11/25/2009


CONTEXTO

México: el país de la impunidad feminicida

Por Carolina Velázquez


México DF, 24 nov 09 (CIMAC).- Durante más de una década, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua llamaron la atención nacional e internacional debido al alto número de mujeres asesinadas y desaparecidas en esta zona de la frontera mexicana con Estados Unidos, crímenes a los que se sumó la impunidad de las autoridades.


De 1993 a septiembre de 2007 se tuvo registro de que 553 mujeres fueron asesinadas con violencia brutal en estas dos ciudades del norte del país, según datos de la Procuraduría General del Estado de Chihuahua. Asimismo, de enero de 2007 a noviembre de 2008 se cometieron 206 asesinatos contra mujeres, según el informe 2007-2008 del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).


A lo largo de los años, el feminicidio cobró relevancia a partir de las denuncias públicas de organizaciones civiles, organismos internacionales de derechos humanos, familiares, abogadas y abogados de las víctimas, se señala en el documento “Una mirada al feminicidio en México”.

“Cuando la atención de la opinión pública nacional se centró en la situación de violencia y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, la mirada internacional comenzó a fijarse en la exigencia de que el Estado mexicano emprendiera acciones para atender la problemática”, expone del texto.


Entre 2000 y 2006, México acumuló un total de 140 recomendaciones internacionales con respecto a los derechos de las mujeres. Aunque 63 de estas recomendaciones están dirigidas a la atención del feminicidio en Ciudad Juárez, pocas se han visto reflejadas en el tratamiento que las autoridades le han dado al asunto.


El caso de Campo Algodonero fue el primero en llegar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos por violación a los derechos humanos de las mujeres y demuestra, según su argumentación jurídica, que no es un caso aislado, sino que forma parte de un patrón sistemático de violación a los derechos humanos de las mujeres por el sólo hecho de serlo.

Así lo señalaron los abogados peticionarios, Karla Michel Salas y David Peña. “De ahí la importancia de la resolución de la Corte Interamericana”, subrayaron en entrevista con Cimacnoticias.


EL PAPEL DE LAS AUTORIDADES


La actuación de las autoridades encargadas de la administración y procuración de justicia en Chihuahua quedó registrada en la investigación realizada por la Comisión especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, en 2006.

De acuerdo con el documento, no se han corregido ni sancionado las fallas cometidas en los casos donde ha habido negligencia y omisión en las investigaciones, y aún falta diseñar y aplicar programas efectivos de prevención del delito.


Diversas instancias, como el Informe sobre Ciudad Juárez elaborado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la Relatoría de Vermont-Mangold para el Consejo Europeo y el Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han destacado:


“La prevalencia de la impunidad en las instancias de procuración de justicia estatales, así como la ineficacia, la negligencia y la tolerancia de las autoridades encargadas de las investigaciones criminales, las evidencias de la fabricación de culpables y el hecho de que se consideren e informen como concluidos o resueltos los casos al ser presentados ante los tribunales, aunque los inculpados no sean detenidos ni sancionados”.


En la actualidad, “la problemática del feminicidio ya no sólo circunscribe su realidad a Ciudad Juárez. La impunidad y la permisibilidad gubernamental, como expresión cruda de la

violencia institucional, posibilitan la multiplicación de los asesinatos cometidos contra mujeres en el país”.


Este incremento de la violencia contra las mujeres en México lo comprobó la investigación realizada por la Comisión especial para el feminicidio de la Cámara de Diputados al consignar algunos datos:


En 1980, la tasa más alta de homicidios dolosos y culposos contra mujeres tuvo lugar en el centro y el sur de la república. Para 1990 continuó en el centro y el sur del país, pero la tasa de algunas entidades federativas del norte, como Chihuahua, fue en aumento.


Para el año 2000, las entidades que tuvieron una alta incidencia de asesinatos contra mujeres correspondieron al centro, el sur y el norte de México. En 2002, se concentraron en el sur y en el norte, como en Chihuahua, que entonces ocupaba el segundo lugar nacional.


Dos años más tarde, en general, disminuyó la tasa de homicidios contra mujeres en algunas entidades –Chihuahua ocupó el sexto lugar–; en otras se mantuvo y en otras aumentó, pero no por ello dejó de ser “alarmante el aumento de homicidios de mujeres”, concluye el informe


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