de cumplirse once años del caso 48/2006 hoy por fin la Procuraduría General de la República reconoce de manera forzada, no por voluntad, que el caso citado fue un error. La disculpa es por funcionarios, mediocres, ineptos, corruptos que fabricaron el delito de secuestro”, dijo.   En un amplio y agudo discurso Estela se convirtió por unos minutos en la voz de Jacinta, una de tantas mujeres que, dijo, están encarceladas; porque hoy no es necesario cometer un delito para ser desaparecido o estar en prisión. Como remate, pidió a las instituciones “que no sean títeres ni sólo sirvan para acarrear gente a ver a un gobernador o político”.   Con una ceremonia de dos horas concluyó un largo proceso de desgaste económico y emocional de las tres indígenas que por fin fueron reconocidas como mujeres inocentes. A esto Jacinta agregó: “Hay muchos como nosotros. Ojalá les pidan disculpa y perdón”.    
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Alberta, Teresa y Jacinta: un Estado obligado a disculparse


En un acto público el 21 de febrero

Durante 4 años, la Procuraduría General de la República (PGR) intentó en tres ocasiones negar la reparación del daño a tres mujeres indígenas otomíes, que en 2006 fueron acusadas y sentenciadas a 21 años de prisión, por el presunto secuestro de 6 agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).

Después de un proceso judicial de más de una década, el próximo martes 21 las tres mujeres recibirán en voz del titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, la disculpa pública pero, sobre todo, el reconocimiento de su inocencia y que no cometieron ningún delito, ante integrantes de su comunidad, en la que fueron estigmatizadas por haber estado en prisión.

Alberta Alcántara Juan, Teresa González Cornelio y Jacinta Francisco Marcial fueron detenidas en 2006 en su comunidad,  Santiago Mexquititlán, perteneciente al municipio de Amealco de Bonfil, en Querétaro. Bajo engaños y sin intérprete, pues ninguna hablaba español, fueron acusadas del presunto secuestro de 6 policías; en el caso de Alberta Alcántara, fue acusada por posesión de narcóticos (cocaína).

Nunca les explicaron los motivos por los que las acusaban ni tampoco sus derechos, todo lo supieron hasta el día de la sentencia, que le fue dictada en 2008 a Jacinta, y en 2009 a Alberta y Teresa.

La organización internacional defensora de Derechos Humanos Amnistía Internacional las declaró “presas de conciencia”, por ser mujeres, indígenas y pobres; la Cámara de Diputados integró una comisión especial para investigar las violaciones a sus Derechos Humanos, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), atrajo el recurso de apelación interpuesto para determinar, una vez analizado, que eran inocentes y, por tanto revocar la sentencia y ordenar su libertad.

El proceso estuvo plagado de irregularidades, entre ellas que los agentes federales de investigación que fueron llamados a comparecer no se presentaran, argumentando tener “otras actividades”, o que los testigos tampoco se presentaran.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), que asumió la defensa legal del caso de Jacinta en 2008 y de Alberta y Teresa en 2010, señala que tampoco se acreditó la plena responsabilidad penal de las tres mujeres indígenas.

Pese a ello, la PGR impugnó en tres ocasiones para evadir su responsabilidad de reparar el daño, pero sobre todo para reconocer su inocencia.

De acuerdo con una solicitud de información realizada por el Prodh a la PGR, para conocer cuántas indemnizaciones había otorgado de 2006 a 2016, la instancia respondió a partir del año 2009 al 2016. De acuerdo con la información proporcionada, de 206 indemnizaciones solicitadas por daño moral, la dependencia impugnó 82.

INICIA EL PROCESO LEGAL

Jacinta obtuvo su libertad en 2009, Alberta y Teresa, en 2010.  En el caso de Jacinta, presentó su petición de responsabilidad patrimonial ante la PGR en 2010. Pero dos años después, la PGR determinó que sus elementos habían actuado de manera regular, por lo que le negó la reparación.

En el caso de Alberta y Teresa, al año de salir libres (2011) también decidieron exigir la reparación del daño al Estado Mexicano, por lo que presentaron dos peticiones de responsabilidad patrimonial, primero ante la PGR, la cual un año más tarde resolvió el proceso administrativo en el mismo sentido que con Jacinta y, por tanto, les negó la reparación.

Ante ello, el Prodh interpuso los juicios de nulidad correspondientes ante el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa (TFJA) en contra de las sentencias emitidas por PGR. El Tribunal determinó, en dos sentencias por separado, que los servidores públicos de la PGR actuaron de forma irregular y con ello causaron daños morales y materiales a Alberta y Teresa, por lo que ordenó la indemnización y el reconocimiento de su inocencia en una disculpa pública.

En el caso de Jacinta, el fallo fue en el mismo sentido y en mayo de 2016 ordenó la reparación del daño, el reconocimiento de inocencia y la disculpa pública.

Para el abogado del Prodh, Santiago Aguirre, quien ha seguido de cerca los tres procesos, esta sentencia del Tribunal y el acto de disculpa pública son significativos porque representan, sobre todo, un triunfo de las tres mujeres que fueron encarceladas injustamente por delitos que no cometieron y porque en materia judicial se obliga a la PGR a reconocer su responsabilidad y a ofrecerles una disculpa pública.

En entrevista con Cimacnoticias, destacó la persistencia de las tres indígenas y enfatizó que la sentencia del TFJA revierte los patrones de impunidad persistentes en nuestro país.

Señaló que el acto que se realizará el próximo martes 21 en el Museo de Antropología e Historia “es una medida de justicia restaurativa en la que quedan en el centro las propias personas que han vivido violaciones a Derechos Humanos (DH)”.

“Cuando un acto de reconocimiento pone en el centro a las víctimas y no a las instituciones, les permite participar y recoge su voz, puede ser una medida de justicia restaurativa muy relevante” y  es lo que esperan Teresa, Alberta y Jacinta, dijo.

Pero también el fallo del Tribunal envía mensajes claros, agregó Santiago Aguirre, de que sí “existen instancias en este país que están reconociendo que cuando el Ministerio Público comete irregularidades es posible encontrar un remedio en las instancias judiciales nacionales”.

En este sentido, la relevancia de esta sentencia radica en que es la primera en el ámbito nacional que ordena un acto de esta índole retomando la jurisprudencia internacional.

Para las tres indígenas otomíes, no cabe duda de que su persistencia para lograr justicia servirá para otras personas que vivan situaciones similares pues, explicó el abogado, las sentencias emitidas por el TJFA han quedado firmes y dieron pie para que se hicieran algunas tesis que podrían ser invocadas por otras personas que hayan sufrido las consecuencias de actuaciones irregulares de las instancias de procuración de justicia de nuestro país.

“Ese es el aporte de las sentencias. Abren la puerta para responsabilizar a Ministerios Públicos y a la PGR cuando sus funcionarios realizan actividades que vulneran derechos y contravienen la ley, se genera un elemento disuasor muy relevante para evitar repeticiones” enfatizó.

Es un mensaje de justicia muy importante y es el que están esperando escuchar el martes, conscientes de que han obtenido una victoria, por lo que esperan que el evento esté a la altura, concluyó.

