Editorial La Jornada
Jalisco se encuentra sumido
en un círculo vicioso de violencia represiva: la brutalidad policial
que llevó a la muerte del albañil Giovanni López desató manifestaciones
de indignación ciudadana en la capital del estado, y las autoridades
pretenden neutralizar el descontento social mediante una represión
sistemática de las protestas en la que se hace patente el desmedido uso
de la fuerza pública. Durante jueves y viernes, los uniformados han
cometido violaciones como arrojar piedras y otros objetos contra los
manifestantes, amenazar con matarlos, realizar detenciones arbitrarias,
acudir a las concentraciones vestidos de civil para golpear a los
asistentes y, en suma, han mostrado una notoria incapacidad para lidiar
con las protestas en un marco de respeto a los derechos humanos.
El 4 de mayo policías municipales de Ixtla-huacán de los Membrillos
detuvieron a Giovanni López por motivos que hasta ahora no han sido
aclarados. Al día siguiente, su cuerpo apareció en el Hospital Civil de
Guadalajara, donde una autopsia determinó como causa de la muerte
traumatismo craneoencefálico y diversas lesiones, entre las que se
cuenta un disparo en la pierna. De acuerdo con los familiares, la
detención de Giovanni se produjo debido a que el trabajador no portaba
cubrebocas, por lo que el homicidio se inscribiría en la serie de
arbitrariedades y abusos de autoridad que ha marcado la aplicación del
acuerdo de
tolerancia cero, publicado el 19 de abril por el gobernador Enrique Alfaro con la finalidad de hacer obligatorio el uso de las mascarillas de protección en la entidad.
Durante un mes, los gobiernos estatal y municipal apostaron a que el
crimen quedase impune y fuese finalmente olvidado. Pero el descontento
social, que ya venía fermentándose por los modos autoritarios y
violentos con que se pretendió hacer efectivo el decreto del mandatario,
estalló después de que se difundiera un video del momento en que los
policías de Ixtlahuacán arrestan a Giovanni López y lo obligan a subir a
una patrulla, con lo cual el joven se convirtió en símbolo de la
represión generalizada que tiene lugar en el estado.
La actuación del gobernador en torno al caso ha sido sintomática de
su proceder desde que llegó al palacio de gobierno: en un primer momento
eludió su responsabilidad bajo la especie de que los elementos
involucrados no pertenecen a corporaciones estatales, sino a la
municipal, pese a que fue él quien trasladó a los ayuntamientos la tarea
de hacer cumplir la
tolerancia cero. Posteriormente, en unas declaraciones que recuerdan los pasajes más oscuros del autoritarismo del siglo pasado, acusó a los manifestantes de ser infiltrados foráneos que responden a
intereses construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder.
Está claro que ya no basta con la detención de los presuntos
responsables del asesina-to de Giovanni López, sino que también debe
investigarse y sancionarse a todos los elementos –incluidos los mandos–
involucrados en abusos de fuerza durante las jornadas de represión
policiaca que se han sucedido en la capital jalisciense. Asimismo,
resulta urgente que el gobernador se haga cargo de lo que ocurre en la
entidad y, en primera instancia, de las consecuencias de su decisión de
encarar la emergencia sanitaria echando mano de medidas coercitivas.
