7/06/2019

Machismo gratis total



Con frecuencia los machistas actúan como los niños cuando hacen alguna travesura que quieren ocultar. Se oye un ruido en el salón donde un niño anda jugando, entra el padre o la madre para averiguar qué ha ocurrido, ve que hay un jarrón roto en el suelo, y lo primero que dice el niño mientras intenta ocultar el balón tras su cuerpo, es “yo no he sido…” Y lo hace porque en verdad cree que en su mundo esa explicación es suficiente para alejar las dudas y llevarse la sospecha.
Los machistas que saltan a las redes como si estas fueran la arena del coso, no hablan desde la inocencia infantil, sino desde la falta de costumbre de siglos de impunidad. No están acostumbrados a que se les exija por todos los “jarrones rotos” de su violencia ni a dar explicación alguna por nada, por eso intentan lo del “yo no he sido” negando la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones. Pero como observan que ya no tienen éxito y sólo se lo creen ellos mismos, ahora tratan de incorporar algún argumento nuevo  para intentar pasar desapercibidos, a pesar de que las consecuencias de su violencia son objetivas.
La última estrategia del machismo es hacer creer que el trabajo contra su modelo y la violencia de género no es legítimo, y que las acciones realizadas desde el feminismo y las instituciones que abordan estos casos de violencia, se llevan a cabo por los beneficios económicos de quienes defienden y trabajan por la Igualdad. Por eso, entre otras iniciativas, desde la ultraderecha han pedido conocer la identidad de trabajadoras y trabajadores bajo un primer argumento que hablaba de “ideología”, aunque después hayan cambiado sus razones, aunque no las acciones. Para ellos la derecha ni el machismo son ideología.
Lo que busca el machismo con ese argumento es un doble efecto, por un lado presentar ese trabajo como las tareas de una especie de mercenarios que sólo buscan un interés material; y por otro, hacer creer que dichas personas necesitan aumentar el número de casos de violencia de género, y con ellos el ataque a los hombres, la familia, el orden social…  para enriquecerse mucho más a costa del sufrimiento de quienes sufren la injusticia de esa estrategia, que son los hombres “denunciados falsamente”.
La estrategia no es nueva, si se revisa la hemeroteca, al argumento económico es el que más se utiliza contra las personas a quienes se busca criticar, y presentarlas como interesadas en su trabajo y compromiso sólo por el interés económico. Un ejemplo cercano lo tenemos en la visión estereotipada de la política que se suele dar desde estas posiciones, sobre todo cuando se actúa contra personas y los partidos de izquierdas, porque en su modelo de sociedad la derecha representa el status y la riqueza, y es legítimo, según sus argumentos, que tengan dinero y que realicen actividades de todo tipo para conseguir más ganancias a título personal, además de gestionar la política. Por el contrario, la izquierda es presentada como un grupo de personas que llegan a la política para enriquecerse y con la revancha de “quitarle a los ricos” lo que tienen; y todo ello porque son incapaces de ganarse un sueldo por méritos propios.
El machismo ha recuperado esta estrategia para defender su posición porque sabe que genera ese doble impacto: la crítica a través de la idea de instrumentalización de las propuestas a favor de la Igualdad, y el odio contra todas las personas que las secundan y desarrollan al mandar el mensaje de que lo hacen para enriquecerse (asociaciones, organizaciones, profesionales…) sobre el dolor de quienes sufren las consecuencias negativas de esas iniciativas, que para ellos, como hemos apuntado, son los hombres buenos y honrados “denunciados falsamente”.
Y no es casualidad. En el machismo perciben que toda la transformación que vive la sociedad a favor de la Igualdad, además del cambio cultural que conlleva, supone una pérdida de los beneficios que la desigualdad otorga a los hombres.
Los privilegios de los hombres debidos al machismo son “gratis total”, no necesitan subvenciones, ni ayudas, tampoco iniciativas parlamentarias ni planes de acción, ya cuentan con los Presupuestos Generales del Estado como financiación, con la cultura como marco, y la normalidad como protocolo de actuación. Los hombres ya disfrutan de una brecha salarial a su favor, de una mayor ocupación laboral, de mejores puestos en el trabajo y en los espacios de decisión, de mayor tiempo de ocio, concretamente un 34% más cada día, mientras que las mujeres se tienen que dedicar un 96% más a las tareas domésticas, y un 26% más al cuidado de hijos e hijas (CIS, marzo 2014). El último ejemplo lo tenemos en la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional el cálculo de las pensiones en los puestos de trabajo a tiempo parcial, entre otras razones por existir una discriminación de género en este tipo de actividades laborales que lleva a que el 75% del mismo sea desarrollado por mujeres.
El machismo no da puntadas sin hilo, y cuando recurre al argumento de los beneficios económicos y los “chiringuitos” del feminismo y de quienes trabajan por la Igualdad, además del ataque, lo hace porque perciben que sus beneficios y privilegios se están resintiendo, de ahí su resistencia y ataque. Porque quieren mantener los privilegios de la desigualdad y el “gratis total” que les proporciona el machismo.

Violencias contra migrantes aviva maltrato intrafamiliar a mujeres


Por Caley Pigliucci

Una madre africana con sus hijos en un campamento de refugiados. Crédito: ONU Mujeres
Una madre africana con sus hijos en un campamento de refugiados. Crédito: ONU Mujeres
NACIONES UNIDAS, 2 jul 2019 (IPS) - Las mujeres refugiadas y migrantes a menudo enfrentan una violencia invisible en el hogar donde pasan a vivir. Y esa potencial forma íntima de violencia de género se ve agravada y en algunos casos impulsada por las crisis humanitarias y la inseguridad laboral que padecen sus familias y ellas mismas.
El informe sobre “El Progreso de las Mujeres del Mundo 2019-2020: Familias en un mundo cambiante”, publicado por ONU Mujeres, destaca que un factor que contribuye a la violencia en el ámbito del hogar es la disminución de las oportunidades en el trabajo, especialmente para los migrantes.
El informe destaca, por ejemplo,  que en Camboya, cuando “los hombres luchaban por encontrar trabajo, (esto) estaba relacionado con el aumento de la prevalencia de la violencia contra las mujeres por parte de sus parejas”.
Las mujeres migrantes no solo enfrentan una mayor violencia en el hogar, sino que a menudo no pueden escapar de esta violencia. Las mujeres que confían en sus parejas masculinas para permanecer en un país no tienen la independencia otorgada a sus compañeros, señala el documento lanzado el 25 de junio.
Esto es “particularmente peligroso cuando las mujeres enfrentan, por ejemplo, violencia contra ellas, violencia doméstica, en la familia”, dijo a IPS Shahra Razavi, jefa de Investigación y Datos de ONU Mujeres.
“Entonces, es muy importante que tengan el derecho de permanecer independientes de esa relación en particular”, agregó.
El informe recomienda por ello que se adopte un enfoque que priorice las políticas y regulaciones que respaldan a las familias migrantes y los derechos de las mujeres dentro de esas familias.
El informe también señala que “los estados pueden tomar decisiones normativas y políticas que fortalezcan el poder de negociación de las mujeres”.
Esto puede tomar varias formas. Las mujeres registradas separadamente de los hombres de su familia, o que reciben una residencia independiente de los hombres con quienes emigran y a los que están unidos como pareja o lazos familiares, tienen menos probabilidades de mantenerse en relaciones violentas para permanecer en un país de destino.
Modelos de progreso
El informe cita las políticas recientes de Indonesia como un paso adelante en la protección de las mujeres migrantes.
En 2017, el gobierno de Yakarta aprobó una legislación que establece que “por primera vez, se garantizan algunos derechos básicos a los trabajadores que emigran a través de los canales oficiales”, destaca el estudio.
La nueva ley incorpora protecciones como programas de seguridad social, protecciones contra el tráfico y la violencia e igualdad de género.
De unos nueve millones de indonesios que trabajaban en el extranjero en 2016, aproximadamente la mitad eran mujeres.
Migrant Care, una organización que colabora con ONU Mujeres, agregó que 10 países  miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) agregaron protecciones a los trabajadores migrantes a través de la firma del Consenso sobre la protección y promoción de los derechos de los trabajadores migrantes, alcanzado en 2017.
Esos países son: Brunei Darussalam, el Reino de Camboya, la República de Indonesia, la República Democrática Popular Lao, Malasia, la República de la Unión de Myanmar, la República de Filipinas, La República de Singapur, Tailandia y  Vietnam.
Uno de los principios en el consenso plantea la meta de “promover un trato justo con respecto al género y la nacionalidad, y proteger y promover los derechos de los trabajadores migrantes, en particular de las mujeres”.
Pero el progreso no se ha visto en todas partes.
Nicole Behnam, directora técnica superior de la Unidad de Prevención y Respuesta a la Violencia del no gubernamental Comité Internacional de Rescate (IRC, en inglés) dijo a IPS que “las tasas de violencia basada en el género (VBG) son sorprendentemente altas en todos los contextos”, pero que esto “aumenta durante y por las crisis de migrantes”.
IRC  destaca en un estudio sobre el drama de las novias infantiles que, por ejemplo, 41 por ciento de las jóvenes sirias desplazadas en Líbano, están casadas antes de cumplir 18 años.
En las comunidades de refugiados sirios en Jordania, las tasas de matrimonios infantiles casi se triplicaron entre 2011 y 2014, pasando de afectar a 12 por ciento de las niñas sirias en esa condición a  32 por ciento.
Esto sucede a pesar de que existen leyes para proteger a las mujeres refugiadas en el ámbito del hogar y la familia.
En Jordania, de hecho, es ilegal casarse antes de los 18 años, pero el IRC asegura que pese a ello “el complejo proceso para registrar un matrimonio y el hecho de que muchos refugiados carezcan de identificación oficial significa que las niñas que no pueden probar su edad resultan aún más vulnerables”.
Otra preocupación para muchos países viene con la rápida derogación de las protecciones para las mujeres en las familias.
Con su informe, ONU Mujeres pretende impulsar políticas de protección familiar que en algunos casos son aún raras en muchos países del Norte industrial, como el permiso parental remunerado.
Pero Razavi manifestó a IPS que la mayor preocupación es que no se retroceda en algunas situaciones de especial vulnerabilidad para las mujeres.
“Creo que algunos de esos temas obviamente serán diferentes para los países desarrollados”, dijo la jefa de Investigación y Datos de ONU Mujeres.
Se trata de diferencias sobre todo en la dimensión del problema.
“Muchos países donde algunos de estos sistemas de protección se habían establecido, desde 2008 en el contexto de austeridad (tras estallar la crisis financiera global), han visto como esas políticas se han ido revirtiendo”, afirmó Razavi.
“En particular, los servicios de violencia contra las mujeres han tenido que reducirse en algunos países”, se lamentó.
Behnam cree que tanto para los países del Norte industrial como del Sur en desarrollo debe haber “un claro reconocimiento de cuán serio y generalizado es el problema y debe haber similar una urgencia para prevenir y responder a la VBG”, la violencia basada en el género.
El IRC ve la necesidad de: una participación continúa y en incremento de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres para abordar los problemas locales, mejorar el seguimiento y la presentación de informes que hagan más transparente tanto el rabajo como la inversión.
Behnam considera que estas mejoras son particularmente necesarias para las mujeres en familias migrantes y refugiadas, pero también para las mujeres en todos los contextos.
“La violencia está presente en la vida de las mujeres, es la realidad de cada día, y no solo los extraños cometen actos de violencia contra las mujeres. A menudo, sus agresores son las personas en quienes más deberían confiar: sus familiares”, dijo Behnam.
Agregó que “no podemos ignorar la violencia porque sucede fuera de nuestra vista o se solapan bajo otras; de hecho, esa es la violencia por la que debemos luchar y a la que más debemos informar y dar respuesta, porque  es la que está muy oculta”, como sucede, insistió, con las que viven “dentro de sus familias las mujeres migrantes y refugiadas”.
T: MF
 

