Jenaro Villamil
Sobrevendido
en la administración de Felipe Calderón como el nuevo “tesoro del mar”,
el proyecto de Pemex para extraer hidrocarburos en aguas profundas no
ha arrojado un solo barril de petróleo, ha beneficiado a un puñado de
empresas que cobran medio millón de dólares diarios a la paraestatal
tan sólo por la renta de las plataformas y existe poca claridad frente
a las medidas de seguridad y mitigación de riesgos que la paraestatal
debe adoptar.
La exploración en aguas profundas de
Pemex ha resultado “más cara, más riesgosa y menos transparente”,
concluye un informe de 71 cuartillas, elaborado por la organización
ambientalista Greenpeace para investigar posibles derrames y medidas de
seguridad adoptadas por la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional
de Hidrocarburos y Pemex.
El informe, cuya copia obtuvo Proceso,
se centra en la revisión documental de las licitaciones, los trabajos
de perforación y la consulta por la vía de acceso a la información
pública de medidas adoptadas por estas tres dependencias responsables
en los casos de los pozos Kunah-1, cuya perforación para fines de
“evaluación” inició en diciembre de 2011, y de Trion-1 y Supremus-1,
cuyos trabajos iniciaron a mediados de 2012.
A un año y seis meses de haber
invertido más de 1 mil millones de dólares para la perforación de la
región del Golfo de México profundo, Pemex no ha extraído un solo
barril de crudo, pero gastará 2,190 millones de dólares hasta 2015.
Estos recursos “son 3.19 veces mayores a los destinados a impulsar la
transición energética” en México, destaca Greenpeace.
Tan sólo en el caso del pozo Trion-1,
el analista Luis Miguel Labardini, citado por Greenpeace, advierte que
haría falta “una inversión de entre 3 mil y 5 mil millones de dólares
durante diez años para recuperación de entre 100 y 150 millones de
barriles de crudo”.
Pemex recibe un presupuesto anual de 20
mil millones de dólares, de los cuales, 1 mil millones fueron
destinados para actividades de exploración en aguas profundas durante
2012. Adicionalmente, cada pozo perforado requiere 150 millones de
dólares. “Y la probabilidad de que resulte productor es de 1 de cada
10”, sentenció Labardini.
El despilfarro de Pemex en aguas
profundas también ha sido criticado por el Grupo de Ingenieros
Petroleros Constitución 1917. Su presidente Francisco Garaicochea,
advierte que tan sólo el pozo Supremus 1, después de 20 años, tendría
un promedio diario de explotación de 13 mil barriles, “lo que no es
significativo contra los 2.5 millones de barriles que se producen al
día y la meta es llegar a 3.3 millones de barriles diarios”.
Además, advierte Garaicochea citado por
Greenpeace, “se puede concluir que la rentabilidad de la explotación de
nuestras aguas profundas del Golfo de México será negativa, por las
siguientes razones: el costo de los servicios que las compañías le
proporcionan a Pemex por actividades de exploración, perforación y
estimulación de pozos es del orden de 30 por ciento mayor que los
establecidos en el sector estadounidense”.
En realidad, las grandes beneficiarias
con el “tesoro” no encontrado son un puñado de grandes compañías
contratadas por Pemex para la exploración de aguas profundas: Ocean
Voyager (frente a las costas de Coatzacoalcos), Noble Max Smith (frente
a las costas de Tabasco), Sea Dragon, Petro Rig III, de la empresa
británica Larsen Oil & Gas, y las plataformas Centenario y
Bicentenario, ambas de Grupo R, frente a las costas de Tamaulipas.
Casi mil millones para Grupo R
De acuerdo con la documentación
obtenida por Greenpeace, uno de los grandes beneficiarios en la
exploración de petróleo en aguas profundas es la compañía Grupo R,
propiedad del empresario tamaulipeco Ramiro Garza Cantú, señalado como
uno de los contratistas consentidos de Pemex, desde la época de Joaquín
Hernández Galicia, La Quina (ver Proceso Nos. 1314, 739 y 727).
