Esperan aprobación de la legislatura de la paridad
Desde
hace 6 años el Congreso de la Unión debate la pertinencia de incluir el
concepto de violencia política de género en las leyes electorales pero
ni las amenazas ni los asesinatos de candidatas han logrado que el
Senado y la Cámara de Diputados se convenzan de avalar una reforma en la
materia.
Tan sólo en lo que va de la 64 Legislatura, que inició en septiembre
pasado, se han presentado seis propuestas para incluir la violencia
política en las leyes generales de Delitos Electorales, de Partidos
Políticos, de Instituciones y Procedimientos Electorales o en la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Hasta hoy se ha presentado una iniciativa de legisladores del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), tres del Verde Ecologista de México
(PVME), una del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y una más
del Partido del Trabajo (PT). Todas permanecen en un proceso de
análisis.
Durante la anterior Legislatura, un estudio publicado en agosto de
2017 por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la
Equidad de Género (hoy CELIG), dio cuenta que desde el año 2012 en el
Senado se presentaron siete iniciativas y en la Cámara se propusieron
cuatro entre 2015 y 2016.
PARIDAD IGUAL A VIOLENCIA
En opinión de la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de
la Cámara de Diputados, Wendy Briceño Zuloaga, la participación política
no se reduce a la militancia partidista o electoral por eso dijo en
entrevista con Cimacnoticias, que aunque México es el cuarto país en el
mundo en cuanto a paridad, las mujeres que deciden estar en el espacio
público viven violencia.
En junio de 2018 el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que de
diciembre de 2017 hasta junio de 2018 se registraron 19 asesinatos de
personas que aspiraban a un cargo de elección popular; de éstas, 13
fueron hombres y seis mujeres.
Durante el foro “Democracia con inclusión: Buenas prácticas hacia la
igualdad sustantiva en América Latina” que realizaron organismos
electorales este 7 de marzo, el consejero presidente del INE, Lorenzo
Córdova Vianello, reconoció que el resultado del proceso electoral del
año pasado fue exitoso porque llevó a más mujeres al poder.
Sin embargo, también reconoció que faltan pasos para lograr la
igualdad sustantiva, por ejemplo la regulación y atención efectiva de la
violencia política contra las mujeres a fin de tener claros los
procesos de atención integral, adecuado seguimiento de los casos y
efectiva prevención.
El consejero electoral dijo que para combatir la violencia política
primero hay que definirla porque de lo contrario se corre el riesgo de
“abaratarla”. Expuso que no todas las denuncias de las mujeres
constituyen violencia política.
Para ilustrar, Córdova Vianello señaló que si una consejera no
integre una comisión, eso no necesariamente es violencia; de allí que
llamó a partir de una adecuada y precisa definición conceptual que ponga
piso en este tema. “De otra manera vamos abaratar y desnaturalizar la
violencia política”.
TERRENO PARLAMENTARIO
Ante el incremento de casos de violencia política contra las mujeres
en el proceso electoral 2014-2015 y la falta de una normatividad, el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, junto con el INE
y otras autoridades impulsaron la elaboración de un instrumento
orientado a la atención de ese fenómeno.
El día 14 de marzo de 2016 se presentó el Protocolo para atender la
violencia política contra las mujeres; el cual se actualizó en 2017.
Según este documento, la violencia política son acciones y omisiones
basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de los
derechos político-electorales, que tengan por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los
derechos políticos de las mujeres.
No obstante, para autoridades que revisan las denuncias por
violaciones a los derechos político-electorales es necesario tener una
normativa, lo mismo señaló la Fiscalía Especializada para la Atención de
los Delitos Electorales (Fepade) que exigen una ley que identifique
cuando un caso de violencia política se trata de un delito.
La primera iniciativa para llevar este concepto a la ley fue
presentada en noviembre de 2012 por la senadora priista Lucero Saldaña
Pérez. A pesar del apoyo de legisladoras de todos los partidos la
reforma no se ha concretado; una primera iniciativa se aprobó en 2013 en
el Senado pero no se ratificó en la Cámara de Diputados.
En 2017, a propósito del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer,
por segunda vez el Senado aprobó una reforma en la materia. En esta
ocasión las modificaciones se actualizaron con la reforma constitucional
en materia político-electoral aprobada en 2014. Esta propuesta tampoco
fue ratificada en la Cámara baja.
Consultada por este proceso que ya lleva siete años, la ahora
diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lucero
Saldaña Pérez, afirmó que si bien en esta semana del 8 de marzo se han
organizado foros para hablar sobre el tema espera que en esta
Legislatura por fin se tenga un dictamen.
De acuerdo con la legisladora ya es hora de tener una mesa de trabajo
y un dictamen porque aunque es necesario analizar el concepto desde una
mirada técnica, esta discusión lleva años y al parecer para el
Legislativo hay otros temas prioritarios como Guardia Nacional o
precisión preventiva oficiosa.
En octubre de 2018 Lucero Saldaña volvió a presentar una iniciativa
para tipificar la violencia política, ahora para adicionar el artículo 7
Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. En esta
propuesta se pretende sancionar a quien ejerza violencia política contra
las mujeres con una pena de 100 a 400 días de multa y prisión de tres a
siete años.
CIMACFoto: Silvia Núñez Esquer
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.
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