Madres de Juárez levantan huelga de hambre frente a Segob

Quedan pendientes demandas; mala salud les impide continuar

Pese a no lograr acuerdos en todas sus peticiones, madres de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, levantaron ayer la huelga de hambre y el plantón que mantuvieron durante 15 días en esta ciudad.

El pasado 23 de septiembre, Malú García Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Berta Alicia García y Silvia Banda Pedroza (cuyas hijas fueron asesinadas en Juárez), comenzaron un plantón y un ayuno afuera de la residencia oficial de Los Pinos para exigir una audiencia con el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.

Las madres demandaban a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Procuraduría General de la República (PGR) el cumplimiento de las 10 peticiones que ambas dependencias aceptaron desde 2013.

Al no ser recibidas por el Ejecutivo, las madres llevaron su plantón el pasado 1 de octubre a las inmediaciones de la Segob para que su titular, Miguel Ángel Osorio Chong, las recibiera tal y como lo hizo el 30 de septiembre con alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que rechazaron el nuevo reglamento y los planes de estudio de la institución.

Las madres mantuvieron por siete días más su ayuno antes de que la fiscal especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), Nelly Montealegre Díaz, y Joaquín Torrez Osorno, director de Atención a Víctimas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad –ambos funcionarios de la PGR–, las atendieran.

Dos mesas de trabajo celebradas el 5 y 6 de octubre derivaron en que la PGR se comprometiera a que a finales de este mes el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) exhumará los restos de quien se cree es Fabiola Yanet Valenzuela, hija de Silvia Banda Pedroza, a fin de confirmar su identidad.

Además, el próximo martes 14 de octubre la PGR publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la autorización de las recompensas (por millón y medio de pesos) para contribuir a la búsqueda de siete mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez.

Luego de esa fecha, según se acordó con las autoridades, se celebrará una reunión (en un plazo no mayor a 10 días) con las familias beneficiarias para definir la campaña con la que se promoverán las recompensas.

Otro compromiso fue que la Fevimtra atraerá los expedientes de las hijas de Silvia Banda Pedroza y de Berta Alicia García (las dos madres que realizaron la huelga de hambre en representación de otras mujeres de Juárez), y remitirá un desglose de las averiguaciones a las autoridades de Chihuahua.

Finalmente, la PGR se comprometió a que antes de que finalice noviembre próximo informará los avances en el cumplimiento de la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió en 2009 en contra del Estado mexicano, por el asesinato de tres jóvenes en el predio conocido como “Campo Algodonero”, en Ciudad Juárez en 2001.

No obstante, quedó pendiente la identificación de más de 80 cuerpos de mujeres que están en el Servicio Médico Forense (Semefo) de la urbe fronteriza, y que la Subprocuraduría Especializada en Investigación y Delincuencia Organizada (SEIDO), de la PGR, informe sobre el avance en las investigaciones de ocho casos de mujeres desaparecidas.

Un pendiente más fue que no hubo un compromiso para no reducir ni eliminar las medidas de protección otorgadas por la Unidad de Derechos Humanos de la Segob a la defensora Malú García Andrade, a su madre, Norma Andrade, y a su descendencia, debido a que han recibido amenazas y sufrido atentados por su labor humanitaria.

Tras la huelga de hambre que duró 15 días y pese a la existencia de un oficio firmado por la Presidencia de la República, en el que se aceptaba una audiencia de las madres con el Ejecutivo, Peña Nieto no accedió a recibir a las mujeres ni se pronunció al respecto.

No obstante, las madres decidieron poner fin al ayuno debido a sus precarias condiciones de salud, pero anunciaron que vigilarán el cumplimiento de estos primeros acuerdos para después desarrollar una estrategia para el cumplimiento del resto de sus peticiones.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.-   

Compromisos a medias de PGR con madres de Ciudad Juárez

Primer paso para que EAAF identifique restos de víctimas

La Procuraduría General de la República (PGR) se comprometió con madres de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, a investigar los casos, contratar expertas forenses para identificar cuerpos de las víctimas, y beneficiar a siete familias con un programa de recompensas para quienes informen sobre los crímenes.

Ayer, las madres que llevan 15 días en plantón y huelga de hambre en esta capital (desde el pasado 23 de septiembre, primero frente a la residencia oficial de Los Pinos y ahora en inmediaciones de la Secretaría de Gobernación) se reunieron con la fiscal especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, Nelly Montealegre Díaz, y el director general de Atención a Víctimas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Joaquín Torrez Osorno, ambos de la PGR.

Malú García Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, junto con Berta Alicia García y Silvia Banda Pedroza (cuyas hijas fueron desaparecidas y asesinadas en Juárez) lograron que los funcionarios de la PGR se comprometieran a cumplir cuatro de los 10 acuerdos que hace un año esta misma dependencia signó con las madres.

Se acordó que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) venga a México para la exhumación de un cadáver que aparentemente sería el de Fabiola Janette Valenzuela Banda, hija de Silvia Banda Pedraza –desaparecida en 2010–, a fin de confirmar su identidad.

A decir de las activistas, los funcionarios entablaron comunicación con el EAAF apenas el pasado 23 de septiembre (cuando las madres iniciaron su ayuno), y no desde 2013 cuando se firmaron por primera vez los acuerdos. Ahora las mujeres están a la espera de que se les informe la fecha de la visita a México de las antropólogas forenses.

Las madres también consiguieron que la PGR ofrezca recompensas de hasta un millón y medio de pesos para quien dé información que ayude a dar con el paradero de las víctimas de siete familias.

De acuerdo con García Andrade, el próximo 14 de octubre se informará el día en que se publicará el nombre de las familias beneficiadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Cabe señalar que el acuerdo firmado ayer con la PGR es por los casos de siete familias de mujeres desaparecidas, pero García Andrade aclaró que en el futuro podrán integrarse más familiares.

A la par de esos compromisos, las tres mujeres lograron que la PGR se comprometa a rendir un informe detallado de los avances del Estado mexicano en el cumplimiento de la sentencia que en 2009 emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el asesinato de tres jóvenes encontradas en 2001 en el predio conocido como Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con las madres, en una fecha próxima sin precisar la PGR informará a las familias sobre el procedimiento de las recompensas, y también les detallará sobre los avances en la creación de las bases de datos de personas desaparecidas y del banco de ADN.

