Samuel Schmidt
El ejército mexicano ha resultado a todas luces el gran perdedor en la guerra de Felipe Calderón. Después de dedicar muchas energías a limpiarse el estigma del 68, entre las que están negociar la censura de filmes como Rojo Amanecer (le lograron modificar el final), armar un plan de emergencia para asistir ante los desastres naturales, se topan ante conflictos políticos y sociales que no saben manejar y terminar por destruir de un plumazo lo construido.
Un militar asilado en Canadá dijo haber estado encargado de desaparecer cuerpos en un horno crematorio en Hidalgo –había otro en el Campo militar número 1-, otro asilado en Estados Unidos dijo que había orden de no tomar prisioneros en Chiapas y al oponerse a la orden fue amenazado de muerte. Los operativos conjuntos de Calderón se han acompañado de múltiples condenas por violaciones a los derechos humanos, quejas por el asesinato de inocentes, reclamos porque hay soldados que entran a robar a las casas y abusos múltiples que van desde daños sin reparación y ofensas a mujeres en los operativos que campean por el país. Human Rights Watch ha cabildeado con energía para frenar el Plan Mérida bajo el principio de que Estados Unidos está financiando a una fuerza militar que viola derechos humanos.
El ejército ha empezado su defensa con el argumento de que se puede aceptar que hay abusos, que en efecto hay soldados que han matado, pero que eso no quiere decir que haya una orden para matar y finalmente que aquellos que exigen que vuelvan a los cuarteles le hacen el juego a las fuerzas del mal, porque abandonar las calles implicará dejarlas en manos de la delincuencia. Yo tengo serias discrepancias con estos argumentos. Los soldados están entrenados para obedecer y saben que de no hacerlo los esperan fuertes castigos, luego entonces cuesta trabajo creer que los soldados se mueven con toda libertad en las ciudades, yendo de puerta en puerta, abusando de muchos de los moradores mientras sus comandantes no se dan cuenta.
Todavía cuesta más trabajo pensar que ciertos comandantes pueden ordenar a su tropa que abuse mientras que le ocultan estas acciones a los comandos superiores. Pero supongamos que esta posibilidad es cierta, entonces debemos pensar que los altos mandos militares han perdido el control de la tropa, porque ni siquiera se enteran del abuso cometido, con lo cual, el ejército pierde su condición fundamental de control, disciplina y obediencia. Se dice que hay generales que se han salido de control.
Si esto es así el alto mando está prácticamente de adorno y mejor sería que el presidente actúe para corregir esta falla y reconstruir al ejército. Se dice que algunas armas son poco efectivas mientras que otras –la marina por ejemplo- tienen una mejor organización y mejor moral, este argumento reconoce que hay un problema esencial de valores que debe subsanarse de inmediato, especialmente porque cada vez más zonas del país tienen presencia militar. Ya mencionábamos hace mucho que Calderón se equivocó al militarizar un problema delincuencial, no es lo mismo atender a los delincuentes como violadores de la ley, que a los criminales como si fueran enemigos del Estado.
El Estado de sitio creado de facto en varias partes del país no solamente viola las garantías individuales sino que somete a los ciudadanos al abuso impune de “los malos elementos” del ejército. Personalmente me negué a que unos soldados revisaran mi vehículo y el resultado fue estar detenido más de una hora rodeado por soldados con armas largas. Para los que salen a hacer la guerra, los derechos del ciudadano son inexistentes.
Por supuesto que el secretario de la Defensa no ordenó mi detención ni escarmiento e intento de intimidación, pero no puede ignorar esa actitud de las fuerzas bajo sus órdenes porque no soy el único que ha estado sometido a ese tratamiento. Por supuesto que el general secretario no ordenó que disparen contra un vehículo que no se detuvo en un retén o que soldados amenacen civiles, pero no ignora que sus tropas están entrenadas y tienen órdenes para hacer justamente eso, mientras que el jefe supremo de las fuerzas armadas titubea entre si los llevó a la guerra o no.
Un ejército que acató las ordenes civiles de agredir a la sociedad -2 de octubre no se olvida-, que arrasó comunidades en busca de la guerrilla –homenaje a las denuncias de Carlos Montemayor- creó la circunstancia que hoy lo llevan a tener que volverse a los cuarteles con la derrota en la frente, porque si salieron para hacerle la guerra al narco, parece por demás evidente que en ese terreno han fracasado rotundamente.
