Hace ya cuatro años, el 15 de mayo de 2018, Zyanya Figueroa Becerril, de 26 años de edad, fue víctima de feminicidio en Puebla. En un primer momento, el caso fue investigado como suicidio, por lo que desde ese entonces su familia ha luchado para que la investigación se realice con perspectiva de género y bajo una premisa de investigación de feminicidio tal y como lo marcan los estándares en la materia.
El 28 de septiembre de 2021, un Juez de Control ordenó a la Fiscalía del estado de Puebla realizar una investigación con perspectiva de género con la línea de investigación de feminicidio, como lo establece el amparo en revisión 554/2013 “Mariana Lima Buendía” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordena investigar toda muerte violenta de mujeres como feminicidio.
Pese a ello, informó el Observatorio en un comunicado este 2 de mayo, la Fiscalía de Feminicidios de la entidad no ha presentado el plan de trabajo y la metodología que implementará para la investigación del caso de la joven, ni tampoco ha aceptado el plan que presentó su familia y sus representantes legales, quienes, cabe recordar, fueron golpeadas y gaseadas en mayo del año pasado en la puerta de la Fiscalía General de Justicia, cuando se manifestaban de forma pacífica por la falta de una investigación con perspectiva de género.
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“Dichas omisiones obstaculizan el acceso a la justicia y revictimizan a la familia de la joven. El caso de la doctora Zyanya es un ejemplo de la negligencia que pueden vivir otras familias en el estado que buscan acceso a la justicia, por lo que resolverlo a la brevedad podría sentar un precedente de cero tolerancia a la violencia feminicida en Puebla y el que la Fiscalía no ha garantizado que exista un plan de trabajo que permita subsanar las omisiones y negligencias de la investigación, incurre en la revictimización de la familia y en un desgaste que en nada abona en el cumplimiento de su deber en una investigación con debida diligencia y perspectiva de género”, enfatizó el Observatorio.
Por ello, el Observatorio y la familia de Zyanya exigieron la destitución de la Fiscal de Feminicidios en el estado de Puebla, Celia Segreste Acevedo y de Raquel Avendaño Fernández, Encargada de Despacho de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género.
Además, pidieron se ponga un alto a la dilación y obstrucción del acceso a la justicia, dando prioridad al esclarecimiento del caso de Zyanya para generar un precedente de una investigación con perspectiva de género; se sancione a las autoridades que por acción u omisión han obstaculizado el acceso a la justicia; y se presente públicamente el plan de trabajo que realizará para llegar a la verdad de los hechos.
De acuerdo a datos de la Fiscalía General del Puebla, citados por el Observatorio, entre 2020 y 2021 desaparecieron un total de 1 mil 584 niñas y mujeres. De ese total, 183 mujeres y niñas no han sido localizadas.
En abril de 2017, la Secretaría de Gobernación decretó la Alerta de Violencia de Género para 50 de los 217 municipios de Puebla.
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