Alertas de género siguen siendo la salida contra la violencia hacia ellas: ONG



Si bien las alertas de violencia de género no han dejado los resultados esperados, siguen siendo el mecanismo por el cual las organizaciones buscan enfrentar las agresiones contra las mujeres.
En tres estados que ya la tienen se ha solicitado una segunda: Zacatecas, Guerrero y estado de México, para atender ataques que se han incrementado y no se contemplan en el primer mecanismo. Casos aparte son Veracruz, que es la entidad que ha acumulado tres procesos de este tipo, y Sonora, que tras la no procedencia de una primera solicitud, sumó otra.
En el caso de Zacatecas, en agosto de 2018 fue declarada la primera alerta de género por violencia feminicida. El Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas buscó una segunda en la que se considerara el contexto criminal actual, pero se determinó improcedente.
Para Guerrero, en 2017 se declaró la alerta en ocho municipios por violencia feminicida, y la segunda se solicitó por agravio comparado, la cual fue aceptada y está por resolverse. A las mujeres no se les está dando la atención integral como víctimas de violencia sexual; se les niega o hacen todo un proceso de dilación para la interrupción del embarazo, señaló María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano del Feminicidio (OCNF).
En el caso de Sonora, aunque organizaciones solicitaron este mecanismo para el municipio de Cajeme, no procedió; este martes se aceptó la segunda solicitud por el incremento de asesinatos de mujeres y niñas en Hermosillo, Nogales, Cajeme, San Luis Río Colorado, Guaymas y Empalme.
Respecto a Veracruz, María de la Luz Estrada explicó que la primera alerta se decretó en 2016, por violencia feminicida; la segunda en 2017, por agravio comparado, y en mayo de este año se pidió por desaparición de mujeres, la cual se sumó a la primera.
En este sentido, agregó, estamos en el proceso de entender cómo se acumula, porque se deben identificar las deficiencias (de la primera), abrir también una investigación para ser asertivas en las medidas que la autoridad tiene que realizar, si no, seguimos con la misma declaratoria.

Periódico La Jornada

FIFA invierte 18 veces más en mundial varonil que en femenil


Jugadoras denuncian desigualdad en premios y otras compensaciones


Por primera vez en la historia de los mundiales femeninos, la Federación Internacional de Futbol (FIFA) ha decidido remunerar a los clubes de fútbol del mundo por sus participantes. Sin embargo, la suma que la FIFA distribuyó en el mundial de los hombres en Rusia en 2018, fue 18 veces mayor que la que gastó para las mujeres este año en Francia.
La remuneración es una manera de reconocer el trabajo de formación que hicieron los clubes para que sus jugadoras sean las mejores del mundo; al mismo tiempo, es una compensación financiera para el tiempo que la jugadora falta en su equipo. El pago inicia 15 días antes del comienzo del Mundial, con el fin de cubrir los días de preparación y de entrenamiento de las jugadoras, y finaliza cuando se descalifica al equipo.
Según cálculos de la plataforma informativa “Apuestas Deportivas, de España”, la FIFA paga por cada jugadora participante 405 euros (aproximadamente 8 mil 700 pesos mexicanos) por día. Los clubes actuales reciben 50 por ciento de la suma. El otro 50 por ciento se invierte en proporción a los clubes de entrenamiento de los jugadores.
Sin embargo, esta suma contrasta en gran medida con el pago que recibieron los clubes varoniles en el pasado mundial de fútbol en Rusia: 7 mil 200 euros (aproximadamente 154 mil pesos) por cada jugador, es decir, casi 18 veces más. El trato desigual también se refleja en los premios que la FIFA paga a las asociaciones participantes y las ganadoras del torneo, quienes se definirán este domingo 7 de julio en la final entre Estados Unidos y Países Bajos.
El equipo ganador recibe 76 millones de pesos (mdp), el otro finalista 49 MDP. Cada uno de los 24 equipos participantes recibe 14 mdp. En cambio, en 2018 la FIFA pagó 722 mil mdp al ganador varonil, y 532 mil mdp al segundo lugar, mientras que cada selección participante ganó 152 mil mdp. Aparte de estos reconocimientos, están los premios que cada asociación nacional de fútbol paga a las jugadoras por una participación exitosa, también muy dispares para mujeres y hombres.
Pero muchas de las jugadoras ya no se conforman con esto. La selección australiana, las “Matildas”, exigió a la FIFA elevar los premios de las mujeres en Francia de un total de 570 mil mdp a un billón 83 mil mdp, una suma todavía considerablemente menos que los siete billones 602 mil mdp que reciben los hombres. Pero no hubo respuesta de parte de la FIFA.
La petición de las australianas fue acompañada por una campaña llamada “Our Goal is Now” (Nuestro objetivo es ahora, en inglés) que mostró el paso lento que toma la FIFA para llegar a la igualdad. Si el incremento de los premios sigue en la misma medida, se logrará hasta en 2039, según la campaña. Al mismo tiempo, las australianas hicieron ver que, a pesar de que la FIFA prohíbe la discriminación basada en género en sus estatutos, en realidad no gasta mucho dinero en el fútbol femenino.
Por ejemplo, según la campaña, los dos directivos más altos de la federación, el presidente Gianni Infantino y la secretaria general Fatma Samoura ganaron 4.1 millones de dólares en 2018, lo mismo que el equipo ganador de este torneo. Entre 2015 y 2018, la FIFA invirtió 24 millones de dólares en “promoción del fútbol femenino”, menos que la mitad de lo que invirtió en el “Museo de la FIFA”, en Suiza.
“Las víctimas de esta discriminación son las jugadoras”, concluyó John Didulica, de la Asociación Australiana de Jugadores y Jugadoras. “Our Goal is Now” escribió en su página que los premios de la FIFA son tan importantes debido a los bajos salarios de los clubes. “Las carreras de jugadoras se basan en los pagos del Equipo Nacional. Esta dinámica refuerza la necesidad de que la FIFA apoye a nuestras mejores jugadoras, que dependen más de este ingreso que los jugadores masculinos.”
Muchas de las jugadoras estrellas del torneo aprovecharon la atención de los medios, para promocionar un pago igual. El equipo de Nigeria se manifestó en contra de su propia Asociación con un plantón que las jugadoras hicieron en su hotel en la ciudad de Grenoble.
La selección norteamericana interpuso el 8 de marzo de este año una demanda contra su asociación, por discriminación entre mujeres y hombres. Alegaron tanto los salarios como las condiciones distintas de entrenamiento, como peores canchas.
La mejor jugadora del mundo y primera mujer ganadora del prestigioso balón de oro, Ada Hegerberg, se quedó en casa y no participó con su selección, la noruega, para protestar contra el pago desigual de la Asociación Noruega de Fútbol.
La Asociación Australiana de Jugadoras, por su parte, insistió que ante la inacción de la FIFA y sus gremios, seguirá buscando premios elevados para las jugadoras incluso después del mundial, en caso necesario, también a través de mediación y arbitraje.
Imagen retomada del Twitter de Professional Footballers Australia
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.