Las activistas exigieron que el informe que se dé a las familias respecto al cumplimiento de la sentencia de la Corte sea el mismo que el Estado mexicano rinda a la CoIDH como garantía de veracidad.

Durante la reunión también se acordó que el fuero federal deberá atraer los casos de feminicidio en Juárez que son investigados por el fuero común, pero en los que hay indicios de trata de personas.

RESISTENCIA

A pesar de los avances, varios puntos quedaron fuera de los acuerdos, por lo que las madres dijeron que se mantendrán en plantón hasta que todo el pliego petitorio tenga solución.

Uno de los pendientes es que la Unidad de Derechos Humanos de la Segob restaure las medidas de seguridad que tenían hasta hace unos meses los hijos y sobrinos de Malú García Andrade, debido a que ella y su madre, Norma Andrade, han recibido amenazas y sufrido atentados.

A decir de la activista, la Dirección de Protección de Personas de la PGR argumentó que tiene la instrucción de garantizar seguridad a ella y a su mamá, Norma Andrade, pero no así al resto de su familia, como lo mandata la CoIDH.

García Andrade advirtió que aún falta que la Subprocuraduría Especializada en Investigación y Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Unidad de Derechos Humanos de la Segob firmen de enterados de esos compromisos para que se lleven a cabo.

La activista recordó que la audiencia con Enrique Peña Nieto sigue pendiente, pues las afectadas no son sólo ellas tres (ni las siete familias beneficiadas), sino que hay al menos 100 familias más en Ciudad Juárez que están en espera de justicia por el asesinato de mujeres.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.- 

Júbilo entre jóvenes de IPN, mientras madres de Juárez son desdeñadas

Segob evita dar respuesta a demandas de justicia por feminicidio

Mientras el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, daba respuesta hoy al pliego petitorio de jóvenes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), madres de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, que llevan 11 días en huelga de hambre, fueron desdeñadas por el funcionario.

Miles de estudiantes del IPN se dieron cita a las 15 horas en avenida Bucareli –a unas cuadras de la Secretaría de Gobernación (Segob)–, para escuchar la respuesta que Osorio Chong se comprometió a darles luego de que el pasado martes recibió su pliego petitorio en las afueras de la dependencia.

Con satisfacción y algunas críticas, las y los estudiantes escucharon el anuncio de la renuncia de Yoloxóchitl Bustamente como directora del IPN, así como la cancelación del reglamento aprobado el mes pasado y la ausencia de represalias para quienes participaron en el movimiento.

Rebeca Díaz, estudiante de Medicina de último semestre del IPN, dijo en entrevista que aún falta revisar de manera puntual el documento que contiene la respuesta del titular de la Segob antes de aceptarla, ya que aunque el funcionario reconoció la importancia de aumentar el presupuesto al sistema educativo, no detalló montos.

Sobre el templete, Osorio Chong (con su cuadrilla de asistentes) se remangó la camisa humedecida por la lluvia, respondió a los reclamos de las y los jóvenes, e incluso utilizó palabras coloquiales en un afán de empatía con las y los politécnicos.

En tanto, atrás del templete y cercadas por una valla de seguridad que dividía la avenida Bucareli y la glorieta que da paso a la Segob, estaba Berta Alicia García, integrante de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa (cuya hija fue desaparecida y asesinada en 2006 en Ciudad Juárez), y quien el pasado miércoles 1 de octubre junto con Malú García Andrade y Silvia Banda Pedroza instaló un plantón afuera de la Segob en demanda de justicia por los casos de feminicidio en la urbe fronteriza.

Cabe recordar que el pasado 23 de septiembre las madres de Ciudad Juárez montaron un plantón e iniciaron una huelga de hambre afuera de la residencia oficial de Los Pinos, para exigir que autoridades federales cumplieran con acuerdos signados en 2013 para esclarecer y castigar los asesinatos de mujeres.

Ante la indiferencia del titular del Ejecutivo, las madres llevaron su protesta a las inmediaciones de la Segob.

Esta tarde, Bertha esperó paciente a que Osorio Chong terminara el discurso que dirigió a la comunidad estudiantil. Aunque el plan inicial de las madres era interceptar juntas al secretario, Malú García Andrade y Silvia Banda se dijeron “engañadas” por funcionarios de Gobernación (de quienes las activistas omitieron nombres) que les dijeron que serían atendidas a las 2 de la tarde en otras oficinas de la Segob en Avenida Paseo de la Reforma, pero cuando llegaron a esas instalaciones se encontraron con que no era verdad.

Al terminar su reunión con las y los politécnicos, Osorio Chong bajó del templete y cruzó la valla que separaba a la multitud de las madres.

Mientras la afluencia guinda y blanco se dispersaba en un ambiente de algarabía hacia las calles aledañas, Berta Alicia García (quien ha sido asistida por paramétricos debido a los problemas de salud que presenta por el prolongado ayuno) corrió entre las y los reporteros para alcanzar al secretario y, al menos, poder entregar también su pliego petitorio.

No obstante, elementos de seguridad que acompañaban al titular de la Segob impidieron que Berta pudiera siquiera acercarse y el atropello de los medios de comunicación la desplazó.

De ese modo, se desvaneció la oportunidad de pedir al funcionario se sumara a los compromisos que hace un año la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la PGR, hizo con las madres para la creación de una base nacional de datos de personas desaparecidas, un banco genético, la contratación de peritos argentinos para la identificación de cuerpos y apoyos para las familias de las víctimas.  

Cabe señalar que este miércoles 1 de octubre la titular del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete Morayta, y el de la Unidad de Derechos Humanos, Víctor Manuel Serrato Lozano –ambas instancias de la Segob–, prometieron iniciar el jueves 2 de octubre mesas de negociación para que hoy pudieran levantar el plantón, pero incumplieron lo pactado con las madres.

Las madres dijeron que trasladaron su plantón ante la Segob al ver que el pasado 30 de septiembre Osorio Chong dio muestras de voluntad al salir y hablar con las y los estudiantes del IPN.

