La antiprioridad

Leonardo Curzio

Perdón que los moleste señores legisladores, pero ¿no sería conveniente iniciar la reforma del Estado por donde está dañado y no dañar lo que funciona?

La democracia mexicana padece de autismo. Repite de manera insistente los mismos temas y los vuelve a abordar desde diferentes ópticas con una cansina reiteración. Es como si hubiese llegado a la edad de las obsesiones, en la cual un asunto recurrente vuelve a la memoria del anciano. Volver al tema de la reforma electoral me parece un síntoma de desapego con la realidad y de sorprendente desatención de las principales responsabilidades del Estado.

Si algo demostraron las elecciones de julio del 2018 es que el sistema electoral funciona. El principal impugnador de dicho sistema hoy es gobierno mayoritario y además con una creciente presencia en las instituciones. Con AMLO en Palacio Nacional el discurso del robo electoral debería, a mi juicio, jubilarse, lo cual no quiere decir que no pueda haber anomalías electorales, pero pretender que no hemos logrado la transición completa al tener el ciclo de alternancias satisfecho, es verdaderamente  rizar el rizo.

El país tiene, en cambio, un gravísimo problema de operación en su sistema de seguridad y en sus fiscalías. La debilidad institucional hoy se traga, cual pavorosa vorágine, la legitimidad de los gobiernos. El gobierno federal tiene en su haber todavía varios meses para demostrar que sí quiere edificar una institución funcional a partir de las ruinas que dejó el gobierno anterior de la PGR. En los gobiernos locales de Morena hay argumentos diferenciados. El de Cuitláhuac García, en Veracruz, tiene la coartada de tener un fiscal impuesto por Yunes, pero en la capital, echar las culpas para atrás pone a la coalición gobernante en un predicamento. Desde 1997, la izquierda gobierna esta ciudad. Hemos tenido jefes de gobierno muy poderosos y todos ellos han nombrado a procuradores de gran relieve, desde Samuel del Villar hasta Miguel Ángel Mancera y Bernardo Bátiz, y de esta constelación de políticos no se desprendió una prioridad por construir una institucionalidad en materia de procuración de justicia, similar en calidad y eficiencia a la de nuestro sistema electoral. Me parece que el gran cuello de botella de este país está en la debilidad del gobierno federal para dotarse de un cuerpo civil que provea seguridad y una Procuraduría que no esté supeditada a las prioridades políticas del gobierno.

La capital de la República que ha sido gobernada por políticos exitosos, una ciudad que tiene un presupuesto importante y muchas capacidades de influir en la agenda pública y en el legislativo, se encuentra con que, después de casi 20 años de democracia, carece de una Procuraduría confiable y eficaz, que pueda cooperar con un mínimo de eficiencia y por supuesto, un sistema de reclusorios sin corrupción.

Regreso al inicio: ¿qué necesidad tenemos de abrir un debate sobre el sistema electoral cuando tenemos a Estados Unidos con la amenaza de certificarnos precisamente porque carecemos de un cuerpo que controle la entrada y salida de migrantes al país?  Yo espero que, en vez de pensar en sobrecargar al INE  de misiones, se den cuenta de que, en materia de impunidad, este país ya no aguanta más y que los gobiernos democráticos que son incapaces de entregar resultados por la ineficiencia de los aparatos de procuración de justicia, son el principal problema de la gobernabilidad democrática. Somos, según el World Economic Forum, uno de los países más deteriorados en materia institucional y en cambio nuestro sistema electoral tiene bastante confiabilidad y credibilidad internacional. Perdón que los moleste señores legisladores, pero ¿no sería más conveniente empezar la reforma del Estado por donde está dañado y no dañar lo que ya funciona?

Analista político. @leonardocurzio

Ganar el corazón de los norteamericanos

Leonardo Curzio

No tengo la menor duda de que en esta coyuntura, como en todas las demás, los mexicanos debemos estar unidos ante los desafíos (incluso chantajes) del exterior. Lo que Trump ha hecho al gobierno de México es inicuo y profundamente reprobable. Ha establecido un precedente funesto al usar un golpe bajo, indigno de un socio confiable al presionar al gobierno de López Obrador con un tema comercial sabiendo que el gobierno mexicano está económicamente contra las cuerdas por las notas de las calificadoras y sus propias decisiones. Lo dijo Trump de manera poco elegante: Estados Unidos no necesita a México y México sí requiere a Estados Unidos. La estatura moral del presidente norteamericano se reduce aún más al hacer esta afirmación, ya que claramente aprovecha su fortaleza para obtener concesiones de un país más débil.

No hay nada heroico en su comportamiento y la historia se encargará de ponerlo en su lugar.

La unidad nacional tiene sentido ahora para lamentar lo que ocurre o sentir alivio porque no ocurrió lo peor, pero no puede dejar de lado la necesidad de repensar nuestra circunstancia. El evitar que nos pusieran aranceles es un éxito táctico del canciller Ebrard, que evitó pánico en los mercados, pero no puede ocultarse el hecho de que en realidad lo único que conseguimos en materia comercial es quedarnos como estábamos. Celebramos el statu quo, que por supuesto es mejor que una guerra comercial, pero no avanzamos un solo punto en algo que beneficie a México salvo sentirnos aliviados y que la amenaza no se haya cumplido. Tampoco ganamos nada para la causa de los indocumentados nuestros ni en los dreamers y menos que el gobierno de Estados Unidos se disculpara de su lenguaje estridente y ofensivo.

Necesitamos repensar una agenda constructiva de cara al futuro porque este gobierno está empezando y no puede concentrarse solamente en esquivar misiles.

Yo creo que la unidad nacional se polariza por cuestiones internas que deberíamos separar. Por supuesto no ayuda nada que el presidente siga dividiendo el país entre quienes están con él y sus adversarios. No está demás recordar que él es el presidente de todos los mexicanos incluso de sus vilipendiados conservadores. El desafío es lo suficientemente serio como para que gobierne para todos. El segundo punto es reconocer que las debilidades estructurales del país son una hipoteca para cualquier gobierno. El bandazo que en política migratoria supone pasar de una propuesta de puertas abiertas y visas de trabajo a los centroamericanos a literalmente desplegar la Guardia Nacional en la frontera sur, es muy costoso políticamente para un gobierno que había puesto como premisa fundamental el cambio de la política migratoria. No ha podido ser y lo lamento; el gobierno mexicano ha tenido que plegarse de manera pragmática a la presión norteamericana y lo ha hecho porque no tiene capacidad operativa para ofrecer una atención directa y eficaz al creciente flujo de inmigrantes y en menor medida de refugiados que llegan a nuestro país. Trabajar en el reforzamiento institucional es una prioridad nacional ineludible. Esa variante del tercer país seguro llamada provisionalmente Remain in Mexico, requiere de una pronta clarificación tanto administrativa como presupuestal. ¿Quién se va a hacer cargo de los centroamericanos que lleguen a México por ese canal, cuánto va a costar el programa.?

Entiendo que con astucia diplomática se ha tratado de canalizar el flujo por distritos con jueces progresistas, pero el compromiso está ahí y además por razones humanitarias debemos ofrecer un trato digno a quienes permanezcan en nuestro territorio en esa condición y eso supone instalaciones, presupuestos y personal.

Pero el tercer punto es el más importante. Para que los aranceles no entraran en vigor se activó (y es mérito de nuestra diplomacia) una red de aliados en el sector político, empresarial e intelectual, cosa muy valiosa.