Las no maternidades como elección


Quinto Poder
Por: Argentina Casanova*


Mucho se habla de las maternidades como elección. Es uno de los paradigmas del feminismo en México, dados los escenarios restrictivos al aborto que predominan en todas las entidades federativas, pero pocas veces se habla de las condiciones de elección para aquellas que no tienen hijos no como una decisión sino como una consecuencia de las condiciones laborales, económicas y sociales que limitan la posibilidad de ser madre.
La decisión contemporánea, la no elección de los hijos, la postergación de la maternidad, es decir el no tener hijos, es algo que cada vez más es visible que más mujeres optan por esta condición, pero poco se analiza lo que hay detrás de esta aparente “elección”, y qué tanto realmente constituye una decisión.
Y cuestiono que sea una decisión porque creo necesario que así como se habla de la libertad de la decisión por la maternidad elegida, así se habla de una aparente decisión de no maternidad, de no tener hijos, cuando en realidad podría tratarse de una condición en la que no hay decisión sino consecuencia de los contextos de vida.
Siempre hablo desde la experiencia propia porque no hay experiencia que conozca mejor que la mía, y ella me conduce a la reflexión, en esta práctica de que sea mi vida la primera atravesada, reflexionada y analizada desde mi propio feminismo, mirar mis decisiones desde el lente crítico del feminismo aprendido en los últimos años.
Hablando acerca de las maternidades en un ejercicio de reflexión acerca de la no maternidad, llegué a la conclusión que la mía no era una decisión sino una consecuencia de múltiples factores que van desde experiencias traumáticas relacionadas con la maternidad, hasta el rechazo a la figura materna en soledad por el predominio de una sociedad en la que las mujeres ven precarizadas sus vidas a partir de la maternidad.
Se escucha egoísta pero es lo cierto, no es que haya elegido no tener hijos, sino que elegí no vivir precarizada por una maternidad que habría terminado viviéndola sola como espejo de la vida de amigas y mujeres que conozco y que independientemente de los perfiles profesionales siempre llevan su vida al extremo del estrés entre sus trabajos, sus actividades personales y las responsabilidades del cuidado y la manutención de sus hijos, tengan o no una buena relación con el padre de sus hijos, aporten o no aporten, porque al final la sociedad sigue funcionando en un sentido de otorgarles a ellas la mayor parte de la responsabilidad.
Por eso hablo de contextos laborales, económicos y sociales.
No me atrevo a generalizar, más bien esta reflexión va en el sentido de encontrar eco en otras mujeres que, como yo, miremos de frente que más que una decisión el no tener hijos fue resultado de la postergación por tener compromisos laborales en los que sabíamos que una maternidad vendría a ubicarnos como a la mayoría de las mujeres aún en la actualidad en una posición de desventaja en la competencia laboral por ascensos, por aumentos salariales y por posiciones directivas.
Por supuesto que hay mujeres en esos cargos, pero si vamos a ver a las profesionistas que no tienen redes de apoyo familiares para el cuidado de las y los hijos, esta decisión se vuelve fundamental en la continuación de la vida profesional si es que no se quiere adquirir una doble jornada.
La maternidad es una decisión que inconscientemente lleva a las mujeres a tener que compartir o distribuir sus ingresos sí o sí hacia las y los hijos, con pareja o sin pareja, los salarios de las mujeres se destinan prioritariamente a las necesidades inmediatas, a los bienes de consumo que no generan riqueza.
Esto hace que las mujeres que tienen hijos y pareja, al pasar de los años no tienen ahorros ni bienes que puedan vender, sus salarios prácticamente se los “comieron” sus hijos, y aun con la participación de una pareja de paternidad responsable esta es la característica general. En los casos de paternidades ausentes la precarización en la vida de las mujeres se triplica.
El tema es de muy amplias aristas y podrá haber muchas opiniones que estimen que no, que no son razones suficientes para elegir no tener hijos, que es egoísta siquiera pensarlas, pero justo esa es la realidad que afrontamos aún las mujeres, y en lo particular creo que también como las restricciones a la decisión de abortar son contextos que limitan la libre decisión de la maternidad.
*Fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche.

CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | Campeche, Cam.-

Las abolicionistas ganamos la batalla en Nueva York

Leyes & Cosificación de la mujer
TribunaFeminista

Cuando faltaba un minuto para que finalizara la sesión de la Legislatura del Estado de Nueva York, ambas leyes, el “Acta de Seguridad para Hijos-Padres”, nombre que se le dio a la Ley que pretendía legalizar el alquiler de vientres y la Ley que pretendía descriminalizar la Prostitución (a todos los actores, incluyendo tratantes, proxenetas, etc.), y no sólo a las personas que se encuentran en situación de prostitución, fueron derrotadas y no lograron la votación necesaria para ser aprobadas.


