Díaz-Canel: AMLO, una esperanza para la región

La transición

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó que México es un país muy importante, entrañable. La generación del centenario encontró ahí un sitio para prepararse para la guerra en Cuba. México mantuvo las relaciones con Cuba cuando muchos rompieron.

En una entrevista con Telesur, agregó que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, “es una esperanza para México y para América Latina y el Caribe. Un gobierno de izquierda como el de López Obrador favorece la correlación de fuerzas en la región. Tiene un compromiso tremendo con su país y con América Latina y el Caribe.

Hemos recibido con mucha satisfacción la victoria de López Obrador en México, aseveró en su primera entrevista desde que fue elegido sucesor de Raúl Castro.

De la Redacción

 Periódico La Jornada

El tabasqueño se parecería a Lula: Felipe González

La transición

Madrid. Felipe González, ex presidente del gobierno español, aseguró que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, si se quiere parecer a alguien en América Latina es a Lula da Silva, por su vocación de desarrollar un pensamiento profundo y pragmático que busca transformar las ideas en realidades.

Destacó el triunfo de las ideas progresistas en México, frente a la amenaza latente de que en Brasil gane los comicios un candidato de extrema derecha, como Jair Bolsonaro.

En el seminario Una alerta progresista para fortalecer la democracia y el orden multipolar, se dijo que hay dos jugadores esenciales en Latinoamérica: el México que gobernará López Obrador y el futuro incierto y preocupante de Brasil.

En este contexto, González explicó: ¿Qué puede pasar en México ahora? Yo, de López Obrador sé que si se quiere parecer a alguien en América Latina es a Lula da Silva. Y no como algunos le atribuyen a políticas más castrochavistas. Eso no está ni ha estado nunca en la historia del político tabasqueño. Si acaso el problema está en que es un hombre que mira más hacia adentro que hacia el mundo.

Añadió: yo esperaría más respecto a las políticas proactivas en América Latina de Brasil que las proactivas de López Obrador, que tenderá a replegarse. Aunque el futuro canciller, Marcelo Ebrard, puede compensar eso.

Armando G. Tejeda, Corresponsal

Periódico La Jornada

Por presión del equipo de AMLO, gobierno de Peña rechaza 20 mdd de EU para filtro migratorio

                                                                                 

Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

 Foto: Miguel Dimayuga

Por J. Jesús Esquivel (apro).- Por presiones del equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de Enrique Peña Nieto rechazó 20 millones de dólares asignados en la Iniciativa Mérida por la administración de Donald Trump, para la repatriación de inmigrantes indocumentados en México.

“El gobierno mexicano no aceptó los 20 millones de dólares, están ahí en el fondo de la Iniciativa Mérida, pero no se aceptaron para realizar repatriaciones”, aclaró a Apro un funcionario del gobierno de Peña Nieto, en reacción al despacho que publicó este semanario en su página de Internet, dando cuanta que se firmaría la propuesta de Washington de financiar en México el costo de las deportaciones.

Un integrante del equipo de transición del presidente electo, informó a Apro que, desde hace unas semanas, Marcelo Ebrard Casaubón (futuro secretario de Relaciones Exteriores), le indicó a la cancillería a cargo de Luis Videgaray Caso, que no aceptara ningún dinero del gobierno de Trump para sufragar los gastos de la deportación de inmigrantes indocumentados.

“Sabíamos de las negociaciones y de la intención del gobierno del presidente Trump de aportar fondos para la deportación de personas de México a sus países de origen, por ello, se le pidió al gobierno de Peña Nieto que no se aceptará ni un solo centavo”, subrayó la fuente informativa del equipo de transición de López Obrador.

Por encima de la negativa del todavía gobierno mexicano, el Departamento de Estado como encargado del asunto del financiamiento y revisión de la Iniciativa Mérida, notificó recientemente al Congreso federal estadunidense sobre la asignación de los 20 millones de dólares.

Es obligatorio el trámite de informar al Capitolio sobre el destino de fondos para el presupuesto de asuntos internacional por parte del Departamento de Estado, lo cual, no implica como lo aclara el gobierno de México, que se acepten los 20 millones de dólares.

El presidente Trump pretendía convencer al gobierno de Peña Nieto para que México se convirtiera en una especie de filtro migratorio de Washington desde que llegó a la Casa Blanca y aplicó la política Cero Tolerancia a la inmigración indocumentada, al aprobar la separación de niños de sus padres al llegar como inmigrantes indocumentados a la frontera sur de Estados Unidos y criminalizando a los mayores de edad.

En secreto, Luis Videgaray y Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, negociaban, como el gobierno de Trump, el acuerdo para convertir a México en un Tercer País Seguro (TPS).

Con la tipificación del TPS, Trump pretendía que todos los inmigrantes extranjeros no mexicanos solicitantes de asilo por cualquier razón o motivo en los Estados Unidos, primero, lo pidieran en México para que con ello ni siquiera pudieran acercase a la frontera sur estadunidense.

Luis Videgaray y el embajador mexicano en Washington, Gerónimo Gutiérrez Fernández negaron públicamente la negociación del TPS, sin embargo, Proceso y diversos medios de comunicación de Estados Unidos, entre estos el diario The New York Times, publicaron evidencias de lo contrario.

Después en entrevista (Proceso 2180), el embajador Gutiérrez Fernández aceptó que el caso del TPS sí fue revisado con el gobierno de Estados Unidos, pero aseguró que ya se había desechado la idea de concretar el acuerdo.

Con el financiamiento de 20 millones de dólares, la administración de Trump buscaba que el gobierno mexicano aceptara una especie de cuotas de deportación de inmigrantes indocumentados.

The New York Times, en su edición impresa de hoy, publica un despacho en el que da cuenta al igual que Proceso sobre la intención de Trump de lograr que el gobierno mexicano aceptara la repatriación de indocumentados.

El rotativo neoyorkino incluso da a conocer que los 20 millones de dólares cubrirían los costos de la deportación de México a sus países de origen de unos 17 mil inmigrantes indocumentados.

Los fondos migratorios en la Iniciativa Mérida se enfocaban a la repatriación de migrantes procedentes de los continentes como el africano y el asiático.

En México, y ante la incapacidad de infraestructura y capacitación del personal de Instituto Nacional de Inmigración (INI), inmigrantes detenidos de países como Bangladesh, Camerún o la India, son liberados y las personas llegan a la frontera norte para intentar ingresar a los Estados Unidos.

Los 20 millones de dólares del Departamento de Estado saldaría el costo de los vuelos intercontinentales de inmigrantes indocumentados en México, lo que a Trump le convenía para evitar el flujo migratorio en su frontera sur, otro filtro migratorio no de la calada del TPS que pretendía firmar con el gobierno de Peña Nieto.

En el caso de inmigrantes centroamericanos detenidos en México como indocumentados, a los mayores de edad se les deporta por tierra (en autobuses) y a los menores de edad por avión.

“Los 20 millones de dólares están ahí, en la Iniciativa Mérida, el gobierno del presidente Peña Nieto ya los rechazó para los propósitos migratorios, y le tocará al próximo presidente (López Obrador) decidir si los toma o no”, agregó el funcionario del gobierno saliente.

The New York Times al desconocer la negativa del gobierno mexicano de aceptar el dinero del Departamento de Estado, en su despacho sobre el asunto, incluso, dio cuenta del rechazo de legisladores a la idea de querer que México le hiciera el trabajo sucio a Washington.

“La intención del Congreso de aprobar este dinero (en la Iniciativa Mérida) es apoyar a las comunidades a enfrentar el problema del crimen, corrupción y muchos otros retos, no para ampliar la cruzada de deportaciones de esta administración”, declaró al The New York Times el representante federal demócrata por el estado de Nueva York, Eliot Engel, integrante del Comité de Asuntos Internacionales.

El próximo 11 y 12 de octubre en Washington se celebrará la Segunda Conferencia de Prosperidad y Seguridad en Centroamérica con la participación de los gobiernos de esa región, el de Trump, de Peña Nieto e integrantes del equipo de Andrés Manuel López Obrador.

Ejecutivos de 12 entidades dan su aval a planes de AMLO

La transición

Bajará el iva en frontera norte

Se destinarán $10 mil millones para impulsar el desarrollo de 15 ciudades de alta marginación

▲ Los gobernadores Francisco Vega (Baja California), Jaime Rodríguez (Nuevo León), Javier Corral (Chihuahua), Claudia Pavlovich (Sonora), Francisco García Cabeza de Vaca (Tamaulipas) y Javier Riquelme, (Coahuila), con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (al centro), en la casa de transición.