El ejército mexicano ha resultado a todas luces el gran perdedor en la guerra de Felipe Calderón. Después de dedicar muchas energías a limpiarse el estigma del 68, entre las que están negociar la censura de filmes como Rojo Amanecer (le lograron modificar el final), armar un plan de emergencia para asistir ante los desastres naturales, se topan ante conflictos políticos y sociales que no saben manejar y terminar por destruir de un plumazo lo construido.
Un militar asilado en Canadá dijo haber estado encargado de desaparecer cuerpos en un horno crematorio en Hidalgo –había otro en el Campo militar número 1-, otro asilado en Estados Unidos dijo que había orden de no tomar prisioneros en Chiapas y al oponerse a la orden fue amenazado de muerte. Los operativos conjuntos de Calderón se han acompañado de múltiples condenas por violaciones a los derechos humanos, quejas por el asesinato de inocentes, reclamos porque hay soldados que entran a robar a las casas y abusos múltiples que van desde daños sin reparación y ofensas a mujeres en los operativos que campean por el país. Human Rights Watch ha cabildeado con energía para frenar el Plan Mérida bajo el principio de que Estados Unidos está financiando a una fuerza militar que viola derechos humanos.
El ejército ha empezado su defensa con el argumento de que se puede aceptar que hay abusos, que en efecto hay soldados que han matado, pero que eso no quiere decir que haya una orden para matar y finalmente que aquellos que exigen que vuelvan a los cuarteles le hacen el juego a las fuerzas del mal, porque abandonar las calles implicará dejarlas en manos de la delincuencia. Yo tengo serias discrepancias con estos argumentos. Los soldados están entrenados para obedecer y saben que de no hacerlo los esperan fuertes castigos, luego entonces cuesta trabajo creer que los soldados se mueven con toda libertad en las ciudades, yendo de puerta en puerta, abusando de muchos de los moradores mientras sus comandantes no se dan cuenta.
Todavía cuesta más trabajo pensar que ciertos comandantes pueden ordenar a su tropa que abuse mientras que le ocultan estas acciones a los comandos superiores. Pero supongamos que esta posibilidad es cierta, entonces debemos pensar que los altos mandos militares han perdido el control de la tropa, porque ni siquiera se enteran del abuso cometido, con lo cual, el ejército pierde su condición fundamental de control, disciplina y obediencia. Se dice que hay generales que se han salido de control.
Si esto es así el alto mando está prácticamente de adorno y mejor sería que el presidente actúe para corregir esta falla y reconstruir al ejército. Se dice que algunas armas son poco efectivas mientras que otras –la marina por ejemplo- tienen una mejor organización y mejor moral, este argumento reconoce que hay un problema esencial de valores que debe subsanarse de inmediato, especialmente porque cada vez más zonas del país tienen presencia militar. Ya mencionábamos hace mucho que Calderón se equivocó al militarizar un problema delincuencial, no es lo mismo atender a los delincuentes como violadores de la ley, que a los criminales como si fueran enemigos del Estado.
El Estado de sitio creado de facto en varias partes del país no solamente viola las garantías individuales sino que somete a los ciudadanos al abuso impune de “los malos elementos” del ejército. Personalmente me negué a que unos soldados revisaran mi vehículo y el resultado fue estar detenido más de una hora rodeado por soldados con armas largas. Para los que salen a hacer la guerra, los derechos del ciudadano son inexistentes.
Por supuesto que el secretario de la Defensa no ordenó mi detención ni escarmiento e intento de intimidación, pero no puede ignorar esa actitud de las fuerzas bajo sus órdenes porque no soy el único que ha estado sometido a ese tratamiento. Por supuesto que el general secretario no ordenó que disparen contra un vehículo que no se detuvo en un retén o que soldados amenacen civiles, pero no ignora que sus tropas están entrenadas y tienen órdenes para hacer justamente eso, mientras que el jefe supremo de las fuerzas armadas titubea entre si los llevó a la guerra o no.
Un ejército que acató las ordenes civiles de agredir a la sociedad -2 de octubre no se olvida-, que arrasó comunidades en busca de la guerrilla –homenaje a las denuncias de Carlos Montemayor- creó la circunstancia que hoy lo llevan a tener que volverse a los cuarteles con la derrota en la frente, porque si salieron para hacerle la guerra al narco, parece por demás evidente que en ese terreno han fracasado rotundamente.
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