El cabildeo en torno a cada uno de estos proyectos de ley difería en que las compañeras abolicionistas feministas en Nueva York empezaron a visitar colectivamente a más de cuatro docenas de legisladores, tan pronto como se publicó la iniciativa para la descriminalización total de la industria del sexo. En esas visitas que realizaron, educaron a los legisladores sobre los daños de la prostitución y cómo la despenalización total del comercio sexual legalizaría esos daños.  Desde el momento en que los patrocinadores de este proyecto de Ley lo presentaron oficialmente, estaba «muerto», afortunadamente. Un factor muy importante fue la movilización de las sobrevivientes y la determinación y coraje con el que hicieron oír sus voces.
El proyecto de ley eliminaba todas las sanciones de las disposiciones sobre prostitución del código penal, incluida la compra de sexo, el proxenetismo, la administración y operación de burdeles, la explotación de agencias de turismo sexual y también reducía significativamente las herramientas que permitían el enjuiciamiento de la trata con propósitos de explotación sexual.  Una breve descripción general del contenido del proyecto de ley, se resume de la siguiente manera:
Este Proyecto de Ley establecía la total descriminalización del comercio sexual, lo que no sólo exentaría a los proxenetas y tratantes de responder ante la ley, sino que también convertía al Estado de Nueva York como otro beneficiario de la explotación sexual comercial. Y esto estaba previsto así, porque el estado legalizaría cada establecimiento comercial donde se ofrecería sexo comercial, desde los salones de masajes, hoy ilegales, hasta los burdeles, a través de estandarizar requisitos de sus licencias de operación, hasta el pago de impuestos, lo que haría que el Estado de Nueva York se convirtiera en un estado proxeneta, beneficiario del comercio sexual.
Este Proyecto de Ley establecía la total descriminalización del comercio sexual
Lo que estas empresas hubieran vendido a los compradores de sexo, si se hubiera establecido su registro legal en el Estado de Nueva York, son las mujeres pobres y trans, especialmente de color, nacidas en Estados Unidos y mujeres migrantes en situación indocumentada. Quienes las hubieran comprado son hombres con ingresos disponibles que buscan de una manera deshumanizada ejercer poder y control sobre las personas que carecen de opciones reales en la vida digna.
El proyecto de ley también derogaba la disposición sobre «promoción de la prostitución» (proxenetismo), la disposición más eficaz que utilizan los fiscales para juzgar casos de trata con propósitos de explotación sexual doméstico o interno. De hecho, esta provisión ha sido clave para todos los procesos exitosos de trata con propósitos de explotación sexual en el estado de Nueva York. Este proyecto de ley intentaba nulificar las leyes contra la trata sexual del estado de Nueva York anulándolas totalmente.
cualquier ley que elimine las sanciones de los compradores de sexo de paga o puteros sólo permitiría que el comercio sexual se expandiera aún más
La eliminación de los antecedentes penales por delitos relacionados con la prostitución cometidos por personas explotadas en el comercio sexual es una parte clave para garantizar que puedan reconstruir sus vidas. Sin embargo, este proyecto de ley también postulaba extender el eliminación de antecedentes penales a cualquier persona condenada bajo las leyes estatales vigentes involucrados en delitos relacionados con la prostitución. El efecto hubiera sido que los tratantes sexuales domésticos, que son condenados por promover la prostitución a nivel estatal y local, podrían solicitar fácilmente que se borraran sus antecedentes penales.
La eliminación de los antecedentes penales por delitos relacionados con la prostitución cometidos por personas explotadas en el comercio sexual es una parte clave para garantizar que puedan reconstruir sus vidas.
El comercio sexual, incluida la prostitución, es donde ocurre la trata con propósitos de explotación sexual. Es el destino final al que los tratantes y proxenetas sexuales llevan a las víctimas. Por cierto, se estima que 20,000 mujeres y niñas mexicanas son llevadas cada año al mercado sexual de los Estados Unidos, muchas de ellas al Estado de Nueva York.  Cada dólar ganado por los tratantes y explotadores sexuales comerciales proviene de las personas que compran actos sexuales, los compradores de sexo de paga o puteros. Por lo tanto, cualquier ley que elimine las sanciones de los compradores de sexo de paga o puteros sólo permitiría que el comercio sexual se expandiera aún más en Nueva York, como lo ha hecho en Alemania, los Países Bajos, Nueva Zelanda y otros países que han legalizado o despenalizado completamente la prostitución.
Reconocemos y agradecemos al equipo de la Coalición en Nueva York, a Melanie Thompson, que en esta batalla lo dieron todo, así como al brillante equipo de guerreras del Santuario para Familias, Ane Mathieson, Alexi Meyers y Becca Zipkin, pero especialmente a las líderes de sobrevivientes que pusieron sus corazones y toda su energía para lograr derrotar esta iniciativa de Ley.
El proyecto de ley de alquiler de vientres fue un desafío totalmente diferente, en el que Gobernador Andrew Cuomo, había prometido a la comunidad LGBT+ que él cumpliría con la aprobación de la ley para el 50 aniversario de Stonewall (el primer levantamiento LGBT en Nueva York). Además, la ley habría sido uno de sus principales «entregables» en las ceremonias de apertura del Desfile del Orgullo Gay en Nueva York, celebrado ayer.
No pasó un solo día sin que él ensalzara las virtudes de la gestación subrogada comercial en la prensa y cuando se dio cuenta de que algunas Asambleístas Mujeres con mayor antigüedad se oponían (con el apoyo de la Coalición Internacional), las denostó públicamente, llamándolas (junto con Gloria Steinem), «insensibles», » homofóbicas» (a pesar de que 2 de los 3 legisladoras más importantes que se oponían son lesbianas), mujeres de otra generación que no entienden la agencia y el consentimiento, y muchos otros comentarios sexistas y descalificaciones por su edad. La política es política, dijeron que una vez que el gobernador presiona por un proyecto de ley, sólo un milagro puede evitar que se convierta en ley.
el que Gobernador Andrew Cuomo, había prometido a la comunidad LGBT+ que él cumpliría con la aprobación de la ley para el 50 aniversario de Stonewall
Un equipo pequeño, pero efectivo, golpeó tan fuerte como pudimos. Dorchen Leidholdt lideró el equipo y se beneficiaron de un impulso fenomenal de NOW Nacional con su declaración oponiéndose a esta Ley, lo que agradecemos a Sonia Ossorio, Twiss Buttler y Jan Erickson y nadie fue más implacable que Gloria Steinem.  El lunes, cuando nos reunimos con el personal de alto nivel del Gobernador, la generalmente tranquila e impecable Gloria Steinem le gritó al Consejo General que «el Gobernador mejor rece para que el proyecto de ley no se apruebe, porque le juró que sería el motivo que aniquilaría su carrera política. Así que dile que es mejor que ore».  Funcionó.
Aunque nos sentimos profundamente aliviadas por estos resultados, las abolicionistas de Nueva York y de todo el mundo, sabemos que será una celebración corta, ganamos una batalla y no la guerra.  Estas leyes, que resultarían un precedente muy negativo para todos nuestros países, volverán a revivirse en enero próximo, cuando reinicie el periodo legislativo, por lo que, en Nueva York, tenemos que prepararnos desde ahora y hasta diciembre, cuando empiece la nueva embestida.
El resultado obtenido no es sólo otra inevitable derrota de un proyecto de ley de gestación subrogada comercial o alquiler de vientres, en realidad lo que está en juego es el modelo de igualdad en Nueva York.  Escuchamos que Massachusetts también está trabajando hacia el Modelo de Igualdad, así que veamos qué estado se convierte en el primero en los Estados Unidos en promulgarlo.  ¡La carrera ya empezó!
La misoginia es profunda y desmontarla, a menudo, parece insuperable, pero, esa noche, sus alas fueron atadas, organicémonos para su derrota definitiva en Nueva York, en España, en México y en todo el mundo.
En sororidad con todas y en memoria de todas las mujeres que perecieron por donaciones de óvulos, vientres de alquiler y en la prostitución.

 

Mejorar condiciones de vida de mujeres refugiadas, una tarea pendiente


México no garantiza protección a mujeres en esta condición
   

En todo el mundo hay aproximadamente 11 millones de mujeres y niñas viviendo como refugiadas, de acuerdo con ONU Mujeres.  Ellas han tenido que emprender viajes difíciles y peligrosos huyendo de la persecución y conflictos armados, para llegar a países donde no cuentan con condiciones adecuadas para vivir. 
En el marco del Día Mundial del Refugiado -que se conmemora cada 20 de junio y que fue instaurado en el 2000 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para concientizar a la sociedad y a los gobiernos sobre la necesidad y obligación de brindar ayuda a los refugiados del mundo- el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reveló que a nivel global hay 20.4 millones de personas viviendo en esta condición, de los cuales poco más del 50 por ciento son mujeres.
Hoy en día, las condiciones para que las mujeres refugiadas accedan a una vida digna siguen siendo insuficientes, pese a que se encuentra en marcha un pacto mundial adquirido en la Declaración de Nueva York en 2016 en favor de las personas refugiadas y migrantes, el cual busca asegurar que se respeten sus derechos y necesidades.
Los desafíos que enfrentan las niñas y mujeres que buscan refugio fueron revelados por la organización Amnistía Internacional (AI), estas problemáticas van desde acoso físico y verbal, hasta violencia sexual por parte de traficantes de personas y de los propios hombres que también buscan refugio. 
Como ejemplo se tiene Grecia. Este país brinda a las mujeres refugiadas condiciones peligrosas dentro de los refugios patrocinados por la Unión Europea, de acuerdo con el informe “Quiero decidir mi futuro: las mujeres refugiadas en Grecia se pronuncian” publicado en diciembre del 2018 por Amnistía Internacional.

Para recolectar testimonios, AI habló con más de 100 mujeres y niñas que viven en campos de refugiados y otros alojamientos en Atenas, así como en las Islas Griegas.
De acuerdo con el informe, el hacinamiento ha alcanzado un punto crítico, ya que casi 15 mil 500 personas se encuentran viviendo en cinco campamentos que fueron diseñados para albergar a 6 mil 400 personas. Situación que afecta en mayor medida a las mujeres y niñas refugiadas, quienes representan 60 por ciento de esta población.
Algunas de las situaciones a las que se enfrentan es la falta de cerraduras en las puertas de los baños y a la deficiente iluminación, por lo que actividades cotidianas como ir a los sanitarios, bañarse y caminar por la noche se convierten en actos plagados de peligros.
Una mujer dijo a Amnistía Internacional en el campo de Vathy, en Samos: “La puerta de la ducha no tiene cerradura. Los hombres entran cuando estás dentro. No hay luces en los sanitarios. Si es de noche, a veces voy a los sanitarios con mi hermana, o bien orino en un balde”.
Sumado a esto, varias mujeres embarazadas explicaron a AI que se vieron en la necesidad de dormir en el suelo y tuvieron un nulo o poco acceso a atención prenatal.
Tanto si viven en campos de refugiados como en zonas urbanas, la falta de información y de intérpretes son grandes obstáculos para acceder a servicios esenciales; como instalaciones de salud sexual y reproductiva o asistencia jurídica.
Una mujer yazidí procedente de Iraq y residente en el campo de Skaramagas, situado cerca de Atenas, dijo a Amnistía Internacional: “Nos sentimos totalmente olvidadas. Algunas de nosotras llevamos dos años en el campo y nada ha cambiado [...]. Apenas puedo comunicar mis problemas porque nadie habla nuestra lengua”.