Gobernadores priístas y panistas de 12 estados expresaron ayer su respaldo a los programas que les presentó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de estímulos fiscales para la frontera norte, así como para el rescate de 15 ciudades de alta marginación, al que se destinarán 10 mil millones de pesos.

No queremos los contrastes, estos que duelen, que indignan, de que hay hoteles de gran turismo en ciudades de El Caribe, del Pacífico, y al mismo tiempo colonias donde no hay agua, no hay drenaje, no hay servicios públicos, hay mucha pobreza, inseguridad, violencia, manifestó López Obrador al final de las reuniones.

Las 15 ciudades incluidas en el programa, que funcionará a partir del primero de enero, son: San Luis Río Colorado, Tijuana, Matamoros, Acuña, Ciudad Juárez, Nicolás Romero, Chimalhuacán, Texcoco, Chalco, Cuautitlán Izcalli, Acapulco, Los Cabos, Bahía de Banderas, Nayarit, Puerto Vallarta y Solidaridad.

El gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo Maza, señaló que instituciones de educación superior, como el Instituto Politécnico Nacional, presentarán estudios acerca de las necesidades de los municipios, que se incluirán en el programa. Además, dijo que López Obrador les anunció que en octubre se presentará un programa de seguridad.

Hay toda la voluntad del estado de México de trabajar de manera articulada, conjunta, con el gobierno federal y los municipios para atender el tema de la seguridad, agregó.

En la casa de transición, López Obrador recibió a los gobernadores y al mandatario electo de Jalisco, Enrique Alfaro, quien en días recientes expresó su desacuerdo con el envío de delegados. Sin embargo, ayer dijo que los proyectos del próximo gobierno federal le harán un gran bien a la entidad.

Por la mañana asistieron los gobernadores de Sonora, Claudia Pavlovich; Chihuahua, Javier Corral; Coahuila, Javier Riquelme; Baja California, Francisco Vega; Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y Nuevo León, Jaime Rodríguez. Y en reuniones vespertinas, los del estado de México, Alfredo del Mazo; Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; Guerrero, Héctor Astudillo; Jalisco, Aristóteles Sandoval; Nayarit, Antonio Echevarría, y Querétaro, Francisco Domínguez. Este último y Alfaro llegaron desplazándose con muletas.

Al salir de sus oficinas, López Obrador aceptó una entrevista y dijo a los reporteros, ubicados detrás de un corralito elaborado con vallas: “No me gusta esto, me siento mal con ustedes. Por eso estoy aquí. ¿Qué quieren para…? Sí les informo, porque lo merecen”.

Detalló que presentó su propuesta de crear una zona franca o libre en la frontera norte, que consiste en reducir de 16 a 8 por ciento la tasa del impuesto al valor agregado (IVA), fijar en 20 por ciento la del impuesto sobre la renta (ISR) y duplicar el monto del salario mínimo.

Todo esto para impulsar la inversión, la creación de empleos y es la última cortina para retener a nuestros conciudadanos, para que no se vean en la necesidad de emigrar, de buscar trabajo en Estados Unidos, indicó.

El presidente electo refirió que habrá otras cortinas, como el Tren Maya, la siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sureste, la construcción de caminos de concreto en 300 municipios de Oaxaca, terminar el tren Toluca-Ciudad de México y resolver la construcción del aeropuerto.

Acerca del programa de desarrollo urbano y vivienda en zonas marginadas, explicó que se trata de terminar con los contrastes, y señaló: por ejemplo, en Playa del Carmen, Quintana Roo, hay asentamientos abajo de las líneas de energía eléctrica.

Se requiere dar opciones, alternativas en Playa del Carmen; es la reubicación de casi 500 familias. No es actuar con autoritarismo, desalojar, sino dar opciones, alternativas a la gente, declaró.

Alfredo del Mazo manifestó que el programa incluye a los municipios mexiquenses que enfrentan necesidades en materia de servicios, vivienda, regularización de la tenencia de la tierra, agua potable y recuperación de espacios públicos.

López Obrador conversó con Jaime Rodríguez durante unos 40 minutos. El gobernador pidió 16 mil millones sólo para Nuevo León, en inversiones compartidas para megaproyectos, es decir, vialidades, así como para ampliar dos penales, porque tenemos sobresaturación de huéspedes.

Javier Corral afirmó que los programas cuentan con su respaldo. La fórmula que le apueste a que le vaya mal a los gobernadores o al Presidente (López Obrador) puede fracasar. No hay posibilidad de éxito si los gobiernos nos regateamos la cooperación, señaló.

Foto La Jornada

Alma E. Muñoz y Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Jueves 13 de septiembre de 2018, p. 4

Evaluación de la AVG, reto de la próxima administración

OCNF se integrará a Comité para revisar AVG

   

Organizaciones de la sociedad civil acordaron con la próxima titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, integrarse en un Comité Técnico para la revisión del mecanismo de Alerta de Violencia de Género (AVG).

En entrevista telefónica con Cimacnoticias la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de Luz Estrada, dijo que uno de los acuerdos a los que llegaron las defensoras y la electa secretaria de Gobernación Sánchez Cordero, en la reunión que sostuvieron el fin de semana, es que el Observatorio forme parte del Comité Técnico de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Ello para comenzar una evaluación y seguimiento de las Alertas de Violencia de Género dijo Estrada, pues hasta ahora de las 15 que están activas en el territorio mexicano se desconoce el impacto que han tenido en la disminución de los casos de feminicidio y desapariciones.

De acuerdo con Estrada, en la reunión, las defensoras que integran el OCNF recordaron a la exministra Sánchez Cordero que el Estado mexicano tiene en puerta entregar en julio de 2020 al Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) un informe del impacto de la AVG.

Esta fue una petición que el Comité hizo al Estado mexicano en el informe final de recomendaciones que entregó el pasado julio, donde también solicitaron al gobierno, en la recomendación número 24, que se garantice la coordinación entre el nivel federal, estatal y municipal para el funcionamiento de las Alertas, y asegurarse que en los procesos del mecanismo participen organizaciones no gubernamentales, defensoras de los derechos de las mujeres y mujeres víctimas de violencia.

EL RETO

Asegurar el funcionamiento de las AVG y generar un balance de su impacto en la diminución y prevención de la violencia contra las mujeres y niñas, es un reto que enfrentará la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador, consideró la coordinadora del OCNF.

Tan sólo en los últimos meses Zacatecas y Oaxaca se sumaron a los estados en declaratoria de Alerta de Género, otras de las entidades en alerta son el Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit y Veracruz que acumuló dos alertas, una por feminicidio y otra por la obstrucción de las mujeres a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

Es decir, 15 de las 32 entidades federativas están en Alerta de Violencia de Género, casi la mitad del país.

En los procesos de las AVG las agrupaciones de la sociedad civil se han visto orilladas a presionar a la Conavim –la instancia encargada del mecanismo- para que obligue a los gobiernos estatales a cumplir con el mecanismo de emergencia y salvaguardar la vida de las mujeres.

Por ejemplo, en el Estado de México una agrupación optó por presentar una segunda petición de Alerta de Género por considerar que la primera no tuvo resultados a tres años de que está activa.

Lo mismo ocurre en Puebla donde varias organizaciones volvieron a solicitar la AVG después de que la Segob determinó no activar el mecanismo a pesar de contar con elementos claros de violencia feminicida en el estado.

Las organizaciones civiles también se han valido de los amparos como una vía para que se activen las AVG. Por este medio se logró la emisión de la AVG en el Estado de México y Nuevo León y  actualmente en el municipio de Cajeme, Sonora, se espera la resolución de juez sobre si se debe decretar la Alerta de Género en esta localidad.

En el círculo de las organizaciones peticionarias de las Alertas se ha discutido su funcionamiento, si deben tener alguna duración, sanciones a los funcionarios que incumplan con las recomendaciones, asegurar su participación activa para vigilar que se cumplan, incluso el Instituto Nacional de las Mujeres planteó el año pasado un reforma que reducía el proceso de la AVG de seis meses a dos y planteaba determinar un periodo para que se “levanten”, pero el proyecto hasta ahora no ha avanzado.

A pesar de estas peticiones y a tres años que se decretó la primera AVG en el país (el Estado de México en 2015) se desconoce si el instrumento ayudó a disminuir el feminicidio. El mismo Estado mexicano en su último informe que envió a CEDAW reconoció no contar con mecanismos para conocer el impacto de esta política pública de emergencia.

FORTALECER CONAVIM

La defensora Luz Estrada señaló a esta agencia que la conformación de un Comité Técnico dentro de la Conavim entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil ya es un paso para comenzar con la revisión de la AVG y generar estrategias para combatir el feminicidio y la desaparición de niñas y mujeres.