Jacinta Francisco Marcial. CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lourdes Godínez Leal
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

 

2/23/2017

Hasta que la dignidad se haga costumbre



Francisco López Bárcenas
La Jornada 
Todo marchaba conforme a lo programado hasta que Estela Hernández, hija de Jacinta Francisco Marcial, tomó el micrófono y dijo su palabra. Desde el principio fue al grano. Dijo que era lamentable y vergonzoso que hubieran pasado 11 años para que la Procuraduría General de la República reconociera, obligada por un juez, que el proceso contra su madre, igual que contra Alberta Alcántara y Teresa Hernández, las tres mujeres hñahñus acusadas de secuestrar a seis policías federales en agosto de 2006, fue un error. El murmulló del auditorio Jaime Torres Bodet, en el Museo Nacional de Antropología, cedió su lugar a un silencio más solemne que el acto mismo. El acto preparado para que el Estado mexicano reconociera la inocencia de las tres mujeres procesadas injustamente y les ofreciera una disculpa pública se transformó en un espacio para la denuncia de la represión estatal, la falta de justicia, la inseguridad, la discriminación y el racismo.
Es probable que Teresa no mirara el efecto que sus palabras causaban entre los presentes, sobre todo la incomodidad en que colocó al procurador de la República, ubicado en el centro del escenario. Narró cómo su madre fue detenida, sentenciada y liberada gracias al apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Es un simple ejemplo de las muchas arbitrariedades ilegales que cometen las autoridades que tienen título, nombramiento, reconocimiento oficial en este nuestro país que es México, dijo, y agregó: Hoy se sabe que en la cárcel no necesariamente están los delincuentes, están los pobres que no tienen dinero, los indefensos de conocimiento, los que los poderosos someten a su voluntad. Enseguida se preguntó. ¿Cuántos inocentes están hoy en la cárcel por un delito no cometido o que no existe?, ¿cuántos secuestradores, delincuentes autorizados con título y nombrados por la ley andan sueltos, cobrando de nuestros impuestos, encarcelando, persiguiendo o acosando con un delito fabricado?
Después se refirió al motivo del acto. Dijo que la disculpa pública y el reconocimiento de inocencia que ese día ofrecía la PGR a su madre y las otros dos mujeres hñahñus no era suficiente para reparar el daño que la falsa acusación y el proceso simulado les habían causado; aclaró que no buscaban el dinero de la reparación del daño porque su riqueza no se basa en él; nuestra existencia hoy tiene que ver nuestra solidaridad con los 43 estudiantes normalistas que nos faltan, con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos, con nuestros presos políticos, con mis compañeros maestros caídos, con mis compañeros cazados por defender lo que por derecho nos corresponde. Pido por ellos, porque por buscar mejores condiciones de vida y trabajo es el trato que recibimos. Y se siguió por ese rumbo. A las víctimas actuales, a mis hermanos luchadores sociales, a los maestros que estamos en pie de lucha, a los caídos, los desaparecidos, encarcelados, exiliados, perseguidos, aterrorizados que defienden, luchan a favor de los derechos humanos, quiero decirles que después de vivir este terrorismo de Estado, asumimos el dolor y vencimos el miedo para que la victoria fuera nuestra.
Mientras la escuchaba, pensaba que el acto se parecía en mucho a los juicios públicos que las comunidades indígenas realizan a los que violan sus normas de convivencia, que cuando ya tienen las pruebas los exhiben ante los afectados. Estela Hernández, convertida en la voz de los agraviados de México, señaló a las instituciones responsables. A la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que estuvieron calladas a pesar de saber del caso y de decirnos que no se podía hacer nada porque era un delito muy grave, les exigió que se pongan a trabajar de verdad, que no sólo den recomendaciones cuando ya otras instituciones no gubernamentales las han realizado. Al procurador general de la República le dijo que no estaban contentas ni felices por el acto de disculpa, pidió que cese a la represión contra los pueblos indígenas, la persecución de luchadores sociales y exigió la liberación de los presos políticos, quienes su único delito es aspirar a mejores condiciones de trabajo, vida, patria digna y justa.
Y cerró con una frase contundente: “Este caso nos cambió la forma de ver la vida. Hoy sabemos que no es necesario cometer un delito para ser desaparecido, perseguido o estar en la cárcel. Por los que seguimos en pie de lucha por la justicia, la libertad, la democracia y la soberanía de México, para nuestra patria, por la vida, para la humanidad, quedamos de ustedes, por siempre y para siempre, […] hasta que la dignidad se haga costumbre”. Sus palabras fueron rubricadas por el aplauso de los presentes, quienes de pie suscribieron el mensaje. Al final del acto, todos abandonamos el recinto pensando que la disculpa y el reconocimiento
gubernamental de que se habían violado los derechos de tres mujeres indígenas eran importantes, pero su mayor relevancia estaría en que se trabajara por que no vuelva a suceder, por que no exista más razón para que vuelva a repetirse.

2/21/2017

PGR: disculpa obligada: ¿justicia por muestreo?



Magdalena Gómez
La Jornada 
Este día, por fin, la Procuraduría General de la República se disculpará, por orden judicial, ante las tres mujeres indígenas ñañús Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio. Están por cumplirse 11 años de la violenta incursión de policías federales contra locatarios del mercado de la comunidad de Santiago Mexquititlán, perteneciente al municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro. Su motivo fue la búsqueda de mercancías piratas. En su momento se relataron las características del operativo, sin orden judicial y las negociaciones para el regreso de las mercancías sustraídas.
Lo que fue y sigue siendo inverosímil es que las tres indígenas fueron sujetas a proceso, sin pruebas y plagado de irregularidades, bajo la acusación de haber secuestrado a seis policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Dos años después de su detención ocurrida el 3 de agosto de 2006, ya en 2008, fueron sentenciadas, en procesos distintos, a 21 años de prisión y el pago de una multa. Este caso fue asumido por el Centro Pro de Derechos Humanos, a partir de la sentencia, el cual desplegó junto a la defensa jurídica una campaña de medios y ante otros organismos de derechos humanos. De manera destacada Amnistía Internacional asumió a Jacinta como presa de conciencia.
La PGR nunca mostró evidencias contundentes de su acusación; sin embargo, en una lógica corporativa, intentó defender a sus seis integrantes hasta que dentro de la apelación de la injusta sentencia, en septiembre de 2009, tuvo que formular conclusiones no acusatorias en el caso de Jacinta sin reconocer su inocencia, con lo cual obtuvo su libertad después de tres años de reclusión. Meses después, en abril de 2010, Alberta y Teresa fueron liberadas cuando, por unanimidad, la ministra y los cuatro ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron revocar la sentencia y declararlas inocentes.
Ya en libertad, con asesoría del Centro Pro, decidieron pelear por la reparación del daño, encontrando en la PGR la negativa para después lograr la nulidad de su decisión a través del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa (TFJA), el cual determinó en resoluciones separadas, que servidores públicos de la PGR actuaron de forma irregular causando daños morales y materiales a Jacinta (después a Alberta y Teresa), por lo que le ordenó dar cabal cumplimiento a su fallo, en el sentido de pagar una indemnización, reconocer su inocencia y disculparse públicamente con ella. Aun así la PGR impugnó y retrasó dos años más, hasta que en mayo de 2016 le fue desechado su recurso y se actualizó su obligación de cumplir. Este es el muy resumido telón de fondo de la disculpa pública, que emitirá la PGR.
Es importante señalar que, como indican sus defensores, es ciertamente inédito el hecho en el ámbito interno, ya que otros casos han sido ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, no se puede dejar de señalar que existe un patrón de actuación policial que se vio reflejado en este caso: ¿cuántos hombres y mujeres sin recursos de defensa adecuada están en las cárceles cumpliendo condenas injustas?, ¿cuántas indígenas tienen al alcance la posibilidad de la defensa? Hay daños irreparables, la injusta reclusión de estas mujeres Jacinta –tres años– y Alberta y Teresa –cuatro años– las ha marcado de por vida. Sería buen momento para que se hiciera un alto en el camino y las instancias de procuración de justicia, federal y estatales, tomaran medidas de fondo, estructurales, para reorientar su trabajo. Sueno utópica y lamentablemente mi propuesta lo es. Parece mentira que sea ese el tenor de la justicia que no puede aceptarse que sea sólo inédita y no cotidiana, como les gusta decir en esferas del gobierno federal, al fin que el discurso demagógico aguanta todo. Sólo ubiquemos otra decisión reciente de la PGR, en el caso Ayotzinapa, que también involucra la participación del Centro Pro en la defensa junto a otros organismos de derechos humanos.
El 9 de febrero pasado fueron informados de que el nivel de responsabilidad de Tomás Zerón es de falta administrativa y transfieren el caso a su anterior jefa, quien hoy es titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP). El mismo procurador que hoy hará una disculpa pública transfiere la investigación sobre la muy grave acusación resultante del trabajo del GIEI en torno a la probable
alteración donde supuestamente fueron asesinados y quemados los estudiantes normalistas.
Por cierto, los seis policías presuntamente secuestrados por las tres mujeres indígenas ñañús ¿cometieron con su falsa acusación, en esa lógica, sólo faltas administrativas? Jacinta, Alberta y Teresa merecen una reivindicación de inocencia, por ella han luchado con la dignidad que no les quitó la injusta prisión. Me pregunto: ¿qué opinan en la comunidad de Santiago Mexquititlán? ¿Qué piensan las mujeres en el resto de comunidades indígenas?