Sin embargo, hoy las madres lamentaron que el funcionario sólo atienda llamados cuando se trata de miles de personas y no de tres madres que viajaron desde Chihuahua en representación de todas las víctimas de feminicidio en la entidad y en el país, y que llevan 11 días en huelga de hambre.

A pesar de los múltiples engaños e indiferencia que están padeciendo, las activistas advirtieron que continuarán en huelga de hambre hasta que las autoridades se comprometan a cumplir cada una de las 10 demandas que conforman su pliego petitorio.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.- 
  

Reciben autoridades de Segob a madres de Ciudad Juárez

Esperan respuesta a su pliego este viernes; ayuno se mantiene

Luego de nueve días de huelga de hambre frente a la residencia oficial de Los Pinos, madres de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron recibidas ayer por funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), quienes se comprometieron a cumplir sus demandas, aunque las activistas advirtieron el riesgo de que no se satisfagan sus peticiones.

Ante la negativa de una audiencia en Presidencia, Malú García Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, junto con Berta Alicia García y Silvia Banda Pedroza, (madres de mujeres asesinadas en Juárez), trasladaron ayer el plantón en las inmediaciones de la Segob.

Una vez en esa dependencia, Alejandra Negrete Morayta, comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y Víctor Manuel Serrato Lozano, titular de la Unidad de Derechos Humanos, las recibieron y acordaron que hoy iniciarían mesas de negociación para resolver sus peticiones.

García Andrade y las otras dos activistas están en huelga de hambre desde el pasado 23 de septiembre, y dijo en entrevista que esta vez las autoridades mostraron una mayor disposición de atender a fin de que levantaran el plantón.

No obstante, según se detalló en la reunión con los funcionarios, gran parte del pliego petitorio no se podrá resolver de inmediato, ya que para algunos puntos (como la creación de una base de datos de personas desaparecidas y un banco de ADN) se requiere la aprobación del Ejecutivo, del titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, y del procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, con quienes hasta ahora no se han podido reunir.

A decir de García Andrade, es muy probable que durante las negociaciones sólo queden resueltos los puntos que afectan directamente a Berta Alicia García y Silvia Banda Pedroza –las dos madres que realizan el ayuno–, con respecto a contratar peritos argentinos para la identificación de los cuerpos de sus hijas, y que sus expedientes sean trasladados de las instancias estatales (donde actualmente se encuentran) a federales que puedan ampliar la investigación.

García Andrade advirtió que también se deberá detallar un plan de trabajo muy puntual que dé seguimiento al resto de las peticiones, entre las que figuran solicitar informes de los expedientes de las averiguaciones previas que obran en la Fiscalía del Estado de Chihuahua, y gestionar ante el gobierno local el acceso permanente a programas de apoyo a familiares de víctimas de feminicidio.

La activista explicó que en la reunión de ayer, las y los funcionarios recogieron el pliego petitorio para analizar la responsabilidad de las dependencias competentes.

Las mujeres confiaron en tener acuerdos concretos (con fechas, nombres y lugares) este viernes 3 de octubre, ya que su salud está muy deteriorada y se exponen a riesgos durante las noches en el plantón.

Además criticaron que Osorio Chong necesita que miles de madres de víctimas se pongan en huelga de hambre para recibirlas y comprometerse con ellas, como sucedió con la protesta estudiantil de esta semana. Es por ello que las madres decidieron que seguirán en plantón y en huelga de hambre.

Cabe recordar que la petición inicial de las activistas fue una audiencia con Enrique Peña Nieto para que firmara los acuerdos (por ser el único competente) que hace un año funcionarios de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la PGR, hicieron con las madres pero no cumplieron.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.- 

Madres de Ciudad Juárez trasladan su plantón frente a Segob

   Esperan audiencia con el titular; continúa hostigamiento policial

Las activistas decidieron la tarde de hoy trasladar y continuar su plantón y huelga de hambre 

Ante la indiferencia del titular del Ejecutivo federal, madres de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, que durante nueve días sostuvieron un plantón y una huelga de hambre frente a la residencia oficial de Los Pinos, se trasladaron hoy a la Secretaría de Gobernación (Segob).

El pasado 23 de septiembre, Malú García Andrade, Berta Alicia García y Silvia Banda Pedroza (madres y familiares de mujeres desaparecidas y asesinadas en Juárez) iniciaron un plantón y un ayuno para llamar al Ejecutivo a cumplir los compromisos contraídos con ellas hace un año por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la Procuraduría General de la República.

A nueve días de haber iniciado su protesta, Enrique Peña Nieto no las ha recibido y, por el contrario, elementos de la policía capitalina las han hostigado, mientras que personal de la Dirección General de Atención Ciudadana de la Presidencia ya cerró toda vía de comunicación con ellas.

Ante la cerrazón gubernamental y el agravamiento de sus condiciones de salud, las activistas decidieron la tarde de hoy trasladar y continuar su plantón y huelga de hambre afuera de la Segob en espera de que su titular, Miguel Ángel Osorio Chong, las reciba.

Malú García Andrade, una de las fundadoras de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, dijo a Cimacnoticias que solicitarán a Osorio Chong una audiencia para que se comprometa a cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso Campo Algodonero, además de otras peticiones para la investigación y castigo del feminicidio en Ciudad Juárez.

No obstante, la activista sostuvo que la demanda inicial de reunirse con Peña Nieto, Osorio Chong y Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, sigue en pie debido a que ellos son los únicos competentes para cumplir las peticiones de las madres.

Al cierre de esta edición, las madres, quienes viajaron desde Chihuahua en representación de otras mujeres de la entidad, no habían sido recibidas por el secretario de Gobernación ni por algún otro funcionario de la dependencia.

A decir de Malú García, elementos de seguridad pública (aunque no precisó si del DF o federales) impidieron la llegada a la Segob de una camioneta que transportaba la casa de campaña de las mujeres y otros utensilios del plantón. Ante el hostigamiento de las autoridades, el vehículo quedó bajo el resguardo de otros activistas.

Segob | CIMACFoto: César Martínez López | CIMACFoto: César Martínez López

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.- 

Incumple GDF ayuda a madres de Ciudad Juárez en plantón

 Promete enlazarlas con Segob, pero corta comunicación

Personal de la oficina de Atención Social y Ciudadana del Gobierno del Distrito Federal (GDF), que prometió ayudar a madres de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua –quienes llevan siete días en plantón y huelga de hambre frente a la residencia oficial de Los Pinos–, incumplió su compromiso.