Garza Cantú, considerado por la prensa
tamaulipeca como “el dueño de medio Reynosa”, amigo del ex mandatario
Felipe Calderón, y acusado en distintas ocasiones por tener “arreglos
poco claros” con los funcionarios de Pemex Exploración y Producción
(PEP), recibirá casi mil millones de dólares tan sólo por la renta de
su plataforma.
La exploración del pozo Trión-1,
ubicado a 177 kilómetros de la costa de Tamaulipas, le correspondió a
la plataforma Bicentenario, de Garza Cantú, propietario de Grupo R
Perforación Marina, Grupo R Exploración Marina y de Industrial
Perforadora de Campeche (IPC) .
Una copia de la relación de conceptos y
precios unitarios que deberán pagarse en esta zona establece que por
“renta diaria de la plataforma semisumergible o barco perforador,
incluyendo su mantenimiento integral y cuadrillas de operación” Pemex
deberá pagar 495 mil dólares durante 1,825 días. Es decir, un total de
903 millones 375 mil dólares tan sólo por la renta de la plataforma.
En el caso del segundo pozo de
exploración en aguas profundas, el Supremus-1, se le adjudicó a la
plataforma West Pegasus de la empresa noruega Seadrill, a costos muy
similares.
El tercer caso es del pozo Kunah-1 que
inició su perforación el 16 de diciembre de 2011 con fines de
“evaluación del potencial petrolero”, pero se retrasó conforme a lo
establecido en el reporte de actividad explotaría de la Comisión
Nacional de Hidrocarburo.
La documentación obtenida por Greenpace
establece que el retraso en el inicio de la perforación de este pozo
“es que el pozo Nen-1 se encontraba en etapa de terminación, este
momento”. Es el último pozo que ocupaba la plataforma Centenario,
también propiedad de Grupo R, de Garza Cantú. El mismo consorcio
empresarial salió beneficiado porque la misma plataforma fue utilizada
para la perforación del pozo Kunah-1.
Las compañías de Garza Cantú están
acostumbradas a facturar miles de millones de pesos a favor de Pemex.
Tan sólo entre 2003 y 2012, la empresa Industria Perforadora de
Campeche (IPC), filial de Grupo R, facturó 18 mil 257 millones de pesos
a Pemex Exploración y Producción (PEP).
El “tesoro” en aguas profundas…sólo una ilusión…y riesgosa (Segunda Parte)
Escrito por Jenaro Villamil
reportaje publicado originalmente en Proceso No. 1906.
Los Escenarios de Riesgo
El
accidente más grave en aguas profundas ocurrió el 20 de abril de 2010,
cuando explotó la plataforma petrolera Deepwater Horizon, de la empresa
British Petroleum (BP), en las aguas del Golfo de México. Foto: AP.
Fuente: jornada.unam.mx
En distintas solicitudes de
información, Greenpeace preguntó a la Comisión Nacional de
Hidrocarburos sobre los distintos escenarios de riesgo en los tres
pozos analizados.
En el caso de Kunah-1 se encontraron 65
escenarios de riesgos clasificados así: 3 como “riesgos intolerables”,
21 “riesgos indeseables” y 41 “riesgos razonablemente aceptables”; a
los que, a su vez, corresponden 65 recomendaciones.
“Lamentablemente, los planes de
mitigación para atender a dichas recomendaciones, de acuerdo con el
Reporte Anual, se muestran en un anexo que no nos fue entregado”,
advierte Greenpeace.
Sin
embargo, también hallaron que Pemex Exploración y Producción (PEP)
subcontrató a la empresa GL Noble Denton para el análisis y el costo de
los “peores escenarios previstos”. A la organización ambientalista le
entregaron quince páginas de un total de 34, la mayoría testados. El
costo del peor escenario sería de 1 mil 370 millones de dólares, en el
caso de un derrame en el océano.
En los casos de los pozos Trión-1 y
Supremus-1, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) emitió
opiniones favorables, pero con condicionantes a Pemex, relacionadas con
la capacidad organizativa, material y de logística de la paraestatal.
Por ejemplo, en el caso de Trión-1, la
CNH recomendó que Pemex “debe realizar las acciones necesarias para
optimizar los recursos logísticos, con el fin de reducir los tiempos de
respuesta a las solicitudes de apoyo de la plataforma que realizará los
trabajos de perforación”.
Pemex expresó que “se están realizando
adecuaciones en el puerto de Matamoros para que pueda darse un mayor
soporte a las actividades de perforación de pozos en aguas profundas en
esa zona”.
Según la CNH, Pemex “debe realizar
dichas adecuaciones en el menor tiempo posible, e informar del avance y
terminación de las mismas a este órgano desconcentrado”.
En relación con la preparación de una
eventual contingencia o siniestro, la CNH recomendó que Pemex “debe
desarrollar protocolos específicos en donde se describa paso a paso,
los equipos, materiales y las acciones concretas que ese organismo
descentralizado y la empresa Wild Well Control (WWC) realizarán. Lo
anterior, con el objeto de garantizar una correcta y pronta respuesta
en caso de que suceda una contingencia o siniestro”.
El dictamen de la CNH en el caso del
pozo Supremus-1 es más duro. En materia de normatividad técnica y
puntos críticos, la Comisión estableció que Pemex “no documentó a
satisfacción algunas consideraciones técnicas relacionadas con las
presiones esperadas por la posible presencia de gas e hidratos de
metano o de un probable flujo de hidrocarburos en la parte somera,
durante la perforación del pozo piloto”.
La CNH consideró en su resolución que
“el diseño de la perforación de dicho pozo no considera previsiones de
tipo mecánico, que en determinado momento ayuden a mantener el control
del pozo si se llegaran a presentar presiones superiores a las que se
pretende controlar con el fluido de perforación programado”.
“Dicha preocupación –abunda la
Comisión- es motivada entre otras, por la existencia de numerosas
fallas geológicas presentes en el área y que deben ser consideradas por
su potencial para crear porosidad secundaria, que pudiera, a su vez,
ocasionar una pérdida de circulación mientras se perfora y en
consecuencia, una ruta para la migración de hidrocarburos”.
La CNH recomienda que la Secretaría de
Energía “debe valorar el establecimiento de mecanismos de monitoreo más
estrictos del desarrollo de la perforación del pozo piloto”.
A partir de estas consideraciones,
Greenpeace consideró que “sí hay posibilidades de derrames” en los
trabajos de exploración en aguas profundas realizados por Pemex y sus
subcontratistas.
La sombra del accidente de British Petroleum
El accidente más grave en aguas
profundas ocurrió el 20 de abril de 2010, cuando explotó la plataforma
petrolera Deepwater Horizon, de la empresa British Petroleum (BP), en
las aguas del Golfo de México. En sólo tres meses, se vertieron 4.9
millones de barriles al mar, cifra superior al accidente del pozo
exploratorio Ixtoc, en la Sonda de Campeche, ocurrido en junio de 1979.
En septiembre de 2011, British
Petroleum presentó su informe sobre el origen de la explosión y afirmó
que no era por un error humano sino “por una confluencia de fallos”,
cometidos por esta compañía y las otras dos empresas privadas:
Transocean, propietaria de la plataforma Deepwater Horizon, y por
Halliburton, constructora del pozo.
Hasta la fecha, se desconocen los
impactos reales del crudo derramado, tanto en los ecosistemas como en
la fauna marina del Golfo de México a largo plazo.
“Lo que la empresa sí reconoció fue la
baja calidad de los materiales con los que estaba construido el pozo,
evidenciando que la compañía ponderó las ganancias económicas, sobre la
seguridad de la plataforma.
“La contingencia corroboró que ni el
gobierno estadounidense ni el sector privado poseen la tecnología
necesaria para explorar en las profundidades, y no cuentan con un plan
para hacer frente a posibles emergencias” sentenció Greenpeace en su
reporte “BP: una Amarga Experiencia”.
reportaje publicado originalmente en Proceso No. 1906.
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