Jesús Peña Palacios*
En diciembre de 2006,
cuando el presidente Felipe Calderón decidió el pleno involucramiento
de las fuerzas militares en la lucha contra el crimen organizado, cobró
relevancia uno de los mayores retos en materia de seguridad para los
últimos tres gobiernos federales, incluida la actual administración del
presidente Andrés Manuel López Obrador: el fortalecimiento de las
fuerzas de seguridad civiles y el paulatino retiro de las fuerzas
militares de las funciones de seguridad pública, junto con la urgencia
de reducir los índices de violencia, sin violentar los derechos humanos.
Esta ha sido una inquietud expresada por Louise Arbour, Navanethem Navi
Pillay, Zeid Ra’ad Al Hussein y Michelle Bachelet, sucesivos Alta/o
Comisionada/o de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde
2008, entre otros momentos, con ocasión de sus visitas a México en 2008,
2011, 2015 y 2019.
La ONU-DH históricamente ha expresado su preocupación por la
ampliación del rol de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad
pública, que implica la realización de tareas que no les son propias.
Esta asignación, además de ser contraria a los estándares
internacionales de derechos humanos, pone en cuestión su propia
capacidad de acción efectiva y favorece la comisión de graves
violaciones de derechos humanos, como se evidenció en sexenios
anteriores, mismas que en su inmensa mayoría permanecen en la impunidad.
En este sentido, no podemos olvidar que seis de las 11 sentencias de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano
están relacionadas con violaciones a garantías individuales cometidas
por las Fuerzas Armadas. Estos casos representan personas cuyo
sufrimiento por las violaciones cometidas es un recordatorio de lo que
no se debe repetir. En el mismo sentido se han pronunciado los
mecanismos internacionales de derechos humanos de la ONU.
Durante las últimas semanas hemos conocido que la presidenta de la
Cámara de Diputados, el gobierno de Michoacán y los municipios de Colima
(Colima) y Pabellón de Arteaga (Aguascalientes) presentaron
controversias constitucionales sobre el Acuerdo, publicado el 11 de
mayo, por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar a
cabo tareas de seguridad pública.
Corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
revisar si el mencionado Acuerdo se ajusta a la Constitución mexicana y
los tratados internacionales. Por su parte, varias organizaciones de
derechos humanos también han interpuesto juicios de amparo para que los
jueces federales revisen si el Acuerdo es contrario a las obligaciones
de derechos humanos previstas en la Constitución y en los tratados
internacionales.
Al igual que en 2018, cuando el más alto tribunal del país dirimió
sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior aprobada un
año antes, ahora reiteramos la gran oportunidad que representa que la
SCJN pueda pronunciarse sobre el referido Acuerdo. En este sentido,
reconocemos a las instituciones que haciendo uso de los recursos
constitucionales previstos han elevado el tema a la máxima instancia
judicial, lo que es positivo en dos sentidos:
Que la SCJN revise un acto de otro Poder de la Unión es un ejercicio
básico de contrapesos, democracia y transparencia que debe fomentarse
ante una legítima duda sobre la constitucionalidad y convencionalidad de
una decisión del Ejecutivo. La vigilancia, el control judicial y la
rendición de cuentas no son una expresión de oposición política. Por
otro lado, el dictamen de la SCJN es una oportunidad para dar certeza
sobre la posibilidad o no del empleo de la Fuerza Armada Permanente en
tareas de seguridad pública. Así fue en 2018, con una histórica
sentencia sobre la Ley de Seguridad Interior y no tengo duda que la
decisión que adopte la SCJN marcará los años venideros.
La discusión sobre el Acuerdo ocurre en un momento importante para el
país. De manera reiterada el presidente López Obrador ha insistido en
su instrucción de pleno respeto a los derechos humanos en el accionar de
la fuerza pública. Que haya transmitido con absoluta claridad y
contundencia esta instrucción es fundamental. Para que este compromiso
sea la realidad que todas y todos deseamos, debemos acompañarlo de
oportunos mecanismos institucionales. Desde la perspectiva de la ONU-DH,
éstos pasan por eficientes mecanismos de prevención y control,
rendición de cuentas, lucha contra la impunidad, fortalecimiento de la
capacidad de las policías para llevar a cabo sus funciones de seguridad
pública, el involucramiento de todos los niveles de gobierno, el empleo
extraordinario, regulado, subordinado al poder civil y complementario de
las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y el retiro gradual,
ordenado y verificable en los próximos años, de las fuerzas militares
de funciones que no le son propias.
*Representante adjunto en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH)
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