La activista y una de las fundadoras de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Malú García Andrade, junto con Silvia Banda Pedroza y Bertha Alicia García, acusaron que el pasado viernes 26 de septiembre tuvieron la visita de Cynthia Salinas y Ricardo Rosales, ambos funcionarios de Atención Social y Ciudadana del GDF, quienes prometieron enlazarlas con la Secretaría de Gobernación (Segob) y regresar con ellas al día siguiente (sábado 27 de septiembre).

Tal promesa consta en un video del que Cimacnoticias tiene copia. No obstante, al cierre de esta edición la comunicación entre personal de la Segob y las mujeres no se había reanudado y los funcionarios del GDF no se presentaron ni volvieron a llamar a las madres.

Además, tras siete días de plantón y una huelga de hambre afuera de Los Pinos, el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, sigue sin recibir a las activistas y Ricardo Martí, director de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia, dejó de comunicarse con ellas.

Por otro lado, en entrevista Malú García Andrade advirtió que tanto ellas como sus familiares en la Ciudad de México son hostigadas por elementos de seguridad, entre ellos elementos del Estado Mayor Presidencial que toman fotografías, las vigilan y las siguen.

Cabe señalar que uno de los reclamos de García Andrade es la presunta amenaza de que se retirarán las medidas precautorias que desde 2008 tienen ella y su familia, para evitar ser víctimas de los agresores de su hermana desaparecida en 2001 en Chihuahua y luego encontrada muerta.

Las madres dijeron estar preocupadas por su salud y seguridad, ya que en dos ocasiones acudió una ambulancia para atender desmayos, mareos y malestares estomacales que ya están padeciendo.

Las manifestantes aseguraron que desde hoy intensificarán sus movilizaciones, como bloquear por breves minutos el tránsito sobre avenida Paseo de la Reforma, para enfatizar el llamado al Ejecutivo.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.- 

Se niega Peña Nieto a recibir a madres de Ciudad Juárez

Activistas advierten que mantendrán ayuno frente a Los Pinos

Madres de víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, anunciaron que luego de tres días de permanecer en huelga de hambre en un plantón afuera de la residencia oficial de Los Pinos, el Ejecutivo federal se negó a recibirlas y cerró cualquier comunicación con ellas.

En conferencia de prensa hoy en el plantón en el que permanecen las activistas desde este martes 23 de septiembre, Malú García Andrade –dirigente de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa–, Berta Alicia García y Silvia Banda Pedriza detallaron que sólo consiguieron una reunión informativa con Nelly Montealegre Díaz, fiscal Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la Procuraduría General de la República (PGR), y funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación y Delincuencia Organizada (SEIDO).

Aunque las mujeres esperaban una reunión con los titulares del Ejecutivo, de la Secretaría de Gobernación y de la PGR para plantearles sus demandas de justicia, hasta el cierre de esta edición no lo habían conseguido.

Además manifestaron su inconformidad con la reunión con funcionarios de Fevimtra, ya que no les presentaron avances concretos en el cumplimiento de sus demandas hechas desde 2013.

Las madres de las víctimas informaron que Ricardo Martí, subdirector de Atención Ciudadana de la Presidencia (quien en un inicio fue su enlace con el Ejecutivo y organizó la reunión con la Fevimtra), no responde sus llamadas telefónicas y –según les dijeron otros funcionarios que se acercaron al plantón– ya no las atenderá.

De acuerdo con la minuta de la reunión con Fevimtra y personal de la SEIDO (de la que Cimacnoticias tiene copia), sólo se trataron tres puntos de los más de 10 del pliego petitorio que las madres presentaron hace un año, y además no hubo algún compromiso concreto. Ante ello, las mujeres consideraron que los funcionarios llaman “acuerdos” a informes de supuestos avances.

Por ejemplo, dos de esos “acuerdos” es que “un equipo argentino de peritos podrá venir a realizar trabajos relacionados con el caso de Fabiola Janette Valenzuela Banda” (hija de Silvia Banda), en cuanto “su agenda se los permita”, y que en Ciudad Juárez habrá una reunión para que la SEIDO informe sobre los casos, pero aún no se fija una fecha para ello.

Asimismo, en la minuta se asienta que se informará a Malú García Andrade sobre un “Plan Nacional de Búsqueda”, lo cual es una estrategia que no solicitaron las activistas y que no corresponde con las necesidades que las madres han enunciado, advirtieron en la rueda de prensa.

Para García Andrade, cuya hermana desapareció y fue asesinada en 2001 en Ciudad Juárez, esta situación es una evidencia de lo poco que le importa a las autoridades encarcelar a los feminicidas y agresores de las mujeres, lo que es incongruente con lo que dice frente a representantes de otros países en foros mundiales.

Recordó que hace un año, con tal de que las activistas levantaran un plantón frente a la Secretaría de Gobernación, funcionarios de Fevimtra y la SEIDO firmaron acuerdos que siguen sin cumplir, entre ellos acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Campo Algodonero” (sobre tres casos de feminicidio en la urbe fronteriza), sobre todo en lo referente a la creación de una base nacional de datos de personas desaparecidas y un banco de ADN.

La activista detalló que aunque las madres ya presentan malestares físicos y emocionales por el ayuno y las agresiones de ayer por parte de granaderos y policías capitalinos que intentaron desalojarlas, el plantón se mantendrá varios días más o al menos hasta que las autoridades las atiendan.

Cabe destacar que las madres de Ciudad Juárez tienen en su poder un oficio con fecha 15 de julio de este año, que les fue enviado desde la Dirección General de Atención Ciudadana de la Presidencia (del que Cimacnoticias también tiene una copia), y en el que la dependencia acepta que se realice una audiencia con Enrique Peña Nieto (aunque sin especificar cuándo).

En contraste con la indiferencia gubernamental, organizaciones civiles (incluso internacionales) se han solidarizado con las manifestantes y con otras madres de mujeres desaparecidas, según dijeron las propias activistas en plantón.

CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.- 

Policía capitalina hostiga a madres de Ciudad Juárez

Mujeres exigen reunión con titulares de Segob y PGR

Granaderos y policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal hostigaron a madres de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, que desde ayer iniciaron un plantón y una huelga de hambre afuera de la residencia oficial de Los Pinos.

Esta mañana Malú García Andrade, Bertha Alicia García y Silvia Banda Pedroza, las tres madres o familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron sorprendidas por granaderos y elementos de seguridad capitalinos que las agredieron y cercaron su plantón.

Malú García Andrade, cuya hermana desapareció en 2001 en Ciudad Juárez, relató en entrevista que –como parte de las actividades que realizan para exigir que el gobierno federal cumpla los acuerdos que hace un año hizo con ellas– por un momento bloquearon la circulación en avenida Paseo de la Reforma.

Aunque el bloqueo fue por unos minutos, alrededor de las once de la mañana un grupo de más de 30 mujeres policías cercó su plantón con la intención de desalojarlas e impedir que de nuevo bloquearan la vialidad.

Las activistas, que viajaron a la Ciudad de México en representación de todas las madres que buscan a sus hijas desaparecidas y que exigen justicia para las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, se negaron a retirarse por lo que los elementos policiacos las jalonearon y empujaron.

Si bien por el momento siguen en plantón, las madres planean presentar una queja por las agresiones ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aprovechando que esta mañana un observador fue a revisar la situación en que se encontraban.

Cuestionado por esta agencia de noticias, el observador de la CNDH, quien prefirió omitir su nombre, aseguró que estaba haciendo su labor desde lejos, que los automóviles bloquearon su visión, por lo que no pudo percatarse de ninguna agresión.

Sin embargo aseguró que se dio cuenta que el primer acercamiento de la policía capitalina fue “respetuoso”, y que fue hasta que las activistas “opusieron resistencia” que llegaron más granaderos y elementos de seguridad, esta vez hombres.

Dos horas después de la agresión, los policías mantuvieron cercado el plantón, y siguieron a las activistas a todas partes a donde se dirigían, incluso si se alejaban para ir al baño.

LAS IGNORAN

Malú García Andrade relató que ayer por la tarde, luego de horas de insistencia de las manifestantes, las madres se reunieron con Nelly Montealegre, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la Procuraduría General de la República (PGR).

Sin embargo no pudieron reunirse con Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), ni con Jesús Murillo Karam, titular de la PGR.

Como lo habían previsto las activistas, la reunión con funcionarios de Fevimtra fue sólo informativa, sin avances ni compromisos concretos, en parte porque quienes las atendieron argumentaron no tener competencia para hacer acuerdos.

Además durante el encuentro, las mujeres pudieron constatar que los únicos avances de los más de 10 puntos que conforman el pliego petitorio que presentaron hace un año, son reuniones entre funcionarios y la elaboración de un supuesto plan de acción que ellas no están pidiendo.

Hace un año las manifestantes realizaron un plantón para exigir compromisos a la autoridad federal para detener el feminicidio en Ciudad Juárez; no obstante no fueron recibidas por Enrique Peña Nieto; en esta ocasión las madres afirmaron que permanecerán en plantón hasta tener respuestas concretas.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.-

Denuncian madres de Ciudad Juárez inacción de gobierno federal

 Inician plantón y huelga de hambre frente a Los Pinos

Madres de víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, denunciaron que no existe ningún avance en las investigaciones de los asesinatos de sus hijas, a un año de haberse reunido con Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), y Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR).

Esta mañana las activistas Malú Andrade, Berta Alicia García y Silvia Banda, junto con madres y familiares de víctimas de desaparición y feminicidio en la ciudad fronteriza, iniciaron un plantón y una huelga de hambre afuera de la residencia oficial de Los Pinos para denunciar que hace un año el gobierno federal hizo varios compromisos con ellas, pero a la fecha no los ha cumplido.

En junio de 2013 las mujeres hicieron un plantón frente a la Segob y demandaron reunirse con Enrique Peña Nieto para plantearle su exigencia de justicia; tras varias negociaciones acordaron que la PGR atraería las investigaciones y agilizaría los trámites de los casos de feminicidio y desapariciones de mujeres.

Ante el incumplimiento, como hace un año, esta mañana un grupo de mujeres provenientes de Ciudad Juárez inició un plantón afuera de la residencia oficial de Los Pinos para pedir una cita con Peña Nieto y con los titulares de la Segob y de la PGR, a fin de que firmen un nuevo compromiso que garantice el cumplimiento de las demandas de las activistas.

Sin embargo, Ricardo Martí, subdirector de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, las atendió y les dijo que no sería posible una reunión con el Ejecutivo; ante la insistencia les ofreció una reunión con los titulares de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, ambos de la PGR.

Las activistas se negaron a aceptar la propuesta y señalaron que sólo terminarán con la huelga de hambre cuando el Ejecutivo, el titular de la Segob y el de la PGR firmen un nuevo compromiso que especifique las acciones que realizaran para garantizarles investigaciones imparciales y justicia.

Mientras las activistas organizaban su plantón, el Estado Mayor Presidencial desplegó al menos tres vallas de elementos policiacos para evitar la entrada de las manifestantes y de los medios de comunicación que planeaban acompañarlas, por lo que ellas tuvieron que llevar su plantón hacia avenida Paseo de la Reforma.

Malú Andrade, cuya hermana fue asesinada en Ciudad Juárez en 2001 y quien participa en la huelga de hambre, recordó que hace un año pidieron que se cumplieran las medidas ordenas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso conocido como “Campo Algodonero” –sobre tres víctimas de feminicidio–, entre ellas la creación de una base nacional de personas desaparecidas y una base nacional de ADN.

Además, en aquella ocasión las autoridades federales se comprometieron a asignar peritos internacionales para identificar más de 80 cuerpos de mujeres en Ciudad Juárez; y publicar en el Diario Oficial de la Federación recompensas por un millón de pesos que ofreció la PGR para quienes dieran información que ayudara a encontrar a las desaparecidas.

Hace un año las activistas, la mayoría integrantes de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, también pidieron que la SEIDO les entregara un informe por escrito donde señalara todos los casos que atraería.