Mi opinión es que además de este elemento de contención, sigue siendo una prioridad ganarnos el corazón de los norteamericanos comunes. No me refiero a ganarnos el corazón en una lógica 14 de febrero,  sino lograr revertir esa asimetría que Trump acuñó como la no necesidad de México. Es vital hacernos presentes en la vida cotidiana de los americanos a través de múltiples mecanismos que van desde la promoción de nuestras marcas hasta lo que México le ha aportado a la vida cotidiana. Requerimos una política de Estado que promueva la marca México en un sentido amplio y sistemático que fomente gradualmente hacer ver al norteamericano promedio que México sí importa como lo dijo Luis Rubio en un estudio reciente. Debemos aspirar a que igual que un mexicano promedio convive con las marcas americanas, una norteamericana promedio debe saber positivamente que México cuenta mucho en su vida. Para una señora de clase media mexicana , por ejemplo, el tener una hija llamada Jennifer, beber refrescos de dieta en el desayuno y darle a sus hijos cereales de conocida marca o salsas de tomate azucaradas forman parte de una vida cotidiana que asume como propia y deseable. Intercalan, en su forma de hablar, expresiones en inglés porque lo consideran elegante y de buen tono. No ocurre lo mismo con una señora de Kansas que decidiera llamar a su hija Xochiquetzal o Margarita, tampoco siente que en su desayuno o vida cotidiana alguna marca mexicana le sea fundamental. Es probable que no sepa que el teléfono que usa, la pantalla en la que ve los noticieros de Fox News vociferar contra México o la camioneta en la que lleva a sus chicos a la escuela se haya fabricado en México. No lo sabe y México no se lo ha contado. Nadie lo va a contar por nosotros.

No tengo la menor duda de que el gobierno de López Obrador, como en su momento el de Peña Nieto y los que vendrán, requieren de una acción concertada y directa con sector privado y aliados exteriores para impulsar la imagen de México . Si no lo conseguimos seguiremos siendo irremediablemente el botín político de los más conservadores que han logrado articular la idea de que México no es un país confiable sino una fuente de problemas. Si no atendemos a la necesidad de ganar el corazón de esa gente tropezaremos una y otra vez con la misma piedra.

Analista político. @leonardocurzio

Convicciones y conveniencias

Leonardo Curzio 

La pregunta es muy sencilla, pero la respuesta es complicada. ¿Cuando en la arena pública se defienden ciertas posturas la motivación tiene que ver con lo que pensamos o son producto de la conveniencia política? En otras palabras, ¿decimos lo que creemos o defendemos aquello que conviene a la fuerza política que nos resulta más simpática? No condeno a quien hace una cosa o la otra.

En efecto, no hay nada reprobable en querer subsistir, es más, creo que el  homo sapiens está programado para hacerlo y en política (así como en la escena pública) todos hacemos lo necesario por permanecer y eso supone usar varas y medidas distintas según se trate de un gobierno al que somos adictos, adeptos o fanáticos u otro  que nos resulte repelente. Por supuesto que entre  filias  y  fobias  debe haber una prudente distancia analítica y hay también una trayectoria que nos condiciona y de la cual deriva nuestra credibilidad, mucha o poca.

Por ejemplo, si uno ha pasado su vida defendiendo a la prensa crítica, la autonomía funcional de los intelectuales y la división de poderes, es muy difícil que, de la noche a la mañana, se aplauda a la aplanadora legislativa o bien, se hagan oídos sordos a la emisión de un memorándum francamente anticonstitucional o peor aún, se intenten acrobacias justificativas  para explicar por qué es aceptable que el Presidente lance andanadas en contra de un periódico, como si fuese un ejercicio elemental de derecho de réplica.

Pues bien, aunque cueste decirlo, pese a que el periódico nos resulte antipático no es correcto proceder de esa manera. Tampoco es conveniente una bancada servil.  Está absolutamente claro que un mandatario, con mayoría absoluta en las dos cámaras, puede ser muy eficaz para aprobar legislación, pero eso no mejora el desempeño del gobierno; suprimir el factor de equilibrio y reemplazarlo por  una muy triste aquiescencia (tipo porra) de las mayorías que aprueban sin remilgos lo que el Ejecutivo plantea, no es lo mejor en términos de resultados. Como dice Freddie Mercury en la famosa película  Bohemian Rhapsody: “no salen mejor las cosas cuando, en un grupo, todo el mundo hace lo que quiere el líder”.  Tampoco es conveniente que el Presidente decida absolutamente todo y lo intente comunicar todo. La centralización tiende a ser disfuncional en el mediano plazo. Eso se lo deberían decir sus secretarios y jefes de oficina, quienes se ven usualmente eclipsados por la infatigable presencia  del jefe del Estado.

Y lo menos aceptable es que un Presidente catalogue casi como enemigo del pueblo a un medio de comunicación por el simple hecho de que le cae mal. A Peña Nieto no le gustaba el programa de Carmen Aristegui y recibió el repudio nacional por sacarla del aire. Y no me imagino a Fox diciendo todos los días que La Jornada era un periódico deleznable sin que suscitara una reacción condenatoria. Una sociedad plural requiere de medios con distintas sensibilidades y nadie debe ser obligado a enmendar su línea por una presión  desde la silla presidencial.

Que el Presidente señale a un periódico como la oposición es impreciso. El que no haya oposición, no quiere decir que el periódico lo sea. Pero  me parece todavía más sorprendente ver cómo hay plumas que deben reubicar sus prioridades porque el mandatario considera que están apostando por descarrilar su administración.

La cobertura mediática del Presidente ha sido una de las más favorables, como lo fue el tratamiento que recibió en su campaña y, por tanto, es impreciso suponer que una cobertura documentada y crítica supone una especie de conjura como la que los medios de la derecha en España quisieron hacer para descarrilar a Felipe González. Para cualquier observador de la vida nacional es claro que el gobernante tiene un amplio espacio para divulgar, sin contrapesos, su política y sus únicos tropezones mediáticos pueden ser aquellos que él mismo propicia en sus conferencias abiertas. 

En la división del trabajo en una sociedad democrática, la prensa vigila  al poder y no tiene por qué pactar ni contemporizar con él; tampoco tiene por qué hacer ejercicios de equilibrio político para ver si el gobierno no se enoja con ella.  Entiendo que, en lo individual, muchos analistas puedan sentir que conviene a sus intereses no tener un ambiente adverso en las oficinas gubernamentales, pero como concepto general los medios deben hacer su trabajo sin ser acosados ni condicionados por el poder político.

Jacqueline Peschard ha coordinado recientemente un libro muy importante (La larga marcha hacia una regulación de calidad en publicidad oficial en México. UNAM. 2019), el cual nos recuerda la necesidad de legislar para que la publicidad gubernamental no condicione líneas editoriales y pueda haber una saludable deliberación democrática.

La ley tendría que ser re-discutida pues fue aprobada por el gobierno de Peña Nieto a instancias de una decisión de la Suprema Corte y es uno de los temas que a ningún gobierno le gustaría tratar porque la discrecionalidad siempre es más cómoda que los controles y las normas. 

Pero aquí vuelvo a mi tesis original: ¿defendíamos ciertas ideas porque un gobierno resultaba claramente antipático y ahora esas mismas ideas no tienen vigencia o pertinencia porque el gobierno actual nos es más agradable? Yo creo que todos debemos rescatar nuestros textos de otra época y explicar, en todo caso, por qué lo que antes defendíamos ahora no nos parece ya tan importante.

