Pedro Miguel
La Cuarta Transformación ha venido librando en distintos terrenos dos batallas simultáneas y distintas pero interconectadas: el combate al robo de combustibles y la reforma constitucional que permita la conformación de la Guardia Nacional.
El robo de combustibles a Pemex, institucionalizado por los gobiernos del ciclo neoliberal, parece haber sido, junto con las ventas de concesiones y contratos a particulares, uno de los mecanismos clave de la transferencia indebida de bienes públicos a manos privadas y, con todo lo endemoniadamente complicado que ha sido tomar el control de refinerías y ductos y restaurar el abasto de combustibles en condiciones de emergencia, era un objetivo relativamente fácil de atacar para iniciar el combate frontal a la corrupción que dejó el régimen oligárquico. La ofensiva contra el huachicol, que ya lleva tres semanas, ha dejado al descubierto la complicidad de los más altos funcionarios del prianismo reciente con el saqueo a Pemex, empezando por Fox, Calderón y Peña Nieto, quienes en el menos peor de los casos conocían el fenómeno y se hicieron de la vista gorda y en el peor, fueron partícipes. Se ha dado a conocer también que directivos de la empresa, contratistas, empresarios y líderes sindicales eran corresponsables de este negocio ilícito y que algunas gasolineras se abastecían exclusivamente en el mercado de gasolinas robadas. Y ya hay procesos legales en curso en contra de algunos.
La tarea de los comentócratas: azuzar las compras de pánico, difundir falsedades y crear la impresión de que el país se venezolanizaba con rapidez vertiginosa, como si estuviera ansioso de suscribir las profecías de los propios opinioneros. La oposición política más orgánica, por su parte, exigió que el gobierno procediera a reabrir los ductos cerrados de manera temporal para reparar las tomas clandestinas, incluso a sabiendas de que el cumplimiento de tal demanda era, imposible, no sólo porque muchos de los tubos estaban abiertos para su reconstrucción sino porque implicaba una rendición ante la delincuencia.
La batalla del gobierno federal en contra del robo de combustibles confirmó a ojos de buena parte de la sociedad que el compromiso de las nuevas autoridades en la erradicación de la corrupción no fue una mera promesa de campaña sino una propuesta seria en torno a la cual se articula el proyecto de país. Pero la circunstancia también hizo evidente que, de no ser por la participación de las fuerzas armadas en el control de las refinerías y la vigilancia de ductos, el gobierno habría estado inerme frente a la criminalidad.
Esta consideración dio mayor credibilidad y un momento adicional a la iniciativa oficialista de reforma constitucional para dar pie de legalidad a la Guardia Nacional, una institución que está propuesta en el Proyecto de Nación 2018-2024 y que constituye uno de los ocho puntos del Plan Nacional de Paz y Seguridad presentado en noviembre del año pasado por el entonces gobierno electo.
Tanto en lo parlamentario como en lo mediático, la oposición a esta corporación está sobrerrepresentada y sobredimensionada y parte del desconocimiento de la propuesta o de una manifiesta mala fe que pretende homologar la creación de la Guardia Nacional a la criminal estrategia de seguridad de Felipe Calderón y a la por fortuna malograda Ley de Seguridad Interior (LSI) elaborada por el peñato. Se omite –por ignorancia o de manera deliberada– que la primera involucró a las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia como instrumento casi único, en una lógica de aniquilamiento militar de unenemigorepresentado por los cárteles del narcotráfico, en tanto que el plan lopezobradorista proyecta una corporación militarizada pero formada específicamente para desempeñar tareas policiales y que habrá de ser complementaria a medidas de bienestar social, laborales, educativas, judiciales y penales, a un proceso de pacificación y a una redefinición de las drogas y del fenómeno delictivo en general. En cuanto a la LSI, hay que recordar que preveía la implantación del estado de excepción, es decir, la suspensión de garantías y derechos, algo que en el proyecto lopezobradorista no aparece por ningún lado.
Otra de las consideraciones equívocas para oponerse en automático a la Guardia Nacional es que los militares son los responsables últimos de graves atropellos y violaciones a los derechos humanos perpetrados del 68 en adelante –guerra sucia, contrainsurgencia en Chiapas, masacres campesinas de tiempos de Zedillo, represión y guerra de Calderón y Peña Nieto–, cuando en realidad las decisiones que condujeron a esas atrocidades fueron tomadas por mandos civiles; concretamente, por el presidente en turno.
Distintas, pero concatenadas, la lucha contra el huachicol y la conformación de la Guardia Nacional son las dos primeras batallas del gobierno de la Cuarta Transformación. Las va ganando.
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