En la manifestación de esta mañana las madres de las víctimas  señalaron que es necesario que se reconozca la desaparición como un delito y se deje de llamar a las mujeres desaparecidas “ausentes”; así como proporcionar seguridad para las familias que en la búsqueda de justicia exponen su vida.

También solicitaron la fecha para una audiencia con el Ejecutivo que desde el pasado 15 de julio las autoridades aceptaron por escrito que sería llevado a cabo, pero no especificaron hora ni día.

García Andrade agregó que de 2013 a septiembre de este año ocurrieron 2 mil asesinatos de mujeres y un registro de 500 niñas y jóvenes desaparecidas.

Según relató Berta Alicia García –mujer que hace unos meses recibió un par de huesos que, según las autoridades, son los restos de su hija desaparecida en 2006– las mujeres que hoy están en la Ciudad de México representan al menos a 40 madres organizadas, aunque muchas no asistieron porque siguen buscando a sus hijas en Ciudad Juárez.

En tanto Silvia Banda –quien también duda que el cuerpo, que le fue entregado varios años después de investigaciones, sea realmente el de su hija Rosalía que desapareció en 2010 – relató que ya solicitó a las autoridades estatales la exhumación de los restos y su análisis puntual, pero hasta el momento no hay avances en su petición.

CIMACFoto: Gabriela Godínez González/César Martínez López

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.- 

Madres de desaparecidas de Juárez regresan a Segob

NACIONAL

Feminicidio Ciudad Juárez

   Si gobierno incumple de nuevo, volveremos

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Anaiz Zamora Márquez

Cimacnoticias | México DF.- 

De nada valieron los siete días que pasaron madres de jóvenes desaparecidas de Ciudad Juárez, Chihuahua instaladas en un plantón a las puertas de la Secretaría de Gobernación (Segob) en junio pasado, pues los acuerdos signados por el Gobierno federal para encontrar a sus hijas y detener la ola de desapariciones permanecen incumplidos.

Por eso, Bertha Alicia García, madre de Brenda Berenice Castillo,  desaparecida en 2009, y Juana Ibarra Castorena, madre de Gabriela Espinoza Ibarra, desaparecida en 2011, arribaron al Distrito Federal la madrugada de este viernes. Vienen a reiterar su molestia ante la inacción de las autoridades federales y locales de poner un alto a las desapariciones de jóvenes en la urbe fronteriza, y a denunciar que el Gobierno federal se comprometió a una serie de acciones únicamente para levantarlas del plantón.

En aquella acción, realizada del 13 al 19 de junio pasados, también participaron Silvia Banda Pedroza, mamá de Fabiola Janeth Valenzuela Banda, desaparecida en 2010; Rosa María Apodaca Granados, progenitora de Patricia Jazmín Ibarra Apodaca, desaparecida en junio de 2011, así como su representante legal y dirigente de la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa, María Luisa (Malú) García Andrade.

También marcharon a Los Pinos para exigir una reunión con Enrique Peña Nieto, donde les respondieron “que la agenda estaba llena hasta 2015”.

Lo que entonces lograron fueron promesas de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) se comprometería a coadyuvar en los casos de sus hijas, que la Procuraduría General de la República (PGR) las incluiría en el programa de recompensas y que un grupo de expertos y peritos internacionales identificaría los restos de mujeres que se encuentran en el Semefo de Ciudad Juárez, con nuevos estudios de ADN a las madres que dudaran de autenticidad de los restos que les habían entregado.

Todos los puntos permanecen incumplidos y aunque se anunció que ya se hicieron las gestiones para el programa de recompensas, los nombres de las jóvenes no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Compromisos de papel

Hoy, a las once de la mañana, Bertha Alicia, Juanita y Malú  regresaron a las instalaciones de Segob para denunciar públicamente que todos esos compromisos quedaron en papel.

No importa que tengamos gripa, dicen, porque nos desgasta más que “los funcionarios no hagan su trabajo y que nos dejen pasar otra Navidad sin saber nada de nuestras hijas, permitiendo que más familias se unan al dolor”.

A ellas se unieron integrantes del colectivo feminista Rosas Rojas y sindicalistas, quienes las ayudaron a colocar una manta para bloquear el acceso al estacionamiento del Recinto de Bucareli, en cuyo interior se realizaba una reunión de trabajo sobre trata de personas. Y aunque el personal de seguridad quería impedirlo, iniciaron su manifestación.

Estaban empeñadas en permanecer de pie frente a la casona hasta que las recibiera el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quienes entregarían en mano un oficio que habla del  incumplimiento de acuerdos, para que se comprometiera a gestionar una reunión con Enrique Peña.

Esto no ocurrió y, alrededor de las 13:30 horas, las manifestantes ingresaron a la Segob para reunirse con representantes del titular de la dependencia, durante escasos treinta minutos.

Malú García contó a Cimacnoticias que en la reunión estuvieron el secretario particular de la subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Lía Limón García, así como Miguel Ángel Pérez Ochoa, director general adjunto de Segob, y la nueva Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Alejandra Negrete Morayta.

A decir de García Andrade, aunque la y los funcionarios se mostraron muy atentos a escuchar las molestias de las madres, y aunque les recibieron el oficio, al final nada se resolvió, pues no les dieron ninguna fecha para que se materializaran los acuerdos de junio, ni se comprometieron a coordinar una reunión con Peña Nieto.

Destacó García Andrade que la nueva responsable de Conavim,  desconocía los acuerdos de junio y les pidió a las madres “tiempo” para ponerse al tanto de lo acordado en esas negociaciones y comunicarse con las dependencias involucradas.

Y si esta vez las autoridades no nos cumplen con acciones concretas para localizar a nuestras hijas, volveremos a la capital, advirtió la activista.

Madres batallan en la búsqueda de migrantes desaparecidos

La Otra Ruta Migratoria

   Lidian con burocracia, impunidad y falta de banco genético

Por: Begoña Barbera Orozco, corresponsal

Cimacnoticias | San Salvador.- 

Anita Zelaya y Telma Acevedo llevaban años tratando de encontrar a su hijo y a su esposo, respectivamente, ambos desaparecidos en el trayecto desde El Salvador a Estados Unidos.