MÉXICO Y LAS REFUGIADAS

En nuestro país, de tres mil 975 personas reconocidas por el gobierno como refugiadas entre 2011 y 2016, 556 fueron ingresadas por motivos de persecución de género, de acuerdo con información solicitada a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (UIA) Ciudad de México.
Pese a estas cifras, de acuerdo con AI, México no brinda protección adecuada a las mujeres, provenientes en su mayoría de Guatemala, El Salvador y Honduras, quienes huyen de los elevados índices de violencia en sus países ya que aproximadamente 90 por ciento de ellas son detenidas y enviadas de vuelta a su país de origen.
Lo anterior coloca a México como uno de los países que aún tienen tareas pendientes en el tema de personas refugiadas, problemática que se endureció con los controles instalados en la frontera sur para cerrar el paso a personas migrantes.
Ante esto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscó el respaldo de agencias de la ONU para “trabajar en un plan integral y coordinado” que atienda el incremento del número de personas que solicitan asilo en México; sin embargo, no se especificó cómo se atendería esta problemática con perspectiva de género.

Imagen retomada de Amecopress
Por: Berenice Chavarría Tenorio
Cimacnoticias | Ciudad de México.

Rosa María y muchas más


Por Carolina Vásquez Araya

Ser niña en Guatemala puede ser la peor de las desgracias: te puede costar la vida.

He visto desfilar nombres de niñas y adolescentes violadas, embarazadas, muertas durante el parto, desaparecidas o víctimas inocentes de una orgía de alcohol y sangre protagonizada por hombres de su entorno, su comunidad, su hogar; esos ámbitos en donde se supone deberían ser protegidas y amadas. Muchas niñas de Guatemala vienen sin garantía de supervivencia; ellas, las más vulnerables de la cadena humana, están sujetas a la voluntad de quienes las rodean y no se les reconoce derecho alguno. Casadas a la fuerza, violadas por quienes están supuestos a ser sus aliados y protectores; y destinadas desde la niñez a los más duros trabajos domésticos y del campo, millones de niñas enfrentan un destino en cuya ruta pierden incluso su identidad.
Cuando leí con horror lo sucedido con Rosa María Saquic Lares, una niña de apenas 12 años secuestrada por 4 hombres adultos de su comunidad durante una fiesta de la aldea, torturada hasta la muerte y abandonada en pedazos en un paraje cercano, vi hasta dónde es capaz de llegar la crueldad y el sadismo cuando en un país se ha perdido la decencia y la humanidad. Este, lamentablemente, no es un caso excepcional. Muchas niñas han sido violadas y sometidas a ritos de sangre con la finalidad de enviar un mensaje de poder entre grupos criminales, o quemadas –como las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción- para acallar sus protestas y evitar sus denuncias de maltrato dentro de esa institución del Estado.
Pienso en mi hija cuando tenía 12 años y me cuesta creer cómo, a un ser que recién empieza a asomarse a la vida, le pueden arrebatar los sueños con ese salvajismo. Rosa María estaba en la fiesta de su pueblo, una de entre las pocas ocasiones festivas a las cuales acuden las familias. Acompañada por su padre y su hermana de 14 años, se negó a bailar con los hombres que las acosaron y ese gesto de libertad le costó la vida. Cinco días tardaron en encontrar sus restos, desperdigados por el campo.
Guatemala ha llegado al límite y este es tan solo un ejemplo de la pérdida de valores y de sensibilidad humana, herencia de una historia de terror que no termina. Los niveles de femicidio, desnutrición y pobreza extrema son apenas una muestra de la violencia indetenible en la cual se desarrolla la vida de sus habitantes, regidos por una cúpula de poder corrupta cuya fortaleza se basa en sus vínculos con el crimen organizado y la influencia de un sector ultra poderoso de empresarios cuyo único objetivo es continuar al mando del quehacer político. 
El asesinato con saña de Rosa María quizá sea investigado, quizá no. Las instituciones encargadas de seguridad y justicia se encuentran más enfocadas en los enredos políticos de un pacto de corruptos, cuyos intereses predominan sobre el escenario nacional, que de los innumerables hechos delictivos cuya abundancia e impunidad garantizada constituyen una pesadilla permanente para la población guatemalteca. 
El tan mentado estado de Derecho, las supuestas garantías constitucionales, los constantemente trasgredidos derechos humanos y el sistema jurídico -cuya flexibilidad parece amparar únicamente a quienes lo violan- se han convertido en el sello de identidad de un país a la deriva, timoneado por un mandatario inepto quien, rodeado de un círculo de confianza indiferente al mandato constitucional, ha llevado a Guatemala a convertirse en un paradigma mundial de lo que un Estado no debe ser. En semejante escenario, la pequeña Rosa María Saquic Larios pasará a integrar la ominosa lista de los numerosos crímenes contra la niñez guatemalteca, esos que por supuesto no figuran en la agenda nacional.

www.carolinavasquezaraya.com

elquintopatio@gmail.com

México a la vanguardia en participación política de mujeres


Otros países le siguen los pasos y analizan paridad
   



Mientras que México es el primer país del mundo en hacer obligatorio que las mujeres ocupen la mitad de candidaturas a cargos legislativos y en abrir la puerta para que también conquisten 50 por ciento de altos puestos en instituciones judiciales y de gobierno en todo el país, en otros países ya se analiza esta posibilidad. 
Con la reforma constitucional en materia de paridad de género, publicada el 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a nivel federal y local, así como los organismos autónomos, deberán integrarse por mitad de mujeres y hombres.
En un hecho histórico México hizo obligatorio tener más mujeres encabezando carteras de Estado e integrando Tribunales de Justicia. Así se colocó a la vanguardia de Bolivia, Cuba, Nicaragua, Costa Rica, Argentina y Ecuador, países que, de acuerdo con Naciones Unidas, tienen normas para garantizar la paridad política.
En tanto en otros países se empieza a revisar la viabilidad de establecer la paridad en la ley para que las mujeres ocupen la mitad de los escaños parlamentarios como en Chile o Perú; o bien, están analizando mecanismos para que los partidos no evadan el cumplimiento de las cuotas de género.
El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la Cepal, señala que las cuotas de género son acciones afirmativas que reconocen la desigualdad y la necesidad de medidas temporales para que la participación política de las mujeres avance más rápidamente.
A diferencia de las cuotas, dice la Cepal, la paridad no es una medida transitoria, sino un objetivo y un principio permanente de la actividad política.
Pese a estas definiciones, diputados y senadores de la región han evitado garantizar la paridad con argumentos como que se trata de “ideología de género” o que las mujeres deben llegar a los cargos poder por su capacidad y no por una ley de cuotas.
Por ejemplo, en junio de este año el Congreso Nacional de Chile aprobó un proyecto de ley de cuotas de género, que actualmente es de 60-40 para las candidaturas a gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales, pero lo modificó por lo que debe ser ratificado.
Aunque el proyecto para reformar las leyes 18.695 y 19.175 se considera una ley de cuotas, lo que proponen estas reformas es que las mujeres ocupen 50 por ciento de las candidaturas para estos cargos, pero el debate aún continúa.  
En Perú también se debate establecer la paridad para que los partidos políticos integren las listas electorales con 50 por ciento de candidatas mujeres y hombres. El proyecto de Ley 4187/2018-PE también incluye paridad en la dirección de las organizaciones políticas.
Por otro lado, en 2018, el Congreso de Paraguay aprobó el proyecto de Ley 6201/2018 para que las mujeres ocuparan el 50 por ciento de las candidaturas parlamentarias; sin embargo, modificó la redacción y borró todas las referencias a la paridad.
Cuando el decreto llegó a manos del presidente de aquel país, Mario Abdo Benítez, éste vetó la llamada “Ley de Paridad Democrática” porque en realidad mantenía la cuota de 20 por ciento vigente desde 1996 y sólo garantizaba financiamiento para la capacitación de las mujeres.
En otras latitudes la preocupación es hacer que las actuales leyes de cuotas se cumplan. Por ejemplo, este año en Brasil, donde existe una cuota de 30 por ciento para candidaturas legislativas, se desató un escándalo porque los partidos políticos postularon mujeres para cumplir la ley de cuotas, pero sin ninguna intención de que ellas fueran electas en los comicios.
En este fenómeno, conocido como “candidaturas fantasmas”, los partidos desviaron los recursos financieros, que les correspondían a las candidatas, a las campañas de los hombres del mismo partido político a fin de que ellos fueran los triunfadores.
En otros países como Uruguay, donde desde 2009 se aprobó la “ley de cuotas” que establece la “participación equitativa” entre mujeres y hombres, sin mencionar un porcentaje, no hay un debate público sobre el tema.
En este escenario regional, datos de ONU Mujeres muestran que hasta febrero de 2019 en Américas las mujeres ocupaban 30.6 por ciento de los escaños parlamentarios. A nivel global Ruanda es el país con mayor número de parlamentarias con 61.3 por ciento.
Actualmente, México ocupa el cuarto lugar mundial por tener un parlamento prácticamente paritario, según la Unión Interparlamentaria. En el país las mexicanas ocupan 241 de las 500 curules en la Cámara de Diputados, equivalente a 48.2 por ciento; y en el Senado tienen 63 de las 128 senadurías, es decir, 49.2 por ciento.
Además, al iniciar la actual administración el gabinete federal estaba integrado por 19 secretarías, de las cuales o estaban ocupadas por mujeres, un porcentaje de 42.1.
Con la reforma en materia de paridad se modificó el artículo 41 constitucional para establecer que los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de Estado deberán observar el principio de paridad, tanto en el nivel federal como en las entidades.
Aunque las leyes reglamentarias aún deben ser diseñadas y avaladas, este principio también se debe acatar en los nombramientos en cargos jurisdiccionales como ministros, jueces y magistrados y en los Consejos Consultivos, Juntas de Gobierno o Comités de organismos autónomos.