 

Analista político. @leonardocurzio

Que no es Caracas, es la CDMX

Leonardo Curzio

A pesar de la evidencia en sentido contrario en estos 100 días, sigue siendo una pregunta frecuente: ¿Se va a convertir México en Venezuela? Contesto, mecánica y simplemente, que no veo ninguna razón para que tal cosa ocurra. AMLO no es como Hugo Chávez, un militar golpista, ni tampoco tiene petróleo a mansalva para comprar voluntades, ni mucho menos ha conseguido articular un corpus discursivo como el que logró articular la cabeza del movimiento bolivariano.  La base teórica de López Obrador son sus discursos, los cuales son, sustancialmente, una interpretación sesgada -a su más amplia conveniencia- de la historia del país. Es, por tanto, un desarrollista que ha conseguido la proeza política de cambiar el estado de ánimo a la población. Como lo había discutido en trabajos anteriores, sobre las elecciones de Tabasco en los años 80 y 90, AMLO es un hombre con una vocación justiciera y es, al mismo tiempo, un muy potente empresario político electoral. Esa dualidad ha sido plenamente captada por mi compañera María Amparo Casar en su texto sobre el gran benefactor, que hoy se ve en toda su magnitud.

El presidente no tiene por tanto una identidad autómatica con Hugo Chávez (tiene similitudes como las que también tiene con Trump o con Macron). Es lo que tenemos y es por lo que votó el soberano no una réplica de un modelo externo. A mí me encantaría que el gobierno se inspirara en la experiencia del PSOE de los 80 o en los brillantes gobiernos de la izquierda en Chile y Uruguay a los que tampoco se parece. No veo ánimo de construcción institucional sobre una base racional e impersonal, ni reclutamiento basado en el mérito. Además, crece un discurso con un sesgo anti racional que ha aflorado de manera alarmante. Las críticas a instancias internacionales como IATA, la impaciencia (cada vez menos disimulada) con los expertos de la sociedad civil y por supuesto contra la comunidad científica a la que prácticamente tacha de charlatanería, nos recuerda ese prejuicio anticultural tan marcado en ciertos sectores populares que consideran que leer y hablar con rigor es una forma de alejarte del pueblo llano. ¡Se cree muy, muy! 

La forma de hacer gobierno en el entonces DF del hoy Presidente es la más reveladora de lo que cabe esperar. Inició con la reducción de salarios y el empobrecimiento de las capacidades de gestión de la ciudad, en favor de la distribución de la renta de manera directa, que ahora está desplegando con toda su fuerza. Nunca endeudó indebidamente la hacienda pública y combatió un importante bolsón de corrupción en la tesorería. Pero globalmente erosionó las capacidades gubernamentales y las facultades de los entonces delegados para establecer un centralismo discrecional que, de paso, condenó a la insignificancia a la Asamblea Legislativa.

La figura del gran redentor tiene raíces tan cercanas a nosotros, que me parece sorprendente que no se perciban. López Obrador es el alcalde más querido que ha tenido esta capital. Su ascendiente era tal que pudo imponer a Juanito o hacer valer su voluntad con Claudia Sheinbaum. Buena parte de sus pobladores lo recuerdan con cariño y gratitud porque les entregó ayuda personalizada y están dispuestos a defender lo que sea, incluidos los venenosos video escándalos que contaminaron a su círculo más cercano. Esa lealtad de la gente le permitió a su partido instalarse en la capital con un modelo de operación doble que no se parece en nada al venezolano. Si se ve a la Ciudad de México como el laboratorio del obradorismo, tenemos una ciudad que se ha mantenido fiel a una coalición gobernante la cual, aun peleándose y cambiando de signos, sigue siendo la misma. Las Brugada, Sheinbaum, Padierna, Santillán eran PRD y hoy se presentan como el nuevo partido. Incluso vemos que el perredismo moribundo del último mancerismo también se pasa a Morena.

La capital es una ciudad contrastante que se ve a sí misma como justiciera, plena de derechos, y sin embargo se gobierna con una estructura basada en el clientelismo. Se cree culta y lo que más crece son los centros comerciales, asume que es el estado del arte en materia de infraestructura y vive en crisis En 20 años, la gente no ha dejado de ser pobre, ni tiene educación de calidad por parte de la administración local, ni tampoco tiene servicios médicos a la altura de una gran urbe, pero la percepción es que estamos a años luz de la barbarie del neoliberalismo. Carece de una procuraduría funcional o de una policía profesional. Tampoco tiene una burocracia profesional, porque la prioridad de los gobiernos siempre fue otra, pero la mayoría de la gente siente que el gobierno refleja sus preocupaciones y eso le da legitimidad y popularidad. El sector más favorecido en vez de sentirse apabullado convive con esta realidad que divide el oriente del poniente con una ciudad vetusta y disfuncional en su infraestructura, al mismo tiempo que es una urbe tremendamente próspera debido al vínculo histórico de la clase política con los desarrolladores y el reparto de favores y conexiones personales para un desarrollo inmobiliario y recalificador de terrenos.

Si queremos ver el futuro de México debemos mirar lo que ha sido la historia de esta capital, mucho más que Caracas. Ni más pero ni menos.

@leonardocurzio

La innovadora, la nostálgica h la audaz

Leonardo Curzio

Si las ciudades fuesen equiparables a personas, los tres principales núcleos urbanos del país podrían llamarse: la rupturista, la innovadora y la nostálgica. Los resultados electorales son poliédricos y, en consecuencia, admiten muchas lecturas, una de ellas, ésta, que asimila una disposición anímica con el sentido del voto.

En la zona conurbada de Monterrey se dio un voto masivo por El Bronco. Han corrido, en estos días, ríos de tinta sobre los límites y alcances de los candidatos independientes. No agregaré nada en esta columna a ese respecto, pero no hay duda de que el voto por El Bronco implica una combinación de hartazgo y esperanza. En Nuevo León se votó masivamente por abandonar una política tradicional y, con un alto nivel de incertidumbre, decidieron apostar por lo desconocido, por lo ignoto. No es ahora cuestión de anticipar fracasos, ni tampoco lanzar campanas al vuelo, pero cuando un pueblo decide apostar por la esperanza de un cambio estamos claramente ante una ruptura con el pasado.

La ciudad de México, por el contrario, decidió fracturar el sistema de partido hegemónico que había imperado desde 1997. Pero no lo hizo apostando a lo incierto ni tampoco a lo nuevo. Prefirió dar su confianza al equipo que gobernó la ciudad entre el 2000 y el 2006. Un voto que, más que esperanza, implica añoranza por un gobierno combativo que confrontaba a diario al gobierno federal y que satisfizo así esa cultura profundamente antipresidencialista de los capitalinos. No habrá sorpresa en gobiernos encabezados por un grupo que ha ejercido el poder en el pasado con un amplio soporte popular. Ahora en varias delegaciones del DF gobernará un grupo que disimula mal su aroma de religiosidad y se proclama nostálgico del nacionalismo revolucionario.

La ciudad de México se solaza presentándose a sí misma como una capital de vanguardia y el lugar común sugiere que Guadalajara era una ciudad conservadora y pacata. En contra del tópico, es precisamente en Guadalajara donde se da la mutación más importante. Lo conseguido por Enrique Alfaro y sus compañeros en la zona metropolitana habla de una transformación de gran alcance. Tal como lo hiciera la capital de Jalisco con su muy exitosa FIL, demostrando que puede ser la sede del evento bibliográfico más importante en lengua española, relegando a la capital a una posición secundaria, ahora una propuesta de gobiernos locales eficientes y con un signo vagamente socialdemócrata, da la nota de mayor frescura al sistema político, sin lanzarse a lo ignoto como lo han decidido los neoleoneses. Es interesante ver pues, cómo en estos tres corazones de la República el camino emprendido por los ciudadanos fue tan distinto, una optó por la nostalgia, otra por lo desconocido y Guadalajara por lo innovador. Son tres avenidas que claramente le recuerdan al PRI, al PAN y al PRD que la gente que se aglutina en las grandes urbes no quiere vivir en el marasmo de la política cortesana sino que quiere emociones fuertes.