Lo anterior, consideró, no se podrá lograr sin el fortalecimiento de la Conavim a quien se le debe de dotar de poder político para convertirse en la rectora de la política en contra la violencia de género, una inquietud que también externaron a Sánchez Cordero en la reunión.

Otros de los acuerdos entre las integrantes del Observatorio y la secretaria de Gobernación es una posible reunión de las víctimas de feminicidio con el presidente electo López Obrador.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Hazel Zamora Mendieta

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Del Papa sólo prevén un mensaje para los foros de pacificación

La transición

El futuro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, detalló que no esperan una participación del papa Francisco distinta a un mensaje o un punto de vista dentro de los foros de pacificación del país. Además, anunció que buscarán con Rusia eliminar las visas de turistas en los primeros meses de 2019.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió ayer en su casa de transición con el nuncio apostólico en México, Franco Coppola, con quien dialogó sobre el proceso de paz, la lucha por reducir la desigualdad y el futuro de la juventud mexicana, principalmente el proyecto Jóvenes Construyendo su Futuro.

Al concluir el encuentro, Ebrard Casaubon subrayó que, junto a la Iglesia católica, el equipo de transición ha hecho la invitación a distintos líderes religiosos para participar en los foros de pacificación, ya que esencialmente de lo que se trata es una conversación y una reflexión común de cómo podemos conseguir la paz en México después de unos años de una violencia increíble.

Al hablar sobre la posibilidad de que el papa Francisco participe, agregó: No estamos esperando del Santo Padre más que su mensaje y su punto de vista, como otros que lo pueden dar, y aclaró que ello no representaría un tratado o acuerdo legal con otro Estado, sino de una conversación con alguien que dirige una institución importante como la Iglesia católica, por lo que no requiere la aprobación del Senado para ello.

En seguida, López Obrador se reunió con el embajador de Rusia en México, Viktor V. Koronelli, con quien busca llegar a un acuerdo para eliminar la visa de turistas. Con esto se podría duplicar la cantidad de turistas rusos a México, principalmente a la Riviera Maya, agregó Ebrard Casaubon en rueda de prensa.

Una de las principales inversiones rusas que se prevé en México para los próximos meses es en el ramo automotriz, adelantó el próximo canciller.

Además, dijo que se dejó las puertas abiertas para futuras visitas tanto del papa Francisco como del presidente ruso, Vladimir Putin, pero aúno se definen fechas.

Detalló que las invitaciones a los distintos mandatarios del mundo para la toma de protesta de López Obrador las recibirán entre el miércoles y jueves de esta semana, pero adelantó que muchos de los jefes de Estado y de Gobierno de los países que integran el G-20 tendrán una reunión en Buenos Aires el primero de diciembre, entre ellos el presidente ruso, por lo que está en duda su asistencia a México.

Por su parte, la próxima secretaria de Medio Ambiente, Josefa González-Blanco, anunció que Blanca Jiménez Cisneros será la futura directora de la Comisión Nacional del Agua.

Enrique Méndez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 11 de septiembre de 2018, p. 6

Del uno al 43, el desagravio histórico

                                                                                 

La protesta de la bancada de Morena por la desaparición de los 43 normalistas en la Cámara de Diputados. Foto: Germán Canseo

Por Arturo Rodríguez García (apro).- El conteo del uno al 43, el grito grupal de justicia y las cartulinas alusivas a la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, motivaron cuestionamientos a la bancada de Morena, que escandalizó algunas buenas conciencias de la vida pública por interrumpir el discurso que, en apología del sexenio peñanietista, pronunciaba Claudia Ruiz Massieu.

“Solo hay una cosa clara en el inicio de la nueva legislatura: se inaugura el parlamentarismo de la cartulina, la manta, la porra y la consigna. El grito en la grada que ensordece el argumento de la tribuna”, escribió el panista y calderonista, Roberto Gil Zuarth.

Esa y otras expresiones parecen olvidar que la bancada de Morena y sus aliados serán oposición hasta el próximo 30 de noviembre y apuestan a la desmemoria por los espectáculos legislativos de todos los tiempos, no de la oposición que debió acudir a esas prácticas desde los ochenta para hacerse escuchar.

Del registro histórico, el 1 de septiembre de 1969, Gustavo Díaz Ordaz se paró ante el Congreso para expresar: “asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica en relación con los sucesos del año pasado”. Hablaba de la masacre estudiantil de 1968. Y el congreso, bajo control hegemónico, lo ovacionó.

Desatada la llamada “guerra sucia” y con la masacre del 10 de junio de 1971 a cuestas, Luis Echeverría llegó al Congreso el 1 de septiembre de 1974, para decir de los movimientos sociales y la guerrilla:

“La composición de estos pequeños grupos de cobardes terroristas, desgraciadamente integrados por hombres y mujeres muy jóvenes surgidos de hogares generalmente en proceso de disolución; mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje; adolescentes con un mayor grado de inadaptación que la generalidad, con inclinación precoz al uso de estupefacientes en sus grupos, con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina (…) son, estos grupos, fácilmente manipulables por ocultos intereses políticos nacionales o extranjeros que hallan en ellos instrumentos irresponsables para estas acciones de provocación en contra de nuestras instituciones”.

Ovación legislativa, como la de José López Portillo, en su último informe en 1982. Cuando anunció la expropiación de la banca; cuando dijo “ya nos saquearon y no nos volverán a saquear”. Cuando con lágrimas y voz quebrada se dijo dolido por la pobreza que no remedió, pero que no buscaba “indulgencias históricas”. Y luego: “fui responsable del timón, pero no de la tormenta”. El más dramático y ovacionado presidente en el Congreso.

O 1988, luego de interpelar a Miguel de la Madrid, Porfirio Muñoz Ledo salía del recinto legislativo en medio de gritos de traidor y judas, proferidos por aquella mayoría priista que se perpetuaba en el fraude electoral y volvía a ovacionar al presidente.

En los seis informes de Carlos Salinas de Gortari, la mayoría priista intentaba reducir a la perredista que cada año impidió el lucimiento presidencial. Manotazos y tandas de aplausos priistas, intentaban regresar el lustre perdido, inclusive, en el caótico 1994.

Los espectáculos legislativos, naturalmente, no fueron sólo en los Informes. Entre los episodios penosos hay que recordar la aprobación del IVA; el desafuero de López Obrador por orden presidencial; la toma de posesión de Felipe Calderón; la aprobación de las reformas estructurales que, como en renovada hegemonía con diversidad de siglas, eludió el debate democrático.

Los episodios de subordinación al Ejecutivo y, sobretodo, de afirmación autoritaria, se acumulan desde el pasado hegemónico a las últimas semanas. Habrá tiempo para señalarle lo mismo a Morena pero, por lo que toca al conteo de su apabullante bancada hasta el 43, hay un acto de desagravio histórico, un gesto simbólico por el más oscuro, indignante y jamás esclarecido episodio de terror de Estado en el sexenio que agoniza.

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¿Adiós a la transición de terciopelo?

Magdalena Gómez

Cual si superara el estupor inicial y las buenas y obligadas formas políticas, el aún Presidente de la República ya comienza a ejercer su autodefensa, lo que marca el real inicio del proceso de transición. Las señales no guardan relación con el terciopelo y menos aún con la mal llamada luna de miel, cuyo orden tradicional ha sido posterior a un matrimonio y no a la inversa, como señaló el muy cuestionable personaje del futuro gobierno Alfonso Romo, respecto de los empresarios cuyos intereses representa.

Una de las primeras reacciones pe­ñis­tas la observamos al defender su re­­­forma punitiva laboral, mal llamada re­­forma educativa, frente al anuncio del presidente electo de que ésta cambiaría, cuidando no pronunciar el concepto de abrogación, que ha demandado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. También ha defendido, por sí o por los sectores interesados, la continuidad de la megaobra del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM), postura que ya no guarda enfrentamiento con el próximo gobierno, como sucedió en tiempos de campaña, pues ahora abrió la puerta de la consulta, cuyo propósito y metodología ameritan un seguimiento aparte.

La energética, madre de todas las reformas peñistas, es por supuesto defendida, enfatizando la suma de inversio­nes comprometidas, en un tono que elude confrontación con el presidente electo. Si lo es sólo para quienes nos hemos opuesto a ellas desde su aprobación, pues las declaraciones desde el próximo gobierno son abiertamente limitadas. Se revisarán las concesiones, han dicho; es decir, los efectos de la reforma energética; de entrada todas están amparadas en la Constitución y la ley, no se ofrece, en cambio, promover ante el Congreso su derogación o modificación. Aun cuando ha defendido en estos días que en la nueva versión del tratado de libre comercio se consigne que México mantiene la soberanía nacional sobre los recursos naturales, la cual quedó en entredicho con la reforma constitucional de Enrique Peña Nieto que abrió la facultad de ejercerla para otorgar concesiones al capital trasnacional.