8/06/2016

PGR responsable de la acusación, se niega a reparar a víctima



   ENTREVISTA
  Jacinta, una década de esperar justicia

Jacinta Francisco Marcial en su casa en entrevista con Cimacnoticias 

 La casa de Jacinta Francisco Marcial, una otomí madre de cinco hijos y abuela de ocho nietos, siempre está cerrada, pero cada tanto se abre para recibir lo mismo a universitarios que quieren hacer una tarea, que a periodistas que van a entrevistarla, o simplemente personas que pasan a conocerla.
 
Jacinta trata de recibir a sus visitantes en su casa, ubicada a la orilla de la carretera que va del municipio de Amealco de Bonfil, en Querétaro, a la Ciudad de México, pero no siempre puede hacerlo porque toda la semana está trabajando. En época de calor vende aguas frescas, paletas y helados; y en época de frio todo tipo de dulces y frituras.
 
Casi desde que era niña, esta mujer de apenas un metro y medio de estatura, se ha dedicado a la venta, solamente interrumpió su oficio en 2006, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) la acusó de secuestrar a seis policías de élite de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), una acusación que la llevó a recibir una sentencia de 21 años de prisión, de los cuales pasó 37 meses.
 
Jacinta conversó con Cimacnoticias sobre los aprendizajes de este capítulo en su vida, mientras permanecía sentada en el amplio patio de su casa con cuartos de ladrillo, sin decoración, un hogar que todavía sigue construyendo y en el cual habita desde hace unas tres décadas, cuando se casó. 
 
Rodeada de plantas y árboles de pera y durazno, con su cabello trenzado y vestida con blusa de cuello de pliegues y falda de tela satinada –el traje típico otomí– Jacinta aún se esfuerza por expresarse en español y no en su lengua materna.  A 10 años de su detención -que se cumplen hoy 3 de agosto- todavía le cuesta hablar.
 
Mientras conversa, trata de hilvanar el significado de palabras como “secuestro”, “careo”, “discriminación” o “reparación del daño”, apenas puede pronunciarlos y más aún entenderlos, los escuchó durante tantos años, que ahora busca darles sentido.
 

UNA DÉCADA DESPUÉS   Jacinta es sencilla, con su rebozo puesto, sonríe fácilmente, ella nunca ha tenido un arma en sus manos, tampoco sabía lo que era “retener” a una persona, comprendió lo que eso significa hasta que llegó a la prisión.   Todo comenzó el 26 de marzo de 2006, cuando elementos de la entonces AFI, sin identificarse y sin portar uniforme, hicieron un operativo en el tianguis de la plaza de la comunidad de Santiago Mexquititlán, en el municipio queretano de Amealco de Bonfil.    Ese día, los policías despojaron a varios comerciantes de sus mercancías, alegando que se trataba de “piratería”, pero la gente protestó por la ilegalidad del decomiso. Ante la ira ciudadana, los policías se comprometieron a pagar por los destrozos y se retiraron para ir por dinero.   Mientras esto sucedía, los policías pidieron a un compañero que se quedara en lugar como prueba de que estaban dispuestos a regresar con el pago de los destrozos. Horas más tarde volvieron para negociar con la comunidad. Al final se retiraron sin más incidentes.   Jacinta se mantuvo ajena a la situación. Narra que en ese momento estaba vendiendo aguas frescas en el tianguis pero no cerca de los policías. Fue hasta la tarde, cuando los elementos policiacos regresaron a la comunidad, supuestamente para pagar los daños, que ella fue a la farmacia y se acercó a donde estaba, dice, “el alboroto”. En ese momento un periodista tomó una fotografía y el rostro de Jacinta quedó en la imagen.    El 3 de agosto de 2006, (4 meses después de los hechos) cuando parecía que todo había quedado en una anécdota, la indígena fue detenida por el delito de secuestro. La prueba para acusarla fue justamente esa imagen que se publicó en un periódico. Ahí aparecían ella, Alberta y Teresa – otras dos indígenas también acusadas de secuestro– en medio de un mar de gente.   
Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio | CIMACFoto: César Martínez López

Al tratar de reconstruir aquel hecho Jacinta recuerda que ese día salió temprano para recorrer su barrio e invitar a la gente de la comunidad a ir a la peregrinación que cada mes de octubre sale de Querétaro rumbo a Atotonilco, en Guanajuato. Como ferviente católica, desde muy joven participa en las peregrinaciones de su comunidad. 
 
“Ese día llegaron ellos. En la tarde, como a las seis de la tarde, venía de regreso a la casa. Cuando llegué estaba una señora y un señor en la puerta de afuera. Estaban platicando con mi esposo y mi hija. Cuando llego, se voltea la señora y me dice que si era la señora Jacinta y le dije que sí, cuando le dije que sí, va y me agarra fuerte de acá arriba (de la cabeza) y me voltea a ver”.
 
Esas personas que no se identificaron, le dijeron que debía ir a declarar “algo”. Confiada en que no había hecho nada, ella y su esposo Guillermo acompañaron a las dos personas. 
 
“Cuando iba caminado ningún carro estaba ahí, pero cuando yo llego (la mujer) me empuja, me voltea y ya estaba un coche y me meten ahí. No me dejaba alzar mi cabeza ni nada. Y me dice ¿tú eres la señora Jacinta? y le dije que sí. ¿Qué hiciste hace poquito tiempo? (preguntó la mujer) Dije, pues vámonos yo no he hecho nada”.
 