 Analista político.

@leonardocurzio

Volver al 91 ?

Leonardo Curzio

El presidente podría vivir el próximo lunes la

más amarga de las paradojas. Puede perfectamente ocurrir, como lo anticipaba Verónica Ortiz, que se revierta esa tendencia instalada en el electorado, desde 1997, de no dar una mayoría al gobierno en turno en los comicios intermedios y Peña podría encontrarse por primera vez con una mayoría absoluta ganada en una intermedia. Ganar perdiendo o perder ganando parece ser el enredado dilema de un “partido sistema” que no se adapta totalmente al ecosistema de la democracia.

Ernesto Zedillo perdió ganando (valga la paradoja) en 1997 y lo volvió a hacer en 2000. El último suspiro del viejo régimen ocurrió en 1997 al quedar exhibido el intento de varios personajes (que, por cierto, hoy ocupan una secretaría de Estado, un gobierno estatal por el PRD y un candidato a jefe delegacional por Morena) de obstruir el camino para que la oposición tomara por primera vez el control de la Cámara de Diputados. Ese “golpe de Estado parlamentario” fue la puntilla para aquellos que querían conservar el régimen de partido hegemónico. Su derrota implicó que se diera paso a una genuina competencia democrática. El sexenio de Zedillo terminó con otra derrota (la de 2000), que sacó al PRI del poder, pero al mismo tiempo generó las condiciones para que se abriera el periodo más amplio de libertades y el lapso más extenso de estabilidad macroeconómica que haya experimentado el país. Además, la aceptación de la derrota de su partido le dio al ex presidente un enorme prestigio internacional del que todavía goza. 

Con la llegada de Vicente Fox al poder se intentó articular, en 2003, una mayoría consonante con el presidente y el estribillo de aquellos años fue: “Quítale el freno al cambio”. Se daba por descontado desde Los Pinos que el PAN en el gobierno no era una amenaza a la competencia y por tanto una mayoría presidencial no se percibiría como una involución. El intento no convenció a la mayoría y el elector decidió que dividir el poder era una mejor idea. A Felipe Calderón le pasó más o menos lo mismo y el soberano decidió que un presidente que politizaba la seguridad no debía contar con una mayoría en San Lázaro y nuevamente puso al presidente en minoría. 

Peña Nieto puede efectivamente obtener, con su partido y sus aliados, que ya no son aliados, sino claramente un apéndice, más de 250 asientos en la Cámara. Lo irónico es que sería un triunfo poco celebrable, pues éste se daría en un contexto de desánimo social y falta de credibilidad y lo que es peor se reactivarían los temores de la involución. Algo así como si un equipo ganara una liguilla amañada . Ganar así no es ganar. La energía que alimentaría ese mandato es originada por las turbinas del control político y la abrumadora eficiencia de la máquina electoral priísta, no por una mayoría sociológica que espontáneamente apoya un proyecto transformador. En este caso, todo hay que decirlo, la restauración de una mayoría priísta cuenta con el apoyo de una oposición dividida que hace todo por atomizarse, particularmente en el flanco izquierdo del espectro político. Otro elemento a considerar es que el desánimo que reflejan las encuestas puede incentivar una baja participación. Y aunque las reglas son así, no cabe duda que un triunfo con 35 o 40% de participación no puede interpretarse como un mandato originado en las mayorías. En condiciones de baja participación son los aparatos los que dan el triunfo. 

No sé si para Peña Nieto tener una mayoría absoluta en San Lázaro sea la mejor de las noticias, pues aunque podrá reformular el presupuesto base cero a su antojo, la forma en que obtiene el triunfo y el ejercicio de una aplanadora legislativa son muy malos compañeros de un partido que tiene una muy breve tradición democrática. En consecuencia, puede ocurrir que ganar la mayoría absoluta signifique perder credibilidad y por ende, margen de maniobra para completar los tres años que le quedan a la administración.

Analista político. 

@leonardocurzio

El escándalo y la credibilidad

Leonardo Curzio

No es saludable para la vida democrática que la desconfianza ciudadana se expanda como la humedad. Ya hemos hablado, en anteriores entregas, del delicado estado de nuestro sistema de representación popular y también del aparato de seguridad y justicia. 

La desconfianza avanza ahora de manera galopante sobre el espacio en el que se desarrolla la deliberación pública: los medios de comunicación. 

Es alarmante constatar el deterioro que las televisoras registran en la medición más reciente de la encuestadora GEA-ISA. Si vemos con detalle las cifras, las televisoras tienen una credibilidad comparable a los gobiernos locales y las policías, ligeramente arriba de 10%. Nada que pueda entusiasmarlas. 

Si esto fuese un síntoma de descomposición de un proyecto periodístico empresarial concreto, no resultaría preocupante, finalmente los malos productos deben ser depurados por el mercado, pero aunque no tenemos datos comparables para los periódicos y la radio, se puede suponer que el descrédito de los medios progresa a buen ritmo. No hace falta que me extienda demasiado en las disputas empresariales que en los últimos años han protagonizado los grandes consorcios, ni tampoco en documentar la voluntad de las grandes corporaciones de influir en el Legislativo para garantizarse una situación de privilegio. 

En otras palabras, no es factible comportarse de esa manera y pretender que la credibilidad se mantenga intacta y virginal. Los costos han sido enormes y cada nuevo episodio bélico o cada acto de prepotencia empresarial merece más repudio. En las últimas semanas, sendos desplegados de las dos televisoras tildan al diario Reforma de mentiroso y deformador. Habrá un sector que compre el argumento de que ese medio impreso actúa de manera facciosa para golpear a los grupos televisivos. Pero otro creerá, a pie juntillas, que lo publicado en ese diario es exacto y genuino. En medio, sin embargo, habrá un montón de lectores y televidentes que no le crean ni a uno ni a otro.

La disputa de MVS con su conductora, y las reacciones que está provocando, son una mancha más al tigre. Para el concesionario ha sido muy difícil ejercer su libertad de contratar y despedir sin que esto tenga un cruce ineludible con la libertad de expresión y la censura. Aunque es evidente que el gobierno es quien paga más en términos de descrédito por esta disputa, la credibilidad de la empresa y su compromiso con la libertad expresión queda en entredicho en amplios sectores. Pero no sólo pierden el gobierno y MVS, en otros sectores el ejercicio periodístico que combina la indignación selectiva y se arroga la personificación de la investigación independiente queda impregnado de un aroma de protagonismo y cuestionado por la divulgación de un salario millonario que percibía la titular del espacio.

Creo firmemente que se puede ser independiente y cobrar más de un millón de pesos al mes, pero entiendo que en un país donde las rentas altas empiezan en los 40 mil pesos, el asunto se lee de otra forma. Aunque el caso está lleno de matices, nuevamente aquí la credibilidad se bifurca. Por un lado tenemos un choque entre aquellos que, comulgando con ruedas de molino, nos quieren hacer que el que el caso de la casa blanca no tuvo nada que ver en este proceso y por el otro tenemos unas plañideras defensas personales que entonan oraciones fúnebres por el periodismo de investigación, como si fuese el único espacio donde esa tarea se hace.