Acudieron infinidad de ocasiones al Ministerio de Relaciones Exteriores para ver de qué modo el Estado salvadoreño podía ayudarles en esta búsqueda, pero no encontraron soluciones.

Por último, las mandaron al Centro de Recursos Centroamericano (Carecen, por sus siglas en inglés) Internacional, una organización civil de origen estadounidense que trabaja con personas migrantes y que tenía sede en El Salvador.

Allí lograron que se les tomara en cuenta, e incluso a Anita la llamaron porque habían encontrado el cuerpo de quien podía ser su hijo.

Tras enviar varias veces muestras de las huellas dactilares del joven, no pudieron verificarlo, ya que en aquel momento no se realizaban pruebas de ADN que sirvieran para contrastar de manera veraz el parentesco, ni se contaba con recursos para que Anita pudiera ir a certificar si se trataba o no del menor de sus cuatro hijos, desaparecido con 15 años de edad.

Personas como Anita y Telma se fueron encontrando y conociendo en Carecen y poco después decidieron formar el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide).

Telma Acevedo, secretaria general de la organización, cuenta que aproximadamente un 80 por ciento de quienes la integran son mujeres, fundamentalmente madres de quienes desaparecieron en el camino.

“Somos más mujeres porque en aquella época eran los hombres los que se iban. Las mujeres se quedaban cuidando a sus hijas, hijos o a sus nietos. Hoy es más dura la realidad porque se están yendo las mamás”, relató.

Mientras Cofamide comenzaba a trabajar en la búsqueda de sus familiares desaparecidos y a dar charlas en las escuelas, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) vino al país centroamericano en 2009 para trabajar sobre exhumaciones de cementerios clandestinos a raíz de la guerra civil (1980-1992).

En el trabajo en la frontera de EU con México se descubrió que hay muchos cuerpos que no han sido identificados, e inició un sondeo en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua para ver cuánta gente había desaparecida. Las cifras resultaron alarmantes.

Esto se debe en gran medida, según el coordinador de la Unidad de Migrantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador, William Espino, a que no era posible identificar a las personas fallecidas si no contaban con un documento o resultaban identificables por su aspecto y ropas. En las zonas desérticas, extensas en la frontera de México-EU, era más complicado.

“El Estado no tiene un mecanismo de identificación. Aquí hay un Instituto de Medicina Legal, pero medianamente se da abasto para la necesidad interna; para los migrantes que están fuera no hay un mecanismo”, explicó Espino.

Cofamide, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la PDDH y el EAAF firmaron un convenio en 2010 para crear un banco de datos forense, para identificar restos de personas migrantes no localizadas que fallecieron durante el tránsito migratorio, y fueron registradas como desconocidas por los servicios forenses y los cementerios municipales de EU.

Reunieron las listas de personas desaparecidas con las que contaban las tres entidades salvadoreñas y trataron de ubicar a las familias demandantes. Localizaron aproximadamente a la mitad de las familias registradas, algo menos de 100, según el coordinador de la Unidad de Migrantes.

Desde 2010 hasta la fecha han recurrido a estas pruebas de ADN 218 familias. De ellas, han logrado identificar 29 cadáveres, de los cuales 12 han sido repatriados, según datos de la PDDH.

En 95 por ciento de los casos el Estado salvadoreño ha pagado las repatriaciones, lo que hace que el proceso se retrase porque hay que esperar a que se haga la erogación de fondos.

Estas cifras muestran que el banco de datos forense atiende a un porcentaje mínimo puesto que, aunque la cifra de personas que marchan de El Salvador hacia el norte no se puede determinar con exactitud ni mucho menos cuántas quedan en el camino, los datos de las organizaciones civiles van de 300 a 800 personas que salen diariamente del país con intención de llegar a EU.

Una vez más, son mujeres quienes acuden mayoritariamente a la PDDH para tratar de ubicar a sus familiares desaparecidos. “Más que todo madres. La madre es la que inicia la búsqueda pero a la hora de la toma vienen más. Vienen esposas e hijos, pero las madres normalmente son las que inician la búsqueda”, expuso Espino.

De momento, sólo se trabaja con cuerpos encontrados en las morgues y cementerios estadounidenses. Todavía no se ha creado un convenio para trabajar con las autoridades mexicanas en la identificación y repatriación de personas migrantes. El funcionario de la PDDH aseguró que esta situación tiene visos de cambiar en un mediano plazo.

En tanto, el Estado salvadoreño planea un propio mecanismo de identificación de ADN de migrantes dentro del Instituto de Medicina Legal.

Hostigamiento, la respuesta a la demanda de justicia de madres de Juárez

David Barrios

desInformémonos

Después de caminar centenares de kilómetros por el frío del desierto chihuahuense para recibir promesas incumplidas e insultos de parte de las autoridades, los familiares de las mujeres desaparecidas enfrentan ahora amenazas de agentes del Estado.

Además del sufrimiento que implica la entrega a cuentagotas de los presuntos restos de sus hijas desaparecidas, las familias de mujeres juarenses y los defensores de derechos humanos que las acompañan deben enfrentar ahora el hostigamiento abierto de agentes del Estado en forma de allanamientos, amenazas y seguimiento.

  A fines de enero y después de realizar un recorrido de casi 400 kilómetros por carretera, el Comité de Madres y Familiares de Jóvenes Desaparecidas de Ciudad Juárez no fue recibido por el gobernador del estado, César Duarte. La movilización que atravesó el frío desierto de Chihuahua tenía como objetivo que las familias tuvieran una audiencia pública con el ejecutivo estatal para presentarle un pliego petitorio de seis puntos, relacionado con la problemática de la desaparición de mujeres en la ciudad fronteriza. Sin embargo, el ejecutivo del estado prefirió asistir a Chiapas para el lanzamiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Como si esto no fuera suficiente, Duarte también los dejó plantados en la audiencia pública que él mismo había ofrecido para el 31 de enero en Juárez. Finalmente, la reunión se realizó en la Plaza Misión de Guadalupe, ubicada en el centro de la ciudad fronteriza el sábado 2 de febrero. La audiencia resultó ríspida por el hartazgo del Comité ante las promesas incumplidas por el propio Duarte, así como de otros funcionarios que hicieron acto de presencia, entre ellos Héctor Murguía, presidente municipal de la ciudad, quien ni siquiera en esta reunión pudo guardar las apariencias y terminó insultando a las y los presentes. Hay que recordar que una de las demandas principales del Comité es que sean entregados los cuerpos de más de 200 jóvenes que, de acuerdo a sus estimaciones, se encuentran en poder de las autoridades y que están siendo entregadas a cuentagotas, lo que se traduce en una tortura psicológica para quienes buscan a sus hijas.

