TIEMPO DE MUJERES

Su nombramiento ratifica violencia institucional, señalan ante la CEDAW

Arturo Chávez, responsable del auge feminicida en Cd. Juárez: OSC

Por Kerstin Bognar

México DF, 26 nov 09 (CIMAC).- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 42 organizaciones de la sociedad civil (OSC) mexicanas denunciaron ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que el nombramiento de Arturo Chávez Chávez como titular de la Procuraduría General de la República (PGR) ratifica la violencia institucional que ejerce el Estado mexicano contra las mujeres.

En una carta fechada el 25 de noviembre, las organizaciones informaron al comité que Chávez Chávez fungió como procurador general de Justicia del estado de Chihuahua de 1996 a 1998, periodo de auge del feminicidio en Ciudad Juárez. En el escrito se señala que las autoridades que estaban bajo su mando durante su gestión llevaron a cabo las investigaciones de los asesinatos de mujeres con negligencia y omisiones graves, como la nula o mala integración de los expedientes, la fabricación de culpables mediante la práctica de torturas, la siembra de evidencias y la falta de diligencias periciales básicas.

Además, las ONG firmantes indicaron que tanto policías y agentes del Ministerio Público como el propio procurador cuestionaban la honorabilidad de las víctimas con comentarios sexistas y misóginos, refiriéndose a la "doble vida" que llevaban o la ropa "provocadora" que usaban; cuestionamientos con los que se culpabilizaba tanto a las niñas y mujeres asesinadas, como a sus familiares, de los crímenes denunciados.

Tal violencia institucional por parte de las autoridades encargadas de las investigaciones de los casos de feminicidio favoreció la impunidad, expresaron las organizaciones, y agregaron que con tal conducta se dio el mensaje a la sociedad de que las mujeres podían ser objeto de cualquier tipo de violencia.

En la carta, los organismos civiles recordaron que diversas organizaciones internacionales emitieron más de 400 recomendaciones específicas sobre la situación en Ciudad Juárez y Chihuahua, las cuales coinciden en que la violencia sistemática contra las mujeres en esa región tiene como característica principal la falta de la respuesta eficaz de las autoridades para investigar los asesinatos y desapariciones de mujeres.

A todo esto se suman las recomendaciones que México, diplomáticamente, aceptó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en febrero de este año, las cuales incluyen el esclarecimiento de los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, así como la emisión de sentencias judiciales para los funcionarios públicos que no han realizado las investigaciones pertinentes.

Ante la CEDAW, las ONG firmantes denunciaron que, al proponer a Arturo Chávez Chávez para el puesto de procurador general de la República, Felipe Calderón ha violado el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que un requisito para asumir tal cargo es, entre otros, "gozar de buena reputación".

A pesar de que se hizo llegar al Senado -que realizaría el dictamen para la ratificación del nombramiento- las razones por las cuales se afirmaba que Arturo Chávez Chávez no cumplía con uno de los requisitos más importantes, la Cámara Alta ratificó su nombramiento como titular de la PGR.

El Senado tampoco dio audiencia a las madres de niñas asesinadas que viajaron en dos ocasiones desde Ciudad Juárez con el objeto de que las comisiones dictaminadoras de la Cámara Alta escucharan sus testimonios con respecto al tratamiento humillante que recibieron del propio Chávez Chávez, quien sí fue escuchado en su comparecencia ante las comisiones a pesar de los actos de protesta que la sociedad civil realizó frente al Senado de la República, indicaron las ONG.

Además, denunciaron que el ahora procurador general de la República pretende realizar cambios estructurales dentro de la dependencia federal con el nombramiento de personas tan cuestionadas como él por su desempeño como servidores públicos en el estado de Chihuahua.

Las 42 organizaciones civiles mexicanas manifestaron que, con el nombramiento y la ratificación de una persona con semejantes antecedentes, el Estado mexicano manifiesta su falta de respeto y compromiso hacia las víctimas, sus madres y familiares, y hacia la sociedad mexicana; además, se burla de sus compromisos internacionales y de los mecanismos que los hacen valer