Que los Vargas querían romper con Carmen no hay duda, pero eso no implica que el periodismo de investigación en México haya entrado en agonía. La aparatosa forma de conducirse de la empresa mina la credibilidad en la industria y el protagonismo de los propios periodistas y sus amigos también. Cuando en el espacio público no se dice lo que está bien, sino lo que conviene a un interés en pugna (sea una televisora, un periódico o un conductor) muchos ciudadanos lo detectan inmediatamente, y por supuesto disminuye la credibilidad ciudadana aunque se incremente de manera sonora la de los partidarios de una causa que por supuesto hacen sonar con mayor fuerza sus argumentos.

Analista político.

@leonardocurzio 

El Estado: un marido gandul

Leonardo Curzio 

Sé muy bien que el asunto no es una patología colectiva. Sé también que hay muchas y muy profundas lecturas teóricas de lo que significa el elevado nivel de bienestar subjetivo que arrojan dos recientes instrumentos de medición, pero es llamativo que el mexicano valore tanto su esfera individual y tenga una visión tan escéptica de la esfera pública. Las encuestas del Instituto de Investigaciones Sociales (Ensaviso) y los datos más recientes que nos aporta el Inegi sobre el llamado bienestar subjetivo, nos sugieren en una primera lectura que el nuestro es un país de ángeles al borde del orgasmo habitando un infierno pestilente de corrupción e inseguridad.

Mas allá de esta primera y superficial lectura hay una tragedia institucional. Si uno analiza con detalle una diversidad de encuestas sobre cultura política y calidad de la ciudadanía, encontraremos que los niveles de aprecio por las instituciones de representación popular son alarmantemente bajos. El mexicano cree y confía en estamentos sólidamente integrados y altamente disciplinados como el Ejército y la Iglesia. Una admiración que denota alteridad, distancia y jerarquía social. Son instituciones que están en un altar. En contraste, todas aquellas que tienen representación paritaria de ciudadanos comunes y corrientes despiertan suspicacia. ¿Cómo es que si confiamos tanto en nosotros mismos y en nuestro entorno más cercano, no podemos confiar en nuestros municipios y en los órganos que territorialmente nos representan? Es un enigma. Un enigma que sin embargo, empezamos a desentrañar con los datos de las citadas encuestas. Cuando la crisis de confianza en el funcionamiento de las instituciones alcanza determinadas proporciones, el retorno a las relaciones básicas (los amigos, la familia) adquiere una dimensión determinante y esos explica el contraste entre ciudadanos escépticos y el alto nivel de bienestar subjetivo. 

No había conseguido ver con detenimiento la forma en que los encuestadores (coordinados por René Millán) hacen la medición del bienestar subjetivo y los factores que influyen en sus niveles de satisfacción. El bienestar subjetivo ofrece una perspectiva complementaria para analizar el progreso de la sociedad a partir de las propias experiencias de la población. Los investigadores enfocan su atención en la exploración de la satisfacción de la gente en lo que llaman dominios vitales. Estos dominios no son otra cosa que la situación económica, el lugar donde viven, las relaciones con sus amigos, el tiempo libre del que dispone, la vida social, la vida familiar y su trabajo. Impacta el constatar que en casi todos los dominios la valoración subjetiva es muy alta, pero si descomponemos los indicadores encontraremos que la satisfacción proviene siempre de factores personales, familiares y en muchos casos incluso hasta divinos, porque buena parte de los mexicanos dan por descontado que la intervención de Dios es más determinante que la del Estado. Un Estado que no los va ayudar en absolutamente nada. Sus factores de apoyo para determinar su bienestar (que es por definición relativo: bien respecto a qué o a quién) están alarmantemente situadas en el ámbito privado, no dependen de las políticas públicas, ni de los ayuntamientos, ni de los servicios de salud, sino los elementos más cercanos. 

Esto no quiere decir que la gente desprecie, como un sector de la sociedad en Estados Unidos, la acción gubernamental y que crea en la iniciativa individual. Simplemente es que el Estado no está presente (o no es eficaz) para proveer satisfactores a sus ciudadanos. El problema además es que es un Estado muy caro y omnipresente en la comunicación social, una especie de marido gandul que solamente extrae recursos de la familia, la mantiene intimidada y no aporta mucho al bienestar. No somos un país de cínicos, somos una sociedad esforzada que sabe que solamente tenemos nuestras uñas para rascarnos, porque el Estado: muy bien gracias.

Analista político. 

@leonardo curzio 

Modelo OCDE, o patrominialismo a la Duvalier ?

Leonardo Curzio

No es seguro que vayan a rendir la plaza este año, pero está claro que los amos de la partidocracia cada vez resienten más el asedio de la sociedad civil y la opinión pública nacional e internacional. Durante años jugaron a que las denuncias cruzadas de corrupción serían suficientes para acallar a un país indignado por el desfalco. El PAN inauguraba sus administraciones proponiendo un zar anticorrupción (Francisco Barrio) y con la pintoresca retórica de aquellos años hablaba de atrapar “peces gordos”. El Pemexgate, con todo lo impúdico y descomunal que resultó, tuvo muy pocas consecuencias en la pesca gubernamental de los venales funcionarios. La única consecuencia real fue la detención temporal de algún funcionario menor de Pemex y la descomunal multa que el IFE le aplicara al PRI. Mejoramos en el sistema de fiscalización de los partidos, pero poco mejoró el resto de la problemática.

Muy poco le duró el gusto al PAN de señalar al PRI como artífice de la corrupción, ya que los periódicos empezaron a plagarse de corruptelas propias que debilitaban su discurso. La izquierda, que parecía mejor ubicada para denunciar estas prácticas, fue mortalmente herida en su credibilidad cuando los operadores de López Obrador fueron videograbados recibiendo miles de pesos. La defensa del tabasqueño fue inolvidable: los suyos se corrompían por montos menores de lo que históricamente habían hecho los priístas.(!!) Poco a poco, el usar la corrupción como arma arrojadiza fue perdiendo eficacia porque los propios partidos demostraban, con su actuación, que si la corrupción les indignaba era siempre la ocurrida en las filas ajenas; en la propia grey resultaba no solamente tolerable, sino incluso exonerable. El PRI defendía sin pudor a Romero Deschamps y Ricardo Aldana, del desafuero. El PAN entronizado en el poder se montó en la estructura corporativa y empezó a reclutar personajes que ganaban notoriedad por sus fiestas faraónicas y sus crecientes fortunas. AMLO en el DF utilizaba todo su poder para bloquear la transparencia y bendecir las asignaciones directas en las obras públicas y nombrar a una de sus leales al frente de la Contraloría. Los gobiernos locales de distintos signos han desaprovechado la oportunidad de predicar con el ejemplo y pedir que el contralor fuese nombrado por la oposición.

Si esperamos que los condóminos de la partidocracia cambien las cosas, podemos esperar sentados. Su actuación como gobernantes dice mucho más de ellos que sus inflamados discursos anticorrupción. 

Me parece, en este contexto, muy relevante la iniciativa que propone que los candidatos hagan públicos tres documentos. Uno es su declaración de impuestos. Hay docenas de políticos que viven sin tener sueldo conocido y algunos que tienen fortunas en inmuebles incompatibles con los sueldos que reciben. Una diferencia entre la declaración de renta y el patrimonio del que se dispone, es lavado de dinero y así debe tratarse. Otro componente es la declaración patrimonial en su versión pública. Y el tercer componente es la declaración de intereses. No sé si con tantos posgrados en Estados Unidos, como ostenta nuestra elite, se pueda seguir eludiendo algo que es práctica corriente en las democracias occidentales. Todo legislador (y alto funcionario) debe hacer explícitos sus intereses, de manera que la sociedad pueda saber claramente cuando se defienden intereses particulares y se descuida el interés público, considerando que los intereses privados son perfectamente legítimos, pero deben permanecer como privados y no condicionar los intereses colectivos. ¿Se atreverían los delegados del DF a hacer públicos los acuerdos que tienen con inmobiliarias y constructoras? Yo creo que es lo mínimo que se puede pedir. Y en el plano federal, como decía The Economist, el tema es un principio básico en esos países a los que México se quiere parecer. Está claro que no podemos ser una economía de la OCDE y al mismo tiempo manejar el conflicto de intereses como si fuéramos el Haití de Duvalier.