Junto a todo ello, en materia de derechos humanos el gobierno de Peña Nieto dejó al lado la retórica del terciopelo en su último Informe de gobierno, encontró que su mejor defensa es la de reiterar el aval a la llamada verdad histórica en el emblemático caso Ayot­zinapa frente a la postura clara de que será reorientada la investigación por el próximo gobierno. Señaló: La in­vestigación ahí está, evidentemente ante la negativa y el rechazo de los padres de familia por aceptar los alcances de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR), en donde había evidencias claras y contundentes de que muy lamentablemente los 43 estudiantes habían sido incinerados por un grupo delincuencial que operaba en el estado de Guerrero, fue necesario incluso abrir las pesquisas a una Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ésta conociera lo hecho por la PGR. Yo estoy en la convicción de que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó.

No importó que la versión oficial ha sido cuestionada por instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Equipo Argentino de Antropología Forense, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en especial mediante el informe Doble injusticia, en que se documentó que de parte oficial practicaron tortura para obtener confesiones. Todo ello se reafirmó con la sentencia del primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas. La reacción contra Peña Nieto era de esperarse, tanto de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos como del Centro Pro de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, que la calificó, de negligente e indolente.

Fue el anticipo ante el balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH que señala las tareas pendientes. En este tema, el abandono del demagógico terciopelo es recíproco. El equipo del presidente electo está en contacto con integrantes del GIEI para analizar su retorno al país y replantear sus pesquisas. Otra respuesta es el anuncio personal del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, respecto de que el próximo 26 de septiembre, cuando se cumplirán cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, recibirá a los padres de estos jóvenes de Ayotzinapa. Sería deseable que ese encuentro se realice en la escuela normal, que no fue visitada por el aún Presidente de la República.

Los próximos tres meses seguirán las señales de confrontación y/o de continuidad. Tendrán desenlaces en temas candentes, como el NAICM, deberán conocerse los compromisos que ya dejó establecidos y firmados el gobierno que entrega. Se harán visibles los desafíos y limitaciones del nuevo gobierno, expresados en políticas y propuestas legislativas. Ya haremos el balance.

Inteligencia financiera, a cargo de Nieto Castillo

La transición

▲ COMBATIRÁ LA CORRUPCIÓN. El próximo titular de Hacienda anunció que Santiago Nieto Castillo será el encargao de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Santiago Nieto Castillo, ex fiscal de delitos electorales, será el próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, y ayer mismo afirmó que esa instancia será una de las principales encargadas del combate a la corrupción, que, evaluó, inicia desde las campañas, con la entrega de fondos ilícitos de funcionarios a candidatos.

Anunció que la estrategia contra el lavado de dinero, que comete la delincuencia organizada y el que se practica en el ámbito electoral, no se reducirá a una estrategia policiaca, sino de inteligencia y para afectar los flujos patrimoniales de las organizaciones criminales.

La presentación de Nieto Castillo estuvo a cargo de Carlos Urzúa, quien será el secretario de Hacienda, y que definió a la UIF como uno de los brazos más importantes de la dependencia, encargada de seguirle la pista al lavado de dinero y, obviamente, con ello combatir de manera frontal a la corrupción.

Urzúa refirió que Nieto Castillo es doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en temas electorales y de combate a la corrupción, en particular lo relacionado con el financiamiento ilícito a partidos políticos, peculado y condicionamiento de programas sociales.

Recordó que como fiscal en delitos electorales centró su tarea en el combate al financiamiento ilícito a las campañas, y señaló que desde la UIF Nieto Castillo estará en contacto directo con el presidente, así como con la nueva secretaría de seguridad pública y la fiscalía general.

Santiago Nieto, quien fue destituido en 2017 cuando señaló que Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, lo presionó por el caso Odebrecht, afirmó que se tomarán como referencia en el combate a las estructuras financieras del crimen organizado sistemas que han funcionado en América Latina.

Específicamente, indicó, la forma en que se siguió en países como Brasil y Perú la indagatoria de presuntos sobornos de la petrolera Odebrecht a funcionarios.

Anticipó que se realizará un diagnóstico, con especialistas en la materia, para presentar una propuesta a fin de que el primero de diciembre iniciemos de manera precisa, con un mensaje: el ataque a las estructuras financieras del crimen organizado.

Sostuvo que el lavado de dinero no se comete sólo por la delincuencia organizada, porque también pueden existir grupos de naturaleza empresarial y política, y en todos los casos la posición será combatir esas prácticas.

Consideró que será necesaria una reforma a la ley para tipificar como delitos graves los cometidos en materia electoral, así como estrechar la relación con la unidad técnica de fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

Foto La Jornada

Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Martes 4 de septiembre de 2018, p. 8

Falta de cultura parlamentaria

La Jornada

La sesión de apertura del primer periodo de sesiones de la 64 Legislatura, realizada el sábado anterior en el Palacio Legislativo de San Lázaro, fue una vitrina en la que se exhibió el atraso político de las bancadas que integran las dos cámaras del Congreso de la Unión.

Correspondía a los representantes de las fuerzas políticas usar la tribuna para exponer sus respectivos posicionamientos ante el gobierno que termina y frente al que iniciará funciones el próximo primero de diciembre, y cabía esperar, en consecuencia, balances –defensivos o críticos, pero balances– del gobierno de Enrique Peña Nieto y propósitos programáticos de cara al que encabezará Andrés Manuel López Obrador.

En cambio, la sesión quedó marcada por la demagogia, el oportunismo y la insustancialidad de los oradores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC), a los que se agregó de colado el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza; el azoro del panista Juan Carlos Romero Hicks y la insólita arrogancia de la lideresa priísta, Claudia Ruiz Massieu, y por los deplorables griteríos del grupo ampliamente mayoritario de Morena, triunfador incuestionable en los comicios del primero de julio anterior.

Es preocupante que, transcurridos dos meses de esos comicios, los legisladores ganadores no hayan asimilado la significación de ese vuelco electoral histórico y sigan comportándose como si estuvieran en campaña, y lo que es peor, desde papeles que ya no les corresponden.

La dirigencia del tricolor, gran derrotado de esa elección, se sigue expresando con una prepotencia fuera de lugar; los legisladores de Morena actúan como si aún estuvieran en la oposición –y en el Congreso de la Unión no es el caso–, los representantes de PVEM, MC y PRD persisten en actitudes acomodaticias y carentes de propuestas y el panista evidencia, en su discurso, que Acción Nacional no ha superado el desconcierto de su fracaso en el reciente proceso comicial.

A pesar de los esfuerzos del presidente del Congreso, Porfirio Muñoz Ledo, por mantener el concierto y las maneras durante la sesión, ésta quedó marcada por la notoria carencia de sentido parlamentario. Es claro que la lógica de los cuerpos legislativos demanda que sus integrantes conozcan y respeten los reglamentos y leyes orgánicas que norman el comportamiento en las sesiones.

Como indica la etimología del nombre, un parlamento es un mecanismo basado en el diálogo y la discusión, y para que pueda cumplir con su función los contendientes deben recurrir a argumentos sólidos, no a consignas, decibelios o maniobras discursivas efectistas y politiqueras.

La circunstancia nacional presente suele ser descrita como la antesala de una gran transformación que pasará, sin duda, por reformas de fondo al marco legal. Si la formación política mayoritaria pretende realizar esa tarea con legitimidad y credibilidad, y si las oposiciones buscan participar en ese proceso, sea para respaldarlo, para resistirlo, para enriquecerlo o para moderarlo, una y otras deben actuar en una forma distinta a la que se vio en la sesión inaugural del sábado.

Dialogará López Obrador con padres de los 43 normalistas

La Transición

A cuatro años de la desaparición

La reunión será el 26 de septiembre

▲ En conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador descartó que Morena se convierta en aplanadora en el Congreso.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el 26 de septiembre, cuando se cumplirán cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, recibirá a los padres de estos jóvenes de Ayotzinapa.

Tengo ya el compromiso de recibir a los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa, me informó Alejandro Encinas (próximo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación) que tenían intención de hablar conmigo y dije que sí, que yo reservaba ese día para entrevistarme con ellos, sostuvo.

Por otro lado, comentó que hasta ayer no lo habían invitado al último Informe del presidente Enrique Peña Nieto, aunque pidió no malinterpretar el hecho, porque con el mandatario y su gobierno no hay confrontación.

Y a unos días de que dijo que el Ejército permanecería en las calles, ayer aclaró que trabaja en un plan para que el retiro sea de manera gradual, pero explicó: vamos a aplicar esta estrategia de apoyarnos con el Ejército y con la Marina porque no tenemos otra opción.

En conferencia de prensa en la casa de la transición, López Obrador ratificó, por otra parte, que a pesar de contar con mayoría en la nueva Legislatura ya no habrá leyes como antes para beneficio de minorías ni para que se afecte al pueblo. Las leyes van a ser para que haya bienestar y felicidad en nuestro pueblo, no para entregar los bienes de la nación a particulares, no para hacer jugosos negocios al amparo del poder público. Eso se va a terminar, subrayó.

Cuando se le comentó si Morena será aplanadora en el Congreso, el futuro mandatario pidió a los adversarios y a los conservadores, que tengan confianza, que nosotros tenemos principios, tenemos ideales; no vamos a actuar como lo han hecho ellos. No se va a imponer nada. No es vencer, sino convencer.

Se mostró seguro de que legisladores de otros partidos, incluidos del PRI y del PAN, votarán las propuestas que presente Morena, pero enfatizó que no habrá iniciativas con el fin de seguir entregando el territorio para la explotación petrolera... Los legisladores no van a estar simulando que son representantes populares cuando en la realidad representaban a los grupos de intereses creados. Es un cambio por completo.

El presidente electo informó que ha estado trabajando en cinco tareas, que incluyen ajustes al marco legal para llevar a cabo la cuarta transformación.

Señaló los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública, además de la elaboración de las propuestas de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, con el propósito de que sean autorizadas en los primeros días de diciembre.

Asimismo, mencionó la preparación de convocatorias para licitar obras públicas y citó los trenes maya y de contenedores de carga del Istmo de Tehuantepec y todas las que necesitemos. Agregó que trabaja en un sistema de entrega de fondos de manera directa a beneficiarios de programas sociales para que no haya intermediarios ni traslado de grandes cantidades de dinero en efectivo.

Por último, afirmó que alista la estrategia para el plan de seguridad que presentará antes de su toma de protesta como Presidente el primero de diciembre.

A pregunta expresa, dijo que el plan es retirar al Ejército de las calles, pero al mismo tiempo, desde el inicio de su gestión, se implementará un proceso de formación para que las corporaciones se vayan moderando, autolimitando el uso de la fuerza; que se vayan controlando y que se respeten los derechos humanos.

De modo que, resumió López Obrador, primero vamos a actuar dentro del marco legal que se tiene, y para mediados de sexenio vamos a ajustarlo por completo para que puedan ayudar todas las corporaciones a enfrentar el grave problema de la inseguridad pública, pero esto es un proceso.

En otro tema, mencionó que mientras continúa la integración de la ayudantía, el equipo que se encargará de su seguridad, los representantes de los medios de comunicación y la gente lo seguirán cuidando. Sin embargo, reprochó que en busca de declaraciones los informadores metan cámaras y equipos dentro del vehículo en que se traslada.

“Sí, meten los chuzos esos hasta dentro del carro –así se dice en Tabasco a esas palancas—; el otro día se metieron hasta dentro, eso no se hace, tache, tache”, apuntó.

Foto José Antonio López

Alma E. Muñoz 

Periódico La Jornada

Sábado 1º de septiembre de 2018, p. 5

Asignar recursos suficientes a política de género, piden a diputadas de la CDMX

 OSC presentan agenda de género, respetar DH ganados, exigen

Diputadas de la Ciudad de México recordaron los pendientes a legislar en materia de género a las mujeres que formaran parte del primer Congreso de la urbe y las llamaron a hacer política distinta a los hombres, con la generación de leyes con perspectiva de género.

El próximo 17 de septiembre tomará protesta el primer Congreso de la Ciudad de México (antes Asamblea Legislativa) que por primera vez en su historia será paritario, con 33 mujeres y 33 hombres.

Por ello, las diputadas que obtuvieron una curul ya se preparan y esta mañana organizaron el “pase de estafeta” en el recinto de la Asamblea Legislativa, donde en un acto simbólico, recibieron de las legisladoras salientes y de organizaciones civiles, los pendientes que tendrán para garantizar los derechos de las capitalinas, el principal, coincidieron, asignar un recurso suficiente a la política de género.

MUJERES: GARANTIZAR DH DE LA CONSTITUCIÓN

En el evento se recordó que no sólo será el primer congreso paritario de la Ciudad de México, también una mujer, Ernestina Godoy Ramos, dirigirá la fracción parlamentaria de la principal fuerza que conformará el congreso, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Las legisladoras insistieron en que se deberá garantizar que las capitalinas ejerzan sus derechos, los cuales quedaron asentados en la primera Constitución Política de la Ciudad de México que también entrará en vigor: el derecho a la igualdad sustantiva, autodeterminación y al libre desarrollo, derecho a la sexualidad, derecho al cuidado, reconocimiento del trabajo del hogar, a la igualdad sustantiva en el trabajo y salarios, a acceder a cargos de la función pública en condiciones paritarias y el derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada, tener hijos o no.

En su participación, la diputada Ernestina Godoy, quien es abogada egresada de la UNAM y fundadora de la organización civil “Alianza Cívica”, recordó a las mujeres con quienes llegará al poder, que no hay nada nuevo que inventar en la agenda de género para la Ciudad de México, las organizaciones civiles ya han presentado sus iniciativas y además tienen “hoja de ruta” los derechos ganados en la Constitución y las últimas recomendaciones que emitió el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles).

En la discusión de los desafíos que enfrentará el nuevo Congreso de la Ciudad de México, las diputadas electas escucharon las propuestas de diversas organizaciones civiles que una a una presentaron sus agendas. Entre las legisladoras comprometidas con los derechos de las mujeres estuvieron la diputada electa Paula Soto y las diputadas que salen, Beatriz Rojas Martínez y Dunia Ludlow Deloya.

SIN PRESUPUESTO NO HAY AGENDA

En las demandas destacó la necesidad de aprobar un presupuesto suficiente destinado a la política de género. Andrea Elizalde Balderas de la agrupación Clóset de Sor Juana, instó a las legisladoras a designar mayores recursos en la materia, generar mecanismo de vigilancia en asignación y transparencia en su uso.

También pidieron fortalecer con recursos a la nueva Secretaría de las Mujeres (transformación del Inmujeres DF), cuyo objetivo es la dirección de políticas públicas enfocadas a la equidad de género en la capital del país.

Gabriela García de la organización civil Balance, abordó la importancia de garantizar a las capitalinas los derechos sexuales y reproductivos hasta ahora ganados, como la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, normativa única en el país desde 2007.

La defensora recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya protegió los derechos sexuales establecidos en la nueva Constitución local, pero quedan pendientes como acercar los servicios de salud reproductiva y sexual a las capitalinas, asegurar que los otras causales que existen en la normativa para acceder a un aborto (como violación o riesgo a la salud) se apliquen, y vigilar la operación de los protocolos de atención las personas víctimas de violencia sexual.

Otros de las temas prioritarios en la agenda de género de la Ciudad de México en los que coincidieron las legisladoras y agrupaciones civiles fueron: la atención a la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG), la violencia política contra las mujeres, incrementar la participación política de las mujeres en las Alcaldías, preparar la instauración de un sistema de cuidados, asegurar que las trabajadoras del hogar gocen de sus derechos laborales, el acceso de las capitales a la salud, educación y vivienda.

También la inserción en la Ciudad de México de mujeres migrantes y sus familias, la protección de las mujeres defensoras de los Derechos Humanos. En estos temas las diputadas del primer Congreso y organizaciones civiles pactaron en trabajar juntas.

Imagen retomada del portal página3

Por: la Redacción

Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Foros por la Pacificación: Las confusiones entre la amnistía y el perdón

R. Aída Hernández Castillo

Durante el mes de agosto se han realizado en Ciudad Juárez, Torreón, Morelia, la Huacana (Michoacán) y Cuernavaca, los cinco primeros Foros por la Pacificación y la Reconciliación Nacional. Más allá de los problemas organizativos, que demostraron un alto nivel de improvisación y una falta de metodología y sensibilidad para trabajar con víctimas, los foros han puesto en evidencia la poca claridad que existe entre lo que sería una política de amnistía hacia la población presa y una promoción del perdón por parte de los familiares de víctimas desaparecidas.

A lo largo de la campaña, Andrés Manuel López Obrador el asunto de la amnistía fue un tema polémico, que fue mal interpretado como sinónimo de impunidad. Esto llevo a la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero a difundir un video en las redes sociales en donde explica que la amnistía es un instrumento jurídico que no se puede aplicar para casos de graves violaciones a los derechos humanos y que se usaría sobre todo para promover la liberación de hombres y mujeres pobres encarcelados por delitos de drogas. Este compromiso hace eco a una demanda que venimos haciendo quienes trabajamos desde la investigación activista con mujeres en reclusión. Las mujeres pobres se convirtieron en estos dos sexenios en presas de la estadística que le permitían al gobierno mexicano demostrar que estaba haciendo algo contra las redes del narcotráfico, encarcelando a los sectores más vulnerables del mercado de drogas. La organización feminista XJusticia para las Mujeres ha documentado esta situación, mostrando que sólo entre 2014 y 2016 las mujeres encarceladas por este delito en el sistema estatal aumentaron en 103.3 por ciento (http://equis.org.mx/project/politicas- de-drogas-genero-y-encarcelamiento -en-mexico-una-guia-para-politicas-publicas -incluyentes/).

Esta amnistía no debería limitarse a los delitos de drogas, sino que tendría que hacerse una revisión profunda de los expedientes judiciales desde una perspectiva de género, que permita liberar a cientos de pagadoras: mujeres que por distintas motivos están pagando el delito de un hombre, muchas de ellas víctimas de violencias múltiples. Se trata de una coyuntura propicia para revisar el sistema penitenciario y retomar, por ejemplo, las propuestas de arresto domiciliario para madres de menores de edad.

La amnistía planteada desde estos términos es una política que se propone hacer justicia y en ese sentido confronta el racismo, el clasismo y la misoginia del sistema penal. Sin embargo, en el caso de las víctimas de la desaparición forzada, este delito es una grave violación a los derechos humanos y los perpetradores, en caso de que fueran detenidos, no tendrían derecho a la amnistía. Siendo esta la situación ¿Qué implica discutir con los familiares de las víctimas el perdón, cuando sus hijos o hijas continúan desaparecidos, cuando no hay investigación, cuando fuerzas de seguridad están involucrados y cuando no hay perpetradores detenidos?

Si se está pensando en los modelos de justicia restaurativa, no se cumple en el caso de los casi 35 mil desaparecidos en México con los requisitos para promoverla: no hay ni verdad, ni justicia, ni condiciones de reparación, menos posibilidades de que la comunidad entera participe en estos procesos. Alfonso Durazo, el futuro secretario de Seguridad Pública, se adelantó a estas críticas señalando: El perdón es individual, es personal y no tiene consecuencias jurídicas. Si tal es el caso, los foros no son un espacio terapéutico que cuente con los especialistas, ni las metodologías para trabajar temas de ese peso emocional como es el perdón en abstracto. En el caso de la desaparición forzada, urge transformar el contexto de impunidad que la posibilita, realizar investigaciones serias al respecto y desestructurar las redes de complicidad que funcionan desde las instituciones del Estado.

Para que los cambios prometidos por la futura administración sean una realidad es necesario que se conozca la problemática a fondo y no lanzar iniciativas improvisadas que están revictimizando a quienes de por sí han sufrido la banalidad del mal de la violencia burocrática.

Morena impone nueva hegemonía en San Lázaro con 247 diputados

Se unen legisladores de PT y PES

Muñoz Ledo presidirá el primer año de la 64 Legislatura

▲ Porfirio Muñoz Ledo, en la elección de presidente en San Lázaro

▲ En la sesión destinada a instalar la 64 Legislatura, arengados por Dolores Padierna, Mario Delgado, Alfonso Ramírez Cuéllar y Horacio Duarte, los diputados de Morena festejaron el nombramiento de Porfirio Muñoz Ledo con la consigna: ¡Es un honor, estar con Obrador!

La nueva correlación de fuerzas políticas en la Cámara de Diputados –derivada del proceso electoral– colocó a Morena en un sitio inalcanzable. Con 247 diputados, será el grupo parlamentario más grande en San Lázaro desde 1994, cuando el PRI tuvo 320 en la 56 Legislatura; sin embargo, tres años después perdió la mayoría. Ayer, 24 años después de la hegemonía priísta, se editó una nueva página del poder de un partido en ese órgano del Congreso de la Unión.

A Morena se sumaron 56 legisladores de PT y PES, partidos que la víspera se ubicaban en tercer y cuarto lugares entre las fuerzas que integran el órgano legislativo.

Ayer, a raíz de los desplazamientos internos en la coalición Juntos Haremos Historia, el PRI, con 47 representantes, se convirtió en la tercera fuerza política, por debajo del PAN, con 80 diputados.

En la sesión destinada a elegir a la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, con el apoyo de los diputados de distintos partidos en San Lázaro, consiguió por unanimidad 496 votos, y en ese momento se dio el primer escarceo a gritos entre morenistas y panistas.

En el salón de plenos retumbó el coro arengado por Dolores Padierna, Mario Delgado, Alfonso Ramírez Cuéllar y Horacio Duarte: ¡Es un honor, estar con Obrador! ¡Es un honor, estar con Obrador!

Al medio día, la Secretaría General de la Cámara de Diputados dio a conocer la integración de los grupos parlamentarios que darán inicio –el primero de septiembre– a los trabajos de la 64 Legislatura.

Entre los asistentes surgió la sorpresa al darse a conocer que Morena no sólo tenía 191 diputados, sino que el número se incrementó a 247, seguido de lejos por PAN (80), PRI (47), PES (31), PT (29), MC (28), PRD (20), PVEM (16), y dos sin partido por la vía plurinominal.

El brinco esperado de diputados de PT y PES terminó por fortalecer a Morena, lo cual hizo recordar el control casi absoluto que ejerció el priísmo en el Congreso.

Conscientes del significado del anuncio de la Secretaría General, los diputados federales de Morena, exultantes y eufóricos, emitieron desde la burbuja un coro que retumbó en el salón de plenos. ¡Es un honor, estar con Obrador! ¡Es un honor, estar con Obrador!

A los líderes de Morena le siguieron personajes de distintos orígenes e intereses, entre ellos Gabriela Cuevas, Javier Hidalgo, Carol Altamirano, Asael Santiago Chepi y Raúl Sánchez Barrales, entre otros.

De inmediato, el reducido grupo panista respondió con el grito: ¡Justicia, justicia!, en referencia a la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le quitó dos diputaciones plurinominales al panismo en los municipios de Guadalupe y Monterrey, estado de Nuevo León.

Ante la demanda panista, expresada también en carteles con la leyenda: Justicia en Guadalupe y Monterrey, surgió el estruendo morenista: ¡Puebla, Puebla, Puebla!, recordando que está pendiente la resolución de la autoridad electoral, tanto en aquella entidad como en el TEPJF, que echaría abajo el resultado de la elección de gobernador, debido a que Miguel Barbosa reclama fraude en su contra por parte del morenovallismo.

Los gritos se fueron apagando cuando a un diputado de Morena se le ocurrió recordar a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, y ennumeró del uno al 43.

Fue la catarsis de la mayoría por hallarse en San Lázaro.

Foto José Antonio López
Néstor Jiménez y Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Jueves 30 de agosto de 2018, p. 3

Los Coordinadores estatales de AMLO; polarización

AMLO representó un líder opositor financiando por el sistema; bien; esa ya es historia y ahora anuncia o confirma su estilo personal de gobernar y la novedad; los Coordinadores estatales.
Ya elegido presidente de la republica hizo una serie de presentaciones que se vio obligado a suspenderlas como fue el caso de la charla de Meade y de Slim (con su curioso discurso de la “purificación”) porque el hartazgo, cuyo símbolo son 30 millones de votos, no están en el ánimo para las campañas mediáticas; en las redes sociales fue contundente el reclamo, donde el mensaje fue muy claro; vaya usted a saber si fue decisión propia y le aconsejaron pero lo pararon en seco.
Después anunció la táctica perpetuadora del poder; los Coordinadores estatales; el simple anuncio alertó a todos los gobiernos y organizaciones sociales; desde charras hasta democráticas y clasistas; el apresurado anuncio no lo dejó vislumbrar que todavía en muchos estados el PRI y el PAN tenían congresos hegemónicos y la reacción no se hizo esperar; el caso más sonado fue el de la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich.
Si el anuncio se hubiera hecho ya instaladas las legislaturas donde Morena es mayoría, la jugada hubiera sido una carambola fina de tres barandas; pero en fin, muchas veces el pez muere por su boca.
Bien; se quiera o no el país se polarizará y no solo será un pleito con los estados y municipios sino con las organizaciones sociales; basta leer a otro imprudente que queriendo quedar bien habló no solo de las violaciones a las autonomías y al Pacto federal sino hasta montos dio a conocer y los mecanismos para “bajar” los apoyos sociales; me refiero a Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente vitalicio del Barzón y aspirante a la coordinación de Morena en la Cámara baja.
En dichas declaraciones Alfonso Ramírez dio a conocer que desparecerán el Ramo 33 y 23 y señala “no se les va a quitar a las entidades federativas, pero si se va a reconcentrar y va a servir para que de manera centralizada la Cámara de Diputados lo dirija al beneficio de los programas de desarrollo social en las regiones”; más adelante no se le entiende lo que quiere decir pero lo que sí se entendió es que los municipios están en la mira como un asunto clave.
Ahora AMLO; así como los panistas y priistas de los que tanto se quejan; tendrán que hacer lo propio, modificar leyes y reglamentos para imponer esa figura de nombre Coordinadores de estados que no son otra cosa; según dicen las malas lenguas; que operadores de Morena para crear una estructura que les garantice los próximos triunfos electorales y su anhelada Cuarta transformación.
Se dice y hay quejas, que no hay una sola organización que no esté en la mira de AMLO, sean partidos, organizaciones sociales o civiles, así como la ofensiva contra estados y municipios; en una especie de métodos estalinistas y viejos proyectos tipo Pronasol de Salinas de Gortari. Un nuevo tipo de corporativismo.
La situación del país es gravísima; la paz social esta prendida en alfileres, la impunidad ya dejó huella y sus aliados mandan señales que resolver esto no es una prioridad sino que fue retórica electoral, la cuestión del respeto al territorio y la autonomía indígena mete ruido al proyecto del nuevo aeropuerto y el proyecto de trenes, otro tema es el complicado asunto de la vivienda; los nuevos gasolinazos también es un asunto de tiempo.
Sí; es cierto que el atraso político es el gran aliado de AMLO, no debe olvidar que los movimientos de resistencia tienen la virtud de aumentar el nivel de conciencia del pueblo.
El hartazgo sí compra la idea de que los Coordinadores estatales son una necesidad ante la corrupción del Prian y las organismos charros pero creo que los seguidores de Guillermo Padrés, los Bours, los Romo y una infinidad de personajes que navegan en Morena incomodan demasiado por lo cual la idea pierde credibilidad y se dice; mayoritariamente; que los Coordinadores simplemente serán operadores políticos de Morena.
Lo cierto que la política asistencialista del Peje no tendrá los resultados que espera, tampoco muchas organizaciones tienen los brazos cruzados; las expectativas creadas ahí están, hay que tener cuidado.

César del Pardo Escalante
Hermosillo, Sonora 24 de agosto del 2018

Legalidad y constitución moral

Carlos Martínez García

El Estado debe hacer cumplir las leyes, normar las conciencias es asunto de otras instancias. Siempre será de beneficio público reforzar la construcción de virtudes cívicas, y en esto tiene parte importante el sistema escolar/educativo. Sin embargo, el recurso pedagógico que puede calar más hondo en quienes infringen las normas es que sus acciones no queden impunes.

La impunidad, ominoso legado de los regímenes de PRI y PAN, es un disolvente de la sociedad mexicana que causa graves daños a la ciudadanía y entre ella. Mientras al gobierno le toca cuidar que organizaciones de todo tipo y personas no hagan el mal que tiene consecuencias públicas, instar a realizar el bien es terreno de instituciones que forman conciencia de lo importante que es darse para servir a otros y otras. Debe haber consecuencias legales para quienes vulneran derechos de otros reconocidos en las leyes, pero no puede haber sanciones a quienes rehúsan colaborar en causas altruistas.

El sistema mexicano de procuración de justicia está hecho trizas. Reconstruirlo para que cumpla el cometido plasmado en la Constitución es uno de los mayores retos que enfrentará la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El conjunto legal de un país necesariamente debe tener transformaciones, pero el principal déficit que tiene México no es jurídico, sino el abismo existente entre las leyes vigentes y el cumplimiento de las mismas. Y además con el agravante de que por décadas han sido los gobiernos en turno los que han pervertido el uso del aparato del Estado para horadar en su beneficio el sistema jurídico y judicial.

Ante el desastre que significa el alto nivel de impunidad que campea en México, cuyos principales beneficiados han sido la delincuencia organizada, así como los integrantes de la clase política y empresarial, es ineludible fortalecer aceleradamente el cumplimiento del marco legal por parte de las instancias del Estado encargadas de impartir justicia, o si no justicia, al menos velar por que el derecho a la legalidad no sea una quimera.

AMLO dio a conocer los integrantes de la comisión que redactará su prometida constitución moral. Los encargados deben, me parece, replantearse el nombre del documento. Como no podrá poseer el alcance obligatorio de una constitución o estatuto, de tener buen fin, es decir, llegar a ser escrita, podría llamarse cartilla o ideario. No puede ser constitución porque el pretendido documento no será prohijado por una asamblea constituyente, necesariamente plural, convocada y elegida para la tarea. Tampoco estatuto, porque, como bien observó ayer Luis Hernández Navarro, llamarle así sería una una contradicción, porque, según el diccionario de la RAE, un estatuto es la regla que tiene fuerza de ley para el gobierno de un cuerpo. Debido a esto y, en consonancia a que todo apunta a que concluirá en puntos declarativos de generalidades ético/morales, los comisionados habrán de abandonar la idea de bautizar como constitución lo que finalmente redacten. Para hacer más viable la convivencia entre gobierno y ciudadanía y entre ciudadano(a)s basta con hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, como dice el juramento, las leyes que de ella emanen.

Ahora el presidente electo quiere cristalizar lo que propuso desde la campaña de 2012. Entonces convocó a la construcción de una república amorosa y delineó sus fundamentos. En su escrito, López Obrador planteó la necesidad de una reconstrucción ética, nacida de convicciones morales abrevadas en muchas fuentes. A varias de éstas se refirió llamándolas reservas morales. La fuente a la que más recurrió en su escrito fue la Cartilla moral, de Alfonso Reyes.

La Cartilla de Reyes fue publicada en 1944. Inicia con una premisa: el ser humano “debe educarse para el bien. Esta educación, y las doctrinas en que ella se inspira constituyen la moral o ética […] Todas las religiones contienen también un cuerpo de preceptos morales, que coinciden en lo esencial. La moral de los pueblos civilizados está toda contenida en el cristianismo […] Podemos figurarnos la moral como una constitución no escrita, cuyos preceptos son de validez universal para todos los pueblos y para todos los hombres. Tales preceptos tienen por objeto asegurar el cumplimiento del bien, encaminando a este fin nuestra conducta”.

El diccionario de la RAE define cartilla como tratado breve y elemental de algún oficio o arte. En este sentido, el de Alfonso Reyes apunta hacia la internalización de principios para hacer posible la civilidad ciudadana. La fuerza de tal documento está en la persuasión, intentar mediante argumentos convencer a los lectores de adoptar determinadas conductas. El México contemporáneo es mucho más diverso que el de Reyes y lo que hace falta, más que una guía moral, es nada más, pero nada menos, hacer cumplir las leyes.

Gobernadores priístas se oponen a los delegados estatales de AMLO

La transición

Descartan autoridades intermedias

El trato entre gobernadores y Presidente será directo: PRI

Los delegados no ejercerán el presupuesto, afirma el tricolor

▲ Olga Sánchez Cordero, Manuel Velasco, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y Martín Orozco, encabezaron la reunión con la Conago

Los 14 gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) definieron ante Andrés Manuel López Obrador que el pacto federal no conoce de autoridades intermedias y que sus delegados en las entidades no pueden sustituir ni enfrentar a las autoridades democráticamente electas.

La relación será directa con el Presidente, indicaron en un texto leído en representación de los priístas por el guerrerense Héctor Astudillo, en la reunión del presidente electo con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), donde le preguntaron el alcance de la figura de delegados. En respuesta, explicaron gobernadores, López Obrador delimitó que no ejercerán presupuesto ni tareas de seguridad.

Quedó claro que el pacto federal nunca estuvo en riesgo. Los delegados estarán sujetos a una evaluación, que pasa por una buena relación con los gobernadores, dijo Alejandro Moreno Cárdenas, de Campeche. El compromiso que se hizo es que los delegados trabajarán con él para aterrizar los programas, pero en ningún momento estarán por encima de los gobernadores. Que no invaden atribuciones constitucionales, informó.

En entrevista ofrecida después del encuentro, de casi tres horas en el Colegio de Ingenieros Civiles, el gobernador priísta de Campeche dijo que el gobierno federal es libre de organizarse para el mejor desempeño de sus tareas, pero la relación será directa y permanente con el Ejecutivo y los titulares de las dependencias. Asimismo, en el documento los gobernadores priístas se asumieron defensores del federalismo republicano, entendido como la coordinación entre órdenes de gobierno en favor de la ciudadanía, en el contexto del respeto estricto a la soberanía estatal, como lo mandata la Constitución Política.

Señalaron que reconocen la necesidad de que funcionarios participen en labores de coordinación, pero sólo como coadyuvantes, porque tratar de sustituir o enfrentar a los gobernadores puede representar una parálisis o desaceleración de la administración pública federal en los estados de la República.

También delimitaron que serán una oposición constructiva, receptiva a los planteamientos del gobierno, pero propositiva respecto de los asuntos que consideramos prioritarios para nuestros estados y el país en su conjunto.

Luego de la reunión, el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, uno de los que se opuso públicamente a la figura de delegados, refirió que con toda claridad se dijo que no asumirán facultades que ellos mismos se encargaron de difundir que tendrían. Eso me parece un avance.

Refirió que la respuesta de López Obrador fue que sólo se encargarán de los programas sociales y no como algunos quisieron hacer ver que abordarían temas de seguridad o a manejar presupuesto.

Dijo que durante la reunión se le propuso a López Obrador que los coordinadores sean de estados distintos, para evitar que hagan trabajo político. Expuso que el presidente electo se pronunció por recoger ideas y continuar el diálogo.

Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, acotó que en los estados no habrá figuras inconstitucionales, porque los mandatarios estatales tienen la representación popular.

–¿Los delegados estarán por encima de ustedes? –se le preguntó.

–De ninguna manera. Actualmente hay delegados federales, tienen sus funciones y los gobernadores tienen las propias.

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, insistió en que la relación será con el Presidente y, en su caso, los integrantes de su gabinete.

El delegado es una figura de coordinación con la cual habrá que buscar tener un buen entendimiento, un buen diálogo y nada más.

Refirió que ha escuchado la versión de que el próximo gobierno sólo retirará a los actuales delegados federales, pero conservará la estructura. Si se queda con toda la burocracia, no se va a ahorrar mucho, abundó.

Foto Cristina Rodríguez

Enrique Méndez y Néstor Jiménez
Periódico La Jornada
Martes 28 de agosto de 2018, p. 7

Auditorías revelan irregularidades en el uso de recursos en el INE

La transición

Dispendio documentado

Auditorías revelan irregularidades en el uso de recursos en el INE

Descubren asignación indebida de contratos

Con el presupuesto más elevado que haya tenido en su existencia –que asciende a 17 mil 246 millones de pesos–, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha incurrido en excesos en diversas áreas, que han contratado servicios de empresas privadas para realizar tareas que la propia institución podría realizar. Trabajos de corrección de estilo, asesorías para la contratación de capacitadores electorales o el seguimiento en redes sociales forman parte de estos gastos.

Así lo advierte el Informe de Gestión del Primer Semestre 2018 del Órgano Interno de Control del INE, que también apunta irregularidades en los procesos licitatorios o en la asignación de contratos en este periodo. En este rubro, se han desechado licitaciones aun cuando se cumplían requisitos técnicos y económicos; se han segmentado contratos a fin de poder asignarlos directamente a una sola empresa, a pesar de que en conjunto el monto involucrado impediría esta modalidad, o se ha realizado la asignación de trabajos a pesar de que se incumple con los requisitos.

Del informe del OIC se desprenden además malos manejos en cuentas bancarias del organismo, entre las cuales destacan algunas que fueron abiertas en el ejercicio de 2017 con saldo disponible y que no encuentra justificacion, toda vez que no corresponden a pasivos contraídos en ese año, por lo que en su caso los recursos debieron ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.

La presentación del documento coincide con los trabajos de elaboración de la propuesta presupuestal que en las próximas semanas deberá aprobar el INE para turnarla a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su incorporación al paquete 2019.

Entre las principales irregularidades detectadas sobresale una relacionada con la contratación de servicios paralelos detectados en la Dirección Ejecutiva de Administración, en la Coordinación Nacional de Comunicación Social, en el Registro Federal de Electores y en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

En conjunto, el OIC detectó 18 contratos “con servicios para la corrección de estilo de documentos, la relalización de estudios de opinión –imagen del instituto–, asesorías para el reclutamiento de capacitadores electorales, monitoreo de medios de comunicación y redes sociales y rediseño de catálogo de puestos, a pesar de que en dichas áreas tienen en su estructura 62 puestos, con un total de 430 funciones, de las cuales 219 se encuentran directamente relacionadas con los servicios contratados.

“Es importante destacar –advierte el informe del titular del OIC, Gregorio Guerrero Pozas– que el monto erogado en los contratos es equivalene a 32 por ciento respecto de la percepción anual de dichos puestos”.

Al realizar las auditorías, se identificaron 10 cuentas bancarias de la Dirección Ejecutiva de Administración no reportadas por esta instancia, dos de ellas creadas en 2014 y 2015; otra con saldo identificado, mismo que fue reintegrado a la Tesorería de la Federación el 19 de junio de 2018, es decir, con fecha posterior a la solicitud de confirmación de cuentas y saldos efectuada por el OIC a diversas instituciones financieras.

Por lo que corresponde al rubro de licitaciones, se identificó a un licitante sin acreditar diversos requisitos relacionados con la especialidad y experiencias establecidos en la evaluación técnica; se detectó una adquisición presuntamente fraccionada en el servicio de alimentación para el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización en virtud de que el importe total adjudicado superó el monto máximo de adjudicación directa y la otra se realizó con el mismo proveedor.

En paralelo, el OIC subraya el pago de 2 mil 620 turnos de los servicios proporcionados por personal de vigilancia sin que fueran acreditados documentalmente en el respectivo contrato del servicio de seguridad.

Alonso Urrutia

Periódico La Jornada
Lunes 27 de agosto de 2018, p. 3

AMLO, tres tareas ineludibles

Miguel Ángel Ferrer

Rebelión

La inflación o carestía y el desempl

eo son dos viejos conocidos de la sociedad mexicana. Y ambos se expresan materialmente en la pobreza de amplias capas sociales. De modo que combatir o atenuar la pobreza pasa por combatir o atemperar inflación y desempleo. Este triple combate será la principal tarea del nuevo gobierno.

Como lo prueba la experiencia histórica mexicana y universal, atenuar desempleo y carestía conlleva necesariamente a una disminución de la inseguridad y de la delincuencia. Y, consecuentemente, a un incremento de la tranquilidad y la paz sociales. 

Combatir y atemperar inflación y desempleo no son tareas sencillas. Llevan tiempo y exigen perseverancia. Pero no debe perderse de vista el objetivo central que es el aumento de los ingresos de aquellos amplios sectores sociales empobrecidos. La obtención de un empleo o un empleo mejor pagado significa ingresos (o mayores ingresos personales y familiares). Y una disminución de la carestía, si bien no significa un mayor ingreso sí representa un mayor rendimiento del ingreso. 

Existen diversas formas de lograr un mayor rendimiento del ingreso familiar. Es el caso de salud y educación. Si personas y familias dejan de utilizar parte de su ingreso en el pago de servicios educativos o de salud, ese ingreso, sea cual sea su monto, rinde más e implica menor pobreza. 

La historia económica revela que el gasto público en servicios de salud y educativos son la gran herramienta en el atemperamiento de la pobreza. O, en el caso de las llamadas clases medias, un mayor rendimiento del ingreso familiar, lo que se traduce en mayor bienestar personal y familiar. 

La experiencia demuestra cómo en épocas de crisis económica, es decir, en tiempos de aumento de la inflación y el desempleo, las familias tienden a ajustar su gasto prescindiendo de los servicios privados de salud y educativos, recurriendo a educación y salud públicas. 

Es por eso que tienen que ser recibidas como muy buenas noticias los anuncios hechos por López Obrador de incrementos sustantivos en las inversiones en salud y en educación públicas. Y también son buenas noticias el mantenimiento y mejoría de los programas de becas y auxilios monetarios a los sectores sociales más vulnerables frente a carestía y la falta de empleo. 

Salud y educación públicas, así como esos auxilios monetarios no eximen de realizar esfuerzos en materia de recuperación salarial. Durante las tres décadas de políticas económicas neoliberales aumentó la pobreza como fruto directo de las medidas de contención salarial. Es imprescindible, en consecuencia, una política de recuperación salarial. Y ésta tiene que comenzar por la recuperación del llamado salario mínimo. La experiencia histórica también enseña que los incrementos en el salario mínimo empujan al alza al resto de los salarios. 

Hasta el momento no se han hecho públicas las intenciones del nuevo gobierno de poner en práctica un programa de recuperación salarial. Pero ya hay claros indicios de que existe consenso social en la necesidad de incrementar, en breve plazo y en un monto significativo el salario mínimo. 

Mayor inversión pública en salud y educación, mantenimiento y mejoría de los programas de auxilios monetarios a los sectores sociales más vulnerables y una decidida política de recuperación salarial son las tres ineludibles tareas del nuevo gobierno. 

Blog del autor: www.economiaypoliticahoy.wordpress.com