Jacinta y su esposo subieron a la parte trasera del auto y las otras dos personas iban adelante; mientras la mujer manejaba le dijo que nada más iba a declarar y ellos la iban a regresar a su casa.
 
“Yo no tenía miedo porque sabía que no había hecho nada”, recuerda Jacinta. Lo que no sabía es que era trasladada al Juzgado Cuarto de Distrito del estado.
 
Cuando llegaron al lugar, su esposo se quedó afuera y a ella le pidieron que pasara. Al entrar vio que algunas personas estaban cenando y ante la indiferencia del personal lo único que hizo fue sentarse a esperar a que alguien le hiciera las preguntas. Eso nunca pasó.
 
“Llegando allá en Querétaro, ya estaban las otras dos muchachas (Alberta y Teresa, que vendían discos de música), preguntaron ‘por qué te trajo si tú no vendías lo que nosotros vendíamos’, pues no pero también me trajeron, dijeron que nada más iba a declarar y me iban a regresar”.
 
La promesa tampoco se cumplió porque minutos después fueron exhibidas ante los medios de comunicación queretanos, para enseguida, trasladarla al Centro de Readaptación Social de San José El Alto, el lugar donde estuvo recluida tres años y casi dos meses.
 
LA FE Y EL ESFUERZO   Madre y abuela, Jacinta es una mujer famosa desde antes de pisar la cárcel. Es conocida como “la de los helados y paletas”, un oficio que hace un par de años, todavía fabricaba en los barriles donde la nieve se hace mezclando sal y hielo picado y dando vueltas y vueltas al barril hasta que se tiene el producto final.   Hoy ya tiene una máquina para preparar el helado, incluso tiene su negocio en su casa. Aunque ese local lleva el nombre de “JaciMemo”, la mezcla de su nombre y el de su esposo, en realidad el negocio es de sus hijos, y por eso dice que no le gusta que le tomen fotografías frente a ese lugar.   Sobre su vida después de la cárcel abrevia: “Desde que salí (es) igual, sigo trabajando en lo mismo, como antes”. Así resume su vida, como si no tuviera nada que contar.   No dice más porque considera que siempre hace lo mismo: de lunes a viernes va a la escuela primaria a vender paletas y helados a la hora del recreo, una vez que termina lleva su carrito a la secundaria para vender a la hora de la salida; además los domingos vende aguas frescas en el tianguis de Santiago Mexquititlán.   Además de su actividad como vendedora es conocida como una de las organizadoras de las multitudinarias peregrinaciones que cada año van a Atotonilco, en Guanajuato, y a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. Hace unas semanas estuvo en la capital por ese motivo. En los pueblos de la región hay comités organizadores, en el suyo ella es parte de las responsables.  
Jacinta en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, en 2014 | CIMACFoto: César Martínez López

Su fe comenzó desde niña, cuando su madrastra iba a las peregrinaciones a Atotonilco, “ella nos llevó para que supiéramos como es, entonces de ahí empecé a ir. Luego tenía a mis hijos y ya no iba hasta que ya estaban grandecitos”.
 
Cuenta que por ahí de 1997, una de sus hijas la acompañó en su recorrido, juntas caminaron durante ocho días desde la capital queretana hasta llegar a la Ciudad de México. Desde entonces, cada año participa, sólo dejó de asistir durante los tres años que estuvo encarcelada. Cuando la gente de su parroquia supo de ello, nadie lo podía creer.
  DISCRIMINACIÓN POR ETNIA   Desde que entró a la cárcel de San José El Alto, Jacinta fue despojada de su identidad, no pudo vestirse con la ropa otomí, la de colores vivos y amplias faldas que tanto le gusta lucir, tuvo que usar pantalón, pero la ropa era lo de menos, fue obligada a hablar español.   Fue hasta que llegó a la cárcel cuando se enteró que estaba acusada de secuestro, las propias internas le informaron de su situación.   “Las otras compañeras me dicen si es cierto que secuestramos a seis agentes federales. Digo no, ellos llegaron a recoger no sé cómo se llama (piratería), llegaron a hacer eso. A mí me trajeron pero yo no vendía eso”.   Todavía recuerda aquella conversación con una de sus compañeras de celda:   --Si pero no salió eso, salió que ustedes secuestraron seis agentes. ¿Saben qué es un secuestro?   --No.   --Un secuestro es cuando tú detienes una persona, la encierras, no la dejas que salga, eso es un secuestro.  
Jacinta Francisco en entrevista con Cimacnoticias | CIMACFoto: César Martínez López

Durante los primeros días en la cárcel no tuvo miedo de lo que le decían hasta que una interna le dijo: “El delito de secuestro es muy grave, es el delito más grave de todos. Yo vengo por homicidio y más fácil que me vaya yo que tú”. Entonces empezó a dudar de su liberación.
 
Los domingos y los miércoles recibía las visitas de su familia quienes le contaban que nadie quería ayudarla porque se trataba de un delito muy grave y además porque lo hizo contra el gobierno.
 
Así pasaron dos años sin que tuviera más información, y es que al hablar otomí y entender poco el español ni siquiera podía comprender lo que un funcionario le dijera. 
 
--¿Alguna vez vio a los policías que la acusaron? le preguntaban.
 
--“No”, respondía. Y aunque pedía hablar con ellos su familia le decía: “¿cómo vas a carear con ellos? no vas a ganar porque tú no sabes hablar nada y no les vas a entender”. Y aunque el juez citó a los policías en varias ocasiones, los presuntos agraviados nunca se presentaron. 
 
Durante 2 años su esposo y sus hijos se movilizaron para buscar un abogado y luego para viajar a la Ciudad de México y pedir asesoría del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) que junto con el Centro Fray Jacobo Daciano, asumieron su representación legal en diciembre de 2008.
 
El 19 de diciembre de 2008 Jacinta fue condenada a 21 años de prisión y a dos mil días de multa, equivalentes a 91 mil 620 pesos. Un mes después Alberta y Teresa fueron condenadas a la misma pena pero en abril de 2010 lograron salir de prisión por una resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
 
Acostumbrada a no guardar fechas ni acontecimientos en la memoria Jacinta dice: “ahorita si pienso tres años y dos meses, si es mucho tiempo. En ese tiempo fue como dos, tres días pero fue mucho tiempo ¡tres años!”.

Obtuvo su libertad después de la intervención de sus abogados y una intensa campaña donde se logró una recomendación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) dirigida al Juez Cuarto de Distrito de Querétaro por no brindar un intérprete; y otra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigida a la PGR. 

El 16 de septiembre de 2009 Jacinta obtuvo su libertad | CIMACFoto: César Martínez López

LECCIÓN DE VIDA
 
Como resultado del litigio de sus abogados, un tribunal unitario ordenó reponer el procedimiento y en medio del escándalo mediático la PGR decidió presentar conclusiones no acusatorias en su contra. El 16 de septiembre de 2009 obtuvo su libertad. 
 
Luego de su paso por la prisión quedaron enseñanzas. “Aprendí de los abogado particulares, dicen que van a apoyar, el abogado particular nada más te quita dinero, ahí aprendí eso. Y cosas que no sabía hacer como el deshilado, las manualidades, bordar listones en cojines o en servilletas y manejar una máquina de coser de esas que usan en los talleres grandes porque yo nunca había agarrado una”.
 