Analista político

@leonardocurzio

La reforma energética y la consulta popular

 

 Leonardo Curzio

Creo firmemente que la reforma energética debe ser legitimada o rechazada en una consulta popular. Me parece que en un asunto que impacta tanto el alma nacional debe ser zanjado por el soberano. Por razones epopéyicas o mitológicas hay un sector muy amplio que considera que la soberanía de la nación estriba en parte en el petróleo. Cuando leo las vibrantes páginas de Lorenzo Meyer entiendo y respeto a quienes han hecho del petróleo una expresión del nacionalismo. Pero esa particularidad histórica de nuestro país no me impide conceder crédito a quienes preconizan la necesidad de actualizar el paradigma energético del país y hacerlo más funcional a las necesidades del capitalismo del siglo XXI.

El monopolio estatal y sus insuficiencias son los factores que han erosionado con mayor rapidez el paradigma estatista. Me sorprende que los defensores de este modelo hablen del mismo imaginando sabrá Dios qué heróicos momentos de la historia y no se remitan a la realidad imperante. Lo que hoy veo de Pemex no tiene nada de heróico y sí mucho de corregible. Si los defensores del nacionalismo estatista aluden a una venta impúdica del petróleo a manos de voraces capitalistas, su argumentación se funda más en la crítica de la gestión privada (en la que tienen un punto), que en acreditar que la gestión actual reduce desigualdades y entrega el petróleo a los que menos tienen. Yo veo más bien contratistas que se forran, trabajadores sindicalizados con desconcertantes privilegios y un subsidio generalizado a las gasolinas que se concentran en los más ricos y fomenta el dispendio de combustibles con el consiguiente incremento de las emisiones. El modelo estatista ha favorecido también que el petróleo se use como flujo de caja para el funcionamiento de gobierno, además de permitir el robo de combustible y el atraco organizado de las gasolineras. Cuando la izquierda habla de la gestión gubernamental del petróleo no habla de esto, aunque sabe que existe y lo critica, sino que se desdobla a una metafísica patriótica de idílicos trabajadores cardenistas que dejan su vida por defender el honor patrio. En la defensa del “statu quo” veo más agujeros negros que virtudes cívicas.

Si la defensa de la situación anterior omite el diagnóstico del modelo vigente y privilegia la reconstrucción épica de la nacionalización, su crítica a las privatizaciones me parece mucho más certera porque está fundada en un análisis muy preciso de la forma en que han actuado tanto los privados como los agentes reguladores del Estado en los últimos años. Una buena parte de los derechos de los consumidores no han sido garantizados (tampoco lo eran en el modelo estatal. Los que tenemos ya algunos años recordamos a Telmex en su versión pública y a los bancos del Estado). Mucho tendrá que cambiar la realidad de este país para probar que la apertura de un sector no significa que uno o dos actores predominantes dominarán el mercado y acabarán capturando a los órganos reguladores o decapitándolos a través del brazo servil de los legisladores que los representen. No hay manera, pues, de decir con precisión meridiana que un modelo u otro es superior en términos de eficacia, pero personalmente creo que el modelo estatista estaba periclitado y su defensa se ha escorado más por el lado emotivo que por su factibilidad técnica y económica. Me sorprende que los legisladores digan asustados que las petroleras quieren invertir en México y ganar dinero ¡Vaya descubrimiento! De eso se trata el capitalismo y lo que no veo es cómo se puede pretender crecer al 5 o 6% si la inversión no llega. En el fondo está claro que el modelo capitalista sigue sin gustarles, lo cual entiendo, pero una economía como la mexicana está inserta en un mundo global y abierto y no en un sistema internacional dominado por capitalismos de Estado yuxtapuestos, como ocurría en los años 30 del siglo pasado. El dolor que rezuma la izquierda debe respetarse y ser considerado como una expresión legítima de una forma de ver el mundo y en consecuencia debe darse al soberano la posibilidad de zanjar de manera democrática y definitiva si el sector energético se encuadra (como el resto de la economía) en el capitalismo global y competimos entonces por atraer inversiones que buscan rentabilidad, o mantenemos una peculiaridad, que en mi opinión tiene más de honor de hidalgo novohispano que de pragmatismo capitalista sajón. En otras palabras, el asunto debe ser llevado a una consulta popular en 2015.

 

@leonardocurzio

Analista político

Disfuncionalidad mexicana

 

 Leonardo Curzio

Cuando los expertos discuten cuáles son las principales amenazas a la seguridad nacional la lista se amplía o se restringe en función de las valoraciones políticas o las sensibilidades académicas de cada sector. Hay quienes propenden a ubicar las prioridades en la definición restringida de la seguridad y hay otros que abren su ángulo de lectura e incluyen otras dimensiones de la seguridad como la humana y ciudadana. Hay, sin embargo, un consenso en que el principal problema que afronta el país es la inseguridad pública en todas sus manifestaciones: desde la criminalidad organizada hasta la criminalidad difusa.

Las implicaciones de esta devastadora realidad son enormes. Por un lado tenemos la infiltración de las rentas criminales en la economía formal, los flujos monetarios del dinero negro y la comercialización de productos robados o falsificados, giros con ramificaciones muy extendidas. Queda por conocer cuánto dinero de las organizaciones criminales convive con dinero legítimo en inmobiliarias (el caso Caro Quintero, documentado por este diario, es un ejemplo) y otras actividades de la economía formal.

Las derivaciones políticas de la criminalidad discurren por caminos diversos. La compra de autoridades es cada vez más extensa y la emergencia de la narcopolítica abre perspectivas espeluznantes.

Siendo todo esto muy grave, el peor de los problemas es que el mal no se ha visibilizado en su totalidad y presenta en mi opinión tres facetas. La primera es que un sector amplio de la población sigue considerando que la problemática se desencadenó por una decisión política del ex presidente Calderón. La lógica de muchos compatriotas era implacable: si cambia el inquilino de Los Pinos se arreglará el problema. Hoy vemos que el problema sigue vivo y que en muchos sentidos presenta un agravamiento que no es necesario repetir de manera estridente.

La segunda es que un segmento amplio de la sociedad percibe el problema de la inseguridad como si fuese un cuerpo extraño que sorpresivamente la amenaza y victimiza. No hay, en consecuencia, una vertebración entre prácticas sociales muy difundidas como la violencia intrafamiliar, el bullying y la convivencia con la ilegalidad así como la corrupción, con los niveles de violencia e inseguridad que padecemos. Algo así como si alguien se sorprendiera por el deterioro social y dijera: “No sé cómo hemos llegado a esto, si yo sólo golpeo a mi mujer, mi hijo hostiliza a sus compañeros en la escuela y yo recibo sobornos”. Es claro que la sociedad mexicana no asume autocríticamente su participación en el problema.

La tercera faceta es, sin embargo, la más grave y es que el Estado mexicano tiene complicaciones para generar orden político. El control de las prisiones, la moralización de los ministerios públicos y la eficiencia de la policía siguen siendo asignaturas pendientes y en estados como Michoacán y Guerrero resultan cada vez más ilusorias. El tema que se deriva de esta suerte de “sida” institucional, no es que las organizaciones criminales sean particularmente fuertes, sino la ausencia de capacidades de un Estado que no puede proteger a sus ciudadanos de extorsiones masivas y disuadir a grupos cada vez menos sofisticados para ingresar a las actividades que antes controlaba la aristocracia criminal como el secuestro. Se ha roto un dique de contención y por eso cada vez más mexicanos victimizan a más compatriotas, pues el generador de orden en la sociedad es muy poco eficaz.

