Eduardo Ibarra Aguirre
El decreto presidencial para que del ejercicio fiscal de 2012 se puedan hacer deducibles las colegiaturas de las escuelas particulares desde preescolar hasta bachillerato, en beneficio de 3 millones de personas de las capas medias, pareciera que tomó con los reflejos bajos a las dirigencias del partidismo político y legislativo.
El abanico va desde el quejumbroso “No nos extraña que si nos pirateen candidatos, el gobierno panista nos pirateé también propuestas como la deducibilidad de colegiaturas” (Beatriz Paredes Rangel); hasta la visión estrecha de que el beneficio “se quedará en unos cuantos y creo más bien que es para el año electoral que está en puerta (Dolores Padierna); pasando por: es un subsidio “para los más privilegiados, está reforzando la alianza con el corporativismo sindical” (Tomás Torres).
Justamente, el decreto establece límites puntuales en las cantidades anuales a deducir: 14 mil 200 pesos por colegiatura de preescolar, 12 mil 900 en primaria, 19 mil 900 en secundaria, 17 mil 100 en nivel profesional técnico y 24 mil 500 pesos en bachillerato. El monto deducible al año se estima en 13 mil millones de pesos, en 32 mil 859 escuelas particulares en las que estudian más de 3 millones de alumnos desde preescolar hasta bachillerato.
Con la exigencia de un compromiso rotundo para “lograr la educación con adjetivos” (pública, laica, gratuita democrática, popular y obligatoria, como lo marca el tercero constitucional), reaccionó Elba Esther Gordillo Morales ante la firma del decreto de Felipe Calderón, su otrora aliado favorito y quien auspicia la formación de sindicatos dizque independientes. Pero omitió la poderosa aliada de Enrique Peña Nieto que directores escolares que forman parte del SNTE, cobran cuotas para que los alumnos sean aceptados y “cooperaciones voluntarias” de las que no rinden cuentas, como en el jardín de niños Joaquín Arcadio Pagaza, de Tlalnepantla, estado de México.
No deben ser vistas con malos ojos las acciones del gobierno federal para fortalecer a la educación en su conjunto, otra cosa es que lo logren; pero sin ninguna duda la obligación central es con la educación pública, a la que dice dedicará 531 mil millones de pesos durante el presente año –subejercicios presupuestales, recurrentes, aparte--, mientras que en 2006 se destinaron 377 mil millones. Mas la obra de Calderón Hinojosa es de sólo 811 preparatorias construidas en casi 51 meses, 38 mil escuelas básicas rehabilitadas y 7 millones de becarios en el actual ciclo escolar, frente a 6 millones del anterior.
Además de que el decreto corresponde “a un principio elemental de justicia distributiva”, como postuló Calderón, porque el Estado no gasta en esos educandos y, por el contrario, sus padres son causantes fiscales que aportan al gasto público educativo, estamos ante “una decisión histórica que reivindica los principios de Acción Nacional”, sostuvo franca, abiertamente, Josefina Vázquez Mota, quien fungió como secretaria de Educación.
La precandidata presidencial sabe muy bien que su partido tuvo en la deducibilidad de impuestos del pago de las colegiaturas una de sus más antiguas banderas ideológicas y, a la vez, una reivindicación movilizadora, junto a la muy conservadora Unión Nacional de Padres de Familia y la Confederación Nacional de Escuelas Particulares.
Por ello, el Consejo Coordinador Empresarial, tan decisivo en la campaña que llevó a Calderón a Los Pinos –“Haiga sido como haiga sido”-- y la Confederación Patronal de la República Mexicana no se equivocan al presumir que es la satisfacción de una “demanda histórica” de las derechas ideológicas y políticas.
Acuse de recibo
Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador de la bancada perredista en San Lázaro y precandidato a gobernador del estado de México, escribió ayer en El Universal: “Diversos medios enfrentan boicot publicitario, en particular medios críticos a las administraciones panistas: Forum, Proceso, Contralínea, El Sur de Acapulco y los diarios a.m. y Al Día de Guanajuato, excluidos de la publicidad oficial, con lo que se pretende propiciar su cierre, como sucedió con La Carpeta Púrpura”… Marcos Antonio Heredia Pérez abona, desde la bella Mérida, a Respuesta de Los Pinos (11-II-11): “Siendo el alcoholismo una enfermedad, el pueblo de México debe saber si la padece o no el presidente Felipe Calderón Hinojosa. En el conocido caso que derivó en el cese de Carmen Aristegui de MVS, más que intolerancia puede verse una lamentable ignorancia sobre el tema (...) El alcoholismo es una enfermedad, que según la Organización Mundial de la Salud, causa casi el 4 por ciento de las muertes en el mundo, más que el sida, la tuberculosis y la violencia”… Y la abogada Esperanza Falcón Ruiz, de Villahermosa, apunta sobre el mismo tema: “No importa el cargo que se desempeñe dentro de la administración pública federal, puede afirmarse que, en el terreno moral, un valor será verdadero en función de su capacidad para hacer más humano al hombre, a la mujer, al ser humano”.
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