Especial archivo CIMAC
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Capitana de barco alemana “asumió responsabilidad que ningún gobierno europeo hizo”, afirma jueza


Tras ordenar su liberación reconoció que no había razón del arresto


La capitana del barco “SeaWatch3”, Carola Rackete, fue liberada ayer luego de haber permanecido en arresto domiciliario desde el pasado 29 de junio, tras ingresar al puerto de la isla italiana Lampedusa sin autorización.
La jueza de Agrigento, Italia, Alessandra Vella, no validó la detención de la capitana de 31 años y rechazó el delito de resistencia y violencia a una nave de guerra, del que se la había acusado, detallaron diversos medios locales.
“No había ninguna razón para arrestarla, ya que sólo había hecho campaña por los Derechos Humanos en el Mediterráneo y asumió la responsabilidad donde ningún gobierno europeo lo hizo”, dio a conocer a través de Twitter la ONG Sea Watch.
Cabe recordar que la capitana Rackete fue detenida al atracar en el puerto pese a que las autoridades prohibieron la entrada al barco en el que trasladaba a 40 migrantes que había rescatado de una balsa en el mar.
El buque ya había permanecido 17 días en alta mar y la desesperación de la capitana por proteger la vida de los migrantes fue el motivo que la impulsó a ingresar a Lampedusa. “Sé lo que estoy arriesgando, pero las personas están agotadas. Los llevo a salvo”, anunció a través de las redes sociales de su organización, Sea Watch, y entró a aguas italianas.
Este acto estuvo a punto de llevarla a enfrentar hasta 12 años de prisión por “ayudar a la migración ilegal, por entrar a aguas territoriales sin permiso y por la resistencia contra un buque de guerra”.
Durante el interrogatorio ante los magistrados realizado el día lunes, la capitana Rackete sostuvo que se vio obligada a atracar, porque la situación de los inmigrantes era preocupante. Añadió que durante las maniobras para atracar el choque de su buque “SeaWatch3” con una lancha de la Guardia de Finanzas fue un accidente sin ninguna intención de causar una colisión entre las dos embarcaciones.
Luego de diversas muestras de solidaridad hacia Carola Rackete, el día de ayer finalmente autoridades italianas decidieron liberarla y la jueza Alessandra Vella concluyó que la capitana actuó "acorde a las necesidades de poner a salvo a todos migrantes rescatados en el mar".

Imagen retomada del Twitter de Sea Watch
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.

Continúa juicio contra capitana alemana Carola Rackete


El 9 de julio será la próxima audiencia



La capitana Carola Rackete, liberada ayer del arresto domiciliario tras ingresar al puerto de la isla italiana Lampedusa sin autorización con 40 migrantes a bordo de su barco “Sea Watch3”, fue llevada a un lugar secreto a causa de las amenazas que había recibido, informó la ONG SeaWatch, que operó su barco de rescate en el mar mediterráneo.
“Hubo unas amenazas generales en contra de ella”, dijo el portavoz de la organización, Ruben Neugebauer, “por eso el lugar secreto. No queremos que sea asediada.” Precisó que la capitana permanece en Italia, ya que el 9 de julio hay una segunda audiencia en Agrigento, Sicilia. Rackete todavía es investigada por ayudar a la inmigración sin documentos, aunque un tribunal en la misma ciudad desestimó el día de ayer las acusaciones de “resistencia contra un buque de guerra” y “entrar en aguas territoriales sin permiso” en contra de ella.
La jueza Alessandra Vella levantó el arresto domiciliario de la alemana, argumentando que el hecho de llevar el grupo de migrantes a Lampedusa fue una acción humanitaria. A pesar de que siguen las investigaciones contra Rackete, Sea Watch y otras organizaciones celebraron el fallo como un precedente en el trato de las misiones de rescate privadas en el mar mediterráneo.
Por ejemplo, el tribunal se refirió a un decreto que el ministro del interior ultra-derechista del país, Mateo Salvini, había empujado en la Asamblea Nacional el 12 de junio, prohibiendo el ingreso de barcos de ONG a aguas italianas, justo después de que el “Sea Watch” rescatara a las y los 53 migrantes de una balsa. La jueza juzgó que cerrar los puertos por decreto, no aplica a barcos que rescatan personas de balsas en peligro, porque no pueden ser calificados como “un peligro para la seguridad nacional.”
También consideró que la obligación de la o el capitán de salvar personas cuyo buque está en peligro, no termina con el rescate mismo, sino con el desembarque en un puerto “seguro”, y que los puertos más cercanos al lugar de rescate, en este caso Libia y Tunisia, no pueden ser considerados “seguros”.
Libia es considerado por las Naciones Unidas un país donde se violan los Derechos Humanos de personas refugiadas, con violaciones, abusos sexuales, asesinatos, tortura, esclavitud y extorsión en sus centros de detención. Tunisia, por su parte, no tiene una ley de asilo, lo que la mayoría de las personas refugiadas busca pedir, y que es su derecho según la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Alessandra Vella además desestimó las alegaciones de Salvini y otras autoridades, de que la capitana había atentado contra la vida de los policías en la lancha de la Gurdia de Finanza (policía aduanera), en su maniobra de llegar al muelle de Lampedusa. Los testimonios y videos no sustentarían un dolo de parte de la capitana, fue un accidente cuando ambos barcos chocaron, sentenció.
Carola Rackete, por primera vez desde su detención, habló por si misma y dijo estar muy aliviada con la sentencia. “Es una gran victoria para la solidaridad“, con todas las personas migrantes y refugiadas, y al mismo tiempo una victoria “en contra de la criminalización” de las personas defensoras en muchos países europeos, opinó.
Al mismo tiempo, enfatizó que "toda la tripulación de SeaWatch3 lo ha hecho posible, y aunque el enfoque está en mí, salvamos a las personas como equipo, las cuidamos y las hemos puesto a salvo". Líderes de la iglesia alemana recibieron la sentencia con emoción. “Es un punto de victoria para el Estado de derecho y la humanidad”, dijo el Presidente del Consejo de la Iglesia Luterana en Alemania, Heinrich Bedford-Strohm.
El arzobispo de Hamburgo, Stefan Heesse, dijo que la actuación del gobierno italiano en contra de Rackete era “inaceptable”. El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, anunció que espera "que las acusaciones contra la Señora Rackete ahora se resuelvan rápidamente en los debidos procesos.”
En Italia, sin embargo, preponderó la crítica a la capitana. La sentencia en Agrigento levantó la ira del ministro Salvini, quien con su política anti-migratoria ha ganado popularidad en las últimas encuestas. “Esta señora debería estar en la cárcel esta noche, estoy indignado, estoy disgustado”, dijo, al mismo tiempo que cuestionó la independencia de las Cortes. “No es un juicio que habla por Italia, vamos a cambiar este poder judicial”, anunció.
El ministro, luego de la decisión, además había proclamado que deseaba la expulsión inmediata de la alemana. Sin embargo, sufrió otra decepción con el poder judicial italiano, ya que la Fiscalía de Palermo negó la expulsión. La capitana debe permanecer en Italia hasta el 9 de julio, día en que la indagarán de nuevo sobre la supuesta “ayuda a la inmigración ilegal”.