 

@leonardocurzio

Analista político

La apuesta está hecha

Leonardo Curzio

Al iniciar septiembre el Presidente de la República convocó a todos los actores a transformar el país en 120 días. Ha pasado ya más de la mitad de este lapso y se han aprobado reformas importantes básicamente la fiscal, sin embargo, no dejan el buen sabor de boca que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones o la aprobación constitucional de la reforma educativa dejaron. Estas dos reformas constitucionales concitaron un gran apoyo, pues el interés público emergía como el gran triunfador de esa negociación política. Más que reformas hechas a la medida de un interés particular, el aliento de las mismas era preservar el interés colectivo sobre los grupos fácticos.

En las últimas reformas y particularmente con el paquete económico esta sensación se ha diluido notablemente. El gobierno y los partidos que votaron para aprobarla, defienden el carácter progresivo que tiene el impuesto sobre la renta. Sorprende, sin embargo, que las personas físicas sean más exigidas que las morales en este capítulo particular; y sorprende más aún que solamente el Consejo Nacional Agropecuario haya celebrado esta aprobación. Claro, sus razones tiene. Las rentas altas en zonas urbanas son las que cobran más de 750 mil pesos brutos y se les aplica un porcentaje cercano a un tercio de su ingreso con menores deducciones y, en cambio, a un productor agrícola que tenga ingresos de cerca de 10 millones de pesos se le cobra 21 % de ISR. Sabía que el concepto de clases medias era maleable, pero no sé desde qué justicia distributiva el que gana un millón en las ciudades paga más que el que gana 10 millones en el campo.

No simpatizo con la figura de los amparos fiscales, pero es previsible que muchas empresas, e incluso sectores completos, recurran a esa figura para eludir los impuestos. Lo que está claro es que salvo los privilegiados en la negociación, la inmensa mayoría de los mexicanos pagaremos más impuestos el año próximo y no veo que los objetivos de recaudar más, generen mayor entusiasmo entre la gente.

El seguro de desempleo, por ejemplo, tiene una dudosísima fuente de financiamiento en el largo plazo y sin entrar a discutir el carácter justiciero que una medida de ese tipo puede tener, me parece que abre un espacio de incertidumbre y justificadas dudas de su benignidad en el largo plazo. Yo no sé si esta reforma (que recauda bastante menos que lo que originalmente se proponía) sea lo que el país necesita en estos momentos, pero el gobierno ha asumido la apuesta completa. 

Quedan pendientes dos piezas legislativas que tampoco estoy seguro que moldearán en un sentido positivo el ánimo de los ciudadanos. La reforma política que se perfila, parece más una lista para complacer a las élites políticas que propiamente una reforma que mejore la gobernabilidad y haga más eficiente el aparato de la administración pública. Es tan terrible nuestra burocracia que los mismos secretarios de Estado, es decir, los jefes de la misma, deploran su funcionamiento (véanse las declaraciones de Enrique Martínez). Después vendrá la energética que, por supuesto, provocará las iras de los aliados del gobierno en materia fiscal. 

Los que hoy celebran el impuesto a la comida chatarra y el IVA en la frontera, se lanzarán a cuchillada limpia contra lo que llamarán con justificación o sin ella, la “privatización de Pemex”. Está claro que en el ámbito energético, como en el fiscal, no se respirará el ánimo eufórico que se constató en las reformas educativa y de telecomunicaciones porque la sociedad está profundamente dividida, pero al igual que la fiscal, el gobierno aportará su resto y el impacto que estas dos reformas tengan en la economía el año próximo marcará la presidencia de Enrique Peña Nieto.

@leonardocurzio

Analista político

Tablero en rojo

 Leonardo Curzio

Estoy seguro que el Presidente nunca olvidará la semana pasada, pues ha sido la más complicada desde que inició su gestión. Los frentes económico, político y de seguridad presentaron graves focos de tensión.

Arrancamos la semana con una revisión a la baja de la expectativa de crecimiento para el año que corre. El recorte de expectativas, con los consecuentes impactos en creación de empleo y percepción general sobre el desempeño de la economía del país, recorta el optimismo que el llamado Mexican moment había alentado. La pregunta del millón sigue siendo: ¿Por qué el país sigue teniendo estos niveles de crecimiento tan mediocres? En principio, todo el modelo de negociación del Pacto por México había permitido el procesamiento de reformas como la telecomunicaciones, que auguraban una dinámica nueva en materia de crecimiento. La reforma financiera fue otro paso importante al igual que la reorientación de la banca de desarrollo. La puesta al día del gasto público se supone que debería generar una dinámica diferente. Si a esto añadimos que las finanzas públicas están en equilibrio y que se ha aprobado una legislación que en principio pondría orden en el endeudamiento de los estados, resulta más frustrante que la economía nacional no despegue. Los anuncios de millonarias inversiones no consiguen ocultar la preocupante situación. No me imagino, francamente, que en un contexto como éste el gobierno presente una propuesta de reforma fiscal muy agresiva. Las posibilidades de que ésta tenga un enorme rechazo en la sociedad son altas. Es una mala idea incrementar impuestos en un periodo de anemia económica. Veremos.

Si en el plano económico las cosas se han complicado porque las expectativas no se han cumplido y el entorno externo no ha ayudado, en el plano político el desafío está llegando a niveles estridentes. La muy aplaudida reforma educativa ha entrado en una fase de incertidumbre. Por un lado, el Congreso fue expulsado de su sede y se vio obligado a suspender la discusión de la Ley del Servicio Profesional Docente, que es la columna vertebral de la reforma. El desafío es al constituyente permanente y en ese sentido, atañe a todas las fuerzas políticas que aprobaron la reforma constitucional, pero el gobierno federal tiene la insoslayable responsabilidad de haber hecho una propuesta de ley que no ha convencido a los especialistas y también es el responsable de garantizar la gobernabilidad del país y permitir que el legislativo cumpla con su trabajo.

El tercer frente es el de la seguridad. La situación en Michoacán no parece estar en vías de estabilizarse. Las declaraciones del secretario Osorio sobre el clima de inseguridad que impera en la entidad suscitan todo tipo de inquietudes. Hay que recordar que ya con las fuerzas federales desplegadas en suelo michoacano varios militares fueron secuestrados en la comunidad de Buenavista Tomatlán y hace pocas semanas, moría acribillado el almirante Ramonet. A pesar del despliegue federal no se ha podido encontrar un punto de inflexión que permita suponer que Michoacán puede ganar espacios de gobernabilidad funcional e imperio de la ley. El tema es cada vez más apremiante.

Los tres frentes presentaron indicadores preocupantes que en buena lógica deberían de llevar a los tomadores de decisiones a bajar el tono triunfalista y emotivo de la comunicación gubernamental. Y también a relanzar de una manera decidida los compromisos en el Pacto por México (al cual deben sumar las coordinaciones parlamentarias) para tratar de encontrar soluciones con la máxima legitimidad. No está el horno para bollos ni para quererse pasar de listo. La solución que encontraron para enmendar el despropósito que iban a cometer en materia de transparencia los diputados de la mayoría, demuestra que sí hay formas de reducir tensiones y encontrar salidas constructivas y esperanzadoras.