Ahora puede comunicarse con más facilidad en español pero sigue hablando su lengua. “De a poquito iba aprendiendo a través de las compañeras. Me costó mucho trabajo porque había cosas que yo no entendía nada, ellas tenían paciencia de explicarme o de decirme qué significaba esas palabra o cómo se hablaba esa palabra que yo no entendía y me decían cómo debía de ser”.
 
En este camino también hubo episodios negativos, se perdió las celebraciones de la familia, los buenos momentos de los hijos, las anécdotas de los nietos, las peregrinaciones de tres años y además vivió el maltrato de custodias e internas. 
 
 “De lo malo creo que nada más de las compañeras que son ¿cómo le dicen?... discriminación. Hay compañeras que tenían tiempo allá, que ya conocían, sabían. En la primera noche que paso con las otras, había una que decía que no le gustaba que le metieran unas indias, no le gustaba que me quedara con ellas porque estaba acostumbrada a estar sola”.
 
A una década de aquella experiencia hoy es una mujer más consiente, sabe de las protestas del magisterio y de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos en Iguala, en septiembre de 2014. Se interesa por estar informada porque a su casa siguen llegando visitantes que tienen un hijo o un familiar en la cárcel y que le piden un consejo.
 
Así pasa su tiempo, entre sus reuniones con la feligresía, vendiendo paletas o bordando servilletas y fajas. A la par, ella y sus abogados pidieron la reparación del daño a la PGR pero la instancia se ha negado en dos ocasiones, primero en 2012 y luego un año más tarde, siempre alegando que no hubo pruebas suficientes para acusarla pero que sí cometió un delito.
 
En esta nueva cruzada judicial, el jueves 19 de mayo de este año, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la sentencia que en mayo de 2014 dictó el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) cuando ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) indemnizar y reconocer públicamente la inocencia de la indígena otomí.

Jacinta Francisco acudió al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para escuchar el fallo a su favor | CIMACFoto: César Martínez López
 
A la fecha, Jacinta está a la espera de que se haga realidad esa disculpa y aunque no entiende bien el término sabe que eso no puede resarcir tres años de cárcel. “No le entiendo bien cómo es eso pero estaría bien pues la gente sabe que no es cierto (la acusación). Muchos me creyeron, saben que no fue cierto, pero si es necesario”, refiriéndose a la reparación.

CRONOLOGÍA DEL CASO  
| CIMACFoto: César Martínez López, enviado
Por: Anayeli García Martínez, enviada
Cimacnoticias | Amealco, Qro

6/27/2016

PGR dilata reparación del daño a indígena otomí Jacinta Francisco



   Pretexta desconocer sentencia que la obliga a cumplir: Centro Prodh

Desde 2014 la Procuraduría General de la República (PGE) conoce los términos de la sentencia con la que se le ordena indemnizar y ofrecer una disculpa pública a la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, encarcelada en 2006 por el supuesto secuestro de seis agentes federales. 

Hace dos años la dependencia fue condenada por el pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), que consideró que el Estado mexicano cometió actos irregulares en el proceso penal contra la indígena, y ordenó la reparación del daño, por lo que la PGR ya sabe cómo debe cumplir la resolución.

El abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y defensor de Jacinta, Luis Tapia Olivares, afirmó en entrevista con Cimacnoticias que si bien el pasado 25 de mayo la titular de la PGR, Arely Gómez, dijo que espera ser notificada de la sentencia para después cumplirla, la dependencia ya estaba enterada desde 2014. 

En 2006 Jacinta –junto con las también mujeres otomíes Alberta Alcántara y Teresa González– fue acusada por la PGR del secuestro de seis agentes federales, por lo que fue encarcelada y condenada a 21 años de prisión, aunque a decir de sus abogados fue criminalizada por oponerse a un operativo policiaco en el tianguis de la plaza central de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, en el central estado de Querétaro.

Después de tres años en prisión, en 2009 Jacinta obtuvo su libertad y desde entonces ha estado inmersa en un litigio judicial para exigir al Estado que reconozca que ella fue acusada falsamente de secuestro, y que su posterior encarcelamiento le produjo daño moral y social en su comunidad.

Su primer paso fue solicitar a la PGR que le reparara el daño, pero la solicitud le fue negada; después continuó el juicio en tribunales. La querella la ganó por primera vez el 28 de mayo de 2014, cuando la Sala Superior del TFJFA ordenó la reparación del daño.

Una vez que la mujer confió en que por fin se restituirían sus derechos violados, la PGR no quedó conforme con la sentencia del TFJFA e impugnó a través de un recurso de “revisión fiscal”. Incluso la dependencia solicitó la atracción del caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), explicó Luis Tapia.

La SCJN no analizó el caso y la impugnación de la autoridad la conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que sesionó el pasado 19 de mayo para dictar sentencia a favor de la indígena otomí. La resolución fue publicada en su versión pública este lunes 20 de junio.

Tapia Olivares abundó que, en su defensa, la PGR reviró que no es el Estado mexicano y por tanto no estaba obligada a pagar las indemnizaciones, menos si se consideraba que la irregularidad fue del juez que la condenó a prisión.

Al respecto, el Tercer Tribunal Colegiado respondió que el Ministerio Público federal fue el que integró irregularmente la averiguación previa contra Jacinta, lo que provocó una orden de aprehensión y la posterior encarcelación; asimismo aseguró que tal investigación fue integrada por los mismos policías que supuestamente fueron víctimas de secuestro.

Una vez analizada la impugnación de la PGR, el pasado 19 de mayo el Tercer Tribunal concluyó que la reparación por daño moral y material estaba debidamente fundada y motivada, y que contrario a lo sostenido por la dependencia, ésta debía disculparse públicamente y difundir que la indígena es inocente.

Así, el defensor de Jacinta explicó que el Tercer Tribunal Colegiado lo único que hizo fue confirmar la sentencia de 2014, que desde entonces estableció que se reparara el daño a más tardar en cuatro meses.

De acuerdo con el litigante del Centro Prodh, si bien aún falta la notificación oficial de la sentencia, en realidad tanto la defensa de la víctima, como la autoridad responsable, ya conocen los términos del escrito y por tanto sólo se esperaría un diálogo entre las partes para determinar cómo se hará la reparación del daño.

Mientras, los casos de las otomíes Alberta y Teresa están en procesos similares. Ambas estuvieron en prisión por los mismos hechos y después fueron liberadas por decisión de la SCJN. En 2013 pidieron la reparación del daño a la PGR, que en primera instancia les fue concedida pero también fue impugnada por la dependencia.

Jacinta Francisco Marcial | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-  

5/28/2016

“La reparación del daño no me regresa el tiempo que no estuve con mis hijos, ni con dinero se paga”: Jacinta Francisco


    
Jacinta

(24 de mayo, 2016).- A casi 10 años de encarcelamiento injusto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó a Procuraduría General de la República (PGR) pedir disculpas públicas y reparar el daño a Jacinta Francisco Marcial acusada junto a otras dos mujeres de secuestrar en Querétaro a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI). Pese a ello, la libertad de las otras dos mujeres, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, aún están pendientes.
La indígena ñañú permaneció más de tres años privada ilegalmente de su libertad, de agosto de 2006 a septiembre de 2009, fue liberada tras la decisión de la PGR de no presentar conclusiones acusatorias en su contra, sin embargo, ésta misma instancia se negó a reconocer su inocencia, recordó en un comunicado Amnistía Internacional, quien en 2009 la nombró presa de conciencia pues había sido condenada injustamente a 21 años de prisión. “La organización manifestó que a Jacinta se le negó un juicio justo y fue encarcelada por su situación social marginal de mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia”, refirió.
“Nunca voy a estar contenta. La reparación del daño no me regresa el tiempo que no estuve con mis hijos, con mi familia. Ni con dinero se paga”, dijo en conferencia de prensa desde el Centro Prodh.
La sentencia es inapelable y tiene en plazo máximo de 4 meses.

5/27/2016

Dice PGR que reparará el daño a indígena Jacinta Francisco


   Aún no recibe notificación del Poder Judicial, aclara procuradora


 La Procuraduría General de la República (PGR) no ha sido notificada por el Poder Judicial de la Federación (PJF) de la sentencia que emitió el jueves pasado, para reparar el daño a la indígena Jacinta Francisco Marcial, quien estuvo encarcelada injustamente durante tres años.

Así lo informó Arely Gómez González, titular de la PGR, quien en entrevista al cierre del “Encuentro Trinacional de enlaces del Programa Alerta Amber”, en esta capital, confirmó que cumplirá con lo que le mandate el PJF y sus instituciones, pero que la dependencia a su cargo no ha recibido la notificación de la sentencia.

Este martes, Jacinta, acompañada de su hija, su esposo y su defensa legal, confirmó que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito había emitido el pasado 16 de mayo el fallo para que la PGR le repare el daño con una indemnización económica y la difusión en medios de comunicación de que ella es inocente, para lo que estableció un plazo máximo de cuatro meses.

Al respecto, la titular de la PGR dijo que garantizaría que se va a cumplir lo que establezca el documento respecto a la reparación del daño de la indígena, quien fue acusada en 2006 de haber secuestrado a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), y que en 2009 fue liberada al comprobarse que hubo fabricación de pruebas y testigos, irregularidades en el proceso, mala integración de la averiguación previa, y falta de evidencia.

La víspera, tras las declaraciones de Arely Gómez, la PGR difundió un comunicado en el que confirmó que la dependencia no ha sido notificada, pero que estará atenta a lo que la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa indique, “a fin de analizar los términos en que fue dictada” y que “a partir de ello, y en su momento conforme a Derecho, se cumpliría la ejecutoria respectiva”.

Al respecto, personal del PJF confirmó a Cimacnoticias que la PGR aún no ha sido notificada, pero que la instancia tiene 15 días para hacer pública la sentencia.

Hace siete años, cuando Jacinta quedó en libertad, la PGR negó que procediera una reparación del daño para ella y para Alberta Alcántara y Teresa González (las otras dos indígenas acusadas y encarceladas por los mismos hechos), al considerar que no acreditaron su inocencia.

En 2010, Jacinta presentó una demanda contra la PGR para exigir la reparación del daño y el reconocimiento de su inocencia, pero fue hasta 2013 cuando el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa atrajo el caso, y en 2014 emitió una sentencia favorable para Alberta y Teresa.

No obstante, en 2014 la PGR apeló con el argumento de que si admitía esa reparación tendría que indemnizar a todas las personas que fueran absueltas. El PJF aún tiene pendiente de nueva resolución los casos de Alberta y Teresa, pero la sentencia que emitió para Jacinta es inapelable.



Jacinta Francisco Marcial | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

5/25/2016

Sin excusa, PGR debe reparar daño a indígena presa injustamente


   Sentencia judicial llega 10 años tarde, critica Jacinta Francisco


 La Procuraduría General de la República (PGR) debe garantizar, sin apelación y en un plazo máximo de cuatro meses, la reparación integral del daño para la indígena Jacinta Francisco Marcial, quien fue acusada indebidamente y luego encarcelada por el secuestro de seis policías federales en 2006.

Esta sentencia llega 10 años tarde y “no estoy contenta porque la reparación del daño no me regresa todo el tiempo que no estuve con mis hijos, con mi familia (…). ¿De qué me va a reparar si no puede regresarme los tres años? (…) La reparación del daño ni con dinero se paga”, declaró Jacinta Francisco en conferencia de prensa hoy en esta capital.

El pasado jueves 19 de mayo, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó que la PGR debe reparar el daño moral y patrimonial a Jacinta.

La reparación consiste en una indemnización económica y en que la Procuraduría difunda la inocencia de Jacinta usando sus propios recursos y a través de los mismos medios de comunicación en los que exhibió a la mujer como culpable de un delito que no cometió.

Al respecto, la indígena –que estaba acompañada de su hija Estela Hernández Jiménez y su esposo, Guillermo Prisciliano– dijo que desde su encarcelamiento ha aprendido mucho, ha participado en movilizaciones sociales y se ha dado cuenta de que las personas en su comunidad y en la cárcel padecen abusos, por lo que su exigencia de una reparación del daño no es por motivos económicos, sino como una forma de terminar con la injusticia en el país.

Por su parte, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y que acompañó a Jacinta, precisó que aún queda pendiente la resolución del mismo Tribunal para el caso de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, acusadas junto con Jacinta por los mismos hechos.

El defensor recordó que hasta ahora ningún funcionario ha sido sancionado, lo que “es un claro mensaje de impunidad”.

Patrón señaló que el Tribunal dictó cuatro meses como máximo para garantizar esta reparación del daño, y destacó que la sentencia es inapelable, por lo que no queda más que cumplir conforme a derecho, para lo cual –adelantó– ya ha habido diálogo con el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres, y ahora solicitan audiencia con la titular Arely Gómez.

En 2006, Jacinta, una indígena otomí comerciante en el mercado de Santiago Mexquititlán, en Querétaro, fue acusada junto con las indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, de haber privado ilegalmente de la libertad a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) que ingresaron al mercado vestidos de civil para realizar un supuesto operativo por “piratería”.

Jacinta fue encarcelada en el Centro de Readaptación Social Femenil San José Alto, en Querétaro, donde permaneció hasta 2009 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que se revocara la sentencia y declarara a las tres indígenas inocentes por falta de pruebas que comprobaran el delito.

Si bien las mujeres quedaron en libertad, la PGR se negó desde entonces en más de una ocasión a reparar el daño que provocó en sus vidas por haberlas difamado, y mantenerlas encarceladas ilegalmente durante tres años.

En 2010, ya en libertad, Jacinta presentó una “reclamación por restitución patrimonial” para exigir la reparación integral del daño, y que se reconociera su inocencia, a lo que la PGR se negó. En 2013, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFyA) atrajo el caso y en 2014 concluyó una sentencia a favor de las indígenas.

Sin embargo, en ese mismo año la PGR apeló la sentencia en el caso de Alberta y Teresa, cuyo nuevo fallo por parte del Tribunal sería esta semana, previeron los abogados.
Jacinta Francisco Marcial | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

3/12/2015

Llegada de Medina Mora a SCJN, retroceso para las mexicanas


Riesgo de parcialidad judicial ante feminicidio y aborto legal

Organizaciones civiles y activistas lamentaron la designación de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al asegurar que se afianza el poder de Enrique Peña Nieto sobre este tribunal y podría significar un retroceso en materia de Derechos Humanos (DH).

 
A pesar de las críticas y del rechazo de la izquierda en el Senado, ayer por la tarde el Senado eligió a Medina Mora para ocupar el cargo de ministro por un periodo de 15 años, al obtener 83 votos y ganarle a los magistrados Horacio Hernández, que obtuvo 15, y al magistrado Felipe Fuentes Barrera, que consiguió sólo cuatro sufragios   
 
Previo a la votación, senadoras de izquierda se manifestaron en contra de la candidatura de Medina Mora y expusieron algunos de los casos de arbitrariedades en los que participó durante los sexenios en los que el Partido Acción Nacional (PAN) encabezó el Ejecutivo federal, cuando fue titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
 
La senadora Layda Sansores del Partido del Trabajo (PT) aseguró que el hoy ministro ha impedido y se opone a que las mujeres ejerzan su libertad reproductiva, porque en 2007 interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN contra la reforma que despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación en la Ciudad de México. 
 
La senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Angélica de la Peña recordó el caso de las indígenas Alberta, Teresa y Jacinta, que en 2006 fueron acusadas por la PGR de secuestrar a seis policías federales, mujeres que ahora ya en libertad pelean la reparación del daño.
 
“Ese solo hecho bastaría para demostrar que no tiene las condiciones de idoneidad que establece el último párrafo del artículo 95 de nuestra Constitución”, dijo la perredista.
 
La también perredista Dolores Padierna aseguró que no se podían ignorar las más de 50 mil firmas que se recolectaron a través de la plataforma change.org, para que no se designara a Medina Mora como ministro, ni desestimar las voces de organizaciones defensoras de DH y de las mujeres, ni a especialistas en el tema.
 
Durante la comparecencia del ahora ministro, las senadoras del PRD le reprocharon su participación en los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, que dejó como saldo 47 mujeres detenidas, 26 de ellas violadas sexualmente, y 11 de estos casos están en análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
nuestras
 
El rechazo de activistas y defensoras de los derechos femeninos al nombramiento de Medina Mora como ministro de la Corte fue unánime.
 
Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, criticó la prevalencia del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo, “lo que demuestra que este procedimiento para la elección de ministros de la Suprema Corte no nos garantiza la separación de los poderes, y eso es un problema serio y fundamental con las decisiones que tomará el Poder Judicial”.
 
Lamentó que un ex procurador, ex secretario de Seguridad Pública y ex embajador fuera electo, pues “en el fondo es politizar los casos dentro de la Suprema Corte –como de alguna manera ya ha sucedido–, cuando se debería afianzar la discusión desde la parte jurídica y con una perspectiva de DH”.
 
Silvia Solís, integrante de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, dijo que es terrible que en este proceso no se tomaran en cuenta las opiniones de organizaciones de mujeres, de DH y de seguridad.
 
“No les importa la opinión ciudadana, no hay una seriedad, hay un compromiso de colusión de intereses; qué necesidad habrá de que llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a pesar de todas las opiniones en contra lo designan contra viento y marea; me parece terrible, además que dañan la credibilidad de la Suprema Corte”, añadió.
 
José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, explicó que Medina Mora estaría impedido de conocer casos relativos al arraigo y a la interrupción del embarazo, ya que ha mostrado su postura al respecto, ni tampoco podría pronunciarse sobre casos que se suscitaron durante sus gestiones como titular de la SSP y procurador, ya que allí tuvo participación directa. 
 
Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, de Ciudad Juárez, Chihuahua, consideró el nombramiento como un “retroceso” para la SCJN y toda la ciudadanía.
 
“Es lo que el señor (Enrique Peña Nieto) quería desde un principio para tener las cosas a su favor”, porque –sostuvo Andrade– ahora cualquier violación a DH en la que esté involucrado el Estado podría ser resuelto a favor del Ejecutivo.
 
Viviana Muciño, activista contra el feminicidio en el Estado de México, señaló que la llegada del ex procurador a la SCJN perjudica especialmente a quienes exigen justicia en la entidad, pues es evidente el acercamiento del ex funcionario con Peña Nieto, quien siempre ha negado que en su estado se violente a las mujeres.
 
Yenifar Gómez, integrante de la organización mexiquense Asociación de Mujeres Empoderando y Deconstruyendo el Pensamiento, recordó que los índices más altos de feminicidio y de violencia contra las mujeres se dieron en el periodo en el que Peña Nieto fue gobernador, ante lo cual Medina Mora “permaneció callado”.
 
Luz María Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), expresó su preocupación de que la SCJN ya no cumpla con su función de autonomía y de garantizar los DH de las mujeres.
 
“Hoy las mujeres requieren órganos de confianza que garanticen que los delitos no van a quedar en la impunidad”, subrayó.
 
Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, afirmó que Medina Mora es parte del “conflicto social que desató la crisis de DH por la que ahora atraviesa el país”.



Por: Anayeli García Martínez y Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 

6/23/2014

Campaña de misivas para que PGR repare daño a indígenas



   Se niega a cumplir fallos a favor de Jacinta, Alberta y Teresa

Organizaciones civiles lanzaron una campaña para exigir que la Procuraduría General de la República (PGR) cumpla la reparación del daño a las indígenas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, encarceladas injustamente por el supuesto secuestro de seis policías federales en 2006.

Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) exigieron a la PGR que cumpla con las sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administración (TFJFA) el 20 de noviembre de 2013 (a favor de Teresa y Alberta) y el pasado 28 de mayo (en beneficio de Jacinta), en las que ordena ofrecer una disculpa pública e indemnizar por daños materiales y morales a las tres indígenas.

El llamado de las organizaciones se da ante la posibilidad de que, como sucedió en el caso de Alberta Alcántara y Teresa González, la PGR apele también la sentencia favorable a Jacinta, lo que supondría dilatar la justicia que la indígena ha reclamado desde 2006, año en que fue encarcelada por un delito que no cometió.

En un comunicado, AI y el Centro Prodh expusieron que el próximo 7 de julio vence el plazo para que la PGR pueda recurrir la sentencia del caso de Jacinta, es decir interponer un recurso legal para anular la reparación del daño.

Como parte de la campaña, las organizaciones pidieron enviar cartas al procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, para pedirle que retire los recursos que niegan la reparación del daño a Alberta y Teresa, y no interponga uno más en el caso de Jacinta.

Las tres mujeres otomíes fueron acusadas injustamente el 26 de marzo de 2006 y encarceladas por el supuesto secuestro de seis miembros de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), durante un desalojo a comerciantes en el estado de Querétaro.

No obstante, por las irregularidades en el proceso Jacinta fue liberada en septiembre de 2009 luego de que la PGR presentó conclusiones no acusatorias contra ella, mientras que en abril de 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de Alberta y Teresa.

Tras salir de prisión, las tres mujeres han demandado la reparación del daño, pero el pasado 25 de febrero la PGR se negó a cumplir esa obligación con el argumento de que después tendría que indemnizar a miles de personas que son liberadas por ser inocentes.



Jacinta Francisco Marcial | CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- 


6/04/2014

Procurador : usted y yo somos Jacinta


Detrás de la Noticia 
Ricardo Rocha
Se lo planteo así, porque apenas llegado a este cargo en enero de 2013 lo entrevisté: “Procurador Murillo Karam, yo sé que el caso de Jacinta Francisco Marcial, paralelo a los de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio no le es ajeno porque usted mismo como legislador lo subió a la tribuna para ser debatido en el Congreso… Sin embargo, por la inercia del gobierno de Felipe Calderón, que las acusó y las metió a la cárcel injustamente desde el punto de vista de buena parte de la opinión pública, y luego de tres años de prisión se les sigue negando la reparación del daño. 

¿Qué piensa usted hacer como Procurador, cuando se sensibilizó en su momento como legislador?” Y usted me respondió: “Cuando originalmente planteamos esto, lo que veíamos de inmediato era la salida de la cárcel de estas mexicanas indígenas… Cuando yo llego a la Procuraduría General de la República, me encuentro con hechos consumados en ese sentido… Luego, las denuncias de ellas, fundamentalmente en su programa y en otros medios, me hacen ver irregularidades que ahora como procurador tengo que verificar, pero que pudieran constituir una violación a sus derechos humanos. Eso me daría dos opciones: primero, la posibilidad de una sanción; pero segundo y muy importante, la posibilidad de una reparación”. 
Sé que está muy atareado. Pero fíjese que es precisamente lo que acaba de ordenarle a la Procuraduría a su cargo el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que preside el magistrado Manuel Luciano Hallivis Pelayo: que se indemnice a Jacinta por los daños y perjuicios que le causaron a ella y a su familia tres largos años de prisión injusta; pero sobre todo, que su institución le ofrezca una disculpa pública que la acabe de reivindicar ante su comunidad ñañú, para la cual eso del honor es un asunto muy serio. Si quiere se lo pongo en las palabras de la propia Jacinta momentos después de la sentencia a su favor: “Yo he andado en esto por la justicia y no por el dinero. A mí el dinero no me interesa. Yo lo que quiero es que todos en mi pueblo sepan que estuve en prisión injustamente y que lo que queremos es justicia porque cada día vemos más casos como el nuestro. Y yo creo que todos tenemos los mismos derechos y por eso no debemos quedarnos callados”. 
Fíjese que yo confío en su memoria y su buena fe, señor procurador. Lo que pasa es que ya sabe usted que la mula no era arisca. Y me preocupa que hace unos meses la procuraduría a su cargo, interpuso ante el mismo tribunal un recurso de revisión, argumentando terminajos legaloides en los casos de Alberta y Teresa, coacusadas de Jacinta por el increíble secuestro de seis extorsionadores agentes de la AFI en el domingo de tianguis de Santiago Mexqutitlán, Querétaro en marzo de 2006. 
Ante la imposibilidad de hablar con las instancias correspondientes en su procuraduría, he averiguado que mientras sus palomas le sugieren que acate y ponga punto final a este asunto originado en la docena trágica del panismo, sus halcones le advierten de tres amenazas: que como el caso Jacinta puede sentar jurisprudencia, habría una rebelión indígena por los miles de encarcelados que hay en todo el país, quienes ni siquiera entendieron porque los encarcelaron, dado que hablan sus lenguas de origen y no el español; que a la PGR no le alcanzaría el dinero para pagar cientos de reparaciones de daños; o que sería un síntoma de debilidad de la PGR que usted encabeza. 
Yo no más le pregunto: ¿Cuánto puede costar la libertad? ¿Le endosará usted el costo político de tamaña injusticia a su jefe el presidente Peña Nieto? ¿No considera usted que en lugar de debilidad la generosidad sería un signo de fortaleza? ¿No cree que, por el contrario, está ante una oportunidad histórica de hacer justicia para las miles de Jacintas y Jacintos en este país? 

ddn_rocha@hotmail.com

Periodista

6/02/2014

García Luna, Estrada y Cabeza de Vaca

Ricardo Raphael 
Las sentenciaron por haber secuestrado a seis agentes de la policía federal. Desde que se conoció la noticia, aquella historia destilaba inconsistencia. ¿Cómo era posible que tres indígenas ñahñú hubiesen logrado someter a esos funcionarios del orden público?
Sin considerar la evidencia disponible, el 3 de agosto de 2006 un juez federal, Rodolfo Estrada Longi, sentenció a 21 un años de prisión a Teresa González Cornello, a Alberta Alcántara Juan y a Jacinta Francisco Marcial.
Muy poca investigación por parte de la PGR habría bastado para evitar el error. Según crónicas que se han coleccionado después, los supuestos secuestrados eran delincuentes y las mujeres sentenciadas sus víctimas. Resulta que, como ocurre en todo el país, los agentes de la policía llegaron a Santiago Mexquititlán con el solo propósito de cobrar su cuota a los vendedores de películas pirata apostados en el mercado.
Ese día los comerciantes decidieron que no pagarían más. El negocio enterito se lo estaban llevando los supuestos guardianes del orden. Aquellos hombres reaccionaron con enojo. Amenazaron que levantarían aquel tiradero pirata y que no les permitirían volver a vender jamás. Los ánimos se caldearon. Un grupo nutrido acorraló a los policías y los condujo a la delegación municipal.
Este detalle no es menor. Los agentes no fueron secuestrados en un inmueble privado, sino conducidos ante la autoridad formal de la demarcación. Ahí se les acusó de extorsión y abuso de autoridad.
Por aquellos años el director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) era Genaro García Luna. Un fabricante de delitos que dejó pésima fama en este país. La imagen precisa de lo que no debe ser un policía.
Como reacción a lo sucedido en Santiago Mexquititlán, la AFI procedió a denunciar. El objetivo era construir un precedente ejemplar para cualquier otra población que se atreviera a desafiar su poder.
Así es como estas indígenas mexicanas fueron encontradas culpables. No hay peor combinación que un policía corrupto y autoritario, un ministerio público cómplice y negligente y un juez vendido y terco.
Un pequeño detalle que la PGR perdió de vista fue que Jacinta Francisco Marcial no estuvo presente en el lugar de los hechos porque ese día no había llevado sus discos a vender. Es decir que no participó en forma alguna en el enfrentamiento con los agentes de García Luna.
Sin embargo, el juez Estrada Longi convalidó la versión de las autoridades y abdicó a su deber como impartidor de justicia.
Jacinta tuvo mejor suerte que sus compañeras. Su caso fue conocido por la oficina de Amnistía Internacional y por la organización Miguel Agustín Pro. Los activistas y abogados de ambas instituciones dieron a conocer el caso ante la opinión pública. Merece recordarse aquí el papel jugado por el periodista Ricardo Rocha, que dedicó mucho esfuerzo para que este abuso no pasara desapercibido.
Para sorpresa de propios y extraños, tres años después de haber sido sentenciada por el juez Estrada, Jacinta obtuvo su liberación; no por haberse demostrado su inocencia, sino porque la PGR reconoció, fuera de tiempo, que no contaba con elementos suficientes para acusar a la mujer.
¿Cómo? García Luna señaló a Jacinta, igual que Daniel Cabeza de Vaca, entonces procurador General de la República. Luego, el juez Estrada dio la razón con su sentencia a los dos anteriores y, sin embargo, transcurrido casi un lustro, ¿el ministerio público se desistió porque no contaba pruebas suficientes de su responsabilidad?
Ante el absurdo, Jacinta Francisco exigió a la autoridad que resarciera el daño; que le pidiera perdón y la compensara económicamente. La PGR respondió que no.
La semana pasada el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ordenó a la Procuraduría para que pague esa indemnización.
A partir de este precedente, cualquier otra persona acusada de manera injusta podrá recorrer el mismo camino.
No es ocioso preguntarse si las autoridades responsables por haber tomado decisiones equivocadas pueden quedar exentas de toda culpa, cuando los errores tienen nombre y apellido.
Por enojoso que parezca, García Luna, Cabeza de Vaca y Estrada Longi continúan viviendo en el privilegiado paraíso de la impunidad.


Periodista