Imagen retomada del Twitter de AI |Paola Formica
Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México

Capitanas alemanas a bordo de barcos de ONG salvan la vida de migrantes



Mientras una se confronta con el gobierno italiano, otra enfrenta juicio




En la defensa por los derechos de las personas migrantes que cruzan el mar mediterráneo para llegar a Europa, dos mujeres han tomado un rol protagonista: las alemanas Carola Rackete y Pia Klemp, son capitanas de los barcos de la ONG “Seawatch”, una de las organizaciones privadas europeas que emprenden el rescate de personas en emergencia.
La ruta más usada por las y los migrantes, en su mayoría provenientes de África, es por Libia, un estado en completa descomposición, que viola los Derechos Humanos y es conocido por violaciones, asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, abusos sexuales en grupo, esclavitud y extorsión en sus centros de detención oficiales y no oficiales, detalló en un informe Naciones Unidas.
De acuerdo con los relatos de personas refugiadas, en muchos casos, los criminales que lucran con ellas las obligan con un arma a embarcar en balsas que no están en condiciones de navegar, y después las dejan abandonadas en el mar. Es por eso que muchas balsas se hunden. De acuerdo con estimaciones de la Agencia de la ONU para Refugiados, en 2019 hasta la fecha, han muerto 581 personas en el mar mediterráneo.
Pero la política de los gobiernos de la Unión Europea se rige más y más según el lema de “disuasión”, aunque sea a costa de vidas humanas y sus países integrantes no se pueden poner de acuerdo sobre cómo distribuir a las y los refugiados. En 2018 cuando el nuevo gobierno derechista asumió el poder en Italia, frenó todas las misiones de rescate de la Guarda Costera.
Desde entonces, los barcos oficiales en muchos casos mandan a las y los refugiados de regreso a Libia. Los únicos barcos que buscan de manera proactiva balsas en estado de necesidad, son de organizaciones privadas de Derechos Humanos pero éstas son criminalizadas como “traficantes”, por lo que los barcos han sido detenidos durante semanas por supuestas faltas administrativas, para que no puedan desembarcar, y cuando vuelven con personas refugiadas a bordo, se les prohíbe entrar a puertos italianos.
Es el caso de la “Sea Watch 3”, barco comandado por Carola Rackete. El 12 de junio, la tripulación salvó la vida de 53 personas migrantes, pero desde entonces, no han podido entrar al puerto más cercano, como manda el derecho marítimo. Al contrario, tuvieron que mantenerse en mar abierto, enfrente de la isla de Lampedusa, porque según un nuevo decreto del ministro interior italiano, Mateo Salvini, quien sigue una política abiertamente antinmigrante, puede multar con 50 mil Euros (aproximadamente un millón de pesos mexicanos) a barcos que entren a aguas territoriales italianas; barcos que considera un “peligro para la seguridad nacional”.
Salvini ya tuiteó lo que piensa sobre la “Sea Watch”: “Barco holandés, organización alemana. Mitad de refugiados a Ámsterdam, la otra mitad a Berlín. Y luego confiscar el barco pirata, punto.” Sólo ha permitido que once personas: embarazadas, niñas o niños pequeños y personas enfermas, sean trasladadas al continente. 42 personas refugiadas permanecieron a bordo.
Pero conforme iba pasando el tiempo, aumentó la tensión y la desesperación entre ellas. La organización Sea Watch ha destacado en muchas ocasiones en el pasado, que la mayoría de las y los refugiados son traumatizados. Tienen años de estar huyendo desde sus países de origen. “Tenemos muchas personas traumatizadas y torturadas que necesitan acompañamiento psicológico”, dijo la médica del barco, Verena, en redes sociales.
“Estamos cansadas y cansados. Imagínate huir de Libia y estar en este barco pequeño donde ni siquiera hay espacio para caminar. Forzadamente vamos a caer enfermos”, dijo Hermann, un refugiado en un video publicado hace tres días por Sea Watch, “por favor, ábranos un puerto.”
La capitana, Carola Rackete, consideró una obligación ética ayudar a las personas que no tuvieron los mismos privilegios que ella. “Tengo piel blanca, nací en un país rico, tengo el pasaporte ‘correcto’, pude estudiar en tres universidades, tuve mi maestría a los 23 años”, dijo al periódico italiano “La Republicca”. Estudió náutica, y tiene una maestría en protección del medio ambiente, trabajó para Greenpeace y en barcos científicos en el océano Ártico antes de ingresar a Sea Watch, en 2016.
Ahora, tiene la responsabilidad de la tripulación y 42 personas refugiadas. Ha hecho una ardua labor de documentar en redes sociales lo que significa tener tantas personas a bordo y no poder embarcar. La confrontación con el gobierno italiano llegó a su punto culminante en horas de la tarde del 27 de junio.
“He decidido entrar al puerto de Lampedusa. Sé lo que estoy arriesgando, pero las personas están agotadas. Los llevo a salvo”, anunció Rackete, incitando la furia del ministro Salvini. Por el momento, el barco está muy cerca del puerto, pero las autoridades portuarias de Lampedusa les dijeron que no hay atraque, denunció la capitana hoy. Elementos de la Guardia Costera y de la aduana han abordado el barco para examinar todos los documentos y esperan más instrucciones.
Sea Watch advierte que después de esta acción, el barco podría ser confiscado y la capitana criminalizada por las autoridades italianas. Mientras tanto, otra capitana de la misma organización, Pia Klemp, enfrenta un juicio en Italia por “ayudar a la inmigración ilícita”. La bióloga ha salvado la vida de más de mil personas, pero ahora teme una condena de 20 años en prisión.
Aunque ella no espera una sentencia condenatoria, las indagaciones han impedido su trabajo. Desde el otoño de 2018 no ha pisado un barco. “Obviamente, todo esto no es un proceso normal, sino un juicio político. Varios tribunales han determinado que la salvación de las personas en peligro es la máxima prioridad. El propósito del proceso es bastante diferente: paralizarnos por un tiempo y disuadir a otras organizaciones de ayuda”, dijo Klemp al periódico alemán “Neues Deutschland”.

Imagen retomada del Twitter de Sea Watch |Foto: Jonas Schreijaeg
Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México.

Por primera vez en su historia, PJF emite convocatoria exclusiva para mujeres


 Se designarán juezas de distrito


A casi un mes de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de paridad de género, el Poder Judicial de la Federación (PJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) ya tomaron acciones para fomentar la incorporación de más mujeres en sus estructuras.
Los organismos garantizarán que las aspirantes a juezas que sean jefas de familia puedan elegir el lugar de adscripción en caso de ser elegidas; o bien, que aquellas que buscan un cargo en el área electoral y estén embarazadas o lactando accedan a sedes especiales para realizar los exámenes, entre otras medidas.

Por primera vez en la historia, este 3 de julio el PJF emitió una convocatoria para designar 25 Juezas de Distrito dirigida exclusivamente a mujeres, esto como medida encaminada a promover la participación de las mujeres en la impartición de justicia.
A su vez, el 30 de junio, el INE publicó una convocatoria para ocupar 98 puestos vacantes en el Servicio Profesional Electoral Nacional, en los órganos desconcentrados y en las oficinas centrales de la institución.
Con estas acciones, ambos organismos comienzan a cumplir el mandato establecido en la reforma constitucional, publicada el 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación, de implementar medidas para que las mujeres ocupen 50 por ciento de cargos.
Desde entones el artículo 41 constitucional dice que en la integración de los organismos autónomos se observará el principio de paridad y el artículo 94 menciona que la composición de los órganos jurisdiccionales será mediante concursos abiertos que observen la paridad de género.

IMPARTIDORAS DE JUSTICIA

El PJF informó en un comunicado que la reciente convocatoria para nombrar Juezas de Distrito busca generar mayor igualdad de oportunidades en la carrera judicial entre mujeres y hombres y materializar una política pública para romper los llamados “techos de cristal”.
El concurso es para la designación de 25 nuevas juzgadoras, y con ello iniciar un proceso tendiente a alcanzar la paridad de género dentro del Poder Judicial de la Federación.
Para propiciar una participación de aspirantes de todas las regiones, el PJF contempla que las diferentes fases del Primer Concurso Interno de Oposición para la Designación de Juezas de Distrito se realicen en 10 sedes del Instituto de la Judicatura Federal, en igual número de entidades en todo el país.
Otra de las medidas para favorecer a las mujeres es que al momento de inscribirse al concurso, las aspirantes deben informar, bajo protesta de decir verdad, si son jefas de familia y mencionar el lugar de adscripción de su preferencia en caso de ser elegidas juezas.
El Poder Judicial también consideró que si en el examen hay un empate entre concursantes, se resolverá con criterio de acción afirmativa, es decir, pasará a la siguiente etapa la candidata que tenga una condición de desigualdad, por ejemplo, por discapacidad o si es jefa de familia.
Es de mencionar que en esta convocatoria, abierta a partir de agosto próximo, se tomará en cuenta la experiencia de las candidatas en la carrera judicial, sus conocimientos en la materia, los grados académicos que tienen y si han tomado procesos de capacitación y actualización,

OBSERVADORAS ELECTORALES

El 30 de junio el INE emitió la primera Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 de ingreso para ocupar 98 plazas vacantes en cargos del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Para la designación de vocales ejecutivos, secretarios, de capacitación electoral, organización electoral, entre otros, se realiza un examen. Tras la evaluación se van a generar dos listas, una de mujeres y otra de hombres, ordenada de las calificaciones más altas a las más bajas.
Es decir, entre las medidas para favorecer que más mujeres estén dentro de la estructura electoral, el organismo dispuso que cuando existan dos plazas vacantes por cargo, se designará a una mujer y a un hombre; y si son tres o más plazas vacantes por cargo, se designará 66.6 por ciento de plazas a las mujeres. Siempre siguiendo la lista de las evaluaciones.
Para las personas con discapacidad de movilidad se implementarán medidas de accesibilidad; y para las mujeres embarazadas o en puerperio que acrediten, antes de la fecha de su examen y mediante dictamen médico, estar en condiciones delicadas de salud, se podrán habilitar sedes especiales.
A las personas que se encuentren en situaciones de riesgo grave de salud o a las mujeres embarazadas o en puerperio, se les podrá reprogramar la entrevista, ya sea por videoconferencias o de manera presencial. La finalidad es no excluir a las mujeres de la oportunidad de acceder a estos puestos.
Aunque expertas han señado que la reforma en materia de paridad debe ser regulada por medio de reformas secundarias a la Ley Orgánica del PJF y en las leyes que rigen cada organismo autónomo, estas dos instituciones ya plantearon medidas para hacer efectiva la participación de las mujeres.
Imagen retomada del portal página3.mx
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México

Implementan permiso de 14 semanas de paternidad con goce de sueldo


Pendiente iniciativa en el Senado para modificar LFT


Una empresa farmacéutica multinacional implementó en México un programa de parentalidad que otorgará a sus trabajadores un permiso de paternidad de 14 semanas con goce de sueldo, casi el triple de lo estipulado por la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Novartis México implementará este programa a partir del segundo semestre de este año, el cual contempla el nacimiento o adopción de menores de edad.
A través de un comunicado, la directora general de Novartis México, Ana Longoria, explicó que el permiso de paternidad busca dar opciones a las madres y padres en las decisiones que tomen sobre el cuidado y atención de sus hijos, tanto como sus responsabilidades en el trabajo.
En la legislación mexicana aún existe desigualdad respecto a las licencias de maternidad y paternidad pues aunque la LFT establece que a la madre se le otorgan seis semanas previas y seis posteriores al parto, a los padres sólo se les otorgan cinco días y aunque en ambos casos se cuenta con goce de sueldo, el tiempo estipulado no es equitativo, lo que impide igualar las responsabilidades de cuidado entre mujeres y hombres, explicó Longoria en el comunicado.
Cabe recordar que a inicios de este año la senadora Patricia Mercado planteó reformar la Ley Federal del Trabajo para que se otorguen permisos de paternidad de ocho semanas con goce de sueldo.
Con esto, los padres obtendrían una licencia, en el caso del nacimiento, dividida en dos semanadas prenatales y seis postnatales.
En el caso de adopción, el trabajador obtendría las mismas ocho semanas de permiso de paternidad, que se contarán a partir del acta que determine la adopción o, a falta de ésta, la resolución judicial definitiva que autorice la adopción.
Sin embargo, hasta la fecha, las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos a las que se turnó esta iniciativa, no han dictaminado al respecto.
Esta prestación se incorporó en el artículo 132 de la Ley Federal de Trabajo en 2012 y en países como Chile, Italia o Portugal, que definieron que la licencia es obligatoria para todos los varones que sean padres, en México sólo se otorga en caso de que el hombre la solicite.
Algunas dependencias de gobierno como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) contemplan las licencias de trabajo en sus reglamentos internos.
Entre las instituciones que han iniciado la construcción de un programa más integral en la materia es el Instituto Politécnico Nacional (IPN), que en 2010 implementó en su reglamento interno una licencia por paternidad extendida hasta por 15 días, pero acompañada de otras prácticas que garantizan que el padre dedique los días de permiso al cuidado del recién nacido.
Con todo esto, México aún está lejos de países como Corea, que otorga 53 semanas de licencia a los hombres, Japón que estipula 52 o Francia que otorga 28 semanas, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Imagen cortesía de Novartis
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Omisiones y daños de la justicia


OPINIÓN
Por: Lucía Melgar*


La ausencia de una política pública adecuada para mujeres, niñas y niños es cada día más evidente. A las fallas ya existentes desde hace años, se han sumado en unos meses, la eliminación de los subsidios a las estancias infantiles y la posposición (o cese) de los recursos destinados a refugios para mujeres maltratadas, esenciales para prevenir el feminicidio.
La descalificación de la recomendación de la CNDH acerca de las estancias, y del organismo mismo, por parte del presidente de la república es, en este contexto, una señal ominosa más.
La mala administración de la justicia y las deficiencias en la atención a mujeres que sufren y denuncian violencia de pareja son problemas recurrentes que se hacen visibles cuando se dan casos sonados de feminicidio o robo de niñas y niños. Tienden a olvidarse, a menos que las familias insistan en sacarlos a la luz y le recuerden a la opinión pública y a las autoridades que está pendiente justicia. Si con cada caso, el de Lesvy o el de Aidée, o los de las niñas y mujeres asesinadas en tantas ciudades, se buscara evitar la repetición de agravios y omisiones del propio sistema penal, quizá podría empezarse a corregir el rumbo. Por desgracia, las omisiones y las manipulaciones de la ley, agravados por la misoginia social, siguen causando graves daños.
El reciente feminicidio de Nancy G. Morales Hidalgo, asesinada en Tequisquiapan a la puerta de la escuela de su hija, es responsabilidad desde luego de su exmarido, presunto autor intelectual y material, pero también de autoridades omisas que, como suele suceder, restaron importancia a una denuncia previa que, de haberse investigado a fondo, tal vez habría impedido este crimen. Cabe preguntarse en efecto ¿por qué la fiscal que tomó la declaración en que Nancy denunciaba la incursión violenta en su casa de hombres armados, que entraron sin forzar la puerta, mataron a sus mascotas, y no robaron nada, sólo consignó “robo en casa habitación” y no escribió que la denunciante sospechaba de su ex marido? Aunque fuera un supuesto, ¿no debería haberse considerado un posible indicio de riesgo de feminicidio?
Ante esa omisión, Nancy dirigió una carta al gobernador de Querétaro en que narra estos hechos y afirma “¡No quiero morir!”.
Aun así y pese a contar con medidas de restricción, fue asesinada a tiros unas semanas después. Las autoridades hablaron primero de “crimen pasional” pero pronto tuvieron que investigar esta muerte como feminicidio y detuvieron al ex marido, debido a la presión en medios y quizá a esta carta. Habrá que exigir que se haga justicia y se protejan los derechos de la hija de Nancy, sobreviviente de una tragedia que no debería haber sucedido.
Otro ejemplo, menos brutal pero también doloroso y dañino, es la sustracción del hijo de la cantante Leticia Servín, por parte de su ex pareja. El robo de menores de edad por el progenitor es un delito que algunos justifican por amor al niño o niña secuestrado pero que, de hecho, causa graves trastornos psicológicos. En el caso de Servín, indignan los argumentos de su ex pareja en el sentido de que, por ser música y viajar, ella “no tiene domicilio para el normal desarrollo emocional del menor” y lo “descuida”, o la mentira de que ella nunca vivió con su hijo. Indigna más aún que un juez (en Cd. Guzmán) haya aceptado alegatos discriminatorios y falsos, cuando, además, la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes especifica que ni la falta de recursos ni la necesidad de viajar por trabajo pueden considerarse “abandono”. Peor todavía que, sin darle audiencia a Leticia, le haya otorgado guardia y custodia provisional a un padre que distorsiona el pasado de su hijo y lo manipula para que declare a su favor. ¿Por qué se impone a un niño la tortura de declarar contra su madre? ¿Es esto proteger el “bien superior de la infancia”?
Distintos pero ambos derivados de la misoginia social y estatal, estos casos iluminan sólo algunas facetas de lo que implica vivir en un país donde el sistema de justicia ni siquiera se apega a la letra de la ley. 
* Ensayista y crítica cultural, feminista.
Twitter: @luciamelp
CIMACFoto: César Martínez López
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