@leonardocurzio

Analista político

México y sus parásitos

 Leonardo Curzio

En el más reciente informe del IMCO (http://imco.org.mx/indices/) se establece que en los primeros años del siglo XXI México no ha podido modificar su posición relativa en los índices de competitividad. Con algunas breves oscilaciones ascendentes nuestro país ocupa el lugar 32 entre 46 clasificados. Somos, en muchos sentidos, un país estancado y una pregunta obligada es: ¿por qué? La respuesta es poliédrica y vale la pena considerar algunos elementos.

En primer lugar el sistema jurídico, que es el que da certidumbre y estabilidad sigue estancado en la percepción general. A pesar de la reforma constitucional que en la materia se aprobó hace algunos años, los indicadores siguen siendo muy bajos. De hecho, uno de los indicadores del barómetro utilizado por Transparencia internacional (en el informe publicado también la semana pasada http://www.transparency.org/gcb2013/country?country=mexico) denota que la percepción dominante es que el aparato de impartición de justicia está ampliamente penetrado por la corrupción. No ha habido ni el liderazgo, ni la voluntad política de cambiar el sistema. Hay muchas burocracias y gremios que se beneficien del statu quo. El segundo subíndice para medir la competitividad tiene que ver con el manejo sustentable del ambiente. Aquí las cosas no parecen estar mejor. México ha venido descendiendo lugares desde el 25 en 2001, hasta el 29 que ocupa ahora. Hemos tenido retrocesos en el manejo de áreas naturales protegidas y nuestra ubicación en el cambio porcentual de la cobertura forestal es el 35 (siempre de 46 países). No sé si lo entendí bien, pero supongo que es vergonzoso que ocupemos el número 1 en las tragedias ecológicas por intervención humana, esto es, accidentes industriales y derrames. En lo relativo a sociedad incluyente (el tercer subíndice) tenemos una ligera mejoría al pasar del 37 al 35, pero nada para echar las campanas al vuelo, salvo en cobertura a nivel preescolar. En calidad educativa nos mantenemos estancados al igual que en embarazos adolescentes y en escolaridad promedio. Estamos en los últimos lugares en el gasto que las familias tienen que desembolsar en salud (número 43 de 46) y hemos empeorado en el porcentaje de mujeres en la PEA.

Nuestros mejores indicadores aparecen en la macroeconomía y en las finanzas públicas. No nos va bien en inflación ni en crecimiento del PIB, pero tenemos espléndidos indicadores en deuda externa, pasivos del gobierno e incluso reservas. Los números empeoran dramáticamente en otros indicadores económicos como los mercados de factores eficientes: el sector energético, la producción de electricidad y en términos generales la productividad. Lo mismo ocurre con los llamados sectores precursores. En usuarios de internet, por ejemplo, ocupamos la posición 39 y en lo relativo al diferencial entre tasas de interés y las de depósito nos situamos en el poco honroso número 40. En innovación hay mucho camino por recorrer, tanto en gasto en investigación como en el valor agregado de la agricultura. En inversión extranjera directa ocupamos el lugar 27, pero en ingresos por turismo caemos hasta el número 35. En diversificación del comercio exterior estamos en el sótano (lugar 46). Si consideramos que 500 empresas representan 70% del comercio exterior, tenemos un doble efecto de concentración.

En los subíndices relativos al desempeño gubernamental el deterioro es enorme, pasamos del lugar 21 al 30 y en materia impositiva ocupamos el triste 42 en tiempo para calcular y pagar impuestos. El IMCO hace un brillante trabajo de diagnóstico y una muy sugerente batería de cursos de acción para mejorar en cada uno de estos indicadores y en última instancia, en la competitividad general de México que valdrá la pena considerar en detalle.

El enorme potencial del país está absolutamente vampirizado por un bicho al que podemos llamar “los intereses creados” que no tienen ninguna intención de modificar un statu quo. Una situación que les permite vivir a sus anchas, como una gran solitaria que absorbe la mitad de aquello que comemos. Ese es el drama de México tanto en lo político como en lo económico y las élites parecen más interesadas en reproducir este modelo disfuncional, aunque el mundo esté cambiando y se nieguen a reconocerlo.

@leonardocurzio

Analista político

El centenario del Ejército

Leonardo Curzio

Hay muchas razones para celebrar el centenario del Ejército. Cito solamente tres. La primera es que, a pesar de todos los problemas, las Fuerzas Armadas siguen siendo la institución del Estado mejor valorada por los ciudadanos. A diferencia de lo ocurrido en muchos países latinoamericanos, donde las relaciones cívico-militares se vieron fracturadas por el golpismo de los militares de esos países y la represión desatada contra los opositores, en México el Ejército siempre estuvo bajo el mando de civiles, por lo menos desde Miguel Alemán a la fecha. Los episodios de sangre (el 68 o la Guerra Sucia) no fueron decisiones unilaterales del Ejército y mucho menos actuaciones contrarias a la voluntad del comandante supremo en turno. Por esta razón, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría o Carlos Salinas de Gortari son responsables de los episodios represivos ocurridos en su administración. 

La segunda razón para celebrar el centenario es la lealtad que el Ejército le ha tributado a los distintos personajes que han gobernado el país. Tenemos ya una colección variopinta de administraciones con orientaciones ideológicas diferentes y temperamentos variados y en todos los casos el denominador común ha sido la lealtad al Ejecutivo. En un subcontinente en el que los pronunciamientos y los golpes de Estado han sido cosa rutinaria, no es un asunto que debamos decir en voz baja. La tercera razón es que después de ejercer el poder con desmesura, (Álvaro Obregón, por ejemplo) los militares fueron retirándose del escenario político y el Ejército siguió la ruta de la profesionalización e institucionalización. Los frutos se han cosechado a lo largo de décadas y el prestigio acumulado que tiene entre los ciudadanos es el mejor reflejo de esta acertada decisión.

Toda celebración implica una lectura de los asuntos que deberían atenderse en los próximos años y (para no agotar la paciencia del amable lector) señalo sólo tres y empiezo por el menos importante. El Ejército requiere un mayor contacto con sus contrapartes en el exterior y sigo sin entender los argumentos que impiden a nuestras tropas participar en alguna operación de Naciones Unidas en la que el interés nacional lo preconice. El segundo tiene que ver con la función del Ejército como semillero. Me parece lógico que las entidades federativas dispongan de coroneles y generales en retiro para convertirlos en secretarios de Seguridad Pública o mandos policiacos en un sentido más amplio. 

Es previsible que el Ejecutivo disponga de cerca de 10 mil efectivos para formar la gendarmería nacional. El problema estriba en la incapacidad de las restantes estructuras del Estado para formar sus propios cuadros y agentes federales. La enorme ayuda que el Ejército presta (como lo hizo para formar la PFP) no puede ocultar que seguimos padeciendo una congénita incapacidad para reclutar funcionarios directivos y operativos para las funciones de seguridad. El tercero es la utilización del Ejército en el combate al crimen organizado. El presidente EPN ha dicho que seguirán prestando este servicio al país mientras no se desarrollen las instituciones civiles apropiadamente. La pregunta es: ¿Cuándo va a ocurrir esto? Como sabemos que la respuesta no es de corto plazo es imperativo que la legislación establezca los límites y responsabilidades de cada actor cuando las Fuerzas Armadas se desplieguen en el territorio de un Estado para auxiliar al gobernador en las tareas de seguridad. A mí me parece que la Ley de Seguridad Nacional debe ser clara en este punto y al mismo tiempo reitero que el despliegue federal debería revisarse anualmente de manera similar a la forma en que la ONU revisa el mandato de sus operaciones y la función del Consejo de Seguridad la debería asumir una Comisión de senadores. 

@leonardocurzio

Analista político