De la reunión celebrada surgieron dos acuerdos iniciales: reestructurar la fiscalía general a fin de que de pronta atención a los casos de desaparición e integrar a los familiares en mesas de trabajo para que participen en las tareas de localización. Asimismo, el Comité logró el compromiso del gobernador para que en un plazo de 10 días explicara cuáles han sido las acciones y el seguimiento de parte de su gobierno, a casi dos años de proporcionada la evidencia de la ubicación con vida de una de las hijas del Comité, Brenda Berenice Castillo, quien fue vista en los Ángeles, California, a través de un programa de televisión trasmitido el 18 de mayo de 2011.

Sin embargo todo parece indicar que una vez más, cuando se cumplen 20 años de la emergencia pública de la problemática de la desaparición y asesinato de mujeres en la ciudad fronteriza, las autoridades del estado y del municipio orquestan otra simulación. El 10 de febrero se dio a conocer el pronunciamiento público del Comité de Madres y Familiares de jóvenes desaparecidas de Ciudad Juárez, en el que denuncian el hostigamiento del que han sido objeto algunas de sus integrantes, así como de amenazas sobre personas cercanas a la agrupación de familiares. Quienes integran el Comité han sufrido allanamientos en sus domicilios particulares, llamadas anónimas en tono amenazante y seguimiento por parte de la policía municipal.

El caso de Karla Castañeda, madre de Cinthia Jocabeth Castañeda, desaparecida en octubre de 2008, es especialmente grave, ya que su casa fue allanada en tres ocasiones después de haber sido una de las iniciadoras de la Caminata por la Vida y la Justicia y de haber confrontado al gobernador durante la audiencia pública. El primero de los allanamientos ocurrió el lunes 4 de febrero por parte de Policías Municipales, quienes además la videograbaron junto con uno de sus hijos. La segunda de estas incursiones fue en la madrugada del día siguiente, martes 6, cuando alrededor de las tres de la mañana, policías municipales intentaron cortar la malla que sirve como límite de la propiedad; un vecino los descubrió y eso produjo la retirada de los agentes. La tercer ocasión fue el sábado 9 a las 11 de la mañana: en una acción coordinada entre la Fiscalía y la Policía Única Estatal, los agentes ingresaron al domicilio cuando Karla Castañeda no se encontraba ahí, sacaron a su suegra, Juana García, y señalaron abiertamente que buscaban a Karla por haberse metido “demasiado hondo” en el rastreo de su hija.

Además de ello, Karla recibió llamadas telefónicas. La primera ocurrió el miércoles 6; en ella le decían que hablaban de parte del gobernador Duarte para ofrecerle una reunión en privado en Chihuahua capital. El mismo día, horas más tarde, otra integrante del Comité recibió una llamada telefónica en la que una persona con acento extranjero le decía que escuchara muy bien y la amenazaban con “quitarle la vida” a un integrante de su familia.

El Comité señala que Marcos Espinoza Rendón, miembro del #Yosoy132 de Ciudad Juárez, recibió amenazas de muerte vía telefónica (por una mujer que no reveló su identidad) y a través sistema de mensajería instantánea de la red social Facebook. En ambos casos, sus interlocutores le señalaron que habían escuchado una grabación en la que un comandante ordenaba que le “dieran killer”. Además de ello, Marcos sufrió seguimiento constante por parte de policías ministeriales en los días posteriores a las amenazas, en ocasiones por recorridos completos hasta su destino.

En el pronunciamiento del Comité se establecen antecedentes de hostigamiento hacia Marcos por su participación en la exigencia de esclarecimiento en las investigaciones y pruebas de ADN de los restos entregados de Idaly Juache Laguna y de Guadalupe Pérez Montes, otras dos jóvenes desaparecidas de la ciudad. En enero de 2012, la madre de Marcos recibió cuatro llamadas en un día con una clave telefónica de la Ciudad de México. En ellas referían que lo buscaban “por tener negocios que arreglar con él”. Durante el mes de marzo del mismo año, fue fotografiado desde un vehículo en movimiento y fue abordado en el centro de la ciudad por un hombre que, sin identificarse y retirándose de inmediato, le dijo que su jefe, “quien es muy poderoso”, le había pedido observarlo y le recomendaba tener cuidado.

Ante esto, el Comité de Madres y Familiares de Jóvenes Desaparecidas de Ciudad Juárez exige el cese inmediato al hostigamiento y las amenazas de muerte hacia miembros del Comité y a integrantes de las diversas organizaciones sociales que participaron en la Caminata por la Vida y la Justicia. También piden que las autoridades expliquen de manera amplia y detallada los motivos por los cuales catearon de manera ilegal el domicilio de Karla Jocabeth Castañeda Alvarado, así como una explicación por el hostigamiento constante por parte de elementos de la policía municipal de Ciudad Juárez y la estatal de Chihuahua; que se deslinden responsabilidades en estos actos e investiguen y sancionen a los responsables que con su actuación violentan los derechos humanos de las víctimas, así como los de miembros de organizaciones solidarias. El Comité puso como fecha límite para recibir esta explicación el martes 12 de febrero, cuando esperan información sobre el caso de Brenda Berenice Castillo.

Finalmente, el Comité demanda al estado que garantice la seguridad de sus miembros y de las organizaciones solidarias con su lucha, elemento que consideran una condición mínima para poder llevar a cabo los diálogos públicos las autoridades, y responsabilizan a éste de cualquier incidente que atente contra la seguridad del Comité, las organizaciones solidarias y sus familiares.

Noticia relacionada: Caminata por la Vida y la Justicia
Fuente: http://desinformemonos.org/2013/02/amenazas-y-hostigamiento-la-respuesta-de-las-autoridades-a-las